El servicio de noticias de Google dejará de incluir medios españoles desde el próximo 16 de diciembre, ante de la entrada en vigor de una nueva ley de Propiedad intelectual, informó hoy la empresa. La legislación obliga de forma irrenunciable el cobro por parte de las publicaciones españolas de una remuneración por la utilización de sus contenidos en servicios como Google Noticias, aunque se trate de un fragmento mínimo, pago al cual se niega el buscador. En un comunicado, el responsable de este servicio, Richard Gingras, anunció que desde el día 16 se retirarán los contenidos de los editores españoles y se cerrará Google Noticias en España. El cobro irrenunciable del canon entrará en vigor el 1 de enero de 2015 a propuesta de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), por considerrar que tanto los agregadores de noticias como las redes sociales lucran con sus contenidos. Google en cambio argumenta que por tratarse de una prestación gratuita y sin publicidad no genera ingresos y el pago del canon es insostenible. El cierre de España será el primero reportado desde el nacimiento en 2002 del servicio que incluye a casi 70 países y utiliza más de 50 mil fuentes informativas. Madrid, 11 de diciembre 2014 Crónica Digital / PL

Tras 8 años de trámite legislativo, el Congreso Nacional despachó durante la jornada el proyecto que autoriza el levantamiento del secreto bancario en las investigaciones de lavado de activos (Boletín N° 4426-07), quedando en condiciones de ser promulgado como Ley de la República. Lo anterior, luego que la Sala del Senado aprobara (por 26 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención y 0 pareo) el informe de Comisión Mixta, que amplió la nómina de delitos base del lavado de dinero, contenida en la Ley N° 19.913 que creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La iniciativa se originó en una moción ingresada en agosto de 2006 por los ex diputados Gabriel Ascencio, Jorge Burgos, Juan Bustos, Francisco Encina,  Álvaro Escobar, Carlos Montes y Eduardo Saffirio, que fue patrocinada por el Ejecutivo. Durante su discusión fue objeto de diversas indicaciones para subsanar algunos vacíos que tenía nuestra legislación, y que organismos tales como el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud, hoy Gafilat) nos habían advertido en sus evaluaciones a Chile de los años 2006 y 2010. En este contexto, el cuerpo legal precisa, entre otros puntos, que los sujetos obligados a informar a la UAF sobre los actos, transacciones u operaciones sospechosas de lavado de activos, ahora también deberán hacerlo respeto del financiamiento del terrorismo. “Desde el año 2006 que no se actualizaba nuestra normativa respecto de la prevención, detección y persecución del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Por tanto, esta Ley acerca la legislación chilena a los estándares internacionales sobre la materia, establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), y nos ayuda a situarnos dentro de la línea formal de cumplimiento a nivel global”, dijo el director de la UAF, Javier Cruz. Puntualizó que, en la actualidad, poco más de 5.200 personas y empresas privadas, correspondientes a 36 sectores económicos, deben enviar a la UAF los Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos (ROS) que detecten en el ejercicio de su actividad, y los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) superiores a 450 UF, o su equivalente en otras monedas. Sin embargo, una vez que la Ley se publique en el Diario Oficial, se estima que el número de sujetos privados obligados a informar a la UAF sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y/o financiamiento del terrorismo, se acercará a 5.300, al incluirse  las Organizaciones Deportivas Profesionales, las Representaciones de Bancos Extranjeros y las Empresas de Depósito de Valores. A esto se suman casi 600 organismos públicos -entre ministerios, servicios, intendencias, gobernaciones, municipalidades y superintendencias- que hoy no podían alertar a la UAF sobre eventuales actividades ilícitas, y que ahora, con la nueva ley, podrán reportar operaciones sospechosas, sin estar sujetos a sanciones. Cabe destacar, además, que la nueva Ley modifica el umbral de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) desde 450 Unidades de Fomento a 10.000 dólares de Estados Unidos de América, o su equivalente en otras monedas. Asimismo, amplía el catálogo de delitos base o precedentes de lavado de […]

