El parlamentario manifestó que, “en la última semana han muerto baleadas más de 20 personas en Chile, preocupando particularmente que la misma Fiscalía Nacional ha asociado estos hechos a grupos de delincuentes extranjeros”. “Hay una tendencia que se está instalando y que tiene que ver con sicarios, ajusticiamientos, y balaceras en muchos sectores. Y debemos hacer todo lo posible por evitar que se naturalice y que los más extremistas comiencen a debatir sobre la pena de muerte”, manifestó Alejandro Navarro Brain, tras la aprobación en general en el Senado del Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. De acuerdo al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, “el Fiscal Raúl Arancibia del Ministerio Público de Tarapacá, señaló que serían ciudadanos extranjeros quienes secuestraron, pidieron un rescate y luego asesinaron a un comerciante de Iquique, al no obtener el dinero requerido”. “De la misma forma”, continuó, “el futbolista Álvaro Ramos denunció el robo y secuestro de su familia en Alto Hospicio; además, nos hemos informado del asesinato de un youtuber y de un trabajador de un restaurante en Santiago, todos casos que tienen como común denominador que los culpables serían delincuentes de otros países”. “Más aun, el Fiscal Nacional Jorge Abbott mencionó la preocupante intervención de extranjeros en el fenómeno de homicidios y balaceras, y que hay antecedentes para vincularlo al ingreso de droga al país por parte de grupos ligados a extranjeros”, agregó. Para Navarro, “esta es sin duda una tendencia preocupante, pues si bien la cantidad de delitos perpetrados por ciudadanos extranjeros en Chile es ínfima comparada a los que cometen delincuentes nacionales, esto es, un 3.3% vs un 96.7% de acuerdo a datos de la Defensoría Penal Pública, existe en la opinión pública una sensación de crecimiento en las causas que involucran a personas de otros países, siendo la principal preocupación de los chilenos y chilenas la delincuencia y la seguridad ciudadana. Para Navarro, “es necesaria una coordinación internacional de las policías del continente para darle tranquilidad a la ciudadanía, que Carabineros y la PDI identifique junto a sus pares latinoamericanos a los delincuentes que hayan salido de otras naciones y llegado a Chile, pues no puede ser que el sicariato se vuelva la normalidad. No puede ser que se secuestre y asesine a personas en Chile, ni que se dispare a diestra y siniestra, de noche o a plena luz del día, sea en Iquique, Santiago o Coronel. El senador por la Región del Biobío recalcó que, “este nuevo ministerio no puede servir solo para crear planes y programas, debe dedicarse a prevenir pero al mismo tiempo, en atacar la contingencia que significa limitar la entrada de delincuentes, de asesinos a Chile; aquí debe haber una evaluación política del sicariato a nivel conjunto, de las policías y los ministerios, con cooperación internacional; se debe evitar esta tendencia que se está instalando y debe ser por tanto la primera tarea del Ministerio de Seguridad”.
Nacional
A pesar del rechazo generalizado a la licitación el gobierno de Sebastián Piñera informó que licitó a BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. la producción del litio. Fisco recibirá 121 millones de dólares. Mediante un comunicado, el Ministerio de Minería informó la adjudicación del proceso de licitación para impulsar la producción de litio en el país, optando por entregar dos de las cinco cuotas que se ofrecían, a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. Cada una se adjudicó una cuota de 80.000 toneladas de litio metálico comercializable (LME), por las cuales BYD Chile SpA presentó una oferta por US$ 61 millones y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. ofertó US$ 60 millones, respectivamente. Según lo informado por la cartera, ambas ofertas, “sustancialmente más altas que el resto de las ofertas recibidas, son las que mejor responden al interés del Estado de aumentar la competencia en este mercado y obtener la recaudación por cuota más satisfactoria. El Estado recibirá, sin considerar los pagos futuros por producción, US$ 121 millones por estas dos cuotas”. La convocatoria nacional e internacional buscaba elevar la producción de este mineral en Chile, atendiendo así la creciente demanda mundial generada por el desarrollo, entre otros, de la electromovilidad. Esta convocatoria, a semanas del fin del gobierno de la derecha en el país, ha generado amplio rechazo en diversos sectores. Asimismo, el Gobierno trabajará con las compañías adjudicatarias, en el contexto de este proceso de licitación, la incorporación de fórmulas que permitan destinar una porción de los pagos que éstas deberán realizar, a aportes a las comunidades locales y a inversiones en I + D. En tanto, el Gobierno reafirma su disposición a conformar una Mesa Nacional del Litio para elaborar una estrategia de desarrollo de esta industria, con una mirada de Estado y de largo plazo.
