Estudio analiza, bajo un enfoque financiero y contable, la evolución de la delincuencia en nuestro país entre los años 1994 y 2014. Dimensionar cuán grande es el problema del crimen organizado en Chile, es propósito del estudio sobre el costo del delito, realizado por el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Rodrigo Saens; del cual se desprende como gran interrogante el por qué de la diferencia entre la tasa de denuncias de victimización y la percepción de delitos que tiene la ciudadanía. “El principal objetivo de este trabajo es estimar el costo de la delincuencia en Chile, utilizando la lógica del enfoque contable e información estadística obtenida de diversas instituciones públicas y privadas, los resultados de este trabajo muestran que el costo del delito en nuestro país asciende a US$ 6.647 millones aproximadamente”, explicó el profesor Saens. Este gasto anual que se realiza –en los sectores público y privado-, son los costos del delito en los ítems de: prevención, consecuencias y respuestas al delito; monto que ha experimentando un alza considerable a través de los últimos 20 años. “Los resultados de este estudio muestran una tendencia creciente del costo total de la delincuencia, desde un 1,6% del PIB en 1994, aun 2,5% del PIB en 2014. Aumentando con ello considerablemente los recursos públicos destinados a disuadir y a repeler el delito”, señaló el doctor en economía. ESTADÍSTICAS A pesar de que las tasas de delito en Chile se encuentran entre las más bajas de América Latina, la percepción de inseguridad de la ciudadanía sigue siendo hoy uno de los temas que más afecta. “Según la Encuesta Nacional de Opinión Pública, del Centro de Estudios Públicos (CEP) -de noviembre de 2014-, la inseguridad es en la actualidad una de las tres preocupaciones más importantes que debería solucionar el gobierno, un 48% de las 1.432 personas entrevistadas señaló que `delincuencia, asaltos y robos` es el segundo de los mayores problemas, después de la salud con un 51%”, comentó el facultativo de la FEN. Los delitos de mayor connotación social se dividen en: hurtos, robos por sorpresa, robos con fuerza, robos con violencia, lesiones, violaciones y homicidios. De ellos, el robo sin violencia es el delito que obtiene una mayor tasa de victimización, con un 63,4%; lo siguen otros delitos, con un 22,8%; robo con violencia, con 13,8% y homicidios con 3,1%. En cuanto al número anual de denuncias por cada 100 mil habitantes, ésta sube sostenidamente de 1.020 en 1994 a 2.845 en 2014, con un alza acumulada de un 179%. A pesar de este incremento, de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013), menos de un 14% de las personas en Chile informan haber sido víctimas de robo con violencia, cifra bastante baja si se compara con el 67% de Honduras o con el 43% promedio de América Latina. En tanto, indicadores del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) -la que considera una muestra anual de más de 25 mil hogares―, […]

Con la oposición del Ejecutivo, diputados de la Comisión de Medio Ambiente avanzaron en esta figura, que es considerada una noticia positiva luego de lo sancionado durante las semanas previas sobre reservas estratégicas, que dejó expuestos a la intervención minera los glaciares que no están en parques nacionales y reservas de región virgen, es decir, los ubicados principalmente en las regiones de Atacama y Maule. De esta forma, restricción de obras, programas o actividades con fines comerciales en reservas nacionales se agregan a las que se pretendan en parques nacionales y reservas de región virgen. Con el apoyo unánime de la Comisión de Medio Ambiente, el miércoles pasado se aprobó una indicación que extiende la prohibición de intervenir los glaciares no solo a los parques nacionales, las reservas de región virgen y las reservas estratégicas sino también a las reservas nacionales.  La iniciativa, que no contaba con el respaldo del Ejecutivo, fue presentada por los diputados David Sandoval (UDI) y Leopoldo Pérez (RN) De esta forma durante esa semana se continuó con la votación de este nueva ley, luego que las semanas previas se aprobaran los artículos 2 y 5 sobre reservas estratégicas y que tras una difícil negociación dejó expuestos a la intervención extractiva, principalmente minera, los glaciares ubicados en las regiones de Atacama y Maule, que son las zonas donde más se necesita agua. En un principio, el ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier desestimó la propuesta de Sandoval y Pérez, que extendía las prohibiciones al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Su argumento fue que en la institucionalidad no existía el SNASPE como tal sino solo mencionaba a cada unidad con su respectiva categoría de protección, por tanto ninguna ley podía hacer referencia al sistema.  