Se trata de un acto que hará apología al terrorismo de Estado que afectó a la sociedad chilena durante 17 años. De hecho, la iniciativa –como lo han reconocido los organizadores- ha contado con las ideas y propuestas del ex jefe metropolitano de la CNI, Álvaro Corbalán, quien está encarcelado por crímenes de lesa humanidad. Es claro que se trata de un nuevo intento por reivindicar “la obra” de la dictadura, que no sólo dejó a más de tres mil personas ejecutadas o hechas desaparecer, sino además una herencia que afecta a la sociedad chilena hasta hoy y que la democracia restringida de los últimos 20 años tampoco modificó sustancialmente; una constitución autoritaria y antidemocrática, el lucro como motor de la educación y la salud, el despojo de los recursos naturales, la desregulación creciente de las relaciones laborales y una larga lista. Por ello nos parece que hay que manifestarse contra este acto que violenta la memoria y la conciencia democrática. Te invitamos a acompañar a las agrupaciones de derechos humanos, sitios de memorias y organizaciones sociales a ocupar la calle, a protestar contra la herencia de la dictadura y los pinochetistas de ayer y de hoy. Domingo 10 de junio a las 11.00 hrs. Fente al Teatro Caupolicán Santiago de Chile,  9 de junio 2012 Crónica Digital

“Una vez más se repita hecho de violencia por parte de la policía de investigación y carabinero,  nuevamente  con  el  fin de detener a un hermano Mapuche  bajo la orden del fiscal Luís  Chamorro se producen grave consecuencia de agresión en contra de los más indefenso como son los ancianos y los niños”, sostuvo la Asamblea de Mapuches de Izquierda. Para la organización indígena, el ataque desmedido de la fuerza pública en la comunidad produce terror  generando sicosis en la población principalmente en los niños. “Frente a este hecho  el  primer responsable es el fiscal Chamorro en ejercicio de su función  y el gobierno de derecha del Sr. Piñera quien prometiera cambio, lo que hasta ahora no ha resuelto nada, solo se limita a justificar la represión y a dilatar la solución de los conflicto territoriales del pueblo Mapuche”, indicaron. “Esta  violencia generada desde la institucionalidad del Estado en contra de las comunidades Mapuche, demuestra la crudeza del sistema de gobierno que vivimos en nuestro país, en donde no se respetan los derechos fundamentales del pueblo nación Mapuche, se ignora el convenio 169 de la OIT. Art. 3 sobre derechos humanos y libertades fundamentales. Art. 14 sobre Tierra y solución de conflicto de tierra”, apuntó la Asamblea de Mapuches de Izquierda . Al finalizar, agregan que “ante esto hecho graves, rechazamos y condenamos y debiera generar el repudio con mayor fuerza de la ciudadanía de los organismos de derechos humanos, movimientos sociales y fuerza políticas democrática, de los parlamentarios y sobre todos de los parlamentarios que pertenecen a nuestra zona Mapuche”. Santiago de Chile, 9 de junio 2012 Crónica Digital  

