Representantes de las Agrupaciones de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos (AFDDyEP) de Talca, Parral y Linares, así como sobrevivientes de Colonia Dignidad, concurrieron hoy al recinto alemán para expresar al ministro Mario Carroza su apoyo en las diligencias que comenzaron ayer en el predio en búsqueda de restos de detenidos desaparecidos, documentación y aparatos de tortura utilizados en contra de opositores a la dictadura cívico-militar. El ministro llegó cerca del mediodía e ingresó al predio acompañado de la Brigada Investigadora de Derechos Humanos y Asuntos Especiales de la PDI y de Heraclio Sarmiento Sabater, por cuya causa judicial por tortura es que se realizan las actuales diligencias. Ahí realizaron una inspección ocular de los puntos señalados como los lugares donde posiblemente estén enterrados restos de detenidos desaparecidos en el lugar, aparatos de tortura y documentación, elementos que permitirán avanzar en memoria, verdad y justicia en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos en el enclave alemán. Myrna Troncoso y María Escanilla, presidentas de las AFDDyEP de Talca y de Parral, así como Gabriel Rodríguez, sobreviviente, entre otros activistas de derechos humanos, aguardaron en la entrada del recinto a que saliera el ministro Carroza, a quien le desearon buena suerte y le expresaron su confianza en que logre resultados positivos mediante las diligencias que ha iniciado y pueda llegar al fondo de la verdad de lo ocurrido en el excentro de secuestro, tortura y exterminio Colonia Dignidad. El ministro dio garantías de realizar la investigación de acuerdo a la ley. En el lugar se encontraba también Winfried Hempel, abogado del testigo que señaló los lugares donde la próxima semana se realizarán las excavaciones, así como de un centenar de colonos que aún viven en el lugar hoy conocido como Villa Baviera, y denunció a los medios de comunicación el retroceso que ha habido respecto a la seguridad. Dijo que la situación es de tal gravedad que incluso Friedhelm Zeitner, exguardaespaldas de Paul Schäfer, el fallecido líder de la secta, quien cumple en la Colonia Dignidad una pena remitida, «merodea de noche con un perro y con un rifle a postones haciendo lo que él llama ‘la seguridad en un recinto privado’; es una situación absolutamente inaceptable y vamos a presentar los recursos judiciales pertinentes, porque la situación no da para más», según consignó el sitio Cooperativa.cl. Al respecto, Myrna Troncoso afirmó que esta situación confirma lo que fue planteado por las AFDDyEP al intendente de la Región del Maule, Hugo Veloso, durante un encuentro con él realizado el pasado 10 de septiembre para la constitución de una mesa de trabajo para Colonia Dignidad, en el sentido de que los colonos siguen repitiendo la misma estructura de poder que tenían cuando estaban bajo el mando de Schäfer, por lo cual es necesario desligarlos de ese lugar donde fueron violentados sus derechos mediante la esclavitud, la medicación ilícita y la pederastia.Santiago de Chile, 23 de octubre 2014 Crónica Digital
DD.HH.
ras cita con la Presidenta de la CUT, la Asociación de Funcionarios de las Fuerzas Armadas, manifestaron su voluntad de afiliarse a la CUT, pues “somos trabajadores como todos” Héctor Guzmán, delegado laboral de la PDI; Esteban Infante, delegado laboral de Carabineros, y Nazareno Zúñiga, delegado laboral de la Armada, se reunieron este martes 21 de octubre con la Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, y la Encargada de la Secretaría de Derechos Humanos, Patricia Coñoman. Guzmán comentó tras la cita que “llevamos un trabajo con la CUT desde hace un año aproximadamente para ver la posibilidad de afiliarnos, porque los funcionarios de las fuerzas armadas también somos trabajadores” “Un fallo dijo que no existe impedimento para que nos organicemos sindicalmente, porque somos trabajadores, por eso formamos nuestra Asociación Gremial y en las próxima semanas validaremos nuestra afiliación a la CUT” concretó el delegado de la PDI. Los dirigentes conversaron por cerca de una hora con la Presidenta de la CUT para darle a conocer sus demandas y al mismo tiempo reafirmar su voluntad de concretar prontamente la afiliación a la multisindical. Santiago de Chile, 23 de octubre 2014 Crónica Digital
