Ministro de Obras Públicas fue el encargado de enumerar los ámbitos a los cuales el gobierno dirigirá sus cuestionamientos y que son principalmente los que ponen en cuestión el derecho de propiedad privado sobre las aguas. De paso, legisladores tomaron el acuerdo de recibir en audiencia solo a constitucionalistas expertos por tanto rechazaron una solicitud de la Sociedad Nacional de Agricultura para plantear sus puntos de vista ante la comisión. Un positivo paso para una expedita tramitación de la reforma del Código de Aguas dio este lunes la Comisión de Constitución del Senado, donde esta semana comenzó a revisarse el proyecto tras 9 años de tramitación. La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y por las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura de la Cámara Alta. La sesión se realizó por videoconferencia con la presencia de su presidente Alfonso de Urresti (PS) y Francisco Huenchumilla (DC), Felipe Harboe (PPD), Andrés Allamand (RN) y Víctor Pérez (UDI). Como invitado especial participó el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien entregó la visión del Ejecutivo sobre materias de constitucionalidad. Previo a la exposición del secretario de Estado, los legisladores acordaron solo remitirse a los aspectos relacionados con la Carta Fundamental, sin ampliar las audiencias a expertos que no sean constitucionalistas ya que esto podría retrasar la tramitación del proyecto. Respetaron, así, el acuerdo del pleno sobre los alcances de la revisión en dicha instancia. En base a esta decisión rechazaron la solicitud de la Sociedad Nacional de Agricultura para plantear sus puntos de vista como sector interesado ante la comisión. Batalla por la constitucionalidad El ministro de Obras Públicas fue el encargado de enunciar las materias que el gobierno intentará revertir en la comisión y que considera tienen problemas de constitucionalidad. En particular, todas están relacionadas con la visión del Ejecutivo a favor de mantener la propiedad privada perpetua sobre el agua. Fueron siete las materias abordadas. Un primer aspecto es la limitación que se establece en la reforma a la construcción de drenajes en humedales ubicados en las regiones de Aysén y Magallanes, que en opinión del Ejecutivo afectaría el derecho de propiedad de los dueños de tales terrenos. Además, cuestionó la facultad que se le entrega al Presidente de la República para constituir derechos aunque no exista disponibilidad, lo cual en su opinión afectaría los derechos de terceros. Esto, dijo el ministro, sería un tipo de expropiación inconstitucional. Apuntó asimismo a la figura que prohíbe el pago de indemnización, cuando se requiere una redistribución de las aguas producto de una declaración de sequía. Agregó a estos “problemas” que se declare caducidad de los derechos de aprovechamiento de aguas cuando no se inscriben en el Catastro Público de Aguas y que se limite el cambio de uso productivo, es decir, que si el derecho se otorga para cierto fin este no pueda ser modificado. Uno de los puntos más complejos de la discusión será la nueva figura de concesiones temporales de una duración máxima de 30 años, prorrogables si existe disponibilidad y protección de la fuente, para el caso de los nuevos derechos. Y el último, la extinción para los casos en que el caudal autorizado […]
Nacional
Unos cuatro mil presos por cometer delitos menos graves abandonaron en la última semana las cárceles de Chile, al conmutársele las penas por prisión domiciliaria a causa de la pandemia de Covid-19. Según las autoridades, esos reclusos representan el 10 por ciento de la población penal y seguirán cumpliendo sus condenas en sus casas bajo estricta vigilancia, gracias a iniciativas del Ministerio de Justicia y la Defensoría Penal Pública. En tanto, hasta el miércoles último mil 202 hombres y 179 mujeres pasaron a cumplir también condenas en sus domicilios, beneficiados por una ley de indultos conmutativos aprobada recientemente. La conmutación de penas fue una de las medidas aplicadas por el gobierno para paliar la crítica situación de hacinamiento y malas condiciones sanitarias reinante en las prisiones del país, que cuenta con una población penal de