Luego de conocerse diversos estudios que muestran un escaso acatamiento por parte de la población a las medidas de confinamiento, principalmente en la Región Metropolitana, los académicos de la Usach y expertos en transporte, Rodrigo Martin y Juan Pedro Sepúlveda, junto al profesor del Magíster en Salud Pública de la misma universidad, Claudio Castillo, formularon una serie de propuestas para cumplir con la “urgente” necesidad de aislamiento para contener el avance de la pandemia. Tras conocerse los resultados de un estudio que muestra que la movilidad en la Región Metropolitana bajó solo un 35 por ciento promedio en el primer mes de cuarentena, y otro informe que señala que el 59 por ciento de las personas, en esta misma región, tienen en su hogar a alguien que salió a trabajar durante la última semana, expertos de la Universidad de Santiago evaluaron las razones y propusieron medidas para enfrentar estas bajas cifras de aislamiento en la población. Atacar la segregación El experto en transporte urbano y subdirector del Smart City Lab de la Usach, Rodrigo Martin, señaló que en las últimas seis semanas las comunas de la Región Metropolitana con mayor movimiento son las de Independencia, Estación Central, Recoleta, Quilicura, Vitacura, Santiago y Conchalí. A su juicio, esto se explica por la necesidad de las personas de estas comunas de asistir a trabajos que no pueden realizar por Internet y a la segregación socio-espacial propia de la capital. “La estructura de movilidad de Santiago hace que sectores socioeconómicos más bajos deban moverse más tiempo y mayores distancias porque dependen más del trabajo presencial”, afirmó. Para el académico de la Escuela de Arquitectura de la U. de Santiago, existen diversas alternativas para lograr reducir la movilidad. “En el corto plazo, se requiere apoyo económico. En el mediano y largo plazo, se deben revisar mecanismos centralizados de gestión de la ciudad, identificando las horas peak y los puntos de mayor saturación”, consideró. “En el mediano plazo, se deberían diversificar los horarios de entrada y salida de los trabajos y los colegios, para evitar la saturación del transporte público, lo que requiere una coordinación a gran escala en el transporte de la ciudad”, sostuvo. “A largo plazo, deben generarse sub-centralidades para distribuir de mejor manera los núcleos de trabajo, a fin de evitar movilidades tan largas en tiempo y distancia”, complementó. Insistir en que la pandemia no ha terminado El experto en transporte y logística y académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago, Juan Pedro Sepúlveda, reconoció que la escasa reducción de la movilidad no se encuentra asociada a un solo factor, sino que a muchos. “El mayor movimiento en algunos sectores, probablemente, se deba a que en algún momento hubo cuarentenas dinámicas”, partió identificando el especialista. “Sin embargo, también pueden aducirse otras razones, como el volumen de la actividad comercial en las zonas en cuestión. Naturalmente, es probable que haya mayor flujo de personas en estos sectores”, agregó. “La edad promedio de los habitantes de una comuna y […]
Nacional
Entre el 11 de marzo de 2014 y junio de 2016, el Ministerio de Bienes Nacionales, entonces bajo nuestra conducción, puso a disposición de las comunidades indígenas un total de 207 inmuebles, lo que representa un total de 49.100,7283 hectáreas. La cifra es equivalente a la casi totalidad de hectáreas que la CONADI entregó durante sus primeros 17 años de existencia. El dato puede resultar sorprendente para no pocas personas, considerando la persistente invisibilización de esa tarea por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, es una realidad contundente, que muestra que la conquista de los derechos sociales y territoriales de los pueblos indígenas es posible y que lo fundamental para su realización pasa por la voluntad política del Gobierno. Es necesario enfatizarlo cuando se conmemora el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, luego de un largo período en que las noticias sobre los pueblos originarios han estado casi por completo circunscritas a la criminalización de las demandas indígenas, particularmente del pueblo mapuche, reduciéndolas a un problema de orden público. Nuestra convicción, hoy como ayer, es la necesidad de construir una nueva relación del Estado de Chile con los pueblos indígenas. A continuación, algunos ejemplos