Nacional

Sumido desde hace un año en un escándalo colosal de corrupción dentro de sus filas, Carabineros de Chile tiene ahora otro dedo acusador con un agudo diferendo institucional con la Fiscalía General. De tal forma, el ministro del Interior, Mario Fernández, instruyó hoy en el Palacio de La Moneda al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, acelerar la investigación interna por la polémica con el Ministerio Público. En las últimas horas, La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, adelantó que ordenará un peritaje independiente para determinar responsabilidades en una disputa institucional que enfrenta a la Fiscalía General con Carabineros. El general Villalobos debió interrumpir sus vacaciones en Miami y regresar de inmediato al país a pedido de la administración de Bachelet. El ministro Fernández detalló que «en esta reunión examinamos el estado de la situación respecto al asunto de la denominada Operación Huracán. Como resultado de ella, yo le instruí para que acelerara la investigación interna de Carabineros». Reiteró que al Gobierno le parecen muy graves las acusaciones lanzadas por la Fiscalía y remarcó que será el Poder Judicial el que establecerá la existencia de delito y sus eventuales responsables. Días atrás la Fiscalía General de Chile cuestionó el actuar de la policía de Carabineros en la Operación Huracán, que empezó en septiembre pasado con el objetivo a neutralizar a mapuches radicales y violentos. Las aristas alrededor del ultrasensible conflicto mapuche en Chile dejaron un sabor a enormes contradicciones entre los fiscales en el caso y Carabineros en la explosiva región de La Araucanía. Según portavoces de la Fiscalía, oficiales de Carabineros no han dejado hacer su trabajo a la Policía de Investigaciones (PDI), que tiene las facultades del ministerio público para su funcionamiento. Entre los elementos que han causado alarma están las supuestas «pruebas falsas» que apuntan directamente a «aspectos inventados» o peor aún, «evidencias plantadas». Los abogados defensores de ocho mapuches, acusados de actos terroristas por presuntamente incendiar decenas de camiones en La Araucanía, anunciaron que pedirán el sobreseimiento definitivo de los detenidos. Luego de apresar de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco y otros siete mapuches, la policía exhibió como pruebas para el arresto una serie de mensajes presuntamente enviados desde los celulares de los detenidos. Pero el asunto dio un giro de 180 grados cuando en una investigación de la Fiscalía salió a relucir que los mensajes habían sido montados, según conclusiones del Ministerio Público ofrecidas la semana anterior. Santiago de Chile, 31 de enero 2018 Crónica Digital /PL

Mauro Tamayo a la edad de 35 años y con una hija recién nacida fue electo para dirigir el municipio de Cerro Navia junto a su equipo liderado principalmente por mujeres. El actual alcalde, considera relevante apoyar liderazgos en cargos directivos ejercidos por ellas. No teme enfrentar la corrupción y las deudas que dejó su antecesor en la alcaldía, sabe que el desafío es aún mayor porque se trata de recuperar una comuna que históricamente se ha caracterizado por su lucha y esfuerzo, pero que hoy enfrenta otros problemas sociales también importantes de atender. Estudió kinesiólogía en la Universidad de Chile y en sus últimos años universitarios postuló para hacer su práctica en un Cesfam de la comuna. “Llegué muy joven a realizar mi práctica al Steeger, de inmediato me sentí muy comprometido con los vecinos. De ahí que no he parado», detalla, y con cierta razón, ya que antes de convertirse en alcalde ejerció durante ocho años como concejal. Y hoy a más de un año en la gestión, Tamayo se ha posicionado como el alcalde ícono de la desmunicipalización al lograr incorporar los 22 establecimientos educacionales de Cerro Navia al Servicio Local Barrancas junto a Lo Prado y Pudahuel.  