Diputadas piden a la Presidenta del Senado que ponga en tabla la iniciativa legislativa. La diputada por el distrito 14, Marisela Santibáñez (PC) autora del proyecto de Ley Extraviados, acompañada por las diputadas Andrea Parra, Erika Olivera, Karol Cariola y Maya Fernández, denunciaron que el proyecto de ley cumple un año desde que fue despachado al Senado, en donde no se ha logrado avance. El proyecto de Ley fue ingresado el 17 de enero de 2019 y aprobado por la Cámara de Diputados y despachado al Senado el día 12 de enero de 2021. Desde esa fecha sigue a la espera de que sea colocado en tabla en la Cámara Alta. La legisladora comunista expuso la falta de prioridad por parte del Senado ante al Proyecto de Ley Extraviados, el cual tiene como fin mejorar el protocolo de búsqueda cuando se hace una denuncia por desaparición de una persona, estableciendo principios de igualdad, inmediatez e interés superior del niño, niña y adolescente, creando nuevos protocolos institucionales y procedimientos de geolocalización, entre otros, para corregir de forma efectiva las actuales técnicas de investigación. En ese sentido la diputada Marisela Santibáñez, señaló: ‘’este proyecto determina que los niños, los menores de edad deben tener un proceso mucho más importante en las primeras 24 horas de extravío, por eso he querido en este día, cuando se cumple un año de su aprobación, emplazar al Senado, hoy emplazamos no solo como Diputados o Senadores, sino también como padres, madres porque este es un tema que nos compete como país. Hoy día tenemos un proyecto aprobado que podría darle otro destino a tantas familias que lo pasan pésimo’’. Finalmente la parlamentaria agradeció a las diputadas presentes por el apoyo brindado y se dirigió a la Presidenta del Senado, Ximena Rincón, en donde se refirió a la importancia de la tramitación de esta Ley y exigió que el proyecto Extraviados ‘’sea puesto en tabla, para ayudar a tantas familias chilenas que hoy día no lo pasan bien producto de la desaparición de sus parientes’’.
En tanto, la senadora Carolina Goic lo calificó como “la primera pieza de nuestra Ley de Cáncer”. El Registro Nacional de Cáncer (RNC), sistema que recolecta, almacena, procesa y analiza de forma continua y sistemática datos sobre casos y tipos de cáncer en Chile, desarrollado por Carla Taramasco, académica de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valparaíso, fue presentado a la senadora Carolina Goic, una de las principales autoras de la Ley del Cáncer, y a la comisión nacional creada para tales efectos. El registro integra la participación y reconocimiento de todos los actores involucrados en la generación y recopilación de información relativa a los procesos de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de casos, alineándose con el Plan Nacional de Cáncer a través de la obtención de información en eventos clínicos oportuna y de calidad, con una alta estandarización, promoviendo la integración del sistema público y privado, para mejorar la detección, tratamiento y seguimiento de los pacientes. El proyecto Corfo, adjudicado hace dos años, tuvo la colaboración de referentes expertos a nivel nacional. La doctora Taramasco explica que “el objetivo es contar con información de manera oportuna en tiempo real y disponible, para proponer una solución a una de las grandes brechas que tenemos como país. Estamos trabajando para darle continuidad al proyecto en un convenio de colaboración y prestación de servicios con el Ministerio de Salud para masificar la plataforma en Chile”. La doctora Taramasco comenta que “actualmente la iniciativa finalizó sus obras de desarrollo y se encuentra en la etapa de cierre administrativo, con la entrega de una plataforma tecnológica a la cual deben tributar todos los cánceres y todos los tumores nuevos en Chile. Tuvimos una fase de pilotaje aceptada por el Minsal y hoy estamos en las últimas negociaciones para poder publicarla a nivel nacional, y para eso estamos analizando la formalidad de cómo vamos a trabajar en conjunto los años que vienen para disponerla a nivel nacional”. “El segundo producto son las guías que permiten integrarnos con todos aquellos centros de salud que tienen desarrollos propios o comprados de registro clínico electrónico para evitar