Desde hace un tiempo prolongado la comunidad mapuche de Wente Winkul Mapu, en la localidad de Cherchenko, la comuna de Ercilla, se ha transformado en un punto neurálgico de conflicto entre indígenas, Fiscalía, Carabineros y dueños de fundos.
El 7 de junio se produjo un violento allanamiento policial, con el Fiscal Chamorro presente, para hacer cumplir una orden de detención en contra de Erik Montoya y Héctor Nahuelqueo integrantes de la Comunidad, acusados por supuestas agresiones en un evento anterior en el Fundo Centenario, en donde resultó muerto el sargento de carabineros Hugo Albornoz. El Grupo Especial de la policía llegó de madrugada a la comunidad y procedieron a allanar la zona, sorprendiendo a los comuneros.
La intensidad del allanamiento produjo personas heridas, ancianos, niños, mujeres y los propios detenidos, varios de los cuales debieron ser atendidos en el hospital local.
El Fiscal Chamorro está convencido de que el camino de «hacer cumplir la ley» a toda costa, es el más indicado para enfrentar el conflicto indígena.
El Gobierno acata con particular interés este criterio y los Carabineros, obligados a militarizar la zona y siendo víctimas de horarios, guardias y un accionar que los aleja de sus familias, los saca de su rutina y los pone en la primera línea de la represión, son la punta de lanza de una política pública que enfrenta al Estado con los Pueblos Indígenas. Aquí radica la gravedad de los hechos.
¿Porque ciertas comunidades indígenas realizan ocupaciones de terrenos en algunas zonas del sur?. Porque demandan el reconocimiento de legítimos derechos territoriales que el Estado, en general niega. ¿Cuáles son las tierras demandadas?. Las ancestrales, las que fueron arrebatadas a las comunidades, especialmente en los años 80 durante la dictadura militar. ¿A dónde fueron a parar gran parte de esas tierras?. A manos de privados que luego las convirtieron en grandes consorcios forestales. En Ercilla las tensiones tienen a Mininco (familia Matte) y Arauco (familia Angellini) como centros de referencia del conflicto, además de algunos terratenientes.
En otras zonas los conflictos han sido resueltos porque el Estado ha comprado las tierras y las ha transferido a las comunidades. Pero en Ercilla la situación sigue latente.
Los indígenas realizan entonces ocupaciones que tienen un valor simbólico. Los dueños reaccionan exigiendo al Gobierno «orden y seguridad» y se querellan ampliamente. Las Cortes acogen las querellas. Los Fiscales toman posición y dan las órdenes. Y los Carabineros son enviados a cumplir las órdenes y llegan a las comunidades, interceptan los caminos, ponen puntos de control, revisan a los transeúntes que parezcan «sospechosos», recorren en camiones blindados las zonas en conflicto, infunden temor, detienen, allanan, golpean, insultan, agreden…Y los indígenas deben soportar estoicamente esta cadena de acontecimientos, en realidad, no muy diferentes a la «Pacificación de la Araucanía», en tiempos del Estado colonial.
A propósito, el único «anuncio» relevante del Presidente Piñera en su mensaje a la Nación el pasado 21 de mayo, en relación con Pueblos Indígenas fue la creación de la nueva Area de Desarrollo Indígena de Ercilla…..Paradojal, pues días después del anuncio, esta promesa está empapada con la sangre de seis indígenas y un par de policías heridos gravemente por balines y garrotes….
Así es la política indígena del Gobierno actual. Y no debiera extrañar a nadie que la paciencia de las comunidades indígenas del sur pueda ser colmada.
Por Domingo Namuncura. Director del programa de derechos indígenas Fundación Chile 21 y Analista del Barómetro de Equidad.
Santiago de Chile, 8 de junio 2012
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