En esta oportunidad recibe a Crónica Digital en la municipalidad y nos cuenta que viene llegando de una reunión con el Embajador de Portugal, y que ya se ha reunido con otras autoridades, adelantándonos que tiene por objetivo desarrollar un trabajo conjunto con diversas entidades y organizaciones internacionales con el afán de acercar convenios de cooperación entre distintos países y la comuna de Cerro Navia. “Este año va a ser de vital importancia la colaboración internacional, por eso estamos desarrollando una serie de proyectos que esperamos concretar muy pronto”, nos explica el alcalde mientras deja su chaqueta y se arremanga la camisa. A un año de la gestión ¿cuál es su evaluación? Ha sido un año donde hemos trabajado de forma incansable, mucho diálogo, escuchando a los vecinos. La experiencia ha sido increíble, en todo sentido, porque asumí un municipio que estaba prácticamente quebrado. Debido a esto iniciamos auditorías financieras e interpusimos las querellas correspondientes para enfrentar a los responsables. No es justo que finalmente los vecinos tengan que pagar los costos por una administración negligente. Ahora, teníamos el desafío y pensamos cómo ordenar la casa y levantar la comuna. En esa línea, se hicieron esfuerzos gigantescos para traer nuevos proyectos en materia de calles, podas, pavimentos y fiscalización, por ejemplo, tenemos una calle (Mar de Chile) que hace muchos años se inunda y es intransitable en invierno. Buscando y buscando una solución, gestionamos en el Core Metropolitano un proyecto para la construcción de un colector: Lanalhue. Por otro lado, y no menos significativo, desarrollamos un proyecto para repavimentar nuestras veredas, logrando adjudicarnos 1.046 millones para su ejecución. Cuando no hay recursos en una administración, la creatividad, el profesionalismo y compromiso son sustanciales. ¿Cómo abordará el nuevo escenario político con un gobierno de derecha? Nuestro desempeño será con la misma […]

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, adelantó que ordenará un peritaje independiente para determinar responsabilidades en una disputa institucional que enfrenta a la Fiscalía General con Carabineros.   Días atrás la Fiscalía General de Chile cuestionó el actuar de la policía de Carabineros en la llamada Operación Huracán, que empezó en septiembre pasado con el objetivo a neutralizar a mapuches radicales y violentos. Las aristas alrededor del ultrasensible conflicto mapuche en Chile dejaron un sabor a graves contradicciones entre los fiscales en el caso y Carabineros en la explosiva región de La Araucanía. Bachelet calificó la denuncia como ‘extraordinariamente grave’, después de haber llamado al general Bruno Villalobos, director de Carabineros, a interrumpir sus vacaciones que disfrutaba en Miami, Estados Unidos. Según portavoces de la Fiscalía, oficiales de Carabineros no han dejado hacer su trabajo a la Policía de Investigaciones (PDI), que tiene las facultades del ministerio público para su funcionamiento. Entre los elementos que han causado alarma están las supuestas ‘pruebas falsas’ que apuntan directamente a ‘aspectos inventados’ o peor aún, ‘evidencias plantadas’. Los abogados defensores de ocho mapuches, acusados de actos terroristas por presuntamente incendiar decenas de camiones en La Araucanía, anunciaron que pedirán el sobreseimiento definitivo de los detenidos. Hay que saber cuál es la verdad. Si hay un error en el peritaje de la Fiscalía o si efectivamente hubo una manipulación de datos porque lo que aquí es grave, es poner en tela de juicio instituciones claves para el país, opinó la mandataria. Luego de apresar de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco y otros siete mapuches, la policía exhibió como pruebas para el arresto una serie de mensajes presuntamente enviados desde los celulares de los detenidos. Pero el asunto dio un giro de 180 grados cuando en una investigación de la Fiscalía salió a relucir que los mensajes habían sido montados, según conclusiones del Ministerio Público ofrecidas la semana anterior. Es vital que sepamos la verdad y por eso es que hemos solicitado que haya un peritaje independiente que pueda decirnos quién tiene la razón y así tomar acciones, remarcó la jefa de Estado. El general Gonzalo Blu, jefe de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, aseguró que ‘nuestra investigación fue y está amparada en la legislación vigente’. Mientras se desentraña el entuerto, los mapuches implicados señalaron que denunciarán el presunto montaje ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Santiago de Chile, 31 de enero 2018 Crónica Digital /PL

