El Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó a Carabineros entregar información estadística relacionada con detenidos y detenciones realizadas entre el 18 de octubre y el 18 de diciembre de 2019 a partir del estallido social. Lo anterior, derivado de la decisión de su Consejo Directivo de acoger el amparo rol C548-20 presentado en contra de la policía uniformada tras no acreditarse la inexistencia de la información a la que aludió el organismo reclamado para no entregar la totalidad de los antecedentes requeridos vía solicitud de acceso. Carabineros tampoco habría logrado demostrar ante el Consejo la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. Esto tras los descargos de la institución, que alegó la dificultad que implicaría la revisión de 9.500 partes policiales, con antecedentes de más de 19.000 detenidos. La policía uniformada respondió parcialmente al requerimiento de información haciendo entrega de un archivo Excel conteniendo: fecha de detención, género, edad y delito. Sin embargo, indicó que no era el órgano competente para responder a la totalidad de la solicitud, puesto que existen antecedentes que estarían en poder de otras entidades -como el Ministerio de Defensa Nacional, Policía de Investigaciones, y Ministerio Público-. Asimismo, afirmaron que la entrega de parte de la información podría impactar en procesos investigativos. Entre los antecedentes requeridos se contempla información sobre sexo y edad de las personas detenidas;  fecha, causa y delito por el cuál fue detenido; y otros detalles vinculados al proceso de detención tales como: personal que la efectuó -incluyendo el  organismo de dependencia-, lugar en que se realizó y dónde habría sido derivado. Asimismo, se solicitó información respecto de procedimientos posteriores relacionados con su paso o no a control de detención y si mantiene medidas cautelares. Registros de detenidos son públicos Un fallo de la Corte Suprema -pronunciado en mayo de este año-, ratificó la publicidad del registro público de detenidos, justamente en el marco de las detenciones ocurridas durante el estallido social del año pasado, instruyendo a Carabineros a mantener en el recinto policial un listado de personas detenidas en un lugar de libre acceso. Asimismo, el CPLT realizó en 2019 una fiscalización a las reparticiones de la policía uniformada en distintas regiones para constatar el acceso público por parte de cualquier persona que lo solicite de los registros de detenidos. Santiago de Chile, 11 de julio 2020 Crónica Digital

El parlamentario calificó como «incomprensible», las medidas adoptadas por el Ejecutivo, particularmente, el veto a la ley que prohíbe el corte de servicios básicos durante el Estado de Catástrofe. El diputado Socialista Marcelo Schilling manifestó que a cuatro meses del arribo del coronavirus a Chile, con más de 6700 muertes a raíz de la pandemia y con una serie de desaciertos como las cuarentenas dinámicas, la entrega de cajas de mercaderías sin un criterio unificado, y los inconvenientes que se han reportado para acceder al ingreso familiar de emergencia, «ha llevado la crisis sanitaria a una creciente crisis política y social». El parlamentario por la Región de Valparaíso afirma que «la actual situación en el país, ha provocado que el Ejecutivo sea blanco de permanentes cuestionamientos, no solo de la oposición, también de su propio sector. Pues bien, esto tiene su origen en una cierta liviandad y soberbia con la que el Gobierno tomó desde un principio esta emergencia sanitaria». A juicio de Schilling, “el Gobierno no se lo tomó en serio. Al contrario, en vez de haber tomado medidas radicales, contundentes, actuar con eficacia para frenar la pandemia, optó por tener una cuarentena por aquí y otra por allá, que la gente siguiera circulando normalmente y como resultado contagiando. Bueno, lo que era una crisis sanitaria, terminaron por convertirla en una crisis social, económica, emocional y ahora crisis política”. «Lo peor aún», para el diputado Socialista, «es