Nacional

Corfo fue notificada de la “prohibición de celebrar actos y contratos respecto del litio”, resolución fue dictada por el Ministro Alejandro Madrid, como medida cautelar solicitada en la Acción Constitucional de Nulidad de Derecho, del contrato entre Corfo y SQM, suscrito 17 de enero 2018, que entrega la mayor parte de las reservas de litio del Salar de Atacama, a la cuestionada empresa SQM. La acción fue presentada por las diputadas, Claudia Mix (Poder), Gael Yeomans (Izquierda Libertaria), Camila Rojas (Izquierda Autónoma) y el Partido Poder Ciudadano, representado por su presidenta Karina Oliva, y que patrocinada por los abogados Julián Alcayaga e Inti Salamanca. Esta acción de nulidad de derecho público, del contrato Corfo-SQM, se fundamenta en el hecho que dicho contrato infringe el inciso décimo del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República,  los artículos 5° y 6° del DL 2.886 de 1979; el artículo N° 3 de la Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras; y los artículos 7 y 8 del Código de Minería, normas que establecen que el litio no es concesible, y que solo puede ser explotada por el Estado, o mediante concesiones administrativas o contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo. Importantes consecuencias En aplicación de la medida cautelar, Corfo no podrá  licitar este año, como lo tenía programado, la adjudicación de la cuota de litio para su industrialización, ni podrá crear el Centro de Transición Energética para el desarrollo del litio, ni ningún otro acto que tenga relación con el litio. Adicionalmente, el ingreso de Tianqi a SQM queda en la cuerda floja, porque si el recurso es finalmente aceptado por la justicia, SQM ya no podrá explotar el litio del Salar de Atacama, lo que reduce considerablemente el valor de SQM, cuyo valor actual, sin el litio, se reduce a una mínima expresión. Contexto Como es sabido y pese al escándalo provocado al conocerse que SQM había pagado coimas a un amplio espectro de la clase política, la CORFO otorgó –el 17 de enero de 2018- la mayor parte de las reservas de litio chileno del Salar de Atacama, a la cuestionada empresa SQM, a la que Corfo le otorga un aumento de la cuota de extracción de 349.553 toneladas de litio metálico equivalente (LME) hasta fines del año  2030, triplicándose la cantidad permitida por contratos previos, además, en casi todo el Salar, le otorga derechos de aprovechamiento de aguas; se obliga a no permitir la exploración y explotación minera a otras empresas, y no permite que el Presidente de la República pueda licitar la explotación del litio. Todo lo cual es inconstitucional e ilegal. En 1940, el artículo 6° de la Ley 6.482, reservó al Estado los yacimientos que contuvieran fosfatos y sales potásicas, y no permitía que algún particular pudiera constituir pertenencias mineras de ningún tipo en dichos yacimientos. El Salar de Atacama era el principal de esos […]

A pocos días de que la Corte Internacional de Justicia en La Haya dé un fallo por el caso limítrofe entre Chile y Bolivia, el Presidente de la República, Sebastián Piñera convocó en el Palacio de La Moneda a una reunión con los que dirigen ambas cámaras del Congreso Nacional, a parlamentarios integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores y a presidentes de partidos políticos. El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier sostuvo luego de la reunión, que el mandatario “buscaba tener el apoyo suficiente del amplio abanico político para establecer una política de Estado frente al inminente fallo que se va a producir en los próximos días, sobre el diferendo de Chile y La Haya”. Guillermo Teillier  manifestó que en la conversación, se planteó casi unánimemente que no existe la posibilidad de que se obligue a Chile a variar sus límites o a entregar territorio, “porque eso quedó descartado, y por lo tanto lo que queda pendiente es la petición de Bolivia de que La Haya le diga a Chile que debe sentarse a dialogar de buena fe y que se lo diga a ambos países”. En la reunión con los distintos parlamentarios y timoneles de todos los partidos, Sebastián Piñera preguntó si Chile debía retirarse del Pacto de Bogotá, esto luego de que hayan surgido opiniones sobre la salida de nuestro país del acuerdo. El presidente del PC, expresó que “la opinión mayoritaria y la nuestra también, es que Chile no debe retirarse del Pacto, sino que Chile debe mantenerse como un país respetuoso del multilateralismo y de todos los acuerdos internacionales que ha suscrito o de los cuales forma parte”. Profundizó en su opinión y destacó que cree se debe tener una política de Estado y que hay que esperar el fallo, “no