lo que se denomina el doble registro, es decir, que el clínico tenga que entrar a su sistema y además al RNC. Presentarlo a la senadora Carolina Goic es una gran oportunidad como escuela e institución para mostrar los aportes que hemos hecho al desarrollo de la salud en Chile en el área de la digitalización y el gran impacto que esperamos tener a nivel nacional”, añadió. Carolina Goic calificó como “muy importante lo que hace la UV en la implementación del RNC, que es la primera pieza de nuestra Ley de Cáncer, lo cual nos permite saber cuál es la realidad para planificar, medir y estudiar. Fue lo que primero estuvo resuelto durante la tramitación de la ley, cuando era proyecto”. “Es relevante que lo haga una universidad que tiene una trayectoria, que ha hecho los aprendizajes en la implementación del sistema de vigilancia como EPIVIGILA y […]
“Nosotros queremos que el litio sea explotado por el Estado de Chile”, declaró el diputado Jaime Mulet. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, anunció este miércoles que utilizará “todas las vías judiciales y legislativas para que se interrumpa o para que quede sin efecto” la licitación del litio que está tratando de llevar a cabo el gobierno de Sebastián Piñera. “Nosotros queremos que el litio sea explotado por el estado de Chile. Hay distintas maneras de hacerlo, pero queremos que haya un control directo desde el estado de Chile” aseveró Mulet, parlamentario por el Distrito 4 en la Región de Atacama. En este sentido, Mulet también recalcó la necesidad de darle un sentido regional al control del litio por parte del Estado. “El litio, si bien es cierto no es un volumen de dinero tan relevante, está hoy día jugando un rol importantísimo en la generación fundamentalmente yen la construcción de baterías para el cambio hacia la electromovilidad y va a tener un rol muy importante. Entonces no sacamos nada con vender solo litio o carbonato de litio en sus distintas formas, sino que tenemos que agregarle valor” agregó el parlamentario. Finalmente Mulet subrayó la importancia de implementar una gestión del litio donde se pase del extractivismo “a una economía más aplicada, con mayor diversidad, con innovación” y que ese debe ser el objetivo como país.
“El proyecto Dominga ha estado marcado por irregularidades y escándalos de corrupción que se han dado durante todas las tramitaciones y esta es una más. Es un proyecto cuyos objetivos han hecho todo lo posible para que no se proteja el medioambiente y aun así sigue la evaluación con antecedentes obsoletos y caducos”, enfatizó el director de Greenpeace, Matías Asún. En el marco de los recursos presentados por opositores al proyecto minero portuario Dominga en contra de la decisión del Primer Tribunal Ambiental, que en abril del 2021 acogió de forma unánime la validación del puerto minero, la Tercera Sala de la Corte Suprema resolvió llamar a las partes, la empresa, el gobierno y los abogados representantes de las organizaciones locales y ambientales, a una conciliación que ha recibido múltiples críticas debido a que se podrían busca conciliar acuerdos sobre el proyecto ajenos y externos a la evaluación ambiental regular. Pese a esto habitantes de la zona, de la comunidad científica y ambientalista han buscado frenar el proyecto argumentando que afectaría a una zona única de rica biodiversidad que alberga una gran cantidad de especies endémicas marinas y terrestres. Ante este escenario donde la Tercera Sala de la Corte Suprema cita a un proceso de conciliación, Greenpeace señala que “este proceso de conciliación al que cita la Corte Suprema es la legitimación de un ilícito a costa del medioambiente. Lo que estamos presenciando es una operación de lavado de imagen para mantener vivo un proyecto nefasto en una zona donde vive una buena parte de la población mundial de pingüinos de humboldt, es una zona única de riqueza y alimentos para la vida marina en la que conviven especies endémicas y diversos tipos de ballenas. Dominga no es viable, no es posible conciliar entre las partes algo que no afecta únicamente a esas partes sino que al medioambiente y a todos. La construcción del proyecto portuario y minero Dominga generan efectos que no son mitigables”, enfatizó, Matías Asun, Director de Greenpeace. Y agrega: “Tanto esta extraña e inédita conciliación judicial como la reciente declaración de área protegida sin dar de baja el proyecto no hacen más que demostrar que los intereses detrás del proyecto siguen operando maquinando para abrirle camino a un crimen ambiental que en la práctica será la sentencia de muerte del archipiélago de Humboldt.”