que la actitud que ha adoptado el Presidente Piñera, hace pensar que se está lejos de alcanzar un entendimiento entre el Gobierno y el parlamento, que permita resolver oportunamente los problemas que afectan a las familias chilenas durante la pandemia». «El mejor ejemplo, es la decisión del Gobierno de enviar un veto a la ley que prohíbe la suspensión de servicios básicos por no pago, mientras dure el Estado de Catástrofe y que permite el pago posterior sin multas ni intereses. Esta no era una condonación, era una postergación sin multa ni intereses, la gente iba a pagar igual sus cuentas en un plazo de hasta 12 meses, pero el Gobierno de una manera inentendible y contra la opinión de sus propios partidarios, que ayudaron a que esta iniciativa prosperara en la Cámara y el Senado, manda un veto oponiéndose», dijo el diputado Schilling. «Sin lugar a dudas que esta determinación del Gobierno, va a crear una nueva dificultad y probablemente se le van a volver a revelar sus parlamentarios que van a insistir en rechazar el veto y mantener la idea original. De verdad, considero que el actuar del Ejecutivo es incomprensible y sigo pensando que Chile tiene muy mala suerte en que esta crisis sanitaria haya llegado con un Gobierno de este tipo. Realmente es desafortunado y espero que nunca más se vuelva a repetir en la historia», concluyó el diputado Marcelo Schilling. Santiago de Chile, 11 de julio 2020 Crónica Digital

“En estos momentos, en que los efectos de la pandemia se dejan sentir día a día con más fuerza sobre la población, y las medidas de apoyo han sido lentas, burocráticas e insuficientes, es más urgente que nunca explorar las diversas alternativas, sin exclusiones”, expresa la declaración de los comités de senadores de la oposición. El documento fue suscrito por los senadores del Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, el Partido Progresista y Revolución Democrática. Para ser aprobada la reforma constitucional en el Senado, se necesitan 26 votos. En este escenario, con el compromiso expresado por los senadores opositores faltarían sólo dos, los que se estima ya estarían disponibles. De hecho, el senador de la UDI David Sandoval confirmó su decisión de apoyar el retiro del 10% de los fondos de pensiones. “En diversas oportunidades, el Senado o la mayoría de los senadores han expresado la necesidad de avanzar a una reforma del sistema de pensiones, pero no ha sido posible llegar a acuerdos suficiente hasta ahora”, comienzan la declaración. En ese sentido, agrega, “se ha planteado la necesidad de posibilitar el retiro de fondos de las cuentas individuales de los afiliados de las AFP, por razones debidamente calificadas, como enfermedades terminales, o ahora, con ocasión de la pérdida de ingresos generada por la pandemia. Lamentablemente, estas iniciativas no han contado con el respaldo del Ejecutivo”. “En estos momentos, en que los efectos de la pandemia se dejan sentir día a día con más fuerza sobre la población, y las medidas de apoyo han sido lentas, burocráticas e insuficientes, es más urgente que nunca explorar las diversas alternativas”, detallan. Por eso, están convencidos de que “si el retiro de fondos desde las AFP es debidamente regulado y limitado, no debe significar trastornos mayores al sistema de pensiones ni a la economía (…) Ayudaría mucho que el Ejecutivo participara y no se restara de este proceso”. “Frente a la eventual aprobación por la Cámara de Diputados del proyecto que habilita este mecanismo, y la falta de iniciativa del Ejecutivo, los senadores de oposición e independientes, manifestamos desde ya nuestra voluntad de apoyar una medida de este tipo y hacemos un llamado al Gobierno para que, efectivamente, haga el máximo esfuerzo para destinar los recursos necesarios para apoyar a las personas y se allane a posibilitar el retiro de fondos desde las AFP, con las regulaciones y resguardos que sean necesarios, para evitar males mayores para el país”, finalizan. Santiago, 11 de julio 2020. Crónica Digital.