de iniciativas relevantes que fueron emprendidas desde Bienes Nacionales durante el período indicado. En pleno corazón del Valle de Azapa, seis asociaciones indígenas aymarás de la Región de Arica y Parinacota recibieron inmuebles fiscales para sedes sociales y culturales, una plaza, canchas deportivas, acopio agrícola, espacios ceremoniales y religiosos, centros turísticos de artesanía y producción de plantas medicinales. En la localidad altiplánica de Bajo Soga, en la Región de Tarapacá, fueron entregadas 105 hectáreas a la Asociación Indígena Aymara de Camiña para el desarrollo de un proyecto productivo de quinua en plena Pampa del Tamarugal. En la localidad de Tirúa, en el corazón de la Provincia de Arauco, fueron entregadas cuatro hectáreas y media de territorio a la Comunidad Mapuche Lorenzo Quintrileo de Quidico, a través de una transferencia gratuita de Bienes Nacionales a la CONADI, para materializar a su vez la entrega definitiva a esta comunidad mapuche lafquenche. A los pies del imponente Pucará de Lasana, se cumplió con una demanda histórica de los pueblos originarios de Toconce, ChiuChiu y Lasana luego de entregar cinco transferencias gratuitas de terrenos en la Provincia de El Loa, Región de Antofagasta. De especial significación fue la entrega de una concesión gratuita a largo plazo para las comunidades atacameñas de Toconce y Caspana de los Geysers del Tatio, inmueble de mil 533 hectáreas, permitiendo que unas 140 familias indígenas se hicieran cargo de la gestión y administración de uno de los puntos turísticos más visitados por viajeros nacionales y del extranjero. Bienes Nacionales entregó en forma gratuita 2.287,77 hectáreas de terrenos fiscales para las comunidades mapuche–huilliches Quilipulli y Catricura Leuketro, que se emplazan en la comuna de Chonchi en la Provincia de Chiloé, para el desarrollo de proyectos turísticos y actividades productivas relacionadas con la madera, garantizando la conservación de los bosques. A ello se sumó la […]
El mal diseño de las cuarentenas en Santiago constituye la causa de la falta de resultados esperados, revela un estudio de Espacio Público, que descarta la negligencia de las personas como factor. La respetada institución independiente de estudios analizó la movilidad en el llamado Gran Santiago en el cual, según datos del Ministerio de Transportes, esta aumentó tres por ciento entre el 15 y 19 de junio, en comparación con la semana anterior. Esta alta movilidad, indica el estudio, implica la imposibilidad de reducir los contagios drásticamente, que es el principal objetivo de la cuarentena, y añade que “la gente irresponsable no es el motivo de los niveles de movilidad que observamos en el gran Santiago”. Espacio Público señala que, de 23,6 millones de controles realizados, sólo 98 mil personas fueron multadas o arrestadas por no cumplir los permisos o el toque de queda, lo que equivale al 0,5 por ciento de los controles realizados en estos tres meses y medio de pandemia. El informe amplía sus argumentos al señalar que entre el 12 y el 16 de junio una encuesta realizada a 800 personas reveló que el 88 por ciento de los santiaguinos salió de su hogar en la semana previa por diversos motivos y de ellos el 80 por ciento dijo haber solicitado un permiso a la policía. Asimismo, concluyó que una proporción importante de las salidas que no fueron para comprar víveres o medicinas, tienen una motivación económica, y de acuerdo con la encuesta, el 59 por ciento de los santiaguinos sostuvo que uno o más de los habitantes de su casa tuvo que salir a trabajar en la última semana. Un informe precedente de Espacio Público, hacía referencia a la necesidad de acentuar las medidas restrictivas e incluso aplicar al menos durante dos semanas un estado de “hibernación” en la urbe, lo cual ha sido apoyado por alcaldes y especialistas de las comunidades científicas, pero rechazado por el Gobierno de Sebastián Piñera. El Ejecutivo alega que tal medida impediría a la población acceder a servicios básicos, pero según han debido admitir las autoridades en los últimos días, una enorme cantidad de empresas han continuado funcionando sin ser imprescindibles, gestionando permisos colectivos para sus trabajadores, a los que se obliga a concurrir a labores. Allí radica una parte sustantiva de la explicación de la baja reducción de la movilidad en Santiago. Santiago, 24 de junio 2020. Crónica Digital / PL.