más de 42 mil personas, lo que podría convertirse en un foco de contagio de incalculables proporciones. Ese tipo de indulto favorece en especial a los grupos más vulnerables al contagio por Covid-19, integrados por mujeres embarazadas y/o con hijos menores de dos años, enfermos crónicos y personas de la tercera edad. Cifras oficiales indican que también por iguales motivos 108 menores han abandonado el internamiento provisional en las instalaciones del Servicio Nacional de Menores para cumplirlo en sus casas, mientras que otras mil 560 personas salieron de los penales optando por libertad condicional. La ley de indulto conmutativo fue puesta en vigor finalmente por el gobierno la pasada semana luego que su aprobación peligrara por la posición en contra de partidos de derecha que la consideraban discriminatoria por no incluir entre los beneficiados a los presos de la cárcel de Punta Peuco, en esta capital. Esos reclusos cumplen penas por delitos de lesa humanidad por crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), por lo que no cumplen los requisitos para recibir esos beneficios según lo previsto en la legislación internacional sobre el tema suscrita por el Estado de Chile. Además, quienes rechazan el indulto a esos represores advierten que, a diferencia del resto de las prisiones de Chile, en Punta Peuco no hay hacinamiento, los reos cuentan con excelentes condiciones que incluyen hasta áreas deportivas y agua fría y caliente las 24 horas y la posibilidad de recibir atención en los hospitales del ejército y de carabineros. Santiago de Chile, 24 de abril 2020 Crónica Digital/PL
La experta en migraciones y académica de la Universidad de Santiago, Daisy Margarit, señaló que el 21% de los hogares de extranjeros en Chile padecen hacinamiento. “Quedan en una posición de subordinación en el mercado de la vivienda”, criticó. Por su parte, el Director de la Escuela de Arquitectura de la Usach, Rodrigo Aguilar, advirtió: “Habrá que prever qué pasará cuando no sea posible disponer de espacios adecuados para mantenerlos a resguardo”. Decenas de ciudadanos haitianos que vivían en un cité en la comuna de Quilicura fueron trasladados a residencias sanitarias, a raíz de un brote de coronavirus registrado en el sector en el que habitan. Dentro del grupo, 33 personas dieron positivo en el examen de coronavirus. Para la experta en migraciones y académica del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Daisy Margarit, la situación deja al descubierto las malas condiciones de habitabilidad que padece la población migrante en Chile. “De acuerdo a la Encuesta Casen de 2017, el 21% de los hogares de migrantes presenta condiciones de hacinamiento. Para los nacidos en Chile, esta cifra es de solo un 5,8%. El 22,3% de los hogares en condiciones de hacinamiento de migrantes está en la Región Metropolitana”, detalló. Por otra parte, la especialista criticó las declaraciones del Intendente Felipe Guevara. El jefe regional señaló que “hay un entendimiento de lo que es la higiene, la salud, lo que es el cuidado de la salud, lo que es ser portador de un virus como este. Fue complejo hacerlos entender”. Para la trabajadora social y doctora en sociología, “el Intendente solo contribuye a los prejuicios. Se sitúa a los migrantes en una posición de subordinación a un mercado de la vivienda caracterizado por el avanzado deterioro y condiciones abusivas de arriendo”. El Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago, Rodrigo Aguilar, concordó en que la crisis sanitaria ha terminado evidenciando con mayor intensidad los problemas del diseño y planificación de Santiago. “Estos problemas están ligados a la inequidad socio-espacial, segregación urbana y hacinamiento que no han sido resueltos”, criticó el arquitecto. “Las condiciones de hacinamiento hacen casi imposible que se respeten las medidas de prevención”, insistió. “Será necesario prever qué pasará cuando no sea posible disponer de espacios adecuados, desde el punto de vista de la salubridad, para mantenerlos a resguardo. Quedan pendientes tareas de más largo aliento para solucionar estos problemas”, concluyó. Santiago de Chile, 24 de abril 2020 Crónica Digital/ usach.cl