Fue una fría mañana del miércoles 10 de julio de 1985, hace 35 años, cuando ocurrió un hecho que todos los diarios del país, al día siguiente, informarían con sendos titulares rojos en sus portadas, señalando que “vándalos destruyeron el Liceo A 12”, un establecimiento educacional ubicado en Avenida Bustamante, en Providencia. La revista “Ercilla” comentó que “la vandálica acción de un grupo de exaltados” había ocasionado “enormes destrozos y lesiones a personas que estaban en su interior”, agregando que la acción “conmocionó a la opinión pública”. Efectivamente, por primera vez la opinión pública posaba su mirada en la rebeldía de los estudiantes secundarios. No era la primera movilización de masas de los liceanos. De hecho, ya se habían hecho frecuentes sus periódicas marchas por la Alameda, e incluso durante los años 1983 y 1984 se habían producido las tomas de los Liceos 6, Valentín Letelier y Darío Salas. Pero la toma del Liceo A 12 conjugó dos factores que previamente no se habían dado: había logrado contar con el respaldo de la totalidad de la oposición política a la dictadura, incluyendo a los sectores más moderados, y había concluido con un hecho impactante: más de 300 jóvenes fueron detenidos por fuerzas especiales de Carabineros, en el marco de un gigantesco operativo que fue transmitido casi en directo por Radio Cooperativa. Patricio Rivera era entonces el presidente de la Asociación Secundaria de Estudiantes Cristianos (ASEC), expresión de la Juventud Demócrata Cristiana entre los liceanos. Fue el promotor de la idea de emprender una toma del establecimiento, en el que estudiaba desde ese mismo año. Fue la experiencia de convergencia de todos los estudiantes democráticos que se generó desde los comienzos de ese año escolar en el Liceo A 12 lo que lo empujó a intentar la unidad para levantar el movimiento estudiantil secundario. Hasta entonces ello no había sido posible pues la ASEC había actuado de manera separada de la Coordinadora de Organizaciones de Enseñanza Media (COEM), plataforma que articulaba a los liceanos vinculados a las diversas expresiones de izquierda de la época. Cuatro meses antes, el miércoles 11 de abril, Patricio lo conversó por primera vez con Víctor Osorio, quien integraba el elenco directivo del COEM, en la sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en Huérfanos con Almirante Barroso. Fue el punto de partida de la formación del Comité PRO FESES (Federación de Estudiantes Secundarios). Su Comité Ejecutivo quedó conformado por tres dirigentes del COEM: Laurence Maxwell, militante comunista y dirigente de la zona oriente de esa organización; Gonzalo Durán, de la JS Almeyda y también dirigente de la zona oriente; Víctor Osorio, de la Izquierda Cristiana y dirigente de la zona centro. Junto a ellos, Patricio Rivera, principal referente de la ASEC, y Rodrigo Mendoza, representante de la Acción Democrática Estudiantil (ADE), una pequeña entidad cercana a la Socialdemocracia. Fue en la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en la sede de la JDC en la calle Fanor Velasco y en un centro de estudios de la […]

La Asociación Chilena de Farmacias Populares (ACHIFARP) cerró un acuerdo de importación para el medicamento ruso AVIFAVIR que ha sido utilizado con éxito en el tratamiento de pacientes críticos contagiados por coronavirus en ese país. El AVIFAVIR es un medicamento antiviral que en Rusia ha logrado que más del 60% de las personas contagiadas experimenten una baja de la carga viral en solo cuatro días, además de reducir en un 50% la cantidad de días que tiene que pasar un paciente crítico en las unidades de cuidados intensivos. Es un medicamento que, además, ya está siendo probado con éxito en China e India y en el caso de Chile país sería el primero en Latinoamérica que comenzaría a utilizarlo en el tratamiento de las y los pacientes críticos con Coronavirus. Respecto a otros medicamentos desarrollados es 10 veces más económico. “Estamos muy contentos, pues como Asociación Chilena de Farmacias Populares hemos obtenido la representación para Chile de este medicamento y lo estamos poniendo a disposición inmediatamente del Gobierno y del Ministerio de Salud para poder utilizarlo durante el tiempo que quede de la pandemia”, explicó el alcalde de Recoleta Daniel Jadue, en su calidad de presidente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares. De obtener la autorización de parte de ISP, el AVIFAVIR demoraría dos semanas en llegar al país y podría comenzar a ser distribuido inmediatamente para que hospitales y clínicas lo utilicen en el tratamiento de los pacientes más graves por coronavirus. El AVIFAVIR ha sido utilizado con éxito para tratar a más de 30.000 pacientes en 51 regiones de Rusia. El 30 de mayo, recibió un certificado de registro del Ministerio de Salud de ese país y se convirtió en el primer medicamento contra el SARS–CoV–2 en el mundo que contiene el ingrediente activo favipiravir. El 3 de junio, el fármaco se incluyó en la lista oficial de pautas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de COVID–19 en el país. El Ministerio de Industria y Comercio ruso ha recibido solicitudes de suministro de AVIFAVIR por parte de países de la CEI, América Latina, Europa y el sudeste asiático. Según las autoridades sanitarias de Rusia, este medicamento, que se basa en el antiviral favipiravir, “demostró una alta eficiencia” durante la primera etapa de los ensayos clínicos. En los primeros cuatro días de tratamiento, el 65% de 40 pacientes que tomaron AVIFAVIR dieron negativo al COVID–19 y para el décimo día, el porcentaje de pacientes que dieron negativo aumentó nada menos que al 90%. Santiago, 11 de julio 2020. Crónica Digital.