El Senador Guido Girardi junto al Diputado Enrique Acorssi, el Presidente de Odecu, Stefan Larenas y la ex directora de nutrición del Ministerio de Salud (Minsal,) Cecilia Castillo, criticaron a la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Rosa Oyarce, por avalar y permitir el uso de etiquetado e información nutricional GDA ilegal ya que contiene publicidad engañosa, en contra de resolución del mismo Ministerio de Salud quien  rechazó esta iniciativa, lo que afecta a las empresas Agrosuper, Arcor, Dos en Uno, Coca Cola, Carozzi, Evercrips, CCU, Frutos del Maipo, Ideal, Kellogs, Krafft, Mac Donald’s, MacCain, Nestle, Sopraval, Supermercado Lider, Tres Montes Lucchetti, Univeler y Watt’s. En 2008  el Senador Guido Girardi junto al Diputado Enrique Accorsi y otros parlamentarios, realizaron una presentación contra Chile Alimentos y un número importante de empresas alimentarias, denunciando el uso unilateral e ilegal del rotulado GDA y publicidad engañosa, ese mismo año el Departamento Jurídico de la Subsecretaria de Salud, señaló claramente que la rotulación sanitaria debía ceñirse al reglamento sanitario del Ministerio de Salud y no autorizaba la incorporación de información que pudiera confundir a la población-en este caso el etiquetado GDA- como tampoco la decisión unilateral de las empresas para definir su etiquetado. Sin embargo, y a pesar de la disposición del Ministerio de Salud, al que se suma la resolución el pasado 31 de mayo sobre la denuncia de los parlamentarios, y que también prohíbe el uso del etiquetado GDA, la Seremi de Salud Metropolitana, Rosa Oyarce habría permitido el uso de este etiquetado. «Esto es una vergüenza, un gobierno con conflictos de intereses, una Seremi cuestionada por la Contraloría, que no tiene problemas con cerrar a los pequeños, pero que frente a los grandes ronronean como gatitos», criticó el Senador Guido Girardi. El Senador subrayó que “acá ha habido tráfico de influencia ya que la autoridad en vez de asumir la defensa de la población, ha asumido la defensa de los grandes empresarios y es por eso que la Seremi no da garantías”. Por su parte, el Diputado Enrique Acorssi, indicó que el sumario demoró en resolverse más de dos años, y que evaluarán la presentación de un «recurso de protección para proteger la salud de las personas, porque está demostrado que la Seremi de Salud está absolutamente inhabilitada para seguir en su puesto». Los parlamentarios indicaron que irán a Contraloría para aclarar por qué un informe técnico rechaza el etiquetado GDA y luego la Autoridad de Salud lo permite. A su turno, la nutrióloga infantil Cecilia Castillo, ex Directora del Departamento de Nutrición del Minsal, indició que con el  23% de obesidad infantil que existe en el país, “parece increíble que cada cual pueda decidir qué rotula y qué le pone a los alimentos. Como especialista hubiésemos esperado que fuese la autoridad quien regule y que se hubiesen respetado los informes de la misma autoridad”. Al finalizar, el nombre de los consumidores, Stephan Larenas de ODECU precisó que la  institucionalidad se debe respetar. Santiago de Chile, 9 de junio […]

El referido tribunal desestimó un recurso de protección contra el citado tributo interpuesto por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y avaló de hecho la realización del polémico acto. Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, dijo que los tribunales le dieron la espalda a las víctimas de la dictadura (1973-1990), frente a lo cual llamó a la ciudadanía a manifestarse contra lo que consideró como una apología del terrorismo de Estado en Chile. El abogado Boris Paredes, de la AFDD, lamentó la resolución judicial y recordó que lo aprobado es una provocación contra las numerosas víctimas del pinochetismo en Chile. Mientras, sectores de la oposición y numerosas organizaciones sociales criticaron la postura del gobierno ante el mencionado homenaje en el que se prevé proyectar el documental «Pinochet», galardonado recientemente por círculos reaccionarios residentes en Miami. Calificaron de permisiva la actitud de La Moneda -que dijo no apoyaba, pero tampoco podía impedir el acto- y consideraron que con ese «dejar hacer» son responsables de lo que pueda suceder frente a un hecho que es  repudiado por la mayoría de los chilenos. Trascendió que detrás de la impugnada iniciativa se encuentra Alvaro Corbalán, ex jefe operativo de la policía pinochetista, condenado por crímenes de lesa humanidad y quien guarda prisión en el penal de Punta Peuco de Santiago. Para el Partido Comunista de Chile, tal «ofensa a las víctimas y a los familiares de estas, que tienen el legítimo derecho a protestar, es una prolongación del sufrimiento y no puede quedar impune». Remarcaron los comunistas chilenos que es necesario poner fin al clima de odio que se pretende generar de nuevo en una sociedad que aún no puede cerrar las heridas provocadas por la dictadura de Pinochet, debido a la complacencia de algunos sectores. Santiago de Chile, 9 de junio 2012 Agencias/ PL