podemos adelantarnos a dar una opinión, que lo más probable es que sea un fallo que le dé la posibilidad a ambos países de decir que triunfaron», señaló el timonel del PC y añadió que la opinión de la tienda es que si se determina el diálogo, triunfará el país «que mayor prontitud y de manera más pertinente haga propuestas para tratar de avanzar en soluciones”. Junto con esto, Guillermo Teillier afirmó que se puede avanzar a través de fórmulas, para estrechar relaciones con Bolivia. “No estamos hablando de ceder territorio con soberanía, pero ha habido muchas veces propuestas chilenas que han sido rechazadas por Bolivia para buscar una solución. Nosotros creemos que lo mejor para ambos países es que se dialogue, que se busque una solución, que se tenga en cuenta que las relaciones entre nuestros pueblos, por ejemplo en Arica, en los lugares limítrofes es de un intercambio muy intenso, cultural, social”, destacó. El diputado Teillier además agregó que existen muchos estudiantes chilenos en Bolivia y bolivianos estudiando en Chile, lo mismo pasa con los trabajadores, “es un intercambio constante y permanente que podría extenderse a todas las relaciones y que además podría incrementar incluso entre nuestras naciones, lo que sería muy productivo”, indicó. Finalmente y a modo de síntesis de […]

Se intensifican las críticas desde las bancadas de la oposición al proyecto de ley que moderniza la legislación tributaria que actualmente se discute en el Congreso Nacional. En ese marco es que la oposición ingresó una solicitud formal de información adicional al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para que dé cuenta de los efectos sistémicos que generaría la iniciativa presentada por el gobierno de Sebastián Piñera. El jefe de la bancada PC-Progresistas, diputado Daniel Núñez, aseguró que la integración tributaria contemplada en la reforma beneficiará directamente al 1% de los más ricos del país, incluido el propio Sebastián Piñera. “Son los multimillonarios, lo que tienen las grandes empresas los que se benefician con la integración (…) Quiero ser muy claro, esta teórica reforma tributaria o modernización tributaria de Piñera se hace en un conflicto de interés brutal. Le quiero preguntar al ministro Larraín cuántas de las reformas que estamos haciendo benefician directamente a Piñera y su familia”, sostuvo el parlamentario. El diputado Núñez expuso uno de los elementos cuestionados en la reforma, como el cambio al sistema impositivo de las herencias. “Esto está hecho para aquella gente que quiere  darle herencia de vida a los nietos o a los hijos y eludir el pago de impuestos, tengan más posibilidades de hacerlo. Eso solo lo hacen quienes tienen grandes patrimonios, o patrimonios por sobre los 500 millones de pesos. Acá hay muchas cosas ocultas y que no están claras”, detalló. El jefe de la bancada PC-Progresistas agregó que “como oposición queremos pedir información transparente, veraz, certera y esta es la primera acción que estamos coordinando en un marco de posiciones que vamos a ir coordinando en un debate que nos permita mantenernos unidos, especialmente cuando empezamos a hablar de la ley de Presupuesto. Hay reducciones presupuestarias y demandas sociales altamente significativas y nos dicen que en la práctica, con esta modernización de Piñera, el Estado va a tener menos ingresos. Cómo vamos a aprobar una reforma que rebaje los ingresos al estado y al mismo tiempo tener que asumir las demandas ciudadanas que piden mayor gasto público”. Santiago de Chile, 25 de septiembre 2018 Crónica Digital

La Presidenta de la Comisión de Educación, Cristina Girardi (PPD),  y los miembros de dicha instancia, Camila Vallejo (PC) y Juan Santana (PS), se refirieron al ingreso en el Parlamento del proyecto de ley denominado “Aula Segura”, que busca aumentar las facultades a las autoridades para sancionar a los alumnos que realicen daños dentro de los establecimientos educacionales. “En primer lugar, el proyecto del  gobierno “Aula Segura” es expulsión inmediata y eso ya existe en nuestra legislación. Siempre ha existido la facultad del director de echar a  un alumno del colegio. No sé en qué innova el proyecto. Y en segundo lugar, hay que reflexionar un poco más en profundidad que existiendo esa facultad el problema no está resuelto y hay cada vez más violencia en las escuelas. Si vamos a enfrentar el problema con más de lo mismo cuando lo hemos tenido toda la vida, no sé cuál es la innovación desde el punto de vista educativo de esta iniciativa del gobierno”, señaló la diputada Girardi. La parlamentaria agregó que “creemos que parte de la solución es educar en la no violencia. Ese es el