El senador Alejandro Navarro, del Partido Progresista de Chile, presentará una querella criminal contra el Presidente Sebastián Piñera y el exministro de Salud, Jaime Mañalich. El parlamentario explicó que la acusación es por las muertes registradas en la Región del Bío–Bío a causa de la pandemia de COVID–19. El legislador progresista expresó que “se han cometido errores de negligencia criminal en torno a las estrategias epidemiológicas, tal como lo reconoció Mañalich cuando señaló que se ha caído su castillo de naipes, lo malo es que sobre la vida de miles y miles de personas”. Añadió que esas muertes pudieron ser evitadas si las autoridades hubieran actuado a tiempo y respetando las directrices de la Organización Mundial de la Salud, pero no lo hicieron, y consideró que “una querella criminal por el delito de homicidio omisivo y falta de servicio del Estado están plenamente configurados”. El parlamentario indicó además que pidió con insistencia al Gobierno aplicar cuarentena total para la Región de Bío–Bío e incluso a nivel nacional, pero no recibió respuesta alguna de las autoridades del país. El anuncio de Navarro ocurre apenas un día después de que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, admitiera una querella criminal presentada por el alcalde de Recoleta contra Piñera, Mañalich, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. En este caso la acción judicial invoca, entre otros, los delitos de denegación de auxilio y cuasidelito de homicidio, por la responsabilidad del exministro y del propio Gobierno por la muerte de 62 vecinos de Recoleta, a consecuencia de la actuación negligente y grave en el control de la pandemia de COVID–19. El texto de la querella señala que las autoridades solo adoptaron frente a la pandemia medidas “parciales y antojadizas sin la expresión de un criterio claro y ecuánime para su aplicación o comprensión”. Santiago, 24 de junio 2020. Crónica Digital / PL.
El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile caerá 6,5 por ciento este año según estimaciones de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Gobierno, por debajo del 2,0 por ciento informado en el primer trimestre. El jefe de Estudios de la DIPRES, Cristóbal Gamboni, declaró que este pronóstico está en la media de la previsión presentada por el Banco Central en el Informe de Política Monetaria, de entre cinco y 7,5 por cientos. Añadió que la reducción de las proyecciones se debe al deterioro más pronunciado de la situación económica de lo que se había estimado a inicios de la pandemia. Añadió que la caída de la demanda interna alcanzaría el 9,8 por ciento, peor que la contracción de 3,3 prevista en abril, mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) cerraría 2020 en 2,8. Según la DIPRES, para este año se proyecta un déficit fiscal ajustado de 3,5 por ciento del PIB, por sobre la meta asumida luego del estallido social del 18 de octubre de 2019 que era de 3,2. Las proyecciones de la DIPRES prevén una contracción de 16,1 por ciento de los ingresos del Gobierno central con respecto a 2019, lo que representa la peor caída desde 2009 cuando la reducción fue del 20,7 por ciento. Esto se atribuye fundamentalmente al deterioro del escenario macroeconómico y en parte a las medidas tributarias de rebaja transitoria y facilidad de pago en medio de la pandemia, mientras que el gasto se expandirá 11,4 este año, su mayor nivel desde 2009. Según las autoridades, ello obedece a las medidas económicas impulsadas por el Gobierno para enfrentar la crisis sanitaria y al reciente acuerdo entre el Ejecutivo y una parte de la oposición, para la creación de un fondo por 12 mil millones de dólares para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social durante los próximos 24 meses. De esta forma, indicó la DIPRES, a causa del menor crecimiento económico, la baja en los ingresos y el mayor gasto público, el déficit fiscal proyectado para 2020 alcanza el 9,6 por ciento del PIB, el mayor registro desde 1973, y 1,6 puntos más que lo estimado en abril. Santiago, 24 de junio 2020. Crónica Digital / PL.
