El presidente del MAS, senador Alejandro Navarro, pidió que “además del estudio de dotación y distribución del personal dispuesto en las cárceles de Punta Peuco y Cordillera, desarrollado por Gendarmería, también se exponga prontamente el informe de funcionamiento de ambos penales, solicitado por el Presidente Piñera a la Ministra de Justicia, Patricia Pérez”, esto con el fin de que, según Navarro, “se evalúe adecuadamente y se avance con premura, y de primer paso, en cerrar el penal Cordillera y se trasladen a los 10 violadores de derechos humanos al penal Punta Peuco”.
Para Navarro, “que hayan más de 30 funcionarios cuidando a una decena de internos, como es el penal Cordillera en donde, además, según un estudio de la Universidad de Chile, el Estado gasta 5 veces más que en una cárcel común; y si comparamos con el penal de Punta Peuco se gasta 3 veces más, en total resulta inaceptable e incomprensible que existan estos dos penales paralelamente”.
Por lo que en la discusión de Presupuesto 2014 que se discute en el Senado, Navarro ratificó: “¡No voy a aceptar! No voy a votar a favor de un presupuesto que considere un privilegio de mantener, al menos, el penal Cordillera al costo económico que hoy día resulta: unos 49 millones 835 mil 393 pesos al año; y al costo moral de mantener a violadores de derechos humanos en este hotel de lujo, que no es cárcel”.
De acuerdo al senador del MAS, “las condiciones políticas del país permiten cerrar el penal Cordillera. Son cárceles construidas en una condición muy especial de la transición, donde había inestabilidad y riesgo democrático que hoy no existe. Por lo que creo que los 10 internos del penal Cordillera no les hará mal, por lo pronto, estar un poco más estrecho con los 44 reos de Punta Peuco, en el que el Estado gasta 143 millones 142 mil 338 pesos”.
Asimismo, aseveró que “a 40 años del golpe militar, los violadores de derechos humanos no pueden estar en condiciones de privilegio mientras cientos y cientos de familias chilenas aún buscan a sus familiares, a sus seres queridos que están desaparecidos”. Por lo que reiteró: “Chile está en condiciones de cerrar el penal Cordillera, para cerrar las heridas que se abren, cuando estos violadores de derechos humanos viven con estos privilegios”.
Finalmente, Navarro expresó su disgusto “porque la mayoría de los presos en Chile y que están en las cárceles con 0,01 gendarme por cada uno, no disfrutan de los goces que tienen los internos como Manuel Contreras o Miguel Krassnof que usan teléfono, ven televisión por cable, o cuentan con canchas de tenis y con unos 3,6 funcionarios atentos a cado uno de ellos, como en el Cordillera. Tenemos la convicción de que existe la viabilidad económica de que el Estado mantenga a los condenados al menos en uno de los penales, y así se lo exigimos al Presidente Piñera”.
Santiago de Chile, 22 de septiembre 2013
Crónica Digital