. El proyecto Dominga de Andes Iron, propiedad Carlos Alberto Délano, pretende construir una mina a rajo abierto de hierro y cobre, además de un puerto en la Región de Coquimbo, en la comuna de La Higuera. Tendría una producción anual de 12 millones de toneladas de concentración de hierro y 150.000 toneladas de concentración de cobre durante 26 años y medio, y supondría una inversión de 2.500 millones de dólares. “Todos hemos visto las irregularidades y escándalos de corrupción que se han dado durante todas las tramitaciones del proyecto Dominga y esta es una más. Es un proyecto cuyos objetivos han hecho todo lo posible para que no se proteja el medioambiente y […]
Los dirigentes sindicales fueron acompañados por el convencional Marcos Barraza. A medio día de hoy, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), representada por los dirigentes nacionales Ana Lamas Aguirre, Jedry Velis Palma y Patricio Roco Bucarey (Secretaria General, Tesorero y Director Nacional Encargado de Organización, respectivamente) entregaron una misiva en la oficina de partes de la Convención Constitucional dirigida a María Elisa Quinteros, quien es Presidenta del Órgano Constituyente. En la ocasión, y en compañía del Convencional Constituyente Marcos Barraza, los economistas Graciela Galarce y Orlando Caputo, Roxana Pey y Manuel Riesco (Presidenta y Vicepresidente de la fundación Cenda), el doctor en física Gonzalo Gutiérrez, Miguel Soto (dirigente del Movimiento El Litio Para Chile) y Manuel Ahumada Letelier (quien hasta hace algunos meses presidiera la CTC), se realizó un punto de prensa en las inmediaciones exponiendo a los medios el contenido de la carta, que principalmente se refiere a la “preocupación por la licitación de una proporción importante del litio”, a la vez que denuncia que “se trata de una política de gobierno que insiste en la lógica neoliberal de entregar al capital privado la explotación de nuestros recursos naturales, los mineros entre ellos, y que, probadamente, ha sido nefasta para el país”. Lo anterior —señala la carta— va en una dirección totalmente opuesta al espíritu y lineamientos que en general todos los pueblos que habitamos el territorio esperamos estén contenidos en la nueva Constitución. Y es que, a juicio de la Confederación de Trabajadores del Cobre, la maniobra del —a estas alturas— saliente gobierno de Sebastián Piñera también se trata de una “injerencia e intromisión inaceptable del ejecutivo en el poder constituyente de la Convención, que, de hecho, puede constituir un obstáculo para avanzar en los propósitos de cambio de la nueva Carta Fundamental”. Es por ello que la organización nacional que agrupa y organiza a las y los trabajadores contratistas y subcontratistas de la minería del cobre de Chile solicitó a la Convención Constitucional, mediante su Presidenta, que “se oficie al gobierno respecto a la urgencia de detener esta y cualquier otra licitación de nuestros bienes públicos estratégicos hasta que sea el pueblo soberano quien determine, a través del plebiscito de salida, las nuevas normas constitucionales en materia de minería y recursos naturales”. Finalmente, las y los dirigentes y representantes que concurrieron a la cita, insistieron en la histórica reivindicación de la Confederación de Trabajadores del Cobre que dice relación con la “Renacionalización del Cobre y Bienes Públicos Estratégicos”, que actualmente se encuentra en proceso de recolección de apoyos como Iniciativa Popular de Norma Constitucional (Nº15.150) en la plataforma digital de la Convención Constitucional, a la vez que recalcaron su apoyo a la creación de una Empresa Nacional del Litio que contenga, entre otros, criterios que apunten a la superación del mero exctractivismo, apostando a la generación de valor agregado sobre el producto, que cuide el medioambiente y considere prioritaria la protección, salud y supervivencia de comunidades aledañas y de todo el territorio.