En el contexto que la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) recurrió al Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional parte del proyecto aprobado en el Congreso, el senador Harboe afirma que presentará un escrito y que espera que el ministro de Economía defienda la norma que se aprobó. “Es francamente impresentable que la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) hayan presentado un requerimiento al Tribunal Constitucional en contra del proyecto de Fraude de Tarjetas”, así lo señaló el parlamentario por el PPD con disgusto. Complementó además que, “este proyecto se discutió con la presencia de la Asociación de Bancos, con la presencia del ministro de Economía, de la Comisión del Mercado Financiero, y más allá de algunos matices y diferencias que pudiéramos haber tenido, en general llama la atención que la ABIF presente el requerimiento, no sólo por una diferencia que tuvimos respecto de la culpa grave o dolo, sino que respecto al derecho de tener que pagar los fraudes que son objeto los clientes”. Al respecto, el representante por la región de Ñuble y Biobio explicó que “cuando un cliente contrata un contrato de cuenta corriente o cuenta RUT con un banco, tiene que pagar y ese pago implica que el banco se va a hacer cargo responsablemente de los fondos que esa persona tiene depositado, y que las medidas de seguridad que el banco adopta, son las adecuadas para dar seguridad a las transacciones”, añadiendo además que “hemos visto en el último tiempo que eso no ocurre” En el mismo sentido, Harboe advirtió que “la inversión en ciberseguridad de la banca, sigue siendo por debajo del promedio de la banca internacional y por tanto, ahora no encontraron nada mejor que crear seguros; es decir, el cliente tiene que contratar un seguro, bajo su costo, para cubrir eventuales fraudes producidos por falta de inversión de los bancos, el mejor de los negocios”. Finalmente, el congresista declaró que “los bancos no han entendido nada de nada y lamento profundamente que esto haya ocurrido. Nosotros vamos a presentar un escrito haciendo presente que esto es inaceptable y espero que el ministro de Economía tenga la valentía suficiente para poder ir a defender al tribunal constitucional la norma que se aprobó en el Congreso. Sino, quiere decir que es otra sucursal de la banca». Santiago de Chile, 24 de abril 2020 Crónica Digital
Tras conocerse el convenio firmado entre el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), para entrega de información sobre niños, niñas, jóvenes y adolescentes que son parte de este servicio, los diputados que integran la Comisión de Familia, de la Cámara, resolvieron citar a autoridades que estén relacionadas con el convenio. Los legisladores de la citada comisión, concordaron que esta unidad de inteligencia agudiza la estigmatización y criminalización de quienes son parte de los programas del Sename. De ahí que el acuerdo de citar a las autoridades involucradas se concretó en la última sesión de la Comisión del 21 de abril del presente mes. Para el presidente de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, diputado Luis Rocafull López, la situación es compleja y declara que ”no sabemos cuál es su razón. Por eso citamos para el próximo miércoles 29 de abril a la Directora del Sename, Susana Tonda; al Ministro de Justicia, Hernán Larraín y al Director de la ANI, Gustavo Jordán, para que nos den información respecto a la motivación de este convenio», que a su juicio, «sería un retroceso para nuestro país, frente a los convenios internacionales vigentes que tiene Chile sobre la protección de niños, niñas y jóvenes». Según afirmó el legislador PS, «el rol del Estado es proteger la Convención de los Derechos del Niño y tiene deberes inherentes como es, “la protección de derechos, de la privacidad y la NO estigmatización y criminalización de los niños, niñas y adolescentes”, afirmó. El parlamentario por la Región de Arica y Parinacota, ingresó el 2 de abril del presente año, un oficio de fiscalización a la Directora Nacional del Sename, Susana Tonda, para conocer el número de niños, niñas, jóvenes y adolescentes que se encuentran internados en residencias del Servicio Nacional