El diputado Ramón Farías entró lleno en la polémica de las nuevas y más grandes patentes de motocicletas exigiendo que «Conaset explique las razones técnicas para aumentar el tamaño y la reformulación de la norma que exige llevarlas en la parte delantera». «Los reclamos de los motociclistas son totalmente válidos, porque es practicante imposible instalarlas en la parte de adelante por el gran tamaño que tienen. No se entiende cual fue la lógica de la autoridad para hacer este cambio y hacer obligatorio su uso, claramente  quien lo propuso no anda en moto». El legislador explicó que en otros países solo es obligatorio su uso en la parte trasera «porque los diseños impiden su instalación en otro lado de la motocicletas. Hoy en Chile, debido a la cuestionable norma que obliga a llevarla adelante, los motociclistas han debido acudir a distintas técnicas para poder cumplir la ley, interviniendo la moto e incluso corriendo el riesgo de algún accidente». De hecho, el legislador señaló que «estas intervenciones provocan serios problemas, como cuando la patente se suelte en la ruta, poniendo en riesgo tanto al conductor de la motocicleta como a los automovilistas». «Si estamos considerando que el parque de motos crece año a año y pretendemos implementar nuevas medidas de seguridad para fomentar su uso en ciudades altamente congestionadas, no se entiende que se retroceda con estas normas innecesarias y peligrosas. Conaset debe explicar sus motivos, porque nadie que anda arriba de una moto avala este cambio». Farías anunció que presentará un proyecto de ley para eliminar la obligatoriedad de llevar la patente delantera, igualando la legislación a la de otros países donde la motocicleta es un medio de transporte vital para las grandes ciudades. Santiago de Chile, 11 de diciembre 2014 Crónica Digital

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Los jefes de bancada de senadores PPD, Guido Girardi, y PS, Juan Pablo Letelier, junto al ex parlamentario Mariano Ruiz Esquide, destacaron la iniciativa del Gobierno de enviar al Congreso dos proyectos de ley que declaran imprescriptible las violaciones a los derechos humanos y que termina con la amnistía a los crímenes cometidos durante la dictadura militar. El senador Girardi, señaló que junto al ex senador Ruiz Esquide y los actuales parlamentarios Letelier y (Alejandro) Navarro “presentamos años atrás una iniciativa para anular la Ley de Amnistía, una de las instituciones abominables y cuestionadas por todas las organizaciones de derechos humanos y por quienes creen que estos son relevantes para la sociedad”. Girardi agregó que “La ley de Amnistía lo que genera es impunidad, aquellos que mataron, torturaron lanzaron al mar seres humanos vivos hoy pueden caminar libremente por las calles si esos delitos los cometieron antes de 1978. Además no sólo es antidemocrática e ilegal, sino que es un traje a la medida que Pinochet se hizo para defenderse el mismo”. El parlamentario PPD recordó que “aquí hay una herencia del diputado Juan Bustos que fue uno de los inspiradores de la necesidad de restablecer la plena vigencia de los derechos humanos, por tanto nosotros presentamos un proyecto de ley que anula los efectos de la Ley de Amnistía y permite que aunque pasen mil años aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad sean juzgados”. El senador Guirradi afirmó que “valoramos que el Gobierno inspirado en nuestro proyecto presente una reforma que establece que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, innamistiables y no puede haber indulto ni ningún tipo de beneficio. Nos parece un avance en la sociedad para que nunca más a nadie se le ocurra retomar esos caminos que fueron tan dramáticos para Chile”. Por su parte el ex senador Mariano Ruiz Esquide señaló que festejaba “desde lo más profundo del alma que el Gobierno haya tomado esta decisión. En Chile los derechos humanos todavía no son respetados por todos, aún existen voces que fueron capaces de generar la crueldad que vivimos en aquellos años. Espero alcanzar a ver un país dónde nunca más, nunca más hayan las situaciones que vivimos en esos oscuros tiempos”. En tanto Juan Pablo Letelier festejó que “en este día internacional de los derechos humanos que recuerda la declaración que marcó un antes y