sentido. Nosotros  proponemos un proyecto que busca hacerse cargo del problema de la violencia y no solamente deshacerse  de aquellos supuestamente violentos. La sociedad que uno tiene es el reflejo de la educación que uno hace. Si tenemos una sociedad violenta es que estamos educando en forma violenta y lo que tenemos que cambiar la forma de la educación y no eliminar personas”. De la misma forma, la diputada comunista Camila Vallejo señaló que «no solamente este proyecto es inútil porque ya existe, sino porque existiendo y aplicándose no ha servido para disminuir la violencia que, además, es de múltiples formas. No solamente la que contempla de manera reduccionista y limitada este proyecto de Aula Segura sino que se expresa entre estudiantes, de estudiantes a profesores, de profesores a estudiantes, de apoderados a profesores, es física, psicológica, sexual”. “Lo que tenemos que hacer no es chutear el problema de un colegio a otro que es lo que hace el proyecto de Aula Segura sino que realmente hacernos cargo. La forma que hemos propuesto y hemos trabajado los diputados acá presentes de oposición en conjunto con los representantes de las comunidades escolares es que se tienen que actualizar todos los manuales de convivencia, todos los reglamentos internos, de manera obligatoria con el conjunto de la comunidad para tratar estos temas y las formas de enfrentarlo. Obviamente con sanciones, pero también con medidas correctivas pedagógicas para no solamente castigar sino que prevenir futuros hechos de violencia”, aseguró la diputada Vallejo. La legisladora llamó a la ministra de Educación a patrocinar “el proyecto que hemos venido trabajando hace tiempo, y si quiere le presente indicaciones para mejorarlo». Por su parte, el diputado Juan Santana (PS) indicó que “existe una desprolijidad e irresponsabilidad por parte del ministro Blumel y le pedimos que haga su pega y esta no es otra, que informarle a la ministra de Educación que hoy […]

Compromiso con el acatamiento de la sentencia de Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas respecto a la demanda de Bolivia sobre la obligación de negociar, con la permanencia en el Pacto de Bogotá y con una nueva etapa en las relaciones políticas con Bolivia. A la espera de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas respecto a la demanda del Estado Plurinacional de Bolivia contra el Estado de Chile sobre la obligación de negociar, los partidos políticos chilenos abajo firmantes comprometemos públicamente nuestra voluntad para aceptar y respetar la sentencia que emita este tribunal. Durante más de cien años Chile ha impulsado la construcción de una arquitectura multilateral que permita el diálogo, la cooperación y la solución pacífica de las controversias, tanto en el mundo como en la región latinoamericana. El fortalecimiento del derecho internacional y la creación de los instrumentos necesarios para asegurar la concordia, sobre todo entre países vecinos, constituyen objetivos permanentes de la política exterior chilena. Por esta razón consideramos necesario permanecer en el Pacto de Bogotá -Tratado Americano de Soluciones Pacíficas-, tratado que ha sido parte de la política regional de Chile desde 1948, puesto que dicha participación no depende del resultado en una causa u otra, sino que del convencimiento de lo necesario del multilateralismo y acerca de la forma en que debe ser resuelto cualquier posible divergencia o conflicto, puesto que la profundización y liderazgo de Chile en instancias multilaterales se hace aún más relevante en el contexto actual. Nuestros pueblos enfrentan dificultades económicas y sociales que demandan un esfuerzo mancomunado para su solución, en el marco de diseños e iniciativas favorables a la prosperidad común. Ello hace más urgente acordar perspectivas estratégicas basadas en un modelo realista de integración, que tomando en cuenta las condiciones e intereses existentes entre los Pueblos involucrados sea capaz de avizorar un futuro común, lejos de un juego de suma cero que no favorece a ninguna de las partes. Sea cual sea el resultado del fallo de la CIJ, es urgente ir más allá, avanzar en el establecimiento de confianzas mutuas y la reposición de las relaciones con Bolivia. De lo contrario, ambos países seguiremos perdiendo oportunidades de desarrollo que beneficien el interés de los pueblos. Convencidos de que este es el camino justo; que durante la etapa de excepciones preliminares la Corte ha resuelto que no le corresponde determinar el resultado de una eventual negociación; y que el Tratado de 1904 está plenamente vigente y ha sido plenamente respetado por el Estado Chileno, hacemos un llamado a la ciudadanía para asumir con tranquilidad la decisión del más alto tribunal internacional; al Gobierno para que respete y acate la sentencia, y mantenga así el consenso histórico en favor del multilateralismo que ha tenido Chile en su política de Estado sobre este tema; así como al conjunto de la sociedad chilena para abrir una nueva y fructífera etapa en las relaciones con la nación hermanade Bolivia, transformando el término de este proceso en la […]

