REPRESIÓN POLICIAL NO AMILANÓ A CENTENARES DE MANIFESTANTES EN MARCHA POR LA RECUPERACIÓN DEL LITIO PARA CHILE

Con carros lanza agua y gases lacrimógenos, la tarde de este lunes Carabineros reprimió el inicio de la marcha convocada por el “Movimiento El Litio para Chile”, que se desplazaría por la arteria principal de la capital a partir de calle Portugal hacia el poniente.  La desmedida acción policial, que dejó personas detenidas  -entre ellos, dirigentes de la CUT- dispersó a los más de mil manifestantes que se habían congregado. Sin embargo, un grupo importante se re-articuló y logró marchar  por la  vereda sur de la Alameda hasta llegar a  Plaza Los Héroes.

Allí, en un improvisado escenario, algunos líderes del movimiento  como Miguel Soto, coordinador nacional del movimiento; los diputados Jaime Mulet, Daniel Nuñez y Alejandra Sepúlveda y la presidenta y el secretario General de la CUT, Bárbara Figueroa y Nolberto Díaz respectivamente- junto con repudiar la actuación de Carabineros, revindicaron la consigna “el litio para Chile, no para Soquimich”,  con la cual este movimiento (conformado de manera transversal por organizaciones sindicales, sociales, políticas y actores del mundo académico y parlamentario) rechaza tajantemente el acuerdo de conciliación entre la Corporación de Fomento para la Producción (Corfo) y Soquimich (SQM), a través del cual en enero de este año, zanjaron el juicio arbitral que la propia Corfo entabló contra SQM (litigio que comenzó en mayo del 2014) por incumplimiento del contrato de arrendamiento y proyectos relacionados a la explotación de mineral de litio en el Salar de Atacama. Corfo pedía término anticipado del contrato. No obstante, al lograr un acuerdo conciliatorio, SQM no solo seguirá  explotando el litio hasta el año 2030  (tal como quedó estipulado en el año 1987, durante la dictadura militar) sino que aumentará su cuota de extracción.

Para Soto, con este acuerdo se “trasgreden todos los principios que tenía la Comisión Nacional del Litio y lo propio que planteó la Presidenta (Bachelet) de que Corfo se hiciera  cargo de la explotación del litio (a través de algunos yacimientos) para tener la experiencia necesaria y desarrollar la Empresa Nacional del Litio. Por lo tanto, con este acuerdo que se está haciendo hoy, se borra todo lo que  venía generándose a través de procedimientos para que este mineral quedara en manos del Estado chileno”. Además, se cuestiona que este acuerdo se firme con SQM (empresa minera no metálica, privatizada durante la dictadura militar y entregada por Pinochet a quien en ese entonces era su yerno, Julio Ponce Lerou), toda vez que  está siendo investigada por el Ministerio Público por múltiples actos de corrupción al estar involucrada en el financiamiento ilegal de campañas políticas.

En tanto la líder de la multigremial, Bárbara Figueroa, señaló que “como parte del movimiento de defensa y recuperación del litio para Chile, hemos dicho que esto no tiene solo una arista ética, no tiene solo el peso que hoy existe sobre Soquimich y las causas legales que existen sobre financiamiento irregular de la política. Acá, por sobre todas las cosas,  lo que se está poniendo en juego  es la capacidad de soberanía de nuestro país. Aprendamos de las lecciones vividas por el cobre, aprendamos de lo que significa ser dependiente del resto de las economías por no tener elaboración de nuestras materias primas y solamente explotar estos recursos naturales”.

En esa línea, agregó que “un acuerdo de estas características, que no refuerza la posibilidad de la industrialización, que no le da valor agregado, que no permite pensar en un desarrollo mucho más estratégico de explotación de recursos -que son hoy privilegiados y altamente demandados en el mundo- es un disparo en los pies. En ese sentido, es que hemos dicho que hay que apoyar  todas las gestiones que se están haciendo. No solo por el carácter –insisto: irregular y complejo que afecta a una empresa como Soquimich- sino que, por sobre todas las cosas, estamos debatiendo soberanía económica, un modelo de desarrollo sustentable. Para ello necesitamos, no que el Estado lo haga todo. Aquí no se trata de decir: ‘no a los privados’ sino que alianzas público/privadas muy fuertes, pero donde el Estado juegue un rol estratégico y comprenda que si no es por la vía de la industrialización, finalmente lo que hacemos es regalar nuestros recursos naturales”.