un después en toda la humanidad y luego de la vergüenza de quienes quisieron hoy día recordar a Pinochet”. Letelier agregó que sentía alta satisfacción que el Gobierno de la Presidenta Bachelet haya mandado al congreso un proyecto de reforma constitucional para establecer que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra serán por siempre inamnistiables, imprescriptibles y sin derecho a ningún beneficio. Y también manda una ley interpretativa que cubre todos los delitos desde el 11 de septiembre de 1973 hasta marzo de 1990 para asegurar que ninguno de los delitos cometidos durante la dictadura queden impunes”. Santiago de Chile, 11 de diciembre 2014 Crónica […]

El Gobierno de Chile dio nuevos pasos para cerrarle los espacios a la impunidad de los delitos cometidos por agentes de Augusto Pinochet, en una jornada en la cual la derecha rindió tributo al dictador. En la fecha en que se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Alianza (integrada por la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional) provocó escozor al pedir un minuto de silencio por Pinochet en el Congreso. La actitud de parlamentarios derechistas fue condenada de inmediato por la administración de Michelle Bachelet, cuyo portavoz y ministro de Gobierno, Alvaro Elizalde, deploró la actividad de la Alianza. Quisieron realizar un homenaje a quién dividió a Chile y causó un gran dolor por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, remarcó Elizalde. Pinochet falleció el 8 de diciembre de 2006 a los 91 años de edad acosado por la justicia por todos los desmanes cometidos, además de corrupción y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, nunca fue condenado en vida. Precisamente hoy el presidente en funciones y ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, anunció el envío de dos proyectos de ley al Parlamento que declaran imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. De tal forma se pondría punto final a la amnistía que cubre los crímenes cometidos en la dictadura de Pinochet, que dejó un saldo de tres mil 200 asesinato, unos mil 300 detenidos-desaparecidos y alrededor de 40 mil personas torturadas. Hoy ingresamos al Congreso una reforma constitucional que declara imprescriptibles e inadmisibles los crímenes y delitos de guerra, lesa humanidad y genocidio», dijo  Peñailillo en el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH). Expertos comentaron que si avanzan las propuestas como se espera, se daría el cierre definitivo de la única ley de Amnistía de la dictadura que cubre los más horrendos crímenes cometidos en los primeros cinco años del régimen de Pinochet. El titular del Interior resaltó que la segunda iniciativa apunta a que la amnistía, el indulto y prescripción no serán aplicables al genocidio perpetrado por agentes del Estado y militares, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Lorena Fries, directora del INDH, se refirió al documento elaborado por la institución en torno al tema de igualdad de género y al fin de la segregación escolar, como también hizo un llamado a poner fin a las torturas que aún persisten en Chile. «Durante el 2014 hemos presentado más de 12 querellas por tortura y 15 amparos por violencia policial», aseguró Fries. Santiago de Chile, 11 de diciembre 2014 Crónica Digital / PL

A pesar de que el informe de dicha comisión fue aprobado por siete votos a favor y cinco en contra, el parlamentario lamentó que no se haya podido establecer de manera certera, las responsabilidades de las autoridades públicas involucradas. El diputado Socialista, Marcelo Schilling fue uno de los siete diputados que votó a favor del informe que emanó de la Comisión Investigadora que se creó en la Cámara, para indagar el conflicto entre accionistas de la empresa Soquimich, instancia que analizó los antecedentes sobre la eventual participación del ex Presidente Sebastián Piñera y su gabinete en el “Caso Cascada”, dados a conocer el 1 de octubre pasado por el asesor de Julio Ponce, Patricio Phillips. Entre sus principales conclusiones, la comisión resolvió entregar recomendaciones para mejorar la institucionalidad, elevar la seguridad del mercado de capitales, tener una legislación que permita mejorar la capacidad investigativa de estas instituciones y evitar el conflicto de interés que se da en la bolsa de valores. Para el diputado Schilling, este informe