La evidente insatisfacción en Chile por declaraciones del papa Francisco el último día de su reciente visita aquí dio hoy un giro de 180 grados con la decisión del pontífice de enviar un fiscal investigador.   El arzobispo de Malta, monseñor Charles J. Scicluna, encargado de los delitos más graves cometidos dentro de la Iglesia, llegará al país austral en fecha por determinar, confirmó la Conferencia Episcopal de Chile. En un comunicado leído por el portavoz de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro, fue ratificada la noticia de que Scicluna vendrá a investigar las acusaciones de encubrimiento de abusos sexuales por parte del obispo Juan Barros. Precisamente el papa Francisco dio su total apoyo al obispo de Osorno, ciudad del sur chileno, durante su estancia en la nación sudamericana y llegó a calificar de ‘calumnias sin prueba alguna’ los señalamientos contra Barros. Sin embargo, en su vuelo de regreso a Roma desde Perú, al parecer informado de las negativas repercusiones en Chile a sus comentarios, dio el primer paso de rectificación al admitir que quiso decir evidencia y no prueba. ‘Recibimos con respeto la nota del Vaticano que demuestra la cercanía del papa Francisco con los chilenos, de escuchar en medio de las luces y las sombras’, indicó el vocero Coiro a un grupo de periodistas. La fuente enfatizó en especial el contenido del comunicado de la Santa Sede. A propósito de algunas informaciones recientes sobre el obispo chileno, el pontífice ha dispuesto enviar al arzobispo de Malta, ‘para escuchar a quienes han manifestado la voluntad de dar a conocer elementos que poseen sobre el religioso’. Ante preguntas de Prensa Latina, Coiro subrayó que la Conferencia Episcopal no tiene facultades para pedirle al obispo Barros dar un paso al costado mientras dure el proceso, aunque fraternalmente sus colegas le pueden sugerir. Es un proceso que estará abierto a todas las personas que quieran ofrecer testimonios, así como acceso a los procesos judiciales adelantados en el terreno civil, detalló el portavoz. El arzobispo de Malta es el fiscal del tribunal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, encargado de investigar los ‘delicta graviora’, es decir, los crímenes que la Iglesia considera más graves, cometidos contra la eucaristía. Incluye con particular acento, el secreto de confesión o los abusos sexuales perpetrados por el clero a menores. ‘Hasta donde conocemos, la idea de monseñor Scicluna es escuchar, indagar y recopilar todo tipo de información acerca del caso del obispo Barros, aunque también podrá hacerlo con otros expedientes si así lo estima pertinente’, anotó Coiro. Francisco dijo en Chile que ‘el día que me traigan una prueba, ahí voy a hablar’. Pero cambió de opinión ante el rechazo general. El obispo es acusado de complicidad con el sacerdote Fernando Karadima, condenado y defenestrado por la Iglesia católica por cometer abusos sexuales. A Barros se le señala por no haber protegido a las víctimas. En específico, según las personas trasgredidas sexualmente, Barros tenía la oportunidad de impedir que Karadima hiciera tales atrocidades, al tiempo […]

Con carros lanza agua y gases lacrimógenos, la tarde de este lunes Carabineros reprimió el inicio de la marcha convocada por el “Movimiento El Litio para Chile”, que se desplazaría por la arteria principal de la capital a partir de calle Portugal hacia el poniente.  La desmedida acción policial, que dejó personas detenidas  -entre ellos, dirigentes de la CUT- dispersó a los más de mil manifestantes que se habían congregado. Sin embargo, un grupo importante se re-articuló y logró marchar  por la  vereda sur de la Alameda hasta llegar a  Plaza Los Héroes. Allí, en un improvisado escenario, algunos líderes del movimiento  como Miguel Soto, coordinador nacional del movimiento; los diputados Jaime Mulet, Daniel Nuñez y Alejandra Sepúlveda y la presidenta y el secretario General de la CUT, Bárbara Figueroa y Nolberto Díaz respectivamente- junto con repudiar la actuación de Carabineros, revindicaron la consigna “el litio para Chile, no para Soquimich”,  con la cual este movimiento (conformado de manera transversal por organizaciones sindicales, sociales, políticas y actores del mundo académico y parlamentario) rechaza tajantemente el acuerdo de conciliación entre la Corporación de Fomento para la Producción (Corfo) y Soquimich (SQM), a través del cual en enero de este año, zanjaron el juicio arbitral que la propia Corfo entabló contra SQM (litigio que comenzó en mayo del 2014) por incumplimiento del contrato de arrendamiento y proyectos relacionados a la explotación de mineral de litio en el Salar de Atacama. Corfo pedía término anticipado del contrato. No obstante, al lograr un acuerdo conciliatorio, SQM no solo seguirá  explotando el litio hasta el año 2030  (tal como quedó estipulado