El abogado constitucionalista y académico de la U. de Santiago, Francisco Zambrano, indicó que los hechos que se indican a partir de la investigación internacional “son sumamente graves” y que podría, eventualmente, “llevar hacia una acusación constitucional y la destitución del presidente de la república, eso es una posibilidad”. Esta semana y ante el impacto de la investigación internacional llamada “Pandora Papers” que involucra al presidente de la República, Sebastián Piñera, en la venta de la minera Dominga realizada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, ha llevado a que se impulse, por parte de diputados de la Oposición, una acusación constitucional por infringir el principio de probidad. Para el abogado experto en derecho constitucional y académico de la Facultad de Derecho Usach, Francisco Zambrano, los hechos son “sumamente graves desde el punto de vista del principio de probidad”. Explicando que este principio está establecido en la Constitución desde el año 2005 y exige a todos los que están en la función pública “una especie de doble exigencia”, deben observar estrictamente el principio de probidad, y además en todas sus actuaciones, “es decir, en una exigencia sumamente alta”, explicó. “Dentro de la definición del principio de probidad hay tres elementos, y el tercero es la primacía del interés general por sobre el particular, siempre que se deponga un interés privado, un interés particular por sobre el interés común o el interés general y el interés público. Para estos efectos es lo mismo, vamos a estar en presencia de una infracción en la constitución y una infracción al principio de probidad constitucional”, indicó. Apuntando que no solamente está la idea de tener patrimonio en islas de tributación baja o islas paraíso, “lo cual en sí mismo no es un delito o no es reprochable”, el académico enfatizó en que, si es grave la cláusula que se habría pactado para efectos de obtener un pago para el evento en que, en un determinado periodo de tiempo, no se estableciera una protección ambiental en un predeterminado terreno, y ese pago impacte en el patrimonio del mandatario. “Más allá de que pueda haber responsabilidad penal o responsabilidad tributaria, donde el SII también ha anunciado que está recopilando antecedentes, lo cierto es que también nos podemos encontrar con la responsabilidad constitucional, lo que normalmente escuchamos como la acusación constitucional”, sostuvo el abogado. Finalmente, Zambrano explicó que lo que viene en el proceso es que la Cámara de Diputados vote si la acusación es admisible o no para que luego el Senado, por las dos terceras partes, vote si la acusación es justificada o no. “Me parece naturalmente que estamos en presencia de un conflicto importante con el principio de probidad administrativa que puede eventualmente llevar hacia una acusación constitucional y la destitución del presidente de la república, eso es una posibilidad”.
Pandora Papers
El arquitecto serenense, activista patrimonial y candidato a diputado calificó como vergonzoso el negociado de las familias Piñera y Délano por el proyecto minero Dominga y criticó la incontinencia del Presidente ante el manejo de información privilegiada. “Esto es una vergüenza”. Con estas palabras, el arquitecto serenense y activista patrimonial de la región de Coquimbo, Alex Garrido, reaccionó ante la información publicada en Ciper Chile respecto al caso Pandora Papers de la millonaria compraventa de la Minera Dominga por parte de las familias Piñera y Délano a través de paraísos fiscales. “Se confirma algo que sospechábamos todos los chilenos y chilenas respecto a la incontinencia total del Presidente Sebastián Piñera ante el manejo de información privilegiada o la toma de decisiones en su cargo, para sacar beneficios personales y económicos no solo de él, sino que de su grupo de amigos que forman parte de su círculo cercano”, agregó el también candidato a diputado por la Región. Además de lamentar la forma de hacer negocios por parte de la primera autoridad del país, evadiendo impuestos a través de paraísos fiscales en la Islas Vírgenes Británicas, Garrido señaló que “Chile necesita otro tipo de política que deje de lado la corrupción y el tráfico de influencias y de una vez por toda podamos solucionar el problema y lograr transformar Chile en un país mucho más justo”. Y agregó que “lamentablemente con este tipo de proyectos invasivos y destructores del medio ambiente es la comunidad la que termina enfrentada y somos todos los chilenos y chilenas los que tenemos que salir a las calles a protestar para defender una de las reservas de la biosfera a nivel mundial como es el Archipiélago de Humbolt”, aseguró el candidato del partido Comunes y Apruebo Dignidad. A eso del mediodía, Garrido participó de la manifestación convocada por la Alianza Humbolt Coquimbo Atacama para exigir la anulación del proyecto Dominga y el reconocimiento de caducidad del puerto Cruz Grande.
Para el diputado comunista el Presidente de la República infringió en forma grave la constitución. Diversas reacciones ha generado el reportaje internacional llamado «Los Pandora Papers», que es una son una filtración de casi 12 millones de documentos los cuales revelan riqueza oculta, evasión fiscal y lavado de dinero por parte de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo. En los archivos dados a conocer aparecen una serie de 35 presidentes o expresidentes, de los cuales 14 son de Latinoamérica. Sebastián Piñera, presidente de Chile; Guillermo Lasso, presidente de Ecuador; y Luis Abinader, presidente de República Dominicana, aparecen en la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En el marco de este escandalo financiero y de redes de poder, el diputado por Coquimbo, Daniel Núñez disparó contra el Jefe de Estado señalando que «es un escándalo nacional e internacional de marca mayor. Se usó un paraíso fiscal para eludir el pago impuestos». La investigación periodistica señala que la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del polémico proyecto minero Dominga, la que fue posteriormente vendida al empresario Carlos Alberto Délano en una operación que ocurrió parcialmente en las Islas Vírgenes Británicas. Piñera y su familia fueron los principales accionistas de Dominga hasta 2010, cuando el presidente llevaba nueve meses en el poder y se produjo la venta de la totalidad del accionario de la empresa a Délano por US$152 millones. La primera parte de la transacción fue con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares, de acuerdo con Ciper, el medio que colaboró en la investigación con el consorcio. En el paraíso fiscal se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas y, para cumplirse la última, no tenía que haber cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. El legislador comunista indicó que «además, el contrato de venta tenía una tercera cláusula que señalaba que el último pago se hacía siempre y cuando no se hubiesen tomado medidas de protección ambiental que pusieran en cuestión el proyecto minero y portuario. Y este último punto es lo que arroja la responsa política ineludible que tiene Sebastián Piñera». «Yo tengo la más total convicción que Piñera infringió en forma grave la Constitución y las leyes, ya que él no decretó cuando correspondía en el 2018-2019 la creación de una área costera marina protegida en la comuna La Higuera para favorecer este proyecto minero Dominga, que en estos momentos está en propiedad de sus amigos los Délano», agregó Núñez. «Esto es una infracción gravísima a la Constitución y amerita una acusación constitucional. Esa es mi convicción y por eso yo me la voy a jugar», concluyó.