Ante esto, los legisladores propusieron entonces nombrar específicamente las reservas nacionales. De esta forma, la indicación quedó de la siguiente forma: “Se prohíbe la realización de toda obra, programa o actividad con fines comerciales que se desarrolle en, o en el entorno de, un glaciar, que se localice dentro de una reserva de región virgen, de una reserva o  parque nacional”. En la ocasión además el gobierno presentó una indicación, apoyada por varios diputados, que establecía que «respecto de los glaciares decretados como reserva estratégica, se prohíbe su remoción, traslado, destrucción o cubrimiento con material de descarte, acelerando de modo significativo su derretimiento”.  Y agregaba: “Asimismo, respecto del entorno de estos glaciares, quedarán  prohibidas aquellas obras o actividades que puedan acelerar su derretimiento«. Esta propuesta generó un debate con relación a por qué se planteaba la necesidad de prohibir solo las acciones que generen un impacto “significativo”.  “Si se hizo el esfuerzo, y el Estado a través de las instancias pertinentes va a decretar una reserva estratégica, es porque ese glaciar ya reúne todos los atributos necesarios para serlo, entonces ¿para qué se mantiene ‘acelerando de modo significativo su derretimiento?, cuando ya lo significativo o no significativo pierde todo sentido” argumentó Patricio Vallespín (DC). En tanto la diputada Camila Vallejo […]

El Movilh calificó a la queja como “una amenaza, un atropello contra la democracia y un abuso de poder”. El Movilh exigió a la Comisión  de DDHH aclarar sus dichos  y transparentar quienes votaron a favor de la queja. Del mismo modo, el organismo pidió la intervención de la Comisión de Ética del Senado.  En un hecho insólito, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por Jacqueline Van Rysselberghe, “nos ha enviado una carta para advertirnos que “no aceptará actos” contra dicha parlamentaria, sólo porque criticamos su férreo rechazo a la Ley de Identidad de Género”, denunció hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). En carta firmada por la Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, Ximena Belmar, se indica al dirigente del Movilh, Rolando Jiménez,  que “el honorable senador José Miguel Ossandón  hizo presente su molestia por los insultos verbales de que fue objeto” Van Rysselberghe el pasado 9 de diciembre en el Congreso Nacional. Sin precisar qué senadores votaron a favor  de la queja, la misiva añadió que “la Comisión acordó dirigirse a usted a objeto de presentarle este hecho y de manifestarle que no se aceptará este tipo de actos y que debe mantener una actitud respetuosa en el Congreso Nacional. Dios guarde a usted”. Aquí “Van Rysselberghe está abusando de su calidad de presidenta de la Comisión para en alianza con  Ossandón, otro opositor de la Ley de Identidad de Género, se silencie y se censure toda crítica contra su quehacer, calificando antojadizamente de insultos a la protesta legítima de la sociedad civil”, indicó el Movilh. El organismo añadió que “hemos exigido a la Comisión de Derechos Humanos que precise a qué insultos se refiere y que dé a conocer los nombres de los parlamentarios que estuvieron a favor de enviarnos esta queja que es a toda luces amenazante y un atropello a la democracia” Conviene recordar que el pasado 9 de diciembre, Jiménez criticó  a Van Rysselberghe por  “humillar a la población transexual” y por haber conseguido que la Ley de Identidad de Género pasara a la Comisión de Constitución, con lo cual se postergó su votación en sala. En concreto, y de lo cual hay registro de los medios, en la ocasión Jiménez dijo a Van Rysselberghe que  “¿Hasta cuando usted boicotea la Ley de identidad de Género. Póngase 5 minutos en los zapatos de la población transexual que vive a diario a situaciones de brutal discriminación en acceso al trabajo, a la salud,  a la educación, etc. Usted es una vergüenza para este Congreso” “Lo que me respondió la senadora fue que era un terrorista. Es decir, no sólo me insultó, sino que me adjudicó un delito. Por tanto, la queja de la Comisión de DDHH es doblemente grave”, dijo Jiménez. En ese sentido, el Movilh pidió a la Comisión de Ética del Senado que investigue estos hechos, pidiendo a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos que  “aclaren cuáles fueron  “los  insultos” a los que hacen referencia, pues […]