El parlamentario anunció que solicitarán nuevas investigaciones respecto de todas las acciones del Ministerio de Salud y la la Seremi Metropolitana de Salud y la empresa de Aguas Andina, desde el 11 de Marzo del 2018, hasta que el mes de Julio pasado, fecha en que el ex ministro Santelices dejó la cartera. El diputado Socialista Juan Luis Castro sostuvo que el dictamen de Contraloría que confirma que irregularidades de Emilio Santelices por compra de acciones cuando era ministro viene a poner «verdad y justicia», de lo que denominó como «una profunda irregularidad y conflicto de interés del ex secretario de Estado. El legislador por la Región de O´Higgins, quien solicitó a Contraloría investigar al ex Ministro, indicó que la indagación arrojó que Santelices «no solo tuvo acciones en Sonda, de las que se desprendió a último minuto, sino que además, hizo una compra de acciones de Aguas Andina, por 150 millones de pesos, mientras era ministro y durante casi un año, hasta que terminó su mandato». A juicio de Castro, «Esta acción del ex ministro implicó un grave conflicto de interés, porque él era juez y parte, dado que la Seremi Metropolitana de salud, es la entidad que fiscaliza a Aguas Andina. De manera que es evidente que Santelices nunca debió haber tenido alguna acción de alguna empresa relacionada con sus actividades». Asimismo, el parlamentario PS explicó que la Contraloría no pudo sancionar en su momento a Santelices, porque se había desprendido de las acciones. «Sin embargo», agrega, «este caso sigue siendo muy grave y demuestra cual es la ética y la probidad de quienes son los leales ministros de Piñera, que en este caso incurren en acciones de conflicto de interés con el mundo privado». Para el diputado Castro, «si alguien viene al servicio público, debe dejar los intereses privados, pero hacer las dos cosas, como las hizo el ex ministro Emilio Santelices son extremadamente reprochables. Es por ello que informo que vamos a solicitar una nueva investigación a todas las acciones del Ministerio de Salud y la Seremi Metropolitana de Salud y a la empresa de Aguas Andina, desde el 11 de Marzo del 2018, hasta que el mes de Julio pasado, cuando Santelices dejó la cartera». «Porque no sabemos qué otras situaciones ocurrieron en ese período, ya que nadie imaginaba que el entonces ministro de Estado, que debiera controlar una empresa sanitaria, tenía intereses y acciones por cifras millonarias en esa misma empresa sanitaria. Esto nos parece un hecho totalmente inaceptable», concluyó el diputado Juan Luis Castro. Santiago de Chile, 23 de junio 2020 Crónica Digital
La Bancada de Diputadas y Diputados del PPD criticó duramente el anuncio del Presidente Sebastián Piñera de conformar un comité de expertos a cargo de analizar admisibilidad de proyectos de ley. “Quien está tratando de vulnerar, de saltarse, de pasar por el lado de la institucionalidad a través de la creación de esta Comisión, es el presidente Piñera. Lo que quiere es cumplir su sueño de anular el Congreso Nacional, de anular a la oposición, de exacerbar y concentrar más los poderes del Estado en su persona.”, afirmó el Jefe de bancada, Raúl Soto. El parlamentario agregó que “se le olvida además en el contexto en que estamos, a cuatro meses de un cambio de Chile, del inicio del fin de esta Constitución, y que va a ser el pueblo de Chile el que va a decidir las nuevas reglas del juego. Y no me cabe que los ciudadanos y ciudadanas van a tener la sabiduría de quitarle facultades al presidente de la República, y de tener un contrapeso político como corresponde para una mejor y más profunda democracia en nuestro país”. Por su parte, el diputado y vicepresidente de la Cámara, Rodrigo González, indicó que “el Ejecutivo haciendo uso y abuso de su poder, intentando restringir las facultades del Parlamento, lo que ha sido rechazado por todas las bancadas de oposición y por la Mesa de la Cámara conformada por parte de los partidos oficialistas”. En ese sentido, el legislador solicitó a la