Con un llamado a la integración para enfrentar la crisis sanitaria y social provocada por la pandemia de la COVID–19 se realizó un encuentro de celebración del primer aniversario del Grupo de Puebla, encabezado por Marco Enríquez–Ominami. A través de un encuentro virtual por la plataforma Zoom, el ex candidato presidencial del Partido Progresista de Chile reunió a más de 80 líderes de 17 países, y a representantes de tres gobiernos. La reunión fue moderada por la actual Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena. La actividad estuvo marcada por la asistencia de ocho expresidentes de Iberoamérica; de la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; y del estadounidense David Adler, coordinador general de la Internacional Progresista Se recibieron los mensajes del Presidente de la Argentina, Alberto Fernández, y del Jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. También hubo saludos de la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la congresista demócrata estadounidense Ilhan Omar. Entre los chilenos que se dieron cita destacan el presidente del Partido Progresista, Camilo Lagos; el senador Alejandro Navarro; el ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza; el ex ministro Carlos Ominami; y la diputada comunista Karol Cariola. El encuentro contó con la participación de los siguientes exmandatarios: Pepe Mujica (Uruguay); Evo Morales (Bolivia); Leonel Fernández (República Dominicana); Fernando Lugo (Paraguay); Martin Torrijos (Panamá); José Luis Rodríguez Zapatero (España); Rafael Correa (Ecuador); Dilma Rousseff (Brasil); y Ernesto Samper (Colombia) También participaron los actuales cancilleres María Aránzazu González (de España) y Felipe Solá (de Argentina); la Ministra de Igualdad española Irene Montero; junto con la titular de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, ambos de Argentina. La cita además convocó a los ex Ministros Aloizio Mercadante (Brasil), Clara López Obregón (Colombia), y Daniel Martínez Villamil (Uruguay). Santiago, 11 de julio 2020. Crónica Digital.