El ministro en visita extraordinaria para causas por violación a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó acusación en la investigación que sustancia por el homicidio de Federico Álvarez Santibáñez, ilícito perpetrado el 15 de agosto de 1979, en la Región Metropolitana. En el dictamen, el ministro Carroza responsabilizó a nueve ex integrante de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por el homicidio del integrante de Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En calidad de autores fueron acusados: Julio Salazar Lantery, Carlos Durán Low, Jorge Andrade Gómez, Jorge Vargas Bories,Eduardo Araya Pardo, Luis Sagredo Valdebenito y Eduardo Ojeda Bennet; en tanto, en calidad de cómplices lo fueron: Manfredo Jurgensen Caesar y Luis Losada Fuenzalida. De acuerdo a los antecedentes recopilados en la causa, se logró determinar que el 15 de agosto de 1979,FEDERICO RENATO ÁLVAREZ SANTIBÁÑEZ, de profesión profesor y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria –MIR–, «(…) fue detenido junto a Raúl López Peralta, en el centro de Santiago, por funcionarios de Carabineros de Chile, al ser sorprendido lanzando panfletos del MIR, para lo cual con el fin de reducirlo, lo golpearon con los bastones de servicio en el cuero cabelludo, ocasionándole lesiones, las cuales, según el diagnóstico del médico de turno del Hospital José Joaquín Aguirre, eran de carácter leve. «(…) Que, por los antecedentes de la detención, el Ministerio del Interior, mediante Decreto N° 2449 dispone el arresto de Álvarez Santibáñez, siendo éste trasladado en la misma fecha, al cuartel Borgoño de la Central Nacional de Informaciones, junto al segundo detenido, lugar donde es sometido a sesiones de interrogatorios y torturas hasta el día 20 de agosto de 1979, fecha en que es llevado a la Primera Fiscalía Militar, disponiendo el Fiscal, ante el evidente mal estado que se encontraba Federico Álvarez Santibáñez, producto de los tormentos de que fue víctima, su traslado al Hospital de la Penitenciaría de esta ciudad, quienes al constatar las contusiones y el estado de gravedad del detenido, lo ingresan a la Asistencia Pública de esta ciudad, lugar donde fallece el día 21 de agosto de 1979, a las 6.50 horas. Que durante el período que Álvarez Santibáñez permaneció privado de libertad en el cuartel Borgoño, siendo sometido a intensos interrogatorios y torturas, fue examinado por 2 médicos de la Central Nacional de Informaciones, quienes certificaron que el detenido se encontraba en buenas condiciones de salud», sostiene la acusación. La resolución agrega: «La Central Nacional de Informaciones disponía de recintos secretos, entre los que se encontraba el cuartel Borgoño, que servían como centros de detención, interrogación y tortura, los cuales no se trataban de establecimientos carcelarios de aquellos destinados a la detención de personas establecido en el Decreto Supremo N° 805 del Ministerio de Justicia de 1928. Que la Central Nacional de Informaciones, CNI, era una estructura organizada, jerarquizada, que tenía la calidad de «organismo militar, integrante de la Defensa Nacional», a cargo de un Director General, quien ejercía el mando nacional y al cual se encontraban supeditados todos sus miembros, quien contaba con una plana mayor que lo asesoraba en labores […]
El diputado socialista se reunió este jueves con el director de Senadis, Mauro Tamayo, para pedir el apoyo del Ejecutivo ante la medida. El diputado socialista Luis Rocafull planteó al gobierno la necesidad de tomar acciones directas para promover la inclusión de niños con capacidades diferentes en las plazas y parques públicos. El parlamentario presentará un proyecto de ley que plantea establecer la obligatoriedad de que las zonas públicas de recreación infantil cuenten con juegos diseñados especialmente para niños con discapacidad. “Los parques, jardines o plazas, públicos y privados, que contemplen juegos infantiles no mecanizados, deberán contar con juegos especialmente diseñados para menores de edad con discapacidad, los que deberán representar al menos un cuarto del total de juegos destinados en dicho parque, jardín o plaza, garantizando la accesibilidad para las personas con movilidad reducida a los mismos”, sostiene el proyecto que adecúa la norma actual que hoy obliga a la creación de accesos especiales para discapacitados en edificios públicos y privados, medios de transportes y plazas. Tras la cita con el parlamentario por Arica, el director de Senadis se comprometió a respaldar la iniciativa y compartió el trabajo que está realizando su servicio. “Estamos convencidos de que este tipo de esfuerzos son necesarios. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en el año 1990, dice que todos los niños tienen derecho a que el juego forme parte de su actividad cotidiana. Esa es una máxima que se aplica también para los menores con capacidades diferentes y hasta ahora no se ha hecho un esfuerzo sustantivo para permitirlo”, dijo el diputado por Arica. Rocafull, asimismo, llamó a la Asociación de Municipalidades a apoyar esta iniciativa y a hacerse parte de este esfuerzo de inclusión. “Los municipios son una parte activa en el diseño e implementación de zonas de juegos en las plazas y parques. Los llamo a no olvidar que nuestros niños tienen capacidades diferentes y requieren un trato especial”, agregó. “Instalamos juegos infantiles en nuestras plazas con el afán de integrar. Pero no lo estamos haciendo bien si solo integramos a un tipo de niño y marginamos a quienes tienen dificultades para desplazarse o requieren de un trato especial. No perpetuemos la segregación que atenta contra los derechos internacionales de los niños”, insistió el parlamentario. Santiago de Chile, 23 de octubre 2014 Crónica Digital