de Menores y de sus organismos colaboradores, disgregados por región e individualizando las residencias. El objetivo de este oficio es comprobar si efectivamente se han adoptado las medidas especiales de cuidado, protección, prevención y resguardo de los niños, niñas y adolescentes que viven en residencias del Sename y de sus organismos colaboradores, y de los funcionarios que los atienden en este contexto de pandemia. Además, el diputado Rocafull reiteró que ”efectivamente, ayer (miércoles), insistí en la Comisión de Familia, sobre los protocolos y la situación de las diferentes residencias en Chile, principalmente la de Arica, respecto a los niños, niñas y jóvenes que tendrían Covid 19 y están hoy día en el Sename, ya que el oficio aún no ha tenido respuesta”, concluyó el legislador PS. Santiago de Chile, 24 de abril 2020 Crónica Digital
“Que se suspenda el corte y pago de suministros y que por tanto, las deudas se puedan prorratear, de forma de afrontar la baja de ingresos de millones de chilenos durante esta pandemia, es lo que solicitamos a través de dos Proyectos de Ley que ingresamos al Senado, lo que finalmente se aprobó en la Comisión de Economía”, señaló Navarro. De acuerdo al líder del Foladh, “pese a que nuestro Proyecto buscaba postergar el pago de servicios básicos como luz, agua y gas, por un periodo de seis meses, creemos que los tres meses que se aprobaron en Economía darán un alivio a miles familias que por las medidas de aislamiento y la falta de ingresos en muchos hogares, no podrán ir a pagar las cuentas”. “Pues hemos visto el abismal número de despidos en las últimas semanas, con miles de trabajadores perdiendo su fuente laboral y con decenas de empresas acogiéndose a la Ley de Protección del Empleo, con lo que los mismos trabajadores se deben costear la merma en sus ingresos usando su seguro de cesantía”, recordó molesto el defensor de los DDHH. Navarro anunció que, “de todas formas, ingresaré una indicación para cambiar lo aprobado respecto a los servicios sanitarios, pues el texto que pasó a la Sala establece como requisito adicional acreditar un consumo igual o inferior a 12 mt3 de agua, que sería el equivalente al consumo promedio de un grupo familiar de 3 personas, pero es de saber general que el consumo promedio de una familia llega a los 15 mt3, por lo que esto debe ser corregido”. “Asimismo”, continuó, “se aprobó que los usuarios podrán acceder al Plan Básico Solidario de Conectividad de manera gratuita por 90 días y que las deudas generadas por esta suspensión del pago de servicios, podrán ser pagadas en hasta 12 cuotas sin multas ni intereses adicionales”. “Pues es claro que las empresas deben entender. Ganan miles de millones cada año gracias al pago de cuentas de sus clientes. Es hora que devuelvan un poco la mano y comprendan que estamos ante una pandemia, con millones de chilenos y chilenas cuya situación económica ha empeorado, por lo que es tiempo de ayudar y ser solidarios”, afirmó Navarro. El senador por la Región del Biobío finalizó señalando que, “existe unanimidad en el Senado para aprobar esta ley. Creo que todos entienden que la gente no tiene cómo pagar sus cuentas, pues deben concentrar los pocos recursos que tienen en protegerse, alimentarse y salvar su vida, por lo que espero que los senadores de Gobierno y oposición así lo confirmen en la próxima sesión de Sala y nuestro proyecto para suspender el pago de servicios se apruebe y pueda ser ley lo mas pronto posible. Chile lo necesita”. Santiago de Chile, 24 de abril 2020 Crónica Digital
El director del Centro de Diagnóstico y Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, Rodrigo Cruz, sostiene que esta situación se irá verificando en la medida en que el coronavirus penetre entre la gente de mayor riesgo y afecte -en particular- a los adultos mayores. “A medida que la pandemia penetre en los grupos de mayor riesgo su letalidad aumentará y eso, lamentablemente, va a pasar en Chile sí o sí», afirma el director del Centro de Diagnóstico y Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, Rodrigo Cruz. El especialista argumenta que hasta ahora los contagios en el país se han concentrado en la población más joven, entre