La cientista política y académica de la Universidad de Santiago, Pamela Figueroa, apuntó a que el Ejecutivo “no ha sido capaz de dar respuesta satisfactoria a los miles de chilenos que están viviendo una consecuencia económica a partir de la pandemia”, mientras, para el Doctor en Ciencias Políticas y director de la Escuela de Periodismo del mismo plantel, René Jara, el Gobierno “estaría mostrando un debilitamiento progresivo, casi terminal en su coalición”. Este miércoles se aprobó la iniciativa de legislar el retiro de hasta el 10 por ciento de los fondos previsionales, medida que estaría destinada a todos los afectados por la crisis económica actual. Sin embargo, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, advirtió la existencia de un “quiebre con consecuencias insospechadas en la gobernabilidad de la coalición” ante el apoyo a la iniciativa por parte de 13 diputados del oficialismo.  Crisis de la coalición Para la cientista política y académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, Pamela Figueroa, la votación revelaría una gran crisis política en el Gobierno y su coalición, y daría cuenta de una gran diferencia entre los distintos actores en torno a cómo enfrentar la crisis en nuestro país. “El Gobierno está enfrentando una gran crisis política que se va a expresar en el debilitamiento de su apoyo ciudadano y el de su coalición. Eso da también un espacio de oportunidad para que la oposición, si se coordina y se expresa de manera unida, pueda establecer un nuevo liderazgo con miras al desarrollo de políticas y propuestas para salir de la actual situación que se encuentra el país”, comentó la académica. Por otro lado, Figueroa también enfatizó en que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para rechazar el proyecto, tanto los diputados como los alcaldes de la coalición han tendido a aprobar la iniciativa no sólo porque es una salida de la crisis para los ciudadanos, sino porque también están siendo observados y serán evaluados en las urnas cuando sea el momento de las elecciones. El Doctor en Ciencias Políticas y académico de la Escuela de Periodismo de la misma universidad, René Jara, coincidió con el análisis de Figueroa y añadió que la situación no solo demostraría las fricciones al interior, sino que también el debilitamiento progresivo del Gobierno de Sebastián Piñera. “La declaración que se filtró hoy viernes, a propósito del Presidente y la reunión que tuvo con sus ministros, donde dijo que la situación en Chile Vamos no da para más, es también un llamado al orden que, para muchos analistas, es un poco tarde, en la medida que, finalmente, lo que se está viendo es el debilitamiento casi terminal del Gobierno”, indicó. El especialista en comunicación pública y política agregó que el problema afectaría también al equipo político del Presidente, y podría posicionar una suerte de nuevos liderazgos al interior de la derecha. Sin medidas satisfactorias Por su parte, Figueroa explicó que la situación podría no haberse dado si es que el Gobierno hubiese robustecido el Ingreso Familiar […]

El ex Tesorero General de la República y académico de la Universidad de Santiago, Hernán Frigolett, explicó que los retiros serán compensados a través de recursos empozados en las administradoras de fondos de pensiones, junto al aporte de empleadores y del Estado. “El problema de la mala pensión no es producto del retiro, sino de la baja acumulación que se está logrando por distintas razones”, afirmó.   En entrevista, el secretario de Estado Ignacio Briones afirmó que economistas como Gonzalo Martner “se han opuesto a la idea de retirar el 10% de los fondos”. Sin embargo, el académico de la Usach salió al paso de sus dichos y acusó a Briones de tergiversarlo. “La idea de retirar fondos ante la magnitud de la crisis es válida”, sostuvo.  Tras la votación en la Cámara de Diputados, que aprobó en general el proyecto que permite a los afiliados de las AFP retirar un 10% de sus fondos, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló que ello provocará menores pensiones para los trabajadores. Sin embargo, el ex Tesorero General de la República, economista y académico de la Universidad de Santiago, Hernán Frigolett, aseguró que la opinión del ministro refleja que el Gobierno está viendo solo “la mitad de lo que se aprobó, porque el proyecto es bastante íntegro”. “La iniciativa se está haciendo cargo de devolver esos retiros, a los que hagan uso de eso, con cargo a los recursos que están empozados en las distintas AFP y que no han sido cobrados o que están disponibles por cotizantes que han muerto”, explicó Frigolett. “Eso, junto al aporte de empleadores y del propio Gobierno, van a constituir un fondo a partir del cual se van a restituir los capitales extraídos, para mitigar notablemente el efecto del retiro de las pensiones”, agregó el académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Usach. Por otra