Es por ello, que la dirigente precisó que este “acuerdo debe ser revisado y debe también considerar la voz de los académicos, parlamentarios, del mundo sindical que ha estado trabajando en estas materias”.

Sobre la represión de Carabineros, Figueroa, dijo que fue “absolutamente innecesaria”  pues se trata de un movimiento ciudadano que “tiene todo el derecho de expresarse, de tomarse las calles para señalar nuestro punto de vista (…). Esto es una muy mala señal. Cuando uno firma un acuerdo y no convoca a todos los actores y no escucha su voz y luego reprime la movilización, lo único que hace es incendiar la pradera de un debate que hubiésemos esperado tuviera más diálogo social y que no llegara a este tipo de tensiones”.

En la marcha,  también estuvieron presentes la vicepresidenta de Relaciones Internacionales, Tamara Muñoz, el vicepresidente de Comunicaciones, Eric Campos y el vicepresidente de Organización, Guillermo Salinas.

Santiago de Chile, 31 de enero 2018
Crónica Digital / cutchile.cl

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VIAJE DE FISCAL DE VATICANO A CHILE REAVIVA TEMA ABUSOS SEXUALES

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La evidente insatisfacción en Chile por declaraciones del papa Francisco el último día de su reciente visita aquí dio hoy un giro de 180 grados con la decisión del pontífice de enviar un fiscal investigador.   El arzobispo de Malta, monseñor Charles J. Scicluna, encargado de los delitos más graves cometidos dentro de la Iglesia, llegará al país austral en fecha por determinar, confirmó la Conferencia Episcopal de Chile. En un comunicado leído por el portavoz de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro, fue ratificada la noticia de que Scicluna vendrá a investigar las acusaciones de encubrimiento de abusos sexuales por parte del obispo Juan Barros. Precisamente el papa Francisco dio su total apoyo al obispo de Osorno, ciudad del sur chileno, durante su estancia en la nación sudamericana y llegó a calificar de ‘calumnias sin prueba alguna’ los señalamientos contra Barros. Sin embargo, en su vuelo de regreso a Roma desde Perú, al parecer informado de las negativas repercusiones en Chile a sus comentarios, dio el primer paso de rectificación al admitir que quiso decir evidencia y no prueba. ‘Recibimos con respeto la nota del Vaticano que demuestra la cercanía del papa Francisco con los chilenos, de escuchar en medio de las luces y las sombras’, indicó el vocero Coiro a un grupo de periodistas. La fuente enfatizó en especial el contenido del comunicado de la Santa Sede. A propósito de algunas informaciones recientes sobre el obispo chileno, el pontífice ha dispuesto enviar al arzobispo de Malta, ‘para escuchar a quienes han manifestado la voluntad de dar a conocer elementos que poseen sobre el religioso’. Ante preguntas de Prensa Latina, Coiro subrayó que la Conferencia Episcopal no tiene facultades para pedirle al obispo Barros dar un paso al costado mientras dure el proceso, aunque fraternalmente sus colegas le pueden sugerir. Es un proceso que estará abierto a todas las personas que quieran ofrecer testimonios, así como acceso a los procesos judiciales adelantados en el terreno civil, detalló el portavoz. El arzobispo de Malta es el fiscal del tribunal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, encargado de investigar los ‘delicta graviora’, es decir, los crímenes que la Iglesia considera más graves, cometidos contra la eucaristía. Incluye con particular acento, el secreto de confesión o los abusos sexuales perpetrados por el clero a menores. ‘Hasta donde conocemos, la idea de monseñor Scicluna es escuchar, indagar y recopilar todo tipo de información acerca del caso del obispo Barros, aunque también podrá hacerlo con otros expedientes si así lo estima pertinente’, anotó Coiro. Francisco dijo en Chile que ‘el día que me traigan una prueba, ahí voy a hablar’. Pero cambió de opinión ante el rechazo general. El obispo es acusado de complicidad con el sacerdote Fernando Karadima, condenado y defenestrado por la Iglesia católica por cometer abusos sexuales. A Barros se le señala por no haber protegido a las víctimas. En específico, según las personas trasgredidas sexualmente, Barros tenía la oportunidad de impedir que Karadima hiciera tales atrocidades, al tiempo […]

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