En el marco del Programa de Conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado, que impulsa la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio bajo el lema “Nunca es tarde para decir nunca más”, se presentará hoy el Libro Memorial, informe oficial de esta Casa de Estudios sobre los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos contra integrantes de la comunidad universitaria durante la dictadura militar. El Libro Memorial constituye una versión actualizada del Informe de la Comisión de Reconciliación Universitaria elaborado en 1991, y agrega a las 62 víctimas ya registradas, los nombres de 26 casos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos cuyo vínculo con el Plantel no se había determinado en la primera edición. El director del Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia (Paiep) de la U. de Santiago, Francisco Javier Gil, fue presidente de la comisión que elaboró el Informe de Reconciliación Universitaria UTE-USACH en 1991 y, en esta oportunidad, participará en la presentación del Libro Memorial, a 40 años del Golpe. Consultado por las razones que motivaron la elaboración del primer documento, Francisco Javier Gil señaló que se buscó “conocer y reconocer” a las víctimas. “Muchos profesores teníamos ansias por saber qué había ocurrido y, además, reconocer que estas personas no fueron delincuentes como algunos lo hacían ver, sino que integrantes de nuestra comunidad universitaria que durante dictadura fueron detenidos o asesinados”, manifestó el director de Paiep. “La importancia de esto es conocer la verdad y en esta nueva edición hay más verdad. Y siempre, mientras más verdad exista sobre los hechos pasados, será positivo para todos nosotros como personas”, agregó. El rector de la Universidad de Santiago de Chile, Juan Manuel Zolezzi, es el autor del prólogo del informe actualizado y además participará en la presentación oficial. Además, presentarán la obra el jurista Hernán Montealegre, autor del ensayo «Los fundamentos jurídicos de una Justicia pendiente», y el ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, Osiel Núñez. La actividad de presentación del Libro Memorial se realizará mañana martes (8), en el Salón de Honor de la Institución, a las 12 horas (Alameda 3363, Metro Estación Central, o Las Sophoras 135). Por Alex Araya Santiago de Chile, 8 de octubre 2013 Crónica Digital
DD.HH.
Una cita con el Presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros para gestionar el cierre de una cárcel que no cumple con el principio de igualdad ante la ley como Punta Peuco fue una de las principales demandas de los parlamentarios que integran la Bancada PC-IC. De acuerdo al diputado por el distrito 5, Lautaro Carmona (PC), “Como bancada haremos toda las gestiones para que el camino que siga al cierre del Penal Cordillera, sea el cierre de Punta Peuco. En la cárcel de Alta Seguridad existen todas las condiciones para segregar a los presos por terrorismo de Estado resguardando los tres principios que anunció el presidente Piñera: igualdad ante la ley, seguridad para los reos y normal funcionamiento de Gendarmería”. Los parlamentarios de la Bancada PC-IC coincidieron en que para hacer concreto el consenso cultural que ha permitido reconocer el Terrorismo de Estado producido durante la dictadura Militar hace 40 años atrás es necesario dotar de las condiciones necesarias para el alcance de verdad y justicia. En ese sentido, urge insistir en que los condenados por violaciones a los derechos humanos cumplan penas efectivas bajo las mismas condiciones que tiene cualquier reo. Para el diputado Sergio Aguiló (IC), Punta Peuco hoy se ha transformado en un peligro mayor, ya que al tener a todos los ex militares juntos da pie para que planifiquen conspiraciones contra la democracia, “ya el año pasado Alvaro Corbalán le envió un memorándum al Presidente de la República por intermedio del senador Chahuán para que se tomaran 10 medidas, entre ellas una campaña contra Michelle Bachelet, medidas de ascenso y retiro del personal de gendarmería, realización de un acto al ex dictador Pinochet, entre otras propuestas”. Lautaro Carmona agregó: “en el penal de Punta Peuco se habla de celdas, pero son habitaciones, tienen un espacio de estar confortable, un patio interior con las respectivas terrazas, toldos y parrillas, sin perjuicio del amplio