los 25 y los 39 años, lo que en su opinión ha contribuido a que a nivel nacional la tasa de mortalidad del virus causante de Covid-19 sea notoriamente más baja de la que exhiben otros países, aunque ésta ha ido creciendo paulatinamente. En efecto, a la fecha, de los 11.296 contagiados con coronavirus que han sido registrados entre Arica y Magallanes, 160 han muerto, lo que corresponde al 1,4% del total. Sin embargo, al observar la evolución de los datos, el doctor Cruz advierte que la letalidad del virus SARS-CoV-2 en Chile ha ido aumentando lenta pero sostenidamente en las últimas semanas en el país (el 1 de abril era de 0,53%; el día 10 del ese mismo mes subió a 1 y hoy es de 1,42). «Aquí la pandemia, hasta el momento, se ha centrado principalmente en la población joven, que es la que menos se muere. Pero a medida que vaya penetrando y afectando a grupos de mayor riesgo, a gente de mayor edad, la letalidad va a ir aumentando. Eso va a pasar en Chile: la letalidad va a aumentar sí o sí, como parte de un comportamiento esperable para un virus altamente contagioso como éste» asegura el médico infectólogo de la Universidad de Valparaíso. En otros países, donde la epidemia ha golpeado con fuerza, la letalidad se disparó. En Italia llega a 13,4; en España, a 10,42; en Francia es de 17,73; en Estados Unidos, de 5,46; y en China, de 5,53. Chile está más cerca de los países que se considera que han controlado bien la pandemia, como como Corea del Sur (2,23), Japón (1,62) y Alemania (3,35). Factores de contención Según Cruz, hay otros dos factores que también ha influido para bien en la contención de la pandemia en el país. “El primero guarda relación con el hecho de que los primeros contagios se dieron -y durante un buen tiempo- en los grupos socioeconómicos altos, que corresponden -por lo general- a gente más sana y que suele vivir en situación de menor confinamiento espacial. El problema es que al perderse la trazabilidad, el virus ha ido entrando de a poco en otras comunas y en grupos más vulnerables y desvalidos», precisa el médico infectólogo. El segundo está dado por las condiciones que presenta el sistema de salud. «Hasta el momento no […]
Aunque las autoridades de Chile parecen cada vez más proclives a una nueva normalidad que implicaría el reinicio de clases y actividades laborales, tres nuevas comunas de esta capital entraron en cuarentena total. Estas son las municipalidades de Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y parte de la de Independencia, con alrededor de 300 mil habitantes, las cuales se suman a otros territorios a causa del aumento de casos de Covid-19. La medida, que entró ayer en vigor a partir de las 22:00 hora local, cuando comience el toque de queda establecido nacionalmente, fue informada desde el martes luego de una reunión del comité de emergencia Covid-19 encabezado por el presidente Sebastián Piñera en el palacio de La Moneda. Ello motivó que a pesar de los permanentes llamados a la población a mantener el distanciamiento físico y otras restricciones para evitar el contagio, miles de personas abarrotaron ferias, tiendas y supermercados desde el momento en que se conoció la medida, para adquirir alimentos, artículos de aseo u otras provisiones. La cuarentena se prolongará en principio por siete días, pero también seguirán desde este jueves bajo esa medida en esta capital parte de las municipalidades de Santiago Centro y Ñuñoa, en su cuarta semana, y de Puente Alto, San Bernardo y El Bosque, mientras en el resto del país continúan también las ciudades de Arica, Temuco, Osorno y Punta Arenas. En contraste con esta disposición extrema, las autoridades se muestran cada vez más inclinadas a promover lo que se ha denominado «Nueva Normalidad» alegando que ante las previsiones de una larga permanencia de la pandemia, las personas deben retomar la vida aunque supuestamente bajo reglas estrictas de higiene y distanciamiento. Como parte de esa nueva normalidad, ya el presidente Sebastián Piñera ordenó a los ministros la vuelta al trabajo de los empleados públicos, medida que debió empezar el lunes último pero que hasta ahora el gobierno no ha explicado cómo ha ido su implementación, aunque