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envió una alerta urgente a las autoridades responsables del cumplimiento de seis convenios internacionales ratificados por el Estado chileno. En ella les solicita que realicen visitas de asesoramiento a la región de Magallanes, donde la expansión de la industria salmonera está causando graves daños ambientales, y que exhorten al gobierno a la adopción de medidas adecuadas para frenar esos daños. “Son tratados que fueron suscritos y ratificados por Chile para proteger su riqueza natural, incluidas las especies endémicas que Magallanes alberga”, dijo Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. “Al no disponer las medidas necesarias para evitar que la producción industrial de salmón dañe los entornos marinos del país, el gobierno está vulnerando estos convenios”. La alerta fue enviada a las autoridades a cargo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, la Comisión Ballenera Internacional, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Tratado Antártico. También se informó de la situación a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS). La región de Magallanes es hogar de muchas especies protegidas como la ballena azul, el cachalote, el pingüino de Magallanes, la foca elefante, la tortuga laúd, el delfín austral y el delfín chileno, entre otras. Además, es una zona remota y prístina, escasamente estudiada, por lo que no es posible saber las consecuencias de los daños actuales y potenciales que se están infringiendo. En el documento se detallan los principales daños causados por las granjas de salmón instaladas en Magallanes. Entre ellos están la contaminación del fondo marino con grandes cantidades de desechos provenientes de las heces de los peces y de los químicos usados en su cultivo y la saturación de las aguas con más peces de los que pueden soportar, lo que genera zonas sin oxígeno, donde la vida marina no puede prosperar. “Más de la mitad de las granjas que operan en Magallanes están causando la falta total o parcial de oxígeno”, señaló Ortúzar. “Ello evidencia que las concesiones de salmonicultura se están otorgando sin el respaldo científico que garantice que no causarán daños ambientales”. Otro gran problema planteado en la alerta es el excesivo uso de antibióticos en el cultivo de salmón en Chile, más alto que en cualquier otro país productor de salmón. Dicho uso desmedido provoca resistencia antimicrobiana, problema que ha sido reconocido por la OMS como una amenaza grave para la salud pública mundial. En la alerta, AIDA solicita que las autoridades internacionales, entre otras acciones, brinden apoyo al Estado chileno para investigar los impactos reales y potenciales de la industria salmonera en la Patagonia, le recuerden sus obligaciones bajo los tratados, investiguen los daños descritos y, cuando corresponda, requieran la aplicación de sanciones y la suspensión o cancelación de concesiones de salmonicultura en […]

El Partido Radical anunció que integrará mesa de coordinación con el PS y PPD  cuya matriz nace a partir de la participación de los tres partidos en la Internacional Socialista (IS). Así lo expresaron en la víspera los presidentes del PS Álvaro Elizalde y PPD Heraldo Muñoz, quienes señalaron al término de su reunión conjunta, que se trata de una coordinación entre los tres partidos chilenos miembros de la Internacional Socialista, y que busca ser “un espacio de convergencia que no es excluyente de otras iniciativas, porque el desafío es trabajar por la unidad de todos los progresistas y este es un paso más para contribuir en los cambios que todo Chile necesita”. En ese marco el Presidente del PR, Carlos Maldonado afirmó que como partido, se suman a esta convergencia “con la mejor disposición” y confirmó que esto se había venido conversando, y que se sumarán “a esta iniciativa de caminar juntos con partidos que compartimos, en lo básico, un mismo ideario”. “Podemos construir juntos una base conceptual de propuestas para el país, que puede servir luego para el gran arco de convergencia progresista que creemos el país necesita. Chile tiene graves problemas de desigualdad de ingreso, tiene problemas importantes en sus sistemas sociales