El presidente del Colegio de Profesores de Chile, Jaime Gajardo, expresó “su satisfacción por resultados contenidos en el sondeo CER-MORI donde se señala que el 77% de los encuestados confía en los profesores para la solución de los problemas nacionales y un 57% expresó que la reforma educacional será positiva. Eso habla bien de la percepción que tiene la gente sobre nuestra labor y en cuanto a los objetivos en materia educacional”. En efecto, en la encuesta dada a conocer este miércoles 22 de octubre, se indicó que el 77% confía en los profesores para la solución de problemas nacionales, un 48% está de acuerdo en cómo lo está haciendo el Gobierno para “solucionar el problema de la educación”, y un 57% “mirando hacia los próximos 10 años, cree que la reforma educacional será positiva”. Sobre aquello, Jaime Gajardo manifestó que “estas noticias reflejan la sensibilidad de la población hacia la tarea del magisterio y el respaldo a las reformas que se están planteando y que están avanzando”. Añadió que “es una demostración más de que la ciudadanía quiere otro sistema educacional, sin lucro y de calidad, y de que la gente sabe que lo que se está haciendo ahora va a traer beneficios para las grandes mayorías”. El Presidente del Colegio de Profesores sostuvo que “esta confianza expresada por la gente nos alienta a seguir nuestra lucha, a mejorar nuestro trabajo y a responder positivamente a las transformaciones que se están realizando en educación”. Santiago de Chile, 23 de octubre 2014 Crónica Dgital
La red Red Latinoamericana de Sitios de Memoria, que integra Villa Grimaldi solidarizó con las familias de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Tixtla, Guerrero, México, desaparecidos desde el 26 de septiembre. La entidad está integrada por 32 instituciones comprometidas con programas de Derechos Humanos y Memoria Histórica en la región, solidarizó con los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Tixtla, Guerrero, México respecto a exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos. “Como latinoamericanos nos negamos definitivamente a todo acto que viole flagrantemente los derechos humanos en nuestro continente”, señaló. “El pasado 26 de septiembre de 2014, en al menos cuatro eventos violentos relacionados entre sí, en las inmediaciones de la ciudad de Iguala perdieron la vida 6 personas, entre éstas tres estudiantes de la normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, 20 más resultaron heridas, uno de ellos, un estudiante que se encuentra en estado vegetativo, y 43 personas se encuentran desaparecidas”, consigna la declaración. “A casi un mes de las desaparición de los estudiantes – continúa -, el Estado mexicano no ha cumplido sus compromisos de proteger la vida y la integridad física ratificados a nivel internacional a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares y recomienda que “el Estado adopte aquellas medidas necesarias para proteger a las víctimas”. “En el supuesto de que no den con su paradero en vida de manera inmediata, el Estado podría incurrir en responsabilidad internacional por incumplimiento de sus obligaciones en materia de desaparición forzada”, agrega. “En la búsqueda de los 43 desaparecidos, han sido los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos, las familias, las organizaciones sociales y defensoras de Derechos humanos quienes se han organizado”, accionando la solidaridad nacional e internacional. A ellas y ellos nos sumamos”, puntualizó el comunicado. “En los distintos espacios de quienes formamos parte de la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria expondremos un cartel con los rostros y nombres de los 43 estudiantes desaparecidos, con los lemas #Ayotzinapaeslatinoamerica y #43 convidaya como parte de la acción global”, concluye el texto. Por Carlos Antonio Vergara Santiago de Chile, 23 de octubre 2014 Crónica Digital