El diputado Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, declaró en la ciudad de Iquique que su colectividad respalda la funa que se realizará al acto organizado por pinochetistas, el domingo en el Teatro Municipal, para recordar al dictador Augusto Pinochet. El dirigente cuestionó que se pretenda recordar al dictador que provocó el golpe de Estado contra el gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende e instaló una dictadura que produjo miles de ejecutados y desaparecidos políticos, cientos de miles de detenidos, torturados y exiliados. Recordó que Pinochet fue un genocida repudiado por la comunidad internacional. Agregó que «hay algunos que quieren mantener vivo el odio y hacer un acto espurio de recuerdo de quien manchó con sangre al país junto a sus cómplices que desde una cárcel dorada en Punta Peuco están organizando el acto». Indicó que con ese acto se «ofende la memoria de las víctimas de la dictadura». Teillier criticó que el gobierno de Sebastián Piñera proteja el acto de recuerdo del tirano y dijo que no es pertinente que se avale una actividad en recuerdo de quien lideró violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Guillermo Teillier se encuentra en Iquique encabezando las actividades de conmemoración de los 100 años de existencia del Partido Comunista, fundado en esta ciudad por el obrero y diputado Luis Emilio Recabarren El presidente de la colectividad participó en la colocación de la primera piedra del monolito a Recabarren en una plaza de esta ciudad nortina, se reunió con representantes de una decena de partidos y movimientos políticos de América Latina y a las 20 horas de este viernes encabezará un acto central por el centenario del PC de Chile. En medio de las actividades, el diputado comunista volvió a enfatizar la importancia del acuerdo por omisión y pacto electoral establecido entre colectividades opositoras para encarar las elecciones municipales y poder ganar la mayoría de alcaldes y concejales y derrotar a la derecha. El presidente del Partido Comunista insistió en que cualquier acuerdo político y electoral se debe hacer sobre la base de un programa democrático que garantice las profundas transformaciones sociales, políticas y económicas que requiere el país. Dijo que el desafió actual de la oposición es propinar una derrota electoral a la derecha en las municipales. «Por eso -dijo el presidente del PC- estamos llamando a todas las fuerzas democráticas, progresistas y de la oposición, a todos los sectores sociales y a los ciudadanos, a tener la madurez suficiente y ser capaces de crear una convergencia muy amplia para tener un programa de transformaciones profundas en el país y que cumpla con las demandas del movimiento social». De paso, Teillier volvió a criticar el hecho que el gobierno y los empresarios reaccionen con negativas y de manera agresivas ante la demanda de los trabajadores de tener un salario mínimo decente que, al menos, debería llegar a los 250 mil pesos. Respecto al Partido Comunista y sus cien años,. el dirigente apuntó que la colectividad comunista está vigente y […]

