Nacional

Actualmente están abiertas dos consultas ciudadanas, una para el reglamento asociado a los instrumentos de gestión establecidos en la ley y otra para los sistemas de información sobre cambio climático. Hasta el primero de marzo del presente año estará disponible la consulta ciudadana de la propuesta de reglamento que regula los procedimientos de elaboración y actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), de los Planes Sectoriales de Mitigación (PSM), de los Planes Sectoriales de Adaptación (PSA) y de los Planes de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC). Asimismo, el procedimiento de actualización de la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP). La iniciativa tiene por objeto hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático , transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y otros forzantes climáticos, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050, adaptarse al cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático, y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia. En esa línea la SEREMI del medio Ambiente, Natalia Penroz afirmó que “la ley crea los así denominados Instrumentos de Gestión del Cambio Climático, tanto a nivel nacional, como a nivel regional y local. Entre los primeros se encuentran la Estrategia Climática de Largo Plazo, los Planes de mitigación, los Planes de adaptación y el Reporte de Acción Nacional. Además, otros instrumentos muy relevantes y que son a nivel regional, son los Planes de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC), que en nuestra región está bien avanzado y ya en etapas finales. Como el cambio climático es transversal, a nivel local también encontramos herramientas que debemos desarrollar, estos son los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático y los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas, todos ellos instrumentos priorizados por nuestro gobierno del Presidente Gabriel Boric”. Por otra parte, la otra consulta pública abierta, hasta el 10 de marzo, es para el Reglamento que establece los sistemas de información sobre cambio climático, que busca regular herramientas que facilitan la Participación Ciudadana en el marco de la elaboración y actualización de los Instrumentos de Gestión de Cambio Climático, así como del acceso a la Información sobre el avance y cumplimiento a los Instrumentos de Gestión sobre Cambio Climático. Para obtener más información y acceder a ambas consultas públicas, los invitamos a revisar la plataforma del Ministerio del Medio Ambiente: https://consultasciudadanas.mma.gob.cl Santiago de Chile, 24 de febrero 2023 Crónica Digital

    Por Andrés Figueroa Cornejo El reciente 21 de febrero de 2023 entró en vigencia el llamado Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, o TPP-11 (por sus siglas en inglés),  tras un proceso que comenzó en marzo de 2018 cuando la administración de Michelle Bachelet suscribió el acuerdo. El actual gobierno de Gabriel Boric depositó el documento ratificatorio a fines de 2022 y acaba de finalizar el trámite administrativo. De este modo, Chile se convirtió en la décima economía en hacerse miembro pleno de este tratado, del que también son signatarios Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam. La periodista y luchadora social Lucía Sepúlveda es vocera de Chile Mejor Sin Tratados de Libre Comercio, integrante de Red de Acción en Plaguicidas-Chile y del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT). Hace años que Sepúlveda hace parte fundamental del ecologismo consecuente en el país. -¿Cuál es la diferencia entre los innumerables TLC que los gobiernos chilenos han firmado con otros países y el TPP? “El TPP es un tratado de nueva generación. En un contexto planetario de crisis multidimensional, los grandes inversores transnacionales están echando mano a todos los recursos que tienen a su disposición para asegurar sus expectativas gananciales. Es decir, el gran capital precisa inscribir cláusulas en los tratados comerciales que no existían antes, y que garantizan los retornos proyectados de sus inversiones a como dé lugar. Otra diferencia es que este tratado es firmado por un presidente chileno que se vanagloria de encabezar un gobierno defensor del medio ambiente y que incluso se había manifestado contrario a rubricar este acuerdo.” -¿Cuáles son las principales afecciones para las mayorías sociales en Chile? “El fisco contará con menos recursos. Los megaproyectos mineros, forestales, del agronegocio que consideren que se ha transgredido alguna regla del tratado, interpondrán demandas contra el Estado. Al respecto, lo habitual es que las grandes firmas con sus abogados de lujo ganen las demandas.” -¿Y qué justicia dirime? “El Tribunal CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), dependiente del Banco Mundial, es el foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en la mayoría de los tratados internacionales de inversión. Esto quiere decir que cada vez que el gobierno resuelva realizar una medida a favor de los intereses de la población, las grandes inversiones vinculadas al TPP, como Monsanto-Bayer, las AFP, etc., podrán interponer querellas internacionales. Los inversores tienen todos los derechos y libertades de hacer y deshacer, mientras que el Estado todo lo contrario. Ello significará un golpe al erario nacional, a los presupuestos públicos y a las inversiones sociales.” -¿Y las clases trabajadoras chilenas? Cada cambio que promueva el gobierno en materia previsional, laboral, sanitaria, educacional, de vivienda, etc., puede ser interpretada por los inversionistas como una expropiación, por lo tanto el Estado debe pagarles en efectivo la compensación. Incluso una victoria salarial de los trabajadores de una empresa asociada al TPP es entendida por los inversores multinacionales como materia de […]