Luego de 3 años intensa tramitación judicial, la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, obtuvo el pago de remuneraciones y una indemnización por daño moral a favor de 54 ciudadanos paraguayos que trajo el empresario Francisco Errazuriz a Chile para que trabajaran sus campos de la región de O’Higgins, El pasado 21 de octubre del presente año, el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Peralillo, sexta región, dio su aprobación a dos conciliaciones relativas al pago de las sentencias laborales en contra del “Grupo Errazuriz”, del empresario Francisco Javier Errázuriz Talavera, por la suma de $ 122.601.803. Las sentencias tienen su origen en las demandas presentadas el 3 de junio de 2011, las que tuvieron por objeto la declaración de vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores paraguayos que fueron presentadas nuestras Oficinas de Defensa Laboral de Rancagua, dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana. Osvaldo Soto, director general de CAJ METRO, señaló que “Hemos cumplido con nuestro objetivo de que las personas, más allá de sus limitaciones económicas o sociales, puedan acceder a la justicia en iguales condiciones de quienes tiene poder y recursos. Esta es una señal para Chile”. Santiago de Chile, 23 de octubre 2014 Crónica Digital
El proyecto con el que el gobierno da inicio a la reforma educacional fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora será visto en Comisión de Educación del Senado. “Estamos muy satisfechos que este proyecto haya sido aprobado pero a la vez lamentamos que la indicación que tipificaba el lucro como delito se rechazara.” Fueron las primeras impresiones del presidente nacional del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, tras la votación en el Parlamento que dio luz verde al primer proyecto de la reforma educacional y que cumpliría con reivindicaciones planteadas por el magisterio y el movimiento social desde hace varios años: el fin al lucro, terminar con el copago y la selección. Luego de intensos debates en las Comisiones de Educación y Hacienda, y de discutir más de 200 indicaciones, el proyecto finalmente fue aprobado por diputados y diputadas, considerado por Gajardo como “un primer paso histórico en la construcción de un nuevo sistema educacional”. Sin embargo, junto al presidente del Colegio de Profesores, varias y varios legisladores plantearon la insatisfacción porque se rechazó la indicación de castigar con cárcel a quienes lucran con fondos públicos destinados a educación. Para eso se requerían 67 votos y alcanzó solo 56. También se lamentó el rechazo a poner fin a la posibilidad del arriendo de los recintos de quienes no quieran continuar como sostenedores. El timonel del gremio docente, que definió en su última Asamblea Nacional apoyar los objetivos de la reforma, manifestó su preocupación porque sean escuchadas las demandas del movimiento social: “Esperamos que en el Senado estas indicaciones se puedan reponer para asegurar que no haya mal uso de los recursos públicos, que deben orientarse efectivamente a que todos puedan recibir una educación gratuita e igualitaria.” Por el contrario, la indicación de que las Agencias Técnicas (ATE), no puedan tener fines de lucro fue aprobada y valorada por Gajardo: “Este fue un tema que mencionamos la primera vez que fuimos a la Comisión por este tema, el uso que se les da a las ATE para lucrar, y esto será un gran paso para evitarlo.” Los dichos del presidente del magisterio fueron reforzados por el presidente de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Ricardo Paredes, quien dijo que “es el primer gran avance de la reforma el cambiar el paradigma de la educación que prima hoy en Chile. No obstante lamentamos el hecho que incluso personeros de la Nueva Mayoría se abstuvieron de tipificar el lucro como delito.” La postura de reponer esas indicaciones en los próximos trámites legislativos fue apoyada por numerosos parlamentarios y parlamentarias, pero que no contó con un apoyo resuelto de parte del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre: “Era una indicación importante para desincentivar el mal uso de los fondos públicos, pero no fundamental, porque de confirmarse malversación la Superintendencia tendrá que tomar cartas en el asunto y eventualmente llevar a la pérdida del reconocimiento oficial, así que tiene sanciones muy severas.” Desde el Colegio de Profesores se ha planteado la necesidad de impulsar los […]