El parlamentario, que integra la Comisión de Minería, de la Cámara, instó al Gobierno a «dejar de lado aquellos intereses secundarios que están inspirando una medida que a todas luces, en el ocaso del Gobierno, es inaceptable». El diputado Socialista y senador electo, Juan Luis Castro emplazó al Ejecutivo a detener la licitación del Litio, tomando en cuenta los reiterados pronunciamientos que de diversos sectores de la sociedad recomiendan no seguir adelante con dicha gestión. «Esta es la hora en que el Gobierno, de una vez por todas, recoja el emplazamiento que hemos hecho. Basta ya de hacer acuerdos a último minuto, en las postrimerías del fin del régimen. Aquí no pueden haber leyes de amarre y menos con el Litio, Dijo el legislador PS, en el marco de una conferencia de prensa donde un grupo de parlamentarios de diferentes bancadas y dirigentes indígenas atacameños, le insistieron al Gobierno en detener la licitación del Litio. El diputado Castro subrayó que «este es un mineral metálico, de extremo valor para Chile, que el Presidente electo, Gabriel Boric, lo ha definido como un bien nacional, a través de una empresa del Estado», indicó. Por lo tanto, recalcó: «Le exigimos al Gobierno, en estas horas, paralizar la adjudicación de las empresas que van a administrar el Litio, en aras del país. Llamo al Gobierno a dejar de lado aquellos intereses secundarios que están inspirando una medida que a todas luces, en el ocaso del Gobierno, es inaceptable». «Incluso», agregó, «no respetando a las comunidades comprometidas, el Congreso y por todos aquellos que hoy tenemos el máximo interés en conservar el Litio en nuestras manos y no entregárselo a SQM y a otros, por el mal uso que hicieron en su época», concluyó el diputado y senador electo, Juan Luis Castro.
“Esta iniciativa tiene que ver con reformar el SEIA. Esto se refiere a que todos los proyectos que requieran agua deban entrar a la evaluación de impacto ambiental”, aseguró la autora de la moción. En el marco de la crisis climática y de sequía que afecta al país, la diputada Cristina Girardi junto a un grupo transversal de parlamentarios presentará una iniciativa legal que establece la obligación de someter a evaluación ambiental a todo proyecto o actividad económica que requiera una cantidad de agua superior a aquella necesaria para regar 12 hectáreas de riego básico, excluyendo de esta forma a los pequeños agricultores. “Esta iniciativa tiene que ver con reformar el SEIA. Esto se refiere a que todos los proyectos que requieran agua deban entrar a la evaluación de impacto ambiental”, expresó la diputada Cristina Girardi (PPD), autora de la moción parlamentaria. “Hoy días las mineras que usan agua, todos los proyectos que se valúan en relación al agua, de riego, grandes palteros, no entran a evaluación de impacto ambiental y son los que más consumen .Sin embargo, no entran a ningún proceso de evaluación, por lo tanto estamos planteando una modificación a la ley 19.300 para que el artículo 10 y 11 de modifiquen las tipologías que requieren estudios e ingresen los proyectos que requieran agua”, agregó. Mientras, el diputado Jorge Brito (RD), puntualizó que “en la región de Valparaíso, por ejemplo, se instaló un modelo de producción de alimento asociado a los monocultivos de paltos, el cual ha consumido en su mayoría el agua superficial y subterránea en la zona, afectando a las comunidades de la zona quienes han sufrido las consecuencias del modelo de privatización y mercantilización relacionada al agua que tiene como primera prioridad abastecer a la industria extractiva”. “Dicho esto, creemos que esta iniciativa va en la dirección correcta, ya que es urgente legislar sobre la materia para que aquellos proyectos de inversión que se realicen en suelo