la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales llamó a sus afiliados a no acatarla. Asimismo Piñera anunció para principios de mayo el reinicio de las clases -suspendidas desde madiados de marzo-, lo que también ha generado numerosas objeciones, sobre todo de los gremios docentes, que alertan del peligro que ello representa para la expansión de la Covid-19 cuando para esa fecha el pico de la pandemia deberá estar en su apogeo. Incluso se habla de la reapertura de los grandes centros comerciales, idea que impulsan organizaciones empresariales, aunque desde el gobierno al parecer todavía no hay total convencimiento e incluso el ministro de Economía, Lucas Palacios, llamo a tener la mayor cautela para dar ese paso. Asimismo sectores políticos y académicos advierten que con esa «nueva normalidad» el gobierno de a la población una falsa señal de mejoría, que a la larga pudiera revertirse en una agudización de la pandemia, en un momento peligroso por la cercanía del invierno, cuando se disparan cada año los casos de influenza y otras enfermedades respiratorias. Santiago de Chile, 24 de abril 2020 Crónica […]
La diputada Mapuche, Emilia Nuyado, manifestó su preocupación luego de que saliera a la luz la utilización de militares «boinas Negras» en la zona de Arauco-Malleco presuntamente usados para el control del orden en esa provincia. A juicio de la diputada «es un enorme riesgo destinar personal militar especializado para controlar el orden. Esto puede llevar a una mayor confrontación con la gente de la zona y podría incluso costar la vida a civiles» «Ya en el pasado tenemos una mala experiencia con la instauración de fuerzas militarizadas en territorio mapuche. No podemos olvidar el asesinato del weichafe, Camilo Catrillanca, por parte de Carabineros. No vamos aceptar que se use la emergencia sanitaria para que se reprima aún más a nuestro pueblo y se instale un nuevo «comando jungla», dijo la parlamentaria. Sobre este mismo punto, la diputada que encabeza la Comisión de DD.HH., de la Cámara, anunció que «exigirán al Gobierno, al ministro del Interior y de Defensa, explicar esta situación de manera formal. El uso de estos soldados especializados requiere a nuestro juicio de la mayor supervisión posible. No queremos más muertes de mapuches», concluyó la diputada Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 22 de abriul 2020 Crónica Digital
El parlamentario del PS y miembro de la comisión de Educación de la Cámara dió a conocer esta iniciativa en que se reemplaza la evaluación formal por una centrada en aspectos cualitativos que consideran la retroalimentación del aprendizaje, la autoevaluación y la salud mental de los alumnos y alumnas. El diputado Juan Santana en representación de la Bancada del Partido Socialista presentó un proyecto de ley para «eliminar las notas este año escolar tanto para la educación básica y media», a raíz de lo que ha significado el coronavirus en el país. Al respecto, Santana indicó que“estamos pensando en la salud mental de las y los estudiantes. No existe ninguna condición para que éstos sean evaluados cuantitativamente y a partir delos mismos criterios que se hace tradicionalmente, es decir, a través de una escala de notas del 1 al 7”. Además, el parlamentario miembro dela comisión de Educación indicó que “este tipo de evaluación durante este año debe ser eliminada y debe ser extrapolada hacia una evaluación formativa, que reconozca la retro alimentación y la auto educación de las y los estudiantes que abogue por la salud mental de las familias de nuestro país”. Finalmente, el subjefe de bancada indicó que “presentamos este proyecto junto a parlamentarias y parlamentarios del PS frente a los anuncios irresponsables del ministro de Educación, RaúlFigueroa, respecto al retorno a clases y porque esperamos también de que el ministerio entienda de que este año es distinto y considerando que ha sido el propio gobierno el que ingresó durante este año un decreto que faculta a los distintos establecimientos educacionales a llevar evaluaciones que tienen que ver con los aspectos cualitativos que son las evaluaciones que propone este texto”. Santiago de Chile, 22 de abril 2020 Crónica Digital