Un llamado a las autoridades a escuchar “a la ciudadanía, y que ésta defina el mecanismo para realizar una nueva Constitución”, realizó el coordinador nacional de Marca AC, Genaro Cuadros, tras conocer los resultados de la encuesta MORI–CERC donde un 59% de los consultados manifestó que prefiere el mecanismo de una asamblea constituyente para la redacción de una nueva Constitución. Asimismo, el vocero destacó que estos resultados consolidan el hecho irrefutable de que la gran mayoría de los chilenos quiere ser parte del diseño de la nueva Carta Fundamental mediante una asamblea constituyente, y no bajo otras fórmulas como podrían ser cabildos, comisiones de expertos o de una redacción constreñida sólo al Congreso. “Aquí no se trata de gobernar según lo diga una encuesta, sin embargo, ésta expresa una noción sobre qué quiere la ciudadanía y cuál es el mecanismo para establecer una nueva Constitución y para ello lo que corresponde es implementar una consulta donde los ciudadanos decidan. De eso se trata la democracia”expresó el dirigente. Al respecto, desde la organización ciudadana recordaron que hoy existe una transversal bancada de diputados y senadores que se encuentra diseñando un proyecto de Ley que permita convocar a un plebiscito para que los chilenos expresen qué mecanismo les parece el más adecuado para el redactar la nueva Constitución. ¿Y qué opina el resto del país? En tanto, desde los territorios de MarcaAC a lo largo de Chile destacaron que hoy exista un amplio apoyo ciudadano a la idea de la convocatoria a una asamblea constituyente. Desde la Coordinación Territorial de Ñuñoa, José Luis Sepúlveda expresó que el gobierno no debería imponer una fórmula que no asegure la participación vinculante de la ciudadanía: “Cuando las instituciones están cuestionadas en su capacidad de representar se hace urgente que se invite a todas y todos los chilenos a decidir cuál es el tipo de democracia que quieren y la mejor manera de hacer eso es a través de una asamblea constituyente”. De similar manera se manifestó desde la región Aysen, Patricio Segura, quien destacó que “hace falta refundar el Estado y ello debe hacerse con un gran pacto nacional cuyo protagonista sea la ciudadanía mediante la AC. Y como los ciudadanos entendemos que esto no puede ser una imposición, invitamos a quienes están a favor y a quienes están en contra de este proceso a sumarse a la demanda de que sea mediante un plebiscito que zanjemos esta disyuntiva. La más importante que puede tener un país: definir legítimamente su principal pacto político y social”. Santiago de Chile, 22 de octubre 2014 Crónica Digital
A un mes del grave derrame de 22 mil litros de petróleo que dañó severamente las playas y ecosistema marino de la Bahía Quintero, las comunidades de Quintero y Puchuncaví protestarán en familia este sábado 25 de octubre, a partir del mediodía, con el carnaval “Los mil tambores de petróleo” que organiza el movimiento ciudadano “Salvemos Quintero” para demandar al Estado un verdadero plan de mejoras que atienda directamente los problemas de salud y en el ecosistema, que ha causado el desastre petrolero del 24 de septiembre y los 50 años de contaminación indiscriminada sobre la zona. Ambas comunas comparten terreno en la Bahía Quintero, donde opera un cordón de 19 industrias molestas, peligrosas y algunas altamente contaminantes, como las cuatro centrales termoeléctricas a carbón de Aes Gener y la fundición estatal Codelco Ventanas. Lo que más preocupa a las comunidades es que dicho cordón opera con una débil regulación y escasa fiscalización que permite situaciones como la ocurrida el pasado 24 de septiembre o daños severo constante a la salud de las personas a raíz de las emisiones de nocivos gases tóxicos. Asimismo, cuestionan la destinación de otras 500 hectáreas de superficie para fines industriales en la misma bahía donde se proyecta la constrcción de otras centrales termoeléctricas, la ampliación y construccion de dos muelles y el aumento de producción en la fundicion y refinería de cobre Codelco División Ventanas, a través del proyecto Andina 244. “Como comunidad exigimos al Estado que detenga y congele el ingreso de nuevas industrias al parque industrial de esta zona; que se acelere desde el Ejecutivo normativas que endurezcan la norma ambiental y se castigue a empresa contaminantes; y exigimos una franquicia tributaria o rebaja en los combustibles: queremos una zona franca para Puchuncaví y Quintero”, sostiene Joshua Cadima, uno de los voceros del movimiento. El carnaval “Los mil tambores de petróleo” comenzará con un pasacalle cion cuerpos pintados, disfraces y diversas expresiones artísticas que irán por la avenida principal de Quintero junto a una decena de comparsas, batucadas y músicos locales e invitados, entre ellos Miguel Barriga, de Sexual Democracia. La actividad se suma a la querella criminal interpuesta este martes por el movimiento en el Tribunal de Garantía de Quintero contra quienes resulten responsables del derrame petrolero y del daño ambiental causado en la bahía. Santiago de Chile, 22 de octubre 2014 Crónica Digital
