El presidente del Senado de Chile, Patricio Walker, reiteró hoy que propondrá a los comités parlamentarios dar prioridad a los proyectos relacionados con la probidad y la transparencia.
Walker, quien asumió la directiva de la Cámara alta este miércoles, dijo que planteará una agenda acotada con fechas palpables para despachar en breve tiempo las iniciativas en tramitación relacionadas con el tema.
En estos últimos años el país ha sido testigo de cómo algunos grandes empresarios defraudaron la confianza de la ciudadanía actuando de manera contraria a la ética, expresó el senador demócrata cristiano.
Este es el momento para revisar y endurecer la tipificación penal de aquellas conductas que permiten el abuso de poder, tales como el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada y la colusión entre empresas, añadió.
El presidente del cuerpo colegislador indicó que «luego de un debate serio, transparente y de cara a la ciudadanía», deben aprobar una nueva ley de financiamiento de las campañas electorales y de la actividad política.
Con ello, expresó, se aseguraría que todo ingreso que reciban los partidos y candidatos tenga un origen conocido,
publicando su fuente, y limitando el tope del gasto.
Walker apoyó la creación del Consejo Asesor Presidencial contra conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción» a iniciativa de la presidenta de la República, Michelle Bachelet.
Los esfuerzos que realizan los legisladores a favor del mismo objetivo, no se contraponen con la instancia del Ejecutivo, manifestó.
Compuesto por 10 hombres y cinco mujeres dirigidos por el doctor en economía y presidente de la fundación Espacio Público, Eduardo Engel Goetz, el ente deberá presentar en 45 días propuestas para enfrentar otros flagelos asociados.
Bachelet, golpeada directamente por negocios de su hijo mayor, Sebastián Dávalos, que plantean cuando menos elementos de ética, enfatizó en un encuentro en La Moneda que no se trata de restituir las confianzas en beneficio de algún actor particular, «de mí, del Gobierno o de los empresarios».
«Esto es una necesidad del país, de la salud de la democracia que todos necesitamos para vivir», subrayó.
La conmoción desatada responde en síntesis al llamado caso Penta, nombre del conglomerado económico que trasgredió la legislación chilena, al imputársele financiamiento ilegal a campañas políticas alrededor de lo cual se desataron numerosos manejos irregulares de dinero.
El sábado último el juez Juan Manuel Escobar dictó prisión preventiva para seis de los 10 imputados en el escándalo que salpicó en particular al opositor partido Unión Demócrata Independiente (UDI).
Además del caso Penta a las investigaciones actuales por corrupción en este país se suma la empresa Sociedad Química y Minera de Chile, por supuestos aportes irregulares a políticos entre 2009 y 2013.
También está en entredicho el senador independiente por la región de Magallanes Carlos Bianchi por probables delitos de fraude al fisco.
Santiago de Chile, 14 de marzo 2015
Crónica Digital / PL