fue considerado como “completamente insuficiente”, argumentando que a dicha instancia se le encomendó indagar sobre eventuales responsabilidades de autoridades públicas en el “Caso Cascadas”. Al respecto, señaló que “ha sido imposible establecer de manera certera estas responsabilidades y ello se debe a la conjunción de dos factores. Primero a la opacidad y lo turbio del mercado bursátil, que a pesar de ser un gran negocio, es de pocos, que se protegen u cubren entre ellos y, por otra parte, la debilidad de la institucionalidad de la Superintendencia, que en tono jocoso, en los salones elegante de este país, constituyen la burla del Estado de Chile, por su debilidad y lo fácil que resulta hacerlos leso”. A juicio del diputado Schilling, “con esa mezcla de factores, el resultado de este informe no podía ser otro que el que emanó de esta comisión. Incluso, alguien se alegró de la multa que se le había impuesto a Soquimich y al empresario Julio Ponce. Pero yo opino que son irrisorias al lado de las utilidades que obtuvieron. Para que entiendan los campesinos del país, entre bueyes no hay cornadas, entre ellos se protegen recíprocamente”. Yo espero”, recalcó el legislador PS, “que así como pertenecemos a esa institución del primer mundo llamada OECD, algún día, el mercado en general, sea transparente y de verdadera competencia y también la bolsa de valores y en el mercado bursátil”, concluyó el diputado PS Marcelo Schilling. Santiago de Chile, 11 de diciembre 2014 Crónica Digital

Pese a la resistencia de la derecha en Chile, la inmensa mayoría de la población parece perder el miedo y son más visibles las denuncias a los vejámenes cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet. La batalla apenas llega a un punto de inflexión definitivo por la madurez que adquiere la ciudadanía y el rechazo a las manipulaciones, comentó a Prensa Latina un activista de derechos humanos que prefirió mantener su nombre en el anonimato. Una referencia imprescindible se encuentra en el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (Cintras), que más allá del deseo de mantener la memoria viva, se apegan al llamado de distintas agrupaciones de ÂíVerdad y Justicia Ahora! Las cifras de los informes de las comisiones Rettig y Valech coinciden en fijar en más de 40 mil las víctimas de la dictadura cívico militar; de estas, 38.000 fueron torturadas y más de tres mil asesinadas. Además, se consideran alrededor de mil 200 personas detenidas desaparecidas. Con estadísticas de tal magnitud pareciera un contrasentido y hasta una miopía política que la Alianza (Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional) pidiera un minuto de silencio en el Parlamento para recordar a Pinochet la víspera. Cintras recordó a Prensa Latina que la dictadura ejerció el terrorismo de estado como medio de control social y junto a ello impuso a sangre una política económica neoliberal cuyos efectos sociales, culturales, políticos y económicos aún persisten. La entidad detalló que con casi 29 años de asistencia a más de cuatro mil personas, víctimas de la dictadura, «hemos aprendido que no hay proceso de elaboración posible del trauma psicológico y social sin que medien los actos de justicia (…)». «Es indudable que se han desplegado una serie de esfuerzos de reconstrucción de una parte significativa de la memoria histórica, asociada al período de la dictadura militar, en tres documentos significativos», anotó. Después del regreso a la democracia en 1990, «la llamada Comisión Rettig y las dos versiones de la Comisión Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech», elaboraron documentos de efectos beneficiosos para la sociedad chilena. Aunque el Gobierno de Michelle Bachelet manifestó una política vertical contra los desmanes cometidos por la Junta Militar de Pinochet, la Alianza no esconde su compromiso con el régimen condenado mundialmente de forma casi unánime. De hecho, la víspera el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, anunció el envío de dos proyectos de ley al Parlamento que declaran imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, para poner fin a la legislación de Amnistía. Cintras argumentó que el reconocimiento de la verdad de lo que fue la detención con desaparición, el asesinato y la tortura en Chile ha sido imprescindible para el inicio de los necesarios procesos de reparación del trauma psicosocial. Subrayó que como organismo de salud mental y derechos humanos ha planteado en todos los niveles la necesidad de una comisión de carácter permanente que recoja testimonios y vivencias de todas aquellas personas fueron víctimas de la detención y tortura. Los expertos explicaron que un trauma tan destructivo […]