en el año 1987, durante la dictadura militar) sino que aumentará su cuota de extracción. Para Soto, con este acuerdo se “trasgreden todos los principios que tenía la Comisión Nacional del Litio y lo propio que planteó la Presidenta (Bachelet) de que Corfo se hiciera  cargo de la explotación del litio (a través de algunos yacimientos) para tener la experiencia necesaria y desarrollar la Empresa Nacional del Litio. Por lo tanto, con este acuerdo que se está haciendo hoy, se borra todo lo que  venía generándose a través de procedimientos para que este mineral quedara en manos del Estado chileno”. Además, se cuestiona que este acuerdo se firme con SQM (empresa minera no metálica, privatizada durante la dictadura militar y entregada por Pinochet a quien en ese entonces era su yerno, Julio Ponce Lerou), toda vez que  está siendo investigada por el Ministerio Público por múltiples actos de corrupción al estar involucrada en el financiamiento ilegal de campañas políticas. En tanto la líder de la multigremial, Bárbara Figueroa, señaló que “como parte del movimiento de defensa y recuperación del litio para Chile, hemos dicho que esto no tiene solo una arista ética, no tiene solo el peso que hoy existe sobre Soquimich y las causas legales que existen sobre financiamiento irregular de la política. Acá, por sobre todas las cosas,  lo que se está poniendo en juego  es la capacidad de soberanía de nuestro país. Aprendamos de las lecciones vividas por el cobre, aprendamos de lo que significa ser […]

Pasadas las 18.30 horas comenzaron el retorno al poblado y se reunieron en la plaza donde siguieron manifestando su descontento. Exigen que el Gobierno de una respuesta a sus peticiones, en especial a que la cuenca es un sector de demanda indígena. Con el bloqueo de la ruta de acceso a San Pedro de Atacama por cerca de tres horas, el Consejo de Pueblos Atacameños y las 18 comunidades que lo integran manifestaron su molestia ante el acuerdo que concretó la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo) y SQM Salar S.A., pues aseguran que además de no haberlos considerado en la respectiva consulta aún existen pendientes temas ambientales de gran importancia. «Este es nuestro territorio, todo el área de Atacama La Grande y la cuenca del Salar de Atacama está dentro de las demandas territoriales que el gobierno se comprometió en solucionarlo desde cuando se promulgó la Ley Indígena, además no estamos de acuerdo en que hayan llegado a un convenio sabiendo de sus malas prácticas”, argumentó la presidenta del Consejo de Pueblos Atacameños, Ana Ramos. Asimismo, recalcó que la cuenca del salar se está secando y que el Comité de Minería no Metálica que se creó para hacer políticas sobre el litio les prometió desarrollar un estudio hidrogeológico para tener claridad y “saber el estado de salud del Salar de Atacama y resulta que ni siquiera esperaron tener ese informe y firmaron el convenio”. Ramos enfatizó que no reconocen el proceso de socialización que hizo Corfo, ya que no se dirigió al Consejo de Pueblos, “sino que dentro de su convenio incluyeron a las comunidades, pero no hubo consulta”, agregando que el vicepresidente de la entidad, Eduardo Bitrán, “hizo reuniones con algunas puntuales y lo inscribió en el convenio, pero eso no goza de nuestra aprobación”. Manifestación Pasadas las 15 horas, miembros de las 18 comunidades comenzaron a llegar hasta el acceso norte del poblado e iniciaron su marcha hasta el ingreso al Valle de Marte, donde bloquearon la ruta internacional CH-23 por cerca de tres horas. A pesar de la presencia de Carabineros y la constante insistencia de terminar con la manifestación por el atochamiento vehicular que se generó, los cerca de 200 atacameños CONSEJO DE PUEBLOS ATACAMEÑOS Correo: cpa2017oficina@gmail.com que se reunieron argumentaron la necesidad de insistir en la protección de su tierra y el agua, fundamental para conservar y mantener la cultura atacameña. Durante la protesta, los presidentes de las comunidades de Peine y Larache anunciaron que comenzaran con una huelga de hambre hasta que las autoridades den una respuesta efectiva en cuanto a bajar el convenio que implica explotar la cuenca hasta el 2030 y que le permite extraer 180.000 toneladas adicionales. Cerca de las 19.30 horas los comuneros ingresaron al poblado y se dirigieron hasta la plaza, donde siguieron con la manifestación, exigiendo el pronunciamiento del Gobierno. Santiago de Chile, 31 de enero 2018 Crónica Digital