Por su interés, reproducimos el pronunciamiento público emitido por el Partido Progresista en relación a la demanda por la liberación de los prisioneros de la revuelta social.
1. El Partido Progresista de Chile expresa su respaldo, categórico e inequívoco, al Proyecto de Ley que propone conceder Indulto General por razones humanitarias a las y los Presos de la Revuelta Social, presentado el 9 de diciembre del año pasado por un grupo transversal de senadores, entre los que se encuentra nuestro compañero Alejandro Navarro Brain, y que se encuentra hoy en primer trámite constitucional en el Senado de la República.
2. A este respecto, compartimos el objetivo y el sentido del proyecto de ley de procurar “una solución política, con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran, desde hace más de un año, las personas, especialmente jóvenes, que han sido imputadas por supuestos delitos” causados en el marco de las protestas sociales del llamado “estallido social”, iniciado en octubre de 2019. Ello, fundado en un enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos, adecuado a las normas y doctrina del Derecho Internacional de Derechos Humanos.
3. La Directiva Nacional del Partido Progresista de Chile se ha reunido con representantes de los familiares y amigos de las y los presos de la revuelta social para conocer la realidad que les afecta. Asimismo, hemos escuchado las opiniones de respetados catedráticos, tales como Claudio Nash, Doctor en Derecho de la Universidad de Chile; de autoridades de incuestionable estatura ética como el sacerdote Felipe Berríos; y los pronunciamientos de reconocidos organismos humanitarios como Amnistía Internacional.
La evidencia muestra, como constata el proyecto de ley, que las imputaciones de hechos delictivos acaecieron en un marco excepcional desde el fin de la dictadura, caracterizado por graves y masivas violaciones a los derechos humanos; que un porcentaje significativo de las personas privadas de libertad son jóvenes vulnerados en sus derechos económicos, sociales y culturales; que se ha hecho uso y abuso de la prisión preventiva y otras medidas cautelares, manteniendo en esas condiciones a personas sin juicio y, por consiguiente, sin siquiera una sentencia de primera instancia.
Además, una parte importante de aquellas personas en prisión o con medidas cautelares se encuentran en esas circunstancias sobre la base del uso “indebido y desproporcionado”, como lo caracterizó Amnistía Internacional, de la aplicación de normas tales como la Ley de Seguridad Interior del Estado y la nueva Ley Nº 21.208, conocida como la “ley antibarricadas” de enero de 2020.
4. Comienza a nacer un nuevo Chile. En su génesis también participaron los jóvenes que hoy se encuentran privados de libertad. Con justa razón, la Convención Constitucional aprobó por más de dos tercios de los constituyentes un llamado a la liberación de las y los presos de la revuelta social, decisión que saludamos.
Este no es un problema puramente jurídico, sino que es también un desafío político: por la cristalización de este propósito también pasa la viabilidad de consolidar en Chile un nuevo pacto social democrático y un nuevo ciclo histórico de paz, fundada en la democracia y en la justicia. A conquistar ese propósito, las y los Progresistas continuaremos contribuyendo.
PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE
Santiago, 4 de agosto 2021.
Crónica Digital.