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CINTRAS, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos informó en rueda de prensa los aspectos que siguen afectando a las víctimas de violaciones de derechos humanos e impiden una plena rehabilitación y reinserción en la sociedad. José Miguel Guzmán, Director Ejecutivo de Cintras, señaló que la Impunidad y una limitada política de Reparación, favorecen la recurrencia del daño, la aparición de nuevos dolores y frustraciones, con consecuencias retraumatizantes  graves  para la psiquis de las personas torturadas y sus familias. Con casi 29 años de asistencia médico-psicológica a más de 4.000 personas y sus respectivas familia, en suma más de 15 mil beneficiarios víctimas de violaciones de sus derechos humanos durante la dictadura, hemos aprendido que no hay proceso de elaboración posible del trauma psicológico y social sin que medien los actos de justicia que impidan la impunidad para los graves crímenes que se cometieron en nuestro país durante la dictadura cívico militar. Por otro, lado, el psiquiatra José Luis Tejada, Director Clínico de Cintras, señaló que las medidas de reparación deben ser capaces de resolver adecuadamente las necesidades que se propone satisfacer. Una solución a medias sólo va a aumentar los sentimientos de frustración, impotencia o decepción de los afectados y arriesga a consolidar la imagen de abandono y estigmatización a la que han estado expuestos por parte del Estado chileno durante tantos años. La exigencia realizada es al Estado para que implemente: Políticas idóneas y efectivas de reparación integral incluyendo la rehabilitación integral. Políticas sociales incluyentes que garanticen los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de mujeres, hombres, niñas y niños. Investigar todos  los casos de víctimas de tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes y que los responsables sean sancionados. Modificación del Código Penal, que data de 1874, el que no incluye el concepto de tortura, sino que se califican como «apremios ilegítimos». En ese mismo sentido, nos parece que es urgente indagar y sancionar los delitos de tortura de connotación sexual registrados en el periodo dictatorial y que se tipifique esta práctica aberrante. El Estado debe responder ante la normativa internacional de derechos humanos con la investigación y sanción de crímenes de lesa humanidad, en particular de la tortura cometida por agentes del Estado. Desclasificación de todos los archivos secretos que aún mantienen los servicios de seguridad y aparatos de inteligencia de las fuerzas armadas, así como la desclasificación de los datos aportados en ambos períodos de la Comisión Prisión Política y Tortura ocultados por 50 años. Exigimos la búsqueda y desclasificación de los archivos ocultos en las dependencias de la ex Colonia Dignidad Por su parte, Nieves Ayress, sobreviviente de tortura y querellante por violencia sexual, entregó un desgarrador testimonio de los abusos vividos por ella y otras prisioneras políticas, señalando que era una política consciente de sus captores para “quebrar” a los detenidos. Exaltó al Estado a investigar y sancionar a quienes se pasean con total impunidad por las calles del país. Finalmente, la profesora Vilma Abarzúa, en su calidad de Presidente de los Beneficiarios […]

Marcharon alrededor de La Moneda para exigir justicia, no a la impunidad y leyeron un manifiesto que criticó “el sistema neoliberal que impuso la dictadura  a través de la Constitución”. Al término de la manifestación la agrupación Hijos ingresó a la entrada principal del Ministerio de  Justicia para entregar el texto al Secretario de Estado de la Cartera, quien se comprometió a recibir a los firmantes.     