patio común que no tiene ningún penal de Chile; entonces hay privilegios que no existen en otro recinto del sistema carcelario del país. Por otra parte, está reunida allí la peor manifestación de lo que fue el desquiciamiento terrorista del Estado: Álvaro Corbalán, Manuel Contreras. Eso puede ser una bomba de tiempo con peligro para toda la ciudadanía, por ello vamos a exigir que se agilice el proyecto de ley que hemos presentado como Bancada el año pasado, acerca de que todo condenado por crímenes de lesa humanidad no debe tener beneficios carcelarios, sino cumplir rigurosamente las condenas establecidas por los tribunales”. Aguiló agregó “que un reo pueda decir, tales oficiales de la institución que me resguardan tengan que salir a retiro y que oficiales pueden ascender, y eso ocurra, es insólito. Imagínense ahora esta conjunción de Corbalán y Contreras quien está condenando a más de 300 años, claramente es un peligro para la democracia”. En octubre de 2012 la Bancada PC-IC presentó el proyecto que modifica la ley N° 20.357 que tipifica los delitos de lesa humanidad, estableciendo que por la gravedad […]
Bolivia y Ecuador valorarán la salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos si no cambia su sede y formas de financiamiento, anunció hoy el presidente ecuatoriano, Rafael Correa. En conferencia de prensa conjunta en esta central ciudad, Correa afirmó que durante las conversaciones con su homólogo boliviano, Evo Morales, analizaron la posible salida de la organización con sede en Estados Unidos. «Hemos decidido que si no hay cambios en la sede, en el financiamiento, en la igualdad en las relatorías, si es que no hay cambios, reflexionaremos sobre nuestra continuidad en ese Sistema Iberoamericano de Derechos Humanos», dijo. Correa consideró que los pueblos latinoamericanos viven una nueva era, por lo que rechazó cualquier tipo de abuso de las grandes potencias. «Los pueblos latinoamericanos vivimos una nueva era y no toleraremos abusos de ningún tipo, porque juntos somos más fuertes que cualquier potencia», sostuvo. Explicó que en las conversaciones con Morales, compartió sus experiencias en un plan para el retorno de los emigrantes, así como asuntos de conectividad aérea, fortalecimiento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la influencia de los «nuevos imperialismos» reflejados en instituciones internacionales. Llamó, además, a eliminar la pobreza en los dos pueblos, principalmente en las comunidades originarias y rechazó las tendencias de considerar la miseria como parte de la cultura. Correa volvió a Bolivia tres meses después de asistir a una reunión tras el bloqueo aéreo sufrido por Morales en Europa. El jefe de Estado boliviano visitó a su par ecuatoriano el 23 de julio pasado en Quito, con el objetivo de firmar una serie de acuerdos bilaterales y analizar el funcionamiento de los mecanismos de integración. Cochabamba, Bolivia, 3 octubre 2013 pl
La Bancada de Diputados Socialista respaldó este lunes la idea de cerrar el Penal Cordillera y agregó que también se debe terminar con los beneficios que tienen aquellos que se encuentran en Punta Peuco. A juicio del Jefe de bancada PS, Fidel Espinoza, “la situación vivida con la entrevista a Manuel Contreras, sumados a todos los privilegios que hemos sabido que tienen estos violadores a los Derechos Humanos, hacen insostenible continuar con estos centros”. “Personalmente siempre me he opuesto a que existan recintos como Punta Peuco o el Penal Cordillera, que son verdaderos hoteles donde prácticamente se premia a quienes asesinaron y torturaron a miles de chilenos”, dijo Espinoza. Sobre este mismo punto, el jefe de bancada socialista agregó que “a 40 años del Golpe de Estado, ha llegado la hora de terminar con los beneficios especiales que existen para estos verdaderos criminales y eso incluye terminar con la Ley de Amnistía que no permite que se haga justicia” “A nuestro juicio no sólo este tipo de cárceles violentan a la víctimas de la dictadura, sino que también, el que muchos de los responsables ni siquiera hayan pisado un tribunal nos resulta inaceptable. Por eso, el llamado al gobierno es a que no sólo se estudie el cierre de los penales especiales para militares, sino que además se reforme la legislación y termine con la impunidad de civiles y militares cómplices de la dictadura que caminan libre por las calles”, concluyó Fidel Espinoza. Consignar que el Presidente Piñera, confirmó que en los próximos días el gobierno tomará una decisión sobre el futuro del Penal Cordillera, donde permanecen militares condenados por violaciones a los derechos humanos, entre ellos el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras. Santiago de Chile, 23 de septiembre 2013 Crónica Digital