Desde hace un tiempo prolongado la comunidad mapuche de Wente Winkul Mapu, en la localidad de Cherchenko,  la comuna de Ercilla, se ha transformado en un punto neurálgico de conflicto entre indígenas, Fiscalía, Carabineros y dueños de fundos. El 7 de junio se produjo un violento allanamiento policial, con el Fiscal Chamorro presente, para hacer cumplir una orden de detención en contra de Erik Montoya y Héctor Nahuelqueo integrantes de la Comunidad, acusados por supuestas agresiones en un evento anterior en el Fundo Centenario, en donde resultó muerto el sargento de carabineros Hugo Albornoz.  El Grupo Especial de la policía llegó de madrugada a la comunidad y procedieron a allanar la zona, sorprendiendo a los comuneros. La intensidad del allanamiento produjo personas heridas, ancianos, niños, mujeres y los propios detenidos, varios de los cuales debieron ser atendidos en el hospital local. El Fiscal Chamorro está convencido de que el camino de «hacer cumplir la ley» a toda costa, es el más indicado para enfrentar el conflicto indígena. El Gobierno acata con particular interés este criterio y los Carabineros, obligados a militarizar la zona y siendo víctimas de horarios, guardias y un accionar que los aleja de sus familias, los saca de su rutina y los pone en la primera línea de la represión, son la punta de lanza de una política pública que enfrenta al Estado con los Pueblos Indígenas. Aquí radica la gravedad de los hechos. ¿Porque ciertas comunidades indígenas realizan ocupaciones de terrenos en algunas zonas del sur?. Porque demandan el reconocimiento de legítimos derechos territoriales que el Estado, en general niega. ¿Cuáles son las tierras demandadas?. Las ancestrales, las que fueron arrebatadas a las comunidades, especialmente en los años 80 durante la dictadura militar. ¿A dónde fueron a parar gran parte de esas tierras?. A manos de privados que luego las convirtieron en grandes consorcios forestales. En Ercilla las tensiones tienen a Mininco (familia Matte) y Arauco (familia Angellini) como centros de referencia del conflicto, además de  algunos terratenientes. En otras zonas los conflictos han sido resueltos porque el Estado ha comprado las tierras y las ha transferido a las comunidades. Pero en Ercilla la situación sigue latente. Los indígenas realizan entonces ocupaciones que tienen un valor simbólico. Los dueños reaccionan exigiendo al Gobierno «orden y seguridad» y se querellan ampliamente. Las Cortes acogen las querellas. Los Fiscales toman posición y dan las órdenes. Y los Carabineros son enviados a cumplir las órdenes y llegan a las comunidades, interceptan los caminos, ponen puntos de control, revisan a los transeúntes que parezcan «sospechosos», recorren en camiones blindados las zonas en conflicto, infunden temor, detienen, allanan, golpean, insultan, agreden…Y los indígenas deben soportar estoicamente esta cadena de acontecimientos, en realidad, no muy diferentes a la «Pacificación de la Araucanía», en tiempos del Estado colonial. A propósito, el único «anuncio» relevante del Presidente Piñera en su mensaje a la Nación el pasado 21 de mayo, en relación con Pueblos Indígenas fue la creación de la nueva Area de Desarrollo Indígena […]

Tras una prolongada agonía del modelo de democracia de elites que se había mantenido y que persistirá por algún tiempo, la sociedad percibe que la realidad política se ha modificado profundamente tras la llegada a La Moneda de los responsables del orden productor de malestares e injusticias y el alejamiento de quienes lo administraron por casi  20 años. Esa sociedad intuye que ya no volverá a los tiempos de los dos bloques que cohabitaron en el modelo dictatorial sobre la base de acuerdos mutuamente convenientes; ni aquella franja que había votado religiosamente por la Concertación, y que estuvo dispuesta a los mayores sacrificios, al mal menor, con tal de impedir que los hijos de Pinochet y sus adláteres llegaran al gobierno, ni tampoco aquella otra fracción social que, enfrentada a la dura realidad, ha visto y experimentado que sus líderes, a quienes vio esforzarse por conquistar La Moneda tras casi 60 años, sólo trabajan para los amigos y sus empresas y que las penurias del día a día siguen siendo las pesadillas reales que los aliancistas no tienen mayor interés en enfrentarlas. Más allá de las cifras transitorias que alimentan la imaginación de estrategas y operadores, lo cierto es que la democracia chilena sigue padeciendo una enfermedad crónica, cuyos síntomas más visibles son el descrédito de las instituciones políticas y la enorme distancia que separa a las cúpulas que usufructúan de poder y sus privilegios de la inmensa mayoría de Chile, sin haber distinción de los tan cacareados bloques que aun conservan cargos de representación y fingen representar al país. En medio de este proceso de descomposición está naciendo una nueva oposición política, que nada tiene que ver el gatopartismo de quienes desean conservar posiciones de privilegio, ni se prosterna ante los poderosos del mercado en el Estado. Se trata de una oposición cultural de enorme arraigo juvenil y popular llamada a jugar roles cruciales en el nuevo Chile que está naciendo. La nueva oposición busca recuperar las riquezas naturales para Chile, gestionar los sistemas de seguridad social, de salud,  y de educación conforme a criterios de bien común y no a las reglas del mercado y el beneficio de los mismos de siempre, aspira a que las fuerzas armadas cumplan un rol garante de las derechos sociales y de la voluntad popular y no de privilegios de minorías, y anhelan que Chile sea reconocido como un país donde impere la justicia, y la democracia sea el efectivo gobierno del pueblo. Adolfo Castillo Santiago De Chile 8 de junio de 2012 Crónica Digital