nacional y utilicen agua, se sometan a un riguroso estudio de impacto ambiental”. Por su parte, la diputada Catalina Pérez (RD), sostuvo que “en el contexto de crisis hídrica y crisis climática, la protección de nuestros recursos naturales debe ser un imperativo ético en el nuevo Chile y para eso creemos que es necesario que todos los proyectos que requieran agua para su funcionamiento sean sometidos a evaluación ambiental y así podamos proteger nuestros territorios, su biodiversidad, y a las comunidades que lo habitan”. Finalmente, Girardi subrayó que en el proyecto quedan excluidos los pequeños agricultores y, de paso, criticó la aprobación del Código de Aguas. “Dejemos fuera a los pequeños agricultores, los que deben regar superficies menores y no impactan el medio ambiente. Tenemos que poner atención sobre este tema del agua. Lo que se aprobó hoy del Código de Agua es totalmente insuficiente”, cerró. El proyecto cuenta con apoyo transversal de parlamentarios, contando con las firmas de Cristina Girardi (PPD), Catalina Pérez (RD), Félix González (PEV), Jorge Brito (RD), Diego Ibáñez (CS) y José Miguel […]
El diputado y presidente de la Comisión de Minería, adelantó que está toda su disponibilidad para de debatir cuanto antes los proyectos. Junto representantes del Consejo de Pueblos Atacameños, el diputado y senador electo por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez, ratificó hoy su compromiso con la defensa del litio y las comunidades aledañas al Salar de Atacama, ante la inminente licitación forzosa del mineral no metálico que busca concretar el gobierno. Al respecto, el regionalista planteó de entrada la dicotomía que representa esta licitación, señalando que “la cuestión aquí ante esta licitación forzosa es clara, o seguimos con un modelo extractivista, o vamos con un modelo de desarrollo sustentable”. “No le podemos pedir a Piñera hoy día lo que no hizo o lo que no cree, ni al ministro de Minería quien incluso legítimamente puede creer en este modelo y podrían estar hasta bien inspirados en este modelo. No obstante, vamos a ocupar todas las herramientas que hoy día tenemos a mano para retardar esta licitación, porque claramente confiamos en el gobierno electo de Gabriel Boric, a quien respaldamos, pues él tiene un concepto distinto respecto al uso y manejo de los recursos naturales, y por eso es tan importantes usar todos estos instrumentos hasta que asuma el nuevo presidente, el 11 de marzo, porque sin duda viene una fuerza distinta que sabemos estará del lado de las comunidades”. En esta misma línea, Velásquez explicó que “la defensa de nuestros recursos naturales implica la defensa de las comunidades que viven alrededor de los salares, hace pocos minutos respaldamos unánimemente la protección de las turberas, humedales, pequeños santuarios de la naturaleza, hoy día tenemos que darnos cuenta que en el Desierto de Atacama donde viven miles y miles de personas de comunidades andinas, los salares tienen relación directa con estas comunidades. A veces da la sensación que el desierto lo soporta todo, pero no es así, y las comunidades hoy día del Consejo de Pueblos Atacameños lo ha dicho con claridad, porque esto podría ser un ecocidio”. Finalmente, el diputado y presidente de la Comisión de Minería, adelantó que está toda su disponibilidad para de debatir cuanto antes los proyectos que fueron declarados admisibles hoy, entre ellos el que busca postergar toda licitación hasta la publicación en el Diario Oficial de la Nueva Constitución, “por lo tanto apenas se de cuenta en la sala, nosotros vamos a cumplir con el reglamento pertinente y si mañana se da cuenta, con toda seguridad mañana mismo estaremos discutiendo este proyecto en la Comisión de Minería como corresponde”.