básicos como salud, educación y pensiones. Es un país que requiere más solidaridad en esos sistemas, un rol más activo del Estado en esos sistemas, y en el combate a los abusos, en regular el mercado, igualar las oportunidades, etc., y creo que, para esos temas, son las respuestas que se pueden encontrar desde la mirada del socialismo democrático o socialdemocracia, que es la ideología que une a estos tres partidos”, afirmó. Maldonado estableció también que el hecho de establecer esta coordinación política se suma a las que previamente ya se habían acordado con otras fuerzas políticas, como la Democracia Cristiana “que también representa una mirada importante, un progresismo de raíz cristiana, y seguiremos conversando con ellos permanentemente. Nosotros esperamos como PR ser un factor facilitador de las coordinaciones del progresismo en Chile. Otra cosa son las articulaciones mayores que se vayan logrando para enfrentar desafíos de futuro. Todo suma y hay que ir paso a paso para lograr un articulación lo más amplia posible”. “Esta es una realidad progresiva. Una cosa es que nos articulemos como oposición para -por ejemplo- tener una posición común frente a la Reforma Tributaria, y otra es ir pensando el futuro, posibles acuerdos electorales y otros, de carácter político estratégico. Debemos alcanzar acuerdos amplios pero también sólidos, sobre la base de contenidos y principios, como un rol activo del Estado para evitar los abusos, regular el mercado, emparejar la cancha, con un sistema de pensiones solidario, mejor educación y salud. También sobre principios, como el respeto universal a los DDHH, en todo tiempo y lugar, porque la sociedad chilena está exigiendo que haya consistencia y coherencia en la defensa de los DDHH, sobre todo después de la experiencia traumática que como país tuvimos. Ahí no hay lugar para medias […]

La Fiscalía Nacional de Chile mantiene bajo investigación a cerca de 119 denuncias por abusos sexuales contra sacerdotes de la Iglesia católica, un tema que generó numerosas críticas a la congregación. Entre las notas más reciente estuvo el pedido de «perdón misecordioso» del arzobispo de Santiago, el cardenal italiano Ricardo Ezzati, a quien incluso algunos parlamentarios le quieren retirar la ciudadanía chilena otorgada por gracia. Ezzati no pudo oficiar, como de costumbre, el Te Deum por las Fiestas Patrias que se realiza cada año el 18 de septiembre, ante una citación de la justicia como presunto encubridor de las trasgresiones de los prelados a menores. Su declaración ante la Fiscalía regional de O’Higgins quedó pendiente y aunque su figura ha sido incluso objeto de actos de repudio, intenta reivindicar su imagen. «(…) los miembros de la Iglesia necesitamos de este espacio espiritual donde implorar el perdón misericordioso de Dios por nuestras culpas y su indulgencia por los abusos y delitos más graves cometidos por algunos hermanos y hermanas de nuestra comunidad’, expresó en una homilía. El Ministerio Público, a propósito de los acontecimientos durante los últimos meses, recordó que 229 religiosos católicos, entre ellos ocho obispos, fueron investigados en los últimos 18 años debido a 272 denuncias por delitos sexuales. La fuente indicó que dentro del proceso que comenzó en enero del año 2000, hay 126 sacerdotes aún sujetos a pesquisas. Los obispos investigados por cometer delitos o encubrir a los responsables son el mencionado Ezzati, Alejandro Goic (emérito de Rancagua), Carlos Pellegrin (Chillán), Cristian Contreras (San Felipe), Juan Barros (Osorno) y Marco Ã’rdenes (Iquique). Además, Luis Infanti (vicario apostólico de Aysén) y Francisco Cox (exarzobispo de La Serena). El pasado 21 de septiembre, el papa Francisco aceptó otras dos renuncias de obispos chilenos ante los escándalos de abusos sexuales que sacuden a la sociedad. Sin mencionar razones específicas, la Santa Sede informó que los obispos de San Bartolomé de Chillán, Carlos Eduardo Pellegrín Barrera, y de San Felipe, Cristian Enrique Contreras Molina, dejaron sus cargos. Con la decisión de la máxima figura del Vaticano, la cifra se eleva a siete de los obispos que han dimitido, para muchos feligreses insuficiente dados los numerosos expedientes contra sacerdotes involucrados en trasgresiones sexuales. Hace dos semanas, se conoció de la expulsión de un sacerdote de la congregación Hermanos Maristas por orden directa del Vaticano, decretada por Francisco. Su Santidad decretó de forma inapelable ‘la dimisión del estado clerical’, así como la ‘dispensa de todas las obligaciones unidas a la sagrada ordenación’ del padre Cristián Precht. Santiago de Chile, 25 de septiembre 2018 Crónica Digital /PL