Familiares del militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Ricardo Silva Soto, asesinado por el régimen militar, en junio de 1987 invitan a acto en su recuerdo, el próximo viernes 15 de junio en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Chile a las 19 horas. Así lo dio a conocer a Crónica Digital, Patricia Silva, hermana del luchador caído en la llamada matanza de Corpus Cristi.“Queremos invitar a todos nuestros amigos y compañeros a asistir a este encuentro, donde recordaremos el legado de Ricardo”, dijo Silva. Ricardo Silva Soto En junio de 1987 agentes de la CNI realizaron la llamada Operación Albania o matanza de Corpus Christi, que afectó a miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). También en este caso se justificó ante la opinión pública las muertes como consecuencias de enfrentamientos sucesivos, señalándose igualmente que los agentes habían actuado en cumplimiento de una orden judicial y en presencia de un fiscal militar, circunstancia esta última que después sería desmentida. Los hechos comenzaron en la mañana del 15 de junio de 1987, cuando fue interceptado en la vía pública, en calle Alhué de Santiago a metros de la casa de su madre, Recaredo Ignacio VALENZUELA POHORECKY, economista. Sin intimársele la rendición le dispararon causándole la muerte agentes de la CNI que se encontraban esperándolo. Por lo anterior, ratificado por testimonios a que tuvo acceso esta Comisión, ésta llegó a la convicción de que la víctima fue ejecutada por agentes de la CNI, considerando su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales. Aproximadamente a las 18:30 horas del mismo día fue muerto en calle Varas Mena, donde vivía, Patricio Ricardo ACOSTA CASTRO, mediante un disparo que le provocó un traumatismo cráneo encefálico y raquimedular. La Comisión adquirió la convicción, dado el contexto de los hechos acaecidos en esa oportunidad y la forma de la muerte de la víctima con único balazo en el cráneo, de que la víctima fue ejecutada por agentes estatales en violación de sus derechos humanos. Apenas pasada la medianoche, a unas cuadras más allá de la misma calle Varas Mena, en el N° 417, se produjo un nuevo hecho en el que fallecieron dos personas. En ese lugar, en el cual funcionaba una escuela de guerrillas del FPMR, se encontraban tres personas y un número indeterminado de alumnos en la parte posterior del inmueble. Este había sido rodeado desde temprano, habiéndose apostado los agentes en las casas vecinas. A esa hora, un nutrido grupo de agentes golpeó el portón y ordenó a los ocupantes que abandonaran la casa. Casi inmediatamente los agentes echaron abajo ese portón con un vehículo y comenzaron a disparar desde diversas direcciones. Las personas que estaban en la parte posterior del inmueble huyeron, siendo algunas detenidas en las inmediaciones. Los que estaban en la casa se enfrentaron a los agentes durante algún tiempo y luego también trataron de escapar. El primero de ellos, Juan Waldemar HENRIQUEZ ARAYA, ingeniero, cayó cuando intentaba […]

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Un café en una plaza con historia....

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