Comisión de Constitución analizar proyecto de ley de su autoría, que lleva casi un año esperando su tramitación, que nivela la cancha entre el Ejecutivo y el Legislativo, disminuyendo las amplias atribuciones presidenciales y que señala lo siguiente: “faculta a los parlamentarios para introducir modificaciones a todo proyecto de ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, con la limitación de que no se alteren las ideas matrices o fundamentales del proyecto o se establezcan gastos con cargo a los fondos del Estado o de sus organismos, o de empresas de que sea dueño en que tenga participación”. En tanto, el diputado Ricardo Celis manifestó que “estoy sorprendido por el ánimo beligerante del Presidente de La República. Encuentro que no ayuda en nada a los momentos que vive el país, de crisis sanitaria económico y social instalar una bomba de belicosidad al interior del Parlamento”. “En ese sentido, valoro la declaración de la Mesa de la Cámara rechazando la intromisión del Ejecutivo en facultades del Congreso Nacional, y encuentro sumamente contradictorio el actuar de la bancada UDI que a través de un proyecto de ley pretende inhibir a los parlamentarios del derecho a presentar proyectos, por lo que reclamo la admisibilidad de esta iniciativa”, aseguró el diputado Celis. Finalmente, la subjefa de Bancada, Loreto Carvajal, señaló que el anuncio del Presidente Piñera “atenta contra las atribuciones del Congreso, pero sobre todo es una demostración más que este Gobierno no tiene claro cuáles son las prioridades. Mientras en el país hay más de siete mil personas […]
Esta mañana la diputada Karol Cariola (PC) valoró el protocolo emitido por el Gobierno mediante la Subsecretaría de Prevención del Delito, que entrega un “permiso solidario para suministro de alimentos”, para aquellas personas que realizan acciones solidarias en sus barrios como las ollas comunes. A comienzos del presente mes la parlamentaria representante de la zona norponiente de la capital, en conjunto con Organicemos Dignidad, enviaron una carta dirigida al Presidente de la República solicitando la extensión de permisos virtuales a estas iniciativas sociales, con el objetivo de evitar las multas o sanciones para quienes se ven en la obligación de salir de sus hogares, tanto para colaborar como para recibir alimentación. La misiva fue respaldada con la firma de más de 140 organizaciones sociales del país, y fue secundada con el envío de un proyecto de ley que planteaba la creación de dicho permiso. “Junto a Organicemos Dignidad, la Fundación Barrio Vivo, entre otras, presentamos esta carta y además ingresamos un proyecto de ley para crear este permiso, por tanto estamos contentos y contentas de que el Gobierno haya escuchado nuestra solicitud, de que este permiso se haya creado por vía administrativa que era lo más fácil por supuesto, el gobierno tenía esa facultad pero de todas maneras no renunciamos a buscar todos los mecanismos posibles para poder llevarlo adelante a la brevedad”, expresó la parlamentaria por el Distrito 9. La Diputada Cariola además agregó que “esto es un triunfo de alguna manera también de aquellas organizaciones que han estado en el territorio supliendo la ausencia que ha tenido el Estado de Chile en relación a contribuir a la subsistencia básica y cotidiana de aquellos ciudadanos que se han visto más afectados y afectadas por esta pandemia, y sus consecuencias sociales y económicas. En la misma dirección, Camilo Sánchez, coordinador de la plataforma solidaria «Organicemos Dignidad», señaló que «este es un avance de la primera línea que lucha contra el hambre, la cual exigió reconocimiento y seguridad al Estado mientras desempeñaba labores fundamentales sin ningún permiso. Mientras no se garanticen ingresos suficientes, las ollas comunes serán una realidad». Cabe señalar que el protocolo emitido por el Gobierno hace efectivo el permiso mediante las municipalidades de las comunas que están bajo cuarentena, por tanto, cada dirigente y/u organización social deberá completar una planilla que tendrán a disposición en la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) para dar curso a este “Salvoconducto Solidario”, previa aprobación de Carabineros de la comuna. Santiago de Chile, 23 de junio 2020 Crónica Digital
