Nacional

El Jefe de Bancada de Diputados y Diputadas del PPD, Raúl Soto, se refirió al Plan de Protección a la Clase Media dado a conocer por el Presidente Sebastián Piñera, calificándolo como “un salvavidas de plomo”. “La clase media chilena ya estaba sobre endeudada incluso antes de la pandemia y el estallido social, y hoy esa situación se ha agravado considerablemente. En ese contexto, no creemos que estos créditos blandos sean una verdadera solución al problema de ingresos que tiene la clase media, más bien parece un verdadero salvavidas de plomo”, afirmó el diputado Soto. El parlamentario agregó que “llamamos al Gobierno a presentar propuestas y soluciones concretas a la clase media, a poner la billetera fiscal sobre la mesa o simplemente sumarse a la posibilidad del retiro de los ahorros previsionales”. Por su parte, el diputado Ricardo Celis, sostuvo que “este anuncio del Presidente Piñera me preocupa ya que en grandes líneas busca generar más endeudamiento a los ciudadanos”. “Junto a los colegas del PPD revisaremos cada uno de los anuncios porque lo que se necesita en estos momentos es ayudar ahora y a futuro a los ciudadanos”, aseguró el diputado Celis. Asimismo, el diputado y miembro de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez, indicó que “hoy el presidente Piñera anuncia un plan de protección a la clase media. ¿Qué tipo de ayuda es ésta?. ¿Más crédito, generando así más endeudamiento?”. “Necesitamos protección real a la clase media, un mayor esfuerzo fiscal, que la ayuda llegue a las familias que lo están pasando realmente mal, y generando más deuda no es el camino. Insistiremos en retiro de un porcentaje de los fondos previsionales de las AFPs y cambiar el sistema de AFP por uno que entregue pensiones dignas”, señaló el diputado Jiménez. Santiago de Chile, 5 de julio 2020 Crónica Digital

Subsecretario de la Presidencia, Juan José Ossa, dejó en claro que aunque tienen objeciones de constitucionalidad tanto para los derechos antiguos como para los que se constituirían bajo la nueva figura de concesiones, son los primeros los que pretenden se mantengan sin restricción alguna. “Nosotros hacemos una principal distinción en el tratamiento constitucional que se le da a los derechos de agua actualmente vigentes versus aquellos que se constituirían bajo las reglas futuras.  Por supuesto que la principal preocupación nuestra es el tratamiento que se les da a los derechos actualmente vigentes, donde nosotros vemos varias disposiciones que nos provocan una visión crítica sobre las mismas”. Con estas simples palabras el subsecretario de la Presidencia, Juan José Ossa, dejó en claro uno de los principales objetivos del gobierno en la discusión sobre la reforma al Código de Aguas: salvar la figura de propiedad privada perpetua y sin límites para los derechos de agua constituidos previo a la aprobación de la nueva norma.  El proyecto se encuentra actualmente en trámite en la Comisión de Constitución del Senado, luego de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados y revisada por las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura de la Cámara Alta. El funcionario expuso el 22 de junio ante la comisión, dando cuenta del informe del gobierno sobre las materias que consideran tienen problemas de constitucionalidad. Reiteró lo ya planteado y a lo cual el Ejecutivo se ha aferrado, referido al inciso final del numeral 24 del Artículo 19 de la Constitución: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. En este aspecto, Ossa solicitó aclarar “si la futura legislación va o no a regir sobre los derechos actualmente vigentes”.  En concreto, cuestionó que se les aplique causales de extinción por no uso (y no solo mediante patentes como hasta ahora), la determinación de caudales ecológicos, un límite de plazo para la regularización de derechos ya reconocidos, restricciones para el cambio de uso productivo o destino, y la eliminación de la posibilidad de ser indemnizado en caso de redistribución de las aguas por parte de la autoridad en pos del interés público. Al respecto, el senador (DC) Francisco Huenchumilla apuntó al corazón de la discusión, relacionado con la visión ideológica del gobierno y el gran empresariado, representado por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).  “Tengo la impresión que el Ejecutivo tiene una predisposición a estimar que el derecho de aprovechamiento de las aguas sería una suerte de propiedad especial que no podría estar sujeta a ciertas limitaciones. Eso no es así en nuestro ordenamiento jurídico” explicó.  En este sentido indicó que “la propiedad en general en Chile está sujeta a múltiples limitaciones y restricciones, y normas de todo tipo. Y a todo tipo de propiedades, y no solo la material sino también la inmaterial”. Ejemplo de ello es que en el sector rural no se pueden subdividir las propiedades en más de 5 mil metros cuadrados.  Incluso recordó la propia Ley Indígena, muy […]

