Los parlamentarios PS enfatizaron que el proyecto de ley presentado por la Presidenta Bachelet es una buena noticia para el país y dijeron que ahora corresponde perfeccionarlo.
Expusieron 5 alertas sobre aspectos que se pueden mejorar: fin al copago, explicitar la garantía de acceso al fondo, establecer garantía de diagnóstico, establecer la obligación de los prestadores de informar a Fonasa el diagnóstico de una enfermedad TAC y revisar la suficiencia fondo de 100 millones propuesto.
“Este es un proyecto que para nosotros tiene una gran importancia sanitaria y social. Queremos tramitarlo con urgencia y que sea ley antes del 21 de mayo. La Presidenta cumplió al enviarlo a trámite y ahora corresponde al Parlamento cumplir con lo suyo al perfeccionarlo”.
De esta manera, el jefe de Bancada del PS, Manuel Monsalve, se refirió a las indicaciones que su partido presentará durante la tramitación de la Ley Ricarte Soto, que recogen algunas de las inquietudes expresadas por las asociaciones de pacientes de enfermedades de alto costo.
Este domingo los parlamentarios socialistas Manuel Monsalve, Daniel Melo y Maya Fernández llamaron al gobierno a acoger las indicaciones que buscan mejorar la iniciativa presentada a trámite el pasado 15 de enero.
«Este es un proyecto que puede ser mejorado en su trámite legislativo. Por eso hemos escuchado las inquietudes y demandas de las asociaciones de pacientes. Hay mucha gente esperando que se les proteja financieramente”, dijo la diputada Maya Fernandez subjefa de la bancada PS.
A su turno, el diputado Monsalve explicó que el principal cambio que requiere la iniciativa es revisar el copago para acceder al beneficio que propone el Estado para paliar las enfermedades de alto costo.
“Las enfermedades de alto costo (TAC) son, además, crónicas, no curables y ambulatorias. No existe certeza o evidencia que respecto de ellas exista un riesgo moral o comportamiento oportunista que pueda implicar un mal uso de los recursos destinados a su financiamiento. Por eso es posible explorar que respecto de los problemas de salud del sistema TAC se cobre solo un pago por la incorporación al mismo, o, derechamente, establecer la gratuidad de estos tratamientos, eliminando, de esta manera, los copagos o deducibles”, agregó el diputado Monsalve.
Persiste riesgo financiero para las familias
Según el proyecto, el copago viene dado por una cantidad de cotizaciones mensuales que el beneficiario deberá pagar, dependiendo de si es trabajador dependiente o independiente; y de si pertenece a FONASA grupo C o D. Estos copagos tienen en general topes altos, los que en el caso de enfermedades no son difíciles de alcanzar. Por ejemplo una persona con un sueldo de $306.000 (FONASA grupo C), podría pagar un copago de hasta $3.500.000, por año.
“En el mismo supuesto, una persona que percibe, por ejemplo $500.000, podrían llegar a enfrentar copagos de hasta $4.500.000 en un año. De esta forma, no se elimina realmente el riesgo de catástrofe financiara ante enfermedades del alto costo. Y las familias seguirían amarradas a cubrir esos gastos con bingos y completadas”, dijo el diputado Daniel Melo.
PS plantea establecer el derecho de ingreso por ley
Otro de los puntos planteados por la bancada PS tiene relación con el sistema de ingreso al fondo. Los socialistas plantean que el derecho de ingreso al sistema de protección financiero debe estar en la ley y no en un reglamento y, asimismo, debe estar asociado a un diagnóstico.
Esto debido a que el proyecto no contempla un sistema único de ingreso, ya que este será definido por cada tipo de enfermedad. Se sugiere que se determine en virtud de la ley – y no del reglamento – un sistema universal de acceso, que debiera estar asociado al diagnóstico o sospecha (como es el caso de las GES).
“Si bien se está garantizando la protección financiera, no hay garantía de acceso. O sea no es claro bajo qué requisitos y bajo qué tiempos la persona va a poder acceder a los beneficios de la ley. Esos requisitos no están escritos en la ley”, explicó la diputada Fernández.
“Otro elemento que nos parece importante -y que recoge los aprendizajes del AUGE- es que para recibir un tratamiento primero debe haber un diagnóstico, este no siempre es fácil. Por lo tanto, creemos que también debería quedar garantizado el acceso a los procedimiento que permiten ese diagnóstico de enfermedades poco frecuentes”, añadió la diputada de la RM.
Santiago de Chile, 15 de marzo 2015
Crónica Digital