En una maratónica jornada, el diputado del Partido Socialista Jaime Naranjo calificó de irreparable el daño al país hecho por el Presidente Sebastián Piñera, tras las revelaciones de los Papeles de Pandora sobre la venta de la mina Dominga. Al exponer la acusación constitucional contra el Mandatario ante el plenario de la Cámara de Diputados, Naranjo afirmó que el proceso cumple todas las exigencias para enjuiciarlo por falta de probidad y daños al honor de la nación. Según documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pocos meses después que Piñera asumiera su primer mandato su familia vendió el proyecto para construir dos minas y un puerto por 152 millones de dólares, y parte de la transacción se hizo en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. El pago debía efectuarse en tres cuotas, la última de las cuales estaba condicionada a que no se declarara la zona como de protección ambiental, una decisión que dependía del Presidente. Naranjo recordó que el proyecto Dominga ha sido cuestionado por sus efectos al medio ambiente y su aprobación revela conflictos de interés, lo que se agrava con la utilización de paraísos fiscales como vehículo de elusión tributaria. La Cámara de Diputados comenzó este lunes el debate de la acusación contra el Presidente, en circunstancias de que la oposición se ha propuesto extenderlo hasta mañana martes, de modo de posibilitar la participación de diputados que concluirán entonces la cuarentena preventiva por la COVID–19. Por esa razón, Naranjo ha realizado una prolongada exposición de los fundamentos del libelo acusatorio. La oposición necesita 78 votos para que el trámite prospere y pase luego al Senado. De aprobarse, el Primer Mandatario puede ser destituido o inhabilitado para ejercer cargos públicos. Esta es la segunda ocasión en que Piñera enfrenta una acusación constitucional, luego de la presentada en 2019 por las violaciones de los derechos humanos durante el estallido social, la cual fue desestimada en la Cámara Baja. Tras las sospechas de conflicto de interés y evasión de impuestos, la oposición presentó el pasado 13 de octubre esta nueva acusación constitucional contra Piñera, procedimiento que es aplicado a las autoridades señaladas de incurrir en alguna infracción que justifique su remoción o inhabilitación para el ejercicio del cargo. El viernes último, la comisión revisora del caso rechazó por dos votos a favor, dos en contra y una abstención iniciar el proceso contra Piñera, pero su decisión no es vinculante. Paralelamente, la Fiscalía abrió una investigación contra el presidente por sospecha de delitos de cohecho, soborno y tributarios. Santiago, 8 de noviembre 2021. Crónica Digital / PL.