Sindicatos y autoridades locales insisten hoy en la necesidad de paralizar, al menos por dos semanas, importantes minas de Chile que muestran una elevada incidencia de contagios por Covid-19. Esta semana, la secretaria regional del Ministerio de Salud en la norteña Región de Antofagasta, Rossana Díaz, informó que el 44 por ciento de los contagios de Covid-19 en ese territorio están vinculados al sector de la minería. Debido a esa situación, legisladores y alcaldes pidieron el cierre de los aeropuertos de Calama y Antofagasta, por donde se estima que  entró la enfermedad a través de trabajadores provenientes de otras localidades del país, especialmente desde esta capital. Este sábado, la Corporación del Cobre (Codelco) anunció una suspensión transitoria de los trabajos de construcción en su proyecto estructural de un nuevo nivel en la mina El Teniente, ante el avance de la pandemia, que según se informó ha cobrado la vida de seis trabajadores de esa empresa estatal. Codelco explicó que la desmovilización transitoria comenzó a implementarse desde el fin de semana pasado, con cuatro mil 500 trabajadores menos, para bajar la densidad de la dotación, disminuir los desplazamientos y reducir las posibilidades de contagio. Según señala emol.cl, las exigencias para la paralización de actividades aumentaron luego que el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, desestimara la posibilidad de detener las actividades mineras, al señalar que la cuarentena en las zonas urbanas de la región es suficiente para contener el virus. Sin embargo, el alcalde de la ciudad de Calama, Daniel Agusto, del oficialista partido Renovación Nacional, criticó que en esa región «se impuso una mirada económica por sobre la sanitaria». Emplazó al Gobierno a «sacarse la venda de los ojos» y ver la realidad en el lugar, porque la vida de las personas está antes que cualquier tema económico. En similares términos, la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, dijo que no se le puede pedir más a los vecinos de las zonas urbanas  que se encuentran en cuarentena total, mientras que a la minería, por estar en zonas rurales, no le corresponde cumplir la medida, pese a mantener un alto flujo de trabajadores transitando por las calles. No obstante, el presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, señaló que poner nuevas restricciones a la industria sería «catastrófico» y aseguró que desde la empresa están «haciendo todo lo posible por cuidar a nuestra gente que mantiene en marcha la operación». Asimismo, dijo que la entidad aplicó los más altos estándares en materia sanitaria, con lo cual respondió a los sindicatos, que han plateado establecer acciones legales contra la empresa por negligencia en la implementación de medidas de seguridad. Santiago de Chile, 5 de julio 2020 Crónica Digital/PL