El diputado PPD y miembro de la Comisión de DDHH, Tucapel Jiménez, indicó que sería una importante señal para los familiares y víctimas de la Dictadura que «por iniciativa propia y por una cuestión de ética», las Fuerzas Armadas degraden y saquen de los cuadros de honor a sus miembros que hayan estado involucrados en delitos de lesa humanidad. El parlamentario agregó que «tras escuchar las declaraciones de Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, quien personifica la brutalidad de los horrores cometidos durante la Dictadura, resulta indignante que en el Código Militar no exista la degradación para aquellos uniformados que hayan cometidos delitos de lesa humanidad, siendo ellos repudiables por todos los estados democráticos del mundo». «Desde el dictador Pinochet hacia abajo, hay criminales que no sólo han provocado dolor a las víctimas y a un país entero, sino que han manchado a la Institución», señaló Jiménez. El legislador agregó que «un grupo de diputados presentamos un proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar sobre la degradación militar por crímenes de lesa humanidad, el cual tiene un cariz simbólico -ya que no tiene carácter retroactivo». A pesar de ello, solicitó al gobierno ponerle urgencia a esta iniciativa para que en el futuro, «ningún militar que esté involucrado en este tipo de delitos siga ostentando su rango militar». Santiago de Chile, 15 de agosto 2013 Crónica Digital
El Presidente del Partido Socialista de Chile, diputado Osvaldo Andrade, acusó esta mañana a la candidata de la derecha y ex ministra de Estado, Evelyn Matthei de no estar a la altura política que requiere una candidatura presidencial en el marco de sus erráticas declaraciones sobre las violaciones a los derechos humanos a 40 años del golpe militar en Chile. “Queremos denunciar la actitud de la candidata Evelyn Matthei en materia de los Derechos Humanos, ella ha tenido cuatro versiones en los últimos días respecto de este tema, primero, que tenía 20 años y que no tenía idea, que no asumía ninguna responsabilidad, posteriormente ha ido matizando esa opinión, al final se ha transformado en una víctima más diciendo que fue objeto de bullying por sus críticas, mire la paradoja, la candidata Matthei es víctima también, este es el mundo al revés”, dijo. Según Andrade “Ella no ha mostrado la estatura política que se requiere de una candidata presidencial” ya que “mientras nuestra candidata (Bachelet) hace un llamado a la reflexión, a la unidad de todos los chilenos para que desde ahí podamos construir un nunca más y, en consecuencia, una mejor condición para el futuro, mientras nuestra candidata dice que se requiere verdad y justicia, con una perspectiva de futuro, la candidata Matthei a la único que se ha dedicado es a tratar de salir del embrollo en que se metió con sus primeras declaraciones” “Este es un tema demasiado serio, un tema que requiere de una cierta sensibilidad especial, aquí hay víctimas, los detenidos desaparecidos no fueron objeto de bullying, son detenidos desaparecidos, los muertos no tuvieron un problema de bullying, fueron asesinados, nosotros le queremos pedir a la candidata, ex ministra Matthei que asuma estas cosas con la seriedad y la profundidad que corresponde, esto no es un juego”, concluyó. Santiago de Chile, 1 de septiembre 2013 Crónica Digital