El producto interno bruto (PIB) de Chile caerá 6,5 por ciento este año según estimaciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres) del gobierno, por debajo del 2,0 por ciento informado en el primer trimestre. El jefe de Estudios de la Dipres, Cristóbal Gamboni, declaró a los medios que ese pronóstico está en la media de la previsión presentada por el Banco Central en el Informe de Política Monetaria, de entre cinco y 7,5 por cientos. Añadió que la reducción de las proyecciones se debe al deterioro más pronunciado de la situación económica de lo que se había estimado a inicios de la pandemia. El funcionario añadió que la caída de la demanda interna alcanzaría el 9,8 por ciento, peor que la contracción de 3,3 prevista en abril, mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) cerraría 2020 en 2,8. Según la Dipres, para este año se proyecta un déficit fiscal ajustado de 3,5 por ciento del PIB, por sobre la meta asumida luego del estallido social del 18 de octubre de 2019 que era de 3,2. Las proyecciones de la Dipres prevén una contracción de 16,1 por ciento de los ingresos del Gobierno central con respecto a 2019, lo que representa la peor caída desde 2009 cuando la reducción fue del 20,7 por ciento. Esto se achaca fundamentalmente al deterioro del escenario macroeconómico y en parte a las medidas tributarias de rebaja transitoria y facilidad de pago en medio de la pandemia, mientras que el gasto se expandirá 11,4 este año, su mayor nivel desde 2009. Según las autoridades, ello obedece a las medidas económicas impulsadas por el Gobierno para enfrentar la crisis sanitaria y al reciente acuerdo entre el Ejecutivo y parte de la oposición, para la creación de un fondo por 12 mil millones de dólares para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social durante los próximos 24 meses. De esta forma, indicó la Dipres, a causa del menor crecimiento económico, la baja en los ingresos y el mayor gasto público, el déficit fiscal proyectado para 2020 alcanza el 9,6 por ciento del PIB, el mayor registro desde 1973, y 1,6 puntos más que lo estimado en abril. Santiago de Chile, 23 de junio 2020 Crónica Digital/PL
Una querella criminal presentada por el alcalde de la comuna capitalina de Recoleta contra el presidente Sebastián Piñera y varios funcionarios, fue admitida por el Tercer Juzgado de Garantía de esta capital. Además de Piñera, la denuncia del alcalde Daniel Jadue incluye al exministro de Salud Jaime Mañalich; el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, invocando los delitos de denegación de auxilio, abandono de destino y cuasidelito de homicidio. El edil comunista explicó al presentar la acción judicial que esta obedece a la responsabilidad del exministro y del propio gobierno por la muerte de 62 vecinos de Recoleta, a consecuencia de la actuación negligente y grave en el control de la pandemia de Covid-19. El texto de la querella señala que las autoridades solo adoptaron frente a la pandemia medidas ‘parciales y antojadizas sin la expresión de un criterio claro y ecuánime para su aplicación o comprensión’. Tras ser declarada como admisible por el Tercer Juzgado de Garantía de esta capital, los antecedentes del caso fueron derivados al Ministerio Público, ante lo cual el alcalde Jadue declaró que será la justicia la que determine si se cometieron o no los delitos que se plantean. Hasta ahora el gobierno no se ha referido oficialmente al asunto, aunque consultado por la prensa, el actual ministro de Salud, Enrique Paris, dijo que la querella ‘no tiene ningún fundamento’, porque a su juicio se han hecho todos los esfuerzos posibles desde el ejecutivo para enfrentar la pandemia de Covid-19. Santiago de Chile, 23 de junio 2020 Crónica Digital/PL