El reinicio de las clases en Chile se mantiene hoy en el aire por la pandemia de Covid-19 y el Colegio de Profesores aseguró que sin suficiente seguridad no habrá vuelta a las aulas. En un comunicado, el presidente de ese gremio, Mario Aguilar, señaló que si la gente no se siente segura de que el retorno a clases no va a ser con riesgo para la salud, las familias no mandarán a sus hijos a los colegios y el Colegio de Profesores tampoco está dispuesto a hacerlo. Insistió en que sea escuchada la propuesta de los docentes al gobierno, que contempla el establecimiento de una mesa de trabajo en la que participen los ministerios de Educación y de Salud, las comunidades escolares y expertos para que analicen todas las aristas del tema. En la última semana se realizó el retorno a las aulas de los alumnos de la enseñanza media en la isla de Pascua, pero luego de que las autoridades municipales tomaron férreas medidas que garantizaron que desde hace casi dos meses no se reportaran casos de Covid-19 en ese territorio. Asimismo trascendió que el Ministerio de Educación trabaja en la elaboración de un plan de retorno para más de 11 mil escuelas del país y según declaraciones del ministro Raúl Figueroa a la prensa, ocurrirá siempre cuando se den las condiciones sanitarias, previa verificación por el Ministerio de Salud. Añadió el ministro que la reapertura de las escuelas se debe hacer verificando las condiciones sanitarias, implementando protocolos de limpieza y desinfección y la información adecuada a la comunidad, y en un proceso gradual, aunque no definió una fecha precisa. Aguilar, por su parte, advirtió que «estamos muy lejos de que estén las condiciones, porque la pandemia sigue con una tasa alta de contagios y fallecidos pero además porque no se está trabajando en los colegios para asegurar esas condiciones de certeza de que al retornar no haya riesgo de contagio grave». Santiago de Chile, 5 de julio 2020 Crónica Digital/PL

Un grupo de personalidades chilenas de diferentes tendencias pidieron al presidente Sebastián Piñera asumir acciones concretas en rechazo a las pretensiones anexionistas del gobierno de Israel sobre Cisjordania. En carta abierta publicada hoy en el diario El Mercurio, los firmantes que se identifican como «chilenos y chilenas, hijos y nietos de palestinos y árabes», señalan que las acciones del gobierno israelí han afectado directamente los principios de la política exterior chilena para Medio Oriente, a la Comunidad Palestina residente aquí y a chilenos que viven  en Palestina. La misiva aparece rúbrica por 147 personas entre las que se incluyen legisladores, intelectuales, exministros y otras personas, y en ella se señala que el gobierno israelí está llevando a cabo un ilegal proceso de anexión de territorio ocupado. Añade que «lo que en el pasado perjudicó a Jerusalén Oriental y a las Alturas del Golán (Siria), hoy está afectando por primera vez desde la firma del Acuerdo de Oslo a otras zonas, incluyendo particularmente Beit Jala, Belén, lugar de independencia de la gran mayoría de los miembros de la Comunidad Palestina que viven en Chile«. Por ello, solicitan a Piñera que «asuma su responsabilidad con el Derecho Internacional y con los ciudadanos chilenos afectados, tomando en forma urgente acciones concretas para que el gobierno israelí detenga sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos  y al Derecho Internacional, incluyendo detener el ilegal proceso de anexión». Asimismo llaman al mandatario a acoger un proyecto de resolución aprobado esta semana por el Senado que rechaza la anexión y considera como principal aspiración «lograr una paz justa y duradera en la tierra de nuestros ancestros, y asimismo abogar por un mejor porvenir tanto para  como para Palestina». Santiago de Chile, 5 de julio 2020 Crónica Digital/PL