Para este propósito, el senador Escalona presentó a la comunidad al abogado Luis Correa Bluas, quien ayudará a la comunidad en la presentación del recurso Con el apoyo del senador Camilo Escalona, la comunidad mapuche Marihuán, de Coronel, presentará un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CODH) con el objeto de impedir el desalojo de sus tierras y preservar su propiedad sobre el terreno que hoy está en litigio. Para este propósito, el senador Escalona presentó a la comunidad al abogado Luis Correa Bluas, quien ayudará a la comunidad en la presentación del recurso. “Hemos venido a cumplir el compromiso con la familia Marihuán que está amenazada que le sea arrebatada la tierra en que han permanecido durante casi un siglo, con el propósito de presentarles un abogado que les colabore en la redacción y presentación de un recurso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CODH), con el objeto de proteger sus legítimos derechos que hoy están siendo fuertemente amenazados”, señaló el senador. “Yo espero que el recurso se pueda presentar a la brevedad, con el objeto, de ojalá, alejar el peligro de un desalojo, que sería muy negativo desde el punto de vista de la paz social y de la convivencia no solamente en la comuna de Coronel sino que en el conjunto de la región del Bío Bío, por las implicancias que eso tiene al arrebatarle a una comunidad mapuche el lugar donde ha vivido durante tanto tiempo”, declaró. Santiago de Chile 3 de agosto 2013 Crónica Digital
El diputado PPD, Tucapel Jiménez, solicitará a la Comisión de DDHH reactivar la discusión del proyecto de ley de su autoría que busca sancionar a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile. Lo anterior, debido a los dichos del diputado UDI, José Antonio Kast, en The Clinic, donde niega que las muertes del caso degollados hayan sido organizadas por el Estado. «Si tuviéramos esta ley vigente como en Europa, donde se castiga a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los horrores del Holocausto, el diputado Kast tendría que responder ante la justicia por sus palabras. También tendrían que hacerlo los candidatos presidenciales de la Alianza, Pablo Longueira y Andrés Allamand quienes durante el debate negaron que en nuestro país hubo una dictadura y la calificaron como gobierno militar», afirmó Jiménez. El parlamentario agregó que «es realmente repudiable que cada cierto tiempo personeros de derecha salgan con este tipo de declaraciones que lo único que hacen es provocar más divisiones y reabrir heridas. No podemos seguir permitiendo que se sigan riendo del dolor de las víctimas y de los familiares que vivieron en carne propia los asesinatos y torturas ocurridos en este país hace 40 años». «La Comisión de DDHH había comenzado a discutir esta iniciativa, e incluso habían sido invitados abogados constitucionalistas a dar su opinión sobre el proyecto. Creemos que ahora más que nunca es necesario tener las herramientas legales para evitar que se siga confundiendo a la ciudadanía, utilizando información errada, y lejana a la verdad histórica de nuestro país», concluyó Jiménez. Santiago de Chile, 19 de junio 2013 Crónica Digital
Chile vive hoy un despertar ciudadano. La lucha por el respeto a los derechos humanos fundamentales, tales como el derecho a la vida y la libertad, se ha extendido a la lucha por los derechos humanos sociales y culturales, tales como el derecho a la educación gratuita y de calidad, demanda transversal de la sociedad hoy. Entre los nuevos temas instalados por la movilización social, resalta la exigencia de una nueva Constitución. La actual constitución, generada por la dictadura, atenta contra los derechos humanos porque impide asegurar el derecho a la salud, la renacionalización del cobre, y reformar las leyes laborales y previsionales, temas cruciales para las grandes mayorías. El Estado criminaliza la protesta social, usa la tortura, el secuestro y los allanamientos masivos para desalentar la movilización de sectores juveniles, indígenas o de trabajadores. Eso no le hace bien a la democracia ni contribuye a resolver los problemas que afectan a la mayoría de los chilenos y chilenas. Por ello como Coordinador deseamos plantear de una manera amplia dos dimensiones de este despertar social, que se condicionan mutuamente. Por una parte, el fin de la impunidad por los crímenes ocurridos en el pasado dictatorial y el abandono del uso de la fuerza como respuesta a la protesta popular, son condiciones necesarias para que las luchas de los movimientos sociales del presente, se den en un marco democrático que las contenga, en lugar de que el Estado continúe reproduciendo mecanismos violentos de represión. Y por otra parte, como profesionales comprometidos con los derechos humanos, queremos ir más allá de la contingencia, planteando medidas a asumir en los programas de los presidenciables, en el campo de los derechos humanos relativos a la vida, la libertad y el no a la impunidad (parte