parte, el economista sostuvo que la mitad de los saldos en las cuentas de las AFP son de menos de cinco millones de pesos, lo que, a su juicio, constituye “un indicador bastante nefasto, desde el punto de vista de las pensiones que pagará la AFP a futuro”. “El problema de la mala pensión no es producto del retiro, sino de la baja acumulación que se está logrando por distintas razones. Es indudable que eso presionará con o sin retiro en el futuro las arcas fiscales”, aseguró. “Será el Estado, a través de la Pensión Básica Solidaria o el Aporte Previsional Solidario, que tendrá que seguir aportando, a menos que se genere un cambio más profundo en el sistema de pensiones”, advirtió. Dichos de Briones sobre Martner En entrevista con Canal 13, el ministro Briones señaló que “lamentablemente, en política, no son los mejores argumentos los que priman. Este debate lo ilustra muy bien, porque la postura del Gobierno no solo ha sido sostenida por el propio Gobierno, sino por destacados ex ministros de la oposición como Nicolás Eyzaguirre y Rodrigo Valdés. Estoy pensando, incluso, en figuras ligadas […]

El jefe de la bancada de diputados/as socialistas, Luis Rocafull, ingreso una carta solicitando al presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, que disponga la celebración de una sesión especial legislativapara este sábado 11 de julio, con el propósito de despachar el proyecto de reforma constitucional que permitiría a los ciudadanos poder retirar el 10% de sus fondos previsionales. A juicio del Jefe de Bancada PS, “la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento de la Cámara, en el día de ayer despachó el proyecto de marras en su segundo informe, por tanto, se encuentra en condiciones de ser votado en sala”, afirmó Rocafull. Finalmente el parlamentario por Arica y Parinacota argumentó “La angustiosa situación que están viviendo miles de familias en nuestro país producto de la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia por COVID-19, requiere que el Congreso Nacional actúe con la máxima diligencia y premura para despachar los proyectos de ley que vayan en beneficio de las personas y sus familias y que puedan mitigar, aunque sea en parte, los estragos que se han generado por la pandemia”, concluyó Luis Rocafull. Santiago de Chile, 10 de julio 2020 Crónica Digital

El gobierno de Chile impuso en la víspera el veto a un proyecto aprobado por el Congreso y aumentó aun más los roces de la Moneda con el legislativo y la oposición en general. El veto presidencial «aditivo y supresivo» va contra una ley respaldada por amplia mayoría en ambas cámaras que impide el corte de los servicios básicos a las familias, en medio del estado de Catástrofe producto de la actual crisis sanitaria, económica y social. Según argumenta el ejecutivo, las observaciones que se hacen al texto no alteran las normas que aseguran el suministro de servicios sanitarios, de electricidad y gas ni las que permiten enfrentar las dificultades para pagarlos sino que «las hacen compatibles con el ordenamiento institucional». El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, declaró que la versión aprobada «tiene problemas que podrían afectar su implementación y podría exponer al Estado a eventuales demandas y pago de indemnizaciones». El proyecto fue aprobado el 11 de junio, pero solo hoy el gobierno introdujo el veto, una dilación que desde la oposición fue considerada como inadmisible ante la urgencia de que cientos de miles de familias reciban ayudas en medio de la crisis de la Covid-19. La decisión gubernamental fue calificada este jueves de un abuso y partidos de oposición señalaron que rechazarán las propuestas de La Moneda. El presidente de la centrista democracia Cristiana, Fuad Chahín, señaló que el gobierno «definitivamente perdió el rumbo, está desesperado y hoy con el veto se sacó la careta completamente» al ponerse en plena pandemia al lado de las empresas y no junto a las personas. Por su parte el diputado independiente Raúl Soto, en la misma línea, denunció que el presidente Sebastián Piñera defiende más a las empresas que a la población, y con el veto lo que hace es restar alcance a la legislación, que está encaminada a beneficiar a los mas golpeados por la crisis. El vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros, del Partido Socialista, dijo que el gobierno está abusando de la facultad de vetar que tiene el presidente, de una forma improcedente, y debe cambiar su actitud porque de esa forma no se gobierna un país. El diputado comunista Boris Barrera señaló que el veto de Piñera a esa legislación es «un atentado a la salud y la vida de las personas al autorizar el corte de agua. Hace caer todo el costo de las crisis en las personas y violenta el estado de derecho y las pocas facultades del Congreso de legislar». Santiago de Chile, 10 de julio 2020 Crónica Digital/PL

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