Desde hacía mucho tiempo que no se lograba un nivel de unidad y coordinación en las organizaciones de Derechos Humanos de Chile, que permitió en el Día Internacional, la redacción de un extenso documento con sus más preciadas reivindicaciones: el “Manifiesto por la Dignidad  y los Derechos Humanos de los Pueblos que habitan Chile”. El texto fue leído en la Plaza de la Constitución por Alberto Rodríguez, director de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Juanita Aguilera de la Comisión Etica contra la Tortura. El texto señala que “es necesario que el Estado chileno y sus gobiernos comprendan que la justicia no puede ser solo simbólica.  Los juicios y las condenas, así como la reclusión de los criminales y de los que se han enriquecido atentando contra la humanidad deben corresponderse con sus gravísimas acciones. Tal es el sentido de la proclamación de la Declaración Universal que hoy conmemoramos”. Asimismo exigen la “derogación de la Constitución de 1980 y todos los enclaves dictatoriales que impiden la participación del pueblo y les entregan nuestros recursos a los monopolios internacionales. Anulación de todas las leyes, decretos, consejos de guerra y acciones sumarias que realizó la dictadura para legalizar la represión.” Otra de las demandas son la “anulación inmediata de la ley de amnistía, y fin a la prescripción y media prescripción que siguen aplicando los tribunales de justicia” También piden la “derogación de la ley 18.771 de 1989, que exime a las instituciones del Ministerio de Defensa, y de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública de la obligación de transferir sus documentos al Archivo Nacional —obligación que tienen todos los organismos públicos—, y los autoriza a eliminarlos mediante la sola decisión de una jefatura superior”. Otra de las peticiones está relacionada con la “jurisdicción que tienen los tribunales militares para procesar a civiles cuando están implicados en procesos contra uniformados y el fin de las cárceles especiales para recluir a genocidas.” En el texto se pide el “fin a la ley antiterrorista dejada por la dictadura, a la nueva ley antiterrorista que está en curso de elaboración y a todas las leyes de excepción que criminalizan a los movimientos sociales.” Las organizaciones pidieron “sanción para los agentes del Estado, incluidos sus mandos. Fin a la tortura, desaparición forzada de personas y secuestros realizados por agentes del Estado y sanción a los agentes del Estado, incluidos los mandos implicados.” Al término de la lectura del manifiesto los activistas por los Derechos Humanos colocaron un excusado al cual lanzaron la Constitución Política de 1980, entre otras instituciones legales que desean ver desaparecer. […]

La actriz de la ópera prima chilena No soy Lorena, Loreto Aravena, se mostró hoy entusiasmada por su participación en el XXXVI Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, previsto aquí hasta el día 14. (RadioPL) Como parte de mis expectativas, siempre quise ver esta película con el público cubano, y eso lo pude disfrutar con creces, dijo a Prensa Latina Aravena, quien informó que el filme todavía no se ha estrenado en su país. «Solamente hemos visto la recepción del público extranjero, en Canadá, Brasil, la India, y ahora en Cuba», comentó. La artista confesó que le encanta la cultura que tienen los cubanos. Es emocionante ver a la gente como disfruta de las producciones cinematográficas. En dependencia del tema, lo mismo se escucha gritos que murmullos, eso para mí es muy interesante, dijo. Sin embargo, reconoció, en Chile la gente es muy silenciosa, por eso, trataré de verla otra vez con los espectadores cubanos, para sentir como comentan. Sobre su valoración acerca del festival, respondió que se están presentando muy buenas películas en competencia. «El nivel del evento es muy alto, y estoy tratando de ver las cintas que están en mi categoría para ver que hacen los realizadores de América Latina y el Caribe. Aunque no estaré hasta el final de la cita, me siento muy feliz por compartir estos días con este pueblo, destacó. Aravena adelantó que como parte de sus proyectos prevé hacer la coproducción de la película chilena El sapo, cuyo rodaje comenzará en febrero. El largometraje No soy Lorena, de la directora chilena Isidoro Marras, aspira por el Premio Coral en su categoría al cierre de la cita habanera del cine. La competencia incluye 116 títulos -de ellos 42 largometrajes y 21 cortos de ficción, a los que se suman 30 documentales, 23 animados, 25 guiones inéditos y 11 carteles. Por Reina Magdariaga La Habana, 10 de diciembre 2014 Crónica Digital / PL

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