I) y de medidas relativas a los derechos humanos sociales y culturales (parte II). I Un candidato que rechaza las violaciones de derechos humanos ocurridas en el tiempo de dictadura, debiera comprometerse a respaldar al menos las siguientes medidas: a) Anular el Decreto Ley 2.191 de Amnistía de 1978 b) Enviar un Proyecto de Ley que tipifique la Desaparición Forzada de Personas como Crimen Contra la Humanidad y tramitar el proyecto existente que incorpora en el Código Penal la tipificación del delito de tortura y su sanción. c) Poner al día la legislación penal chilena respecto de los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, ratificando la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, aprobada el año 1968 en Naciones Unidas. De esta manera ya no se podría aplicar la prescripción o la media prescripción en esos casos. d) Ratificar las Convenciones sobre Desaparición Forzada de Personas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU) e) Reconocer el derecho a la reparación que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos, dejando de operar judicialmente en contra de este derecho a través del Consejo de Defensa del Estado. f) Asegurar la continuidad de las investigaciones […]
El retroceso que estamos viviendo en materia de respeto a los derechos humanos y de las garantías inherentes a las personas obliga a levantar la voz y denunciar con la misma fuerza que lo hicimos en dictadura, porque a pesar de ser este un gobierno electo democráticamente, se ha propuesto tejer una red represiva que alarma y que es sustentada por los dirigentes políticos y parlamentarios de derecha. La primera ofensiva fue el envió de un proyecto de ley que busca forzar legalmente el respeto a Carabineros y Policía de Investigaciones así como prohibir el uso de capuchas en las manifestaciones, pretensión que elude un principio básico, el respeto no se decreta, lo adquieren quienes también respetan y actúan como personas racionales incluso en situaciones complejas, algo muy distante a lo que sucede en cada manifestación pública donde la irracionalidad y prepotencia se apoderan de quienes tienen el deber de mantener el orden sin pisotear los derechos de las personas. Luego, la acusación cayó como una guillotina sobre la cabeza de los exonerados políticos. Rápidamente la Ministra del Trabajo Evelyn Matthei, señaló que “el Programa fue diseñado para defraudar” denostando y descalificando públicamente a los miles que en dictadura fueron despedidos de sus puestos de trabajo, encarcelados, torturados o exiliados y que efectivamente y sin duda alguna, son exonerados políticos. Pero además vale la pena recordar que la pensión de exonerados no es una pensión de reparación que le signifique al Estado desembolsar impresionantes sumas de dinero publicitadas para impactar a la ciudadanía, la pensión de exonerados se basa en las imposiciones que cada trabajador poseía al momento en que fue despedido, se trata así de la propia plata de los trabajadores. Con claridad decimos que si hay personas que han hecho uso indebido del Programa, deben enfrentar la decisión de la justicia y no de una comisión creada en el Ministerio del Trabajo, porque ésta no tiene ni la facultad ni la potestad para resolver en estas complejas situaciones. El golpe de gracias lo dieron los diputados Jorge Ulloa de la UDI y Mario Bertolino de RN, quienes presentaron un proyecto de ley que busca conmutar las penas a condenados hasta 15 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, los que con un lenguaje tramposo tratan de fundamentar la más brutal impunidad para quienes torturaron hasta la muerte, hicieron desaparecer y ejecutaron. Tras este proyecto está el encuentro que el candidato UDI Pablo Longueira sostuvo con los militares en retiro, a quienes anteriormente el candidato Sebastián Piñera ofreció indulto para los condenados por violaciones a los derechos humanos. Pero también evidencia que la complicidad con la dictadura se mantiene vigente y que para la derecha política la impunidad de los crímenes cometidos contra miles de chilenos sigue siendo válido como mecanismo de complicidad y adhesión a un régimen que violó cada uno de los derechos humanos y pisoteó la democracia instaurando por 17 años un clima de terror y represión constante. Nosotros, familiares de detenidos desaparecidos reafirmamos […]
