Nacional

La comuna de Santa Juana, en la Región del Biobío, ha sido arrasada por las llamas de los incendios forestales. Más de un 70% de su superficie ha resultado afectada, lo que ha llevado a declarar a su alcaldesa, Ana Albornoz, que sería conveniente que se implementara un royalty por la explotación forestal. Discurso similar tuvo el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Ambas autoridades fueron desautorizadas por la ministra del Interior, Carolina Tohá, con argumentos, aparentemente sólidos: la industria forestal “no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty”, porque no se trata de un recurso no renovable; agregó, además, que ello no está contemplado en el programa de gobierno. El royalty es el pago que hace un tercero al poseedor de un derecho que, a cambio de ello, puede obtener un beneficio económico. Es el caso de la minería, explotación de carácter no renovable, cuya propiedad es de todos los chilenos, lo que habilita al Estado entregar su producción a un tercero, cobrándole una suma determinada por ese derecho: el royalty. Y, como la explotación forestal es renovable y de propiedad privada, no aplicaría el royalty. Es el argumento de la ministra. Sin embargo, en la práctica, ello no se ha aplicado en Chile, y por ello estimo que no es completamente cierta la argumentación de la ministra Tohá. En efecto, en nuestro país no se ha implementado un royalty a la explotación del cobre. Tanto en 2005, durante el gobierno del presidente Lagos, como posteriormente en 2016 con el gobierno de Piñera, lo que se legisló fue un “impuesto específico” y no un royalty. El argumento era que Chile no estaba recibiendo lo que le correspondía por los ingresos de la explotación minera. O sea, una típica fundamentación impositiva y no asociado a una concesión. Así lo dice el presidente Lagos: “Mediante este impuesto, Chile recibirá lo que en justicia le corresponde por sus riquezas, en el cobre y en otros minerales. Y podrá disponer de ellos, ya que son indispensables para nuestro desarrollo futuro.” Y, agregó que: “con este impuesto derivado de la extracción, podemos generar un fondo para la investigación, la ciencia y la tecnología” (Discurso Lagos al firmar la ley 20.026, Codelco, 27 de mayo, 2005). Entonces, el presidente Lagos aplica un “impuesto específico” a las utilidades que genera la explotación del cobre y, además, para propósitos de investigación. Pero, en realidad, no se implementó un royalty y, cuando se revisa el presupuesto, esos mayores recursos tampoco se destinaron a investigación y desarrollo, sino se usaron para gastos corrientes. Pero, lo más importante es que las forestales no debieran permanecer impunes por su responsabilidad en los incendios del sur y también por otros impactos negativos, derivados de sus procesos de explotación. Es lo que exige regulaciones gubernamentales efectivas y, por supuesto, la aplicación de un impuesto específico a sus utilidades. Entonces, la precisión conceptual de la ministra Tohá sobre el royalty no se ha hecho efectiva en nuestro país. Por tanto, nada impide […]