Por Rafael Calcines En medio de la crítica situación de Chile frente a la  Covid-19, que solo a los cuatro meses muestra muy leves síntomas de amainar, el presidente Sebastián Piñera centró en las dos últimas semanas la atención y las críticas del país. Cuando desde el Gobierno se le pide a la población disciplina, el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias y el aislamiento físico, la polémica se destapó con la asistencia del mandatario al entierro de su tío, el arzobispo emérito Bernardino Piñera, en el que se violaron los protocolos establecidos para los fallecidos por el nuevo coronavirus. Para muchos funcionó aquello de «haz lo que yo digo pero no lo que yo hago», pues entre  otras prohibiciones pasadas por alto, el féretro fue destapado a solicitud del presidente, el difunto había sido vestido con su mejor atuendo para la ceremonia, y asistieron más personas de las permitidas, incluyendo músicos y fotógrafos. Mientras, a las familias de los más de 8 mil muertos por la Covid-19 se les ha prohibido acompañar a sus deudos hasta su última morada, vestirlos para el sepelio y darle un beso de despedida en el féretro. Las imágenes en el cementerio promovieron ácidas críticas sobre lo que muchos calificaron como evidencia de que las profundas desigualdades de la sociedad chilena perduran hasta después de la muerte. No se había calmado esa controversia cuando trascendió la adquisición de costosos productos gourmet para el Palacio de La Moneda, lo que el Gobierno se apresuró a desmentir. Pero no logró calmar el malestar ciudadano, pues lo que más suspicacias generó fue que la solicitud de compra coincidió con el comienzo de las protestas, en comunas de la capital, de cientos de personas que se lanzaron a las calles clamando por comida y denunciando la demora en las ayudas anunciadas por el Ejecutivo. Por si fuera poco, recientemente Piñera fue visto, en plena cuarentena, comprando en una lujosa tienda de vinos de la aristocrática barriada de Vitacura que, para sorpresa general, estaba abierta cuando se había dispuesto el cierre de ese tipo de comercios por no ser imprescindibles. Fue tan evidente la actitud de Piñera a contracorriente de lo que él mismo proclama, que incluso el ministro de Salud, Enrique París, en un gesto inédito en el gabinete, criticó públicamente al mandatario. Entrevistado por una radio local, con diplomacia el titular dijo que «el Presidente tiene la facultad y el derecho a desplazarse, por lo que no contravino ninguna norma». Pero acto seguido espetó que «la prudencia es una de las características de cada persona. A lo mejor el Presidente se va a molestar, pero bueno, lo voy a decir: yo creo que hay que medir las consecuencias de los actos que uno lleva a cabo como autoridad». Y parafraseando al emperador romano Julio César, el titular de Salud dio el puntillazo: «El rey o la máxima autoridad en este caso, debe dar el ejemplo. No solo hay que serlo, sino también parecerlo». Santiago de Chile, 5 de […]

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó una reforma constitucional que limita la reelección de autoridades, casi a punto de cumplirse el plazo para vetar la legislación, aprobada el mes pasado en el Congreso. Finalmente y luego de 30 días de debates al interior del oficialismo mayoritariamente partidario de vetarla, el mandatario transó y estampó su firma para convertir en ley el proyecto que fuera aprobado por amplia mayoría en las dos cámaras. Ello a pesar de que desde la conservadora Unión Demócrata Independiente se hicieron todos los esfuerzos para conseguir el veto del mandatario, lo que permitiría a unos cien alcaldes y 700 concejales competir en las próximas elecciones. La reforma constitucional establece que los diputados, consejeros regionales, alcaldes y concejales podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos, mientras que los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente solo por un período. En ceremonia en el palacio de La Moneda, Piñera dijo que esa medida formaban parte de sus propuestas de campaña y consideró que poner límite a las reelecciones indefinidas contribuirá al perfeccionamiento de la democracia en Chile. Explicó que ello permitirá una mayor renovación y «oxigenación» en los cargos de elección popular, e «interpretar y dar respuesta a una amplia y profunda demanda ciudadana por mayor renovación, participación y transparencia». Según analistas, un veto de Piñera a esta legislación presionado por sus partidos hubiera agudizado el enfrentamiento de La Moneda con el Congreso, que escaló en intensidad luego que el mandatario anunciara hace dos semanas la posible creación de un comité de expertos para controlar la admisión de los proyectos en el legislativo. Esto fue interpretado desde amplios sectores políticos como una intromisión del mandatario en el trabajo y las atribuciones del Congreso y un ejemplo de autoritarismo inaceptable. Santiago de Chile, 5 de julio 2020 Crónica Digital/PL