Luego de más de 30 años de investigación en educación superior el rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez Ponce, tiene una conclusión clara respecto del sistema: “Chile es uno de los países con mayor capitalismo académico en el mundo”. Y esa frase tiene una amplia explicación, que va desde la competencia de las instituciones por captar alumnos y académicos, así como también una profunda reflexión respecto de lo que es el sistema de educación superior chileno, donde las universidades no tienen fondos basales que aseguren su funcionamiento sin la necesidad de esta competencia. Rodríguez, quien es y ha sido investigador en 10 proyectos Fondecyt, explicó que algunas características del sistema chileno “revelan que efectivamente es uno de los países con mayor capitalismo académico en el mundo”. Detalló que la educación superior es básicamente universal con cerca del 90% de cobertura bruta y que el 16% es impartida por universidades públicas, “entonces nos encontramos frente a un sistema altamente privatizado en el que, además, se compite prácticamente por todo: estudiantes, académicos, fondos, proyectos, etcétera”. “Las universidades compiten por los estudiantes porque es su misión, pero también dado que los ingresos económicos que reciben van en función del número de estudiantes que logran incorporar año tras año, es decir, en Chile los estudiantes son personas que persiguen un perfeccionamiento,  pero, a la vez, las universidades deben atraer, retener, y cuidar a los estudiantes durante todo el proceso educativo”, afirmó. Y enfatizó que “por supuesto que los estudiantes requieren una formación integral, son personas que están buscando movilidad social y son el centro de los procesos educativos. Sin perjuicio de lo anterior, también es cierto que las universidades lidian cada año por conseguir estudiantes, que le permitan financiar su presupuesto y sus planes de desarrollo estratégico”. En nuestro país, agregó que, adicionalmente, se compite por los académicos, “quienes son tentados o invitados por otras universidades a trasladarse de institución, con ofertas atractivas en función de su preparación intelectual y fundamentalmente de su productividad”. ¿Y por qué sucede esto? Rodríguez explicó que porque hay un perfil muy definido de académicos deseables por las instituciones que evalúan la calidad y para los indicadores con lo que se asignan los recursos en el país: “que son doctores, que tienen publicaciones en revistas internacionales de cuartil 1, tienen proyectos de investigación ganados en el país, etcétera, entonces ese perfil es escaso y se compite por este tipo de académicos”. El rector detalló que “los propios académicos configuran su renta en función de la productividad que generan, es decir, existe una remuneración de base, pero a esa remuneración se le agregan otros componentes que tienen que ver con, por ejemplo, las publicaciones, las investigaciones, las prestaciones de servicios, que generan”. ¿Y por qué se hace eso? Porque esas publicaciones son importantes para los aportes fiscales, para los rankings, para la captación de estudiantes, “porque -y en palabras simples- en Chile se compite por todo, por todo. Así las cosas, Chile es uno de los países con […]