BASES PROGRAMATICAS Candidatura Presidencial de Daniel Jadue

CHILE DIGNO

BASES PROGRAMATICAS Candidatura Presidencial de Daniel Jadue

El 18 de octubre del 2019 demostró que no se puede tener un país de todas y todos si la desigualdad, el abuso y el silencio se mantienen impunes. Nuestra democracia ha evidenciado límites, alejando por décadas a la política de las personas. La democracia no debe sentir miedo de su pueblo, sino ser la expresión de sus anhelos, y para esto es esencial asegurar y fomentar una participación ciudadana temprana y verdaderamente vinculante. Chile debe cambiar, y para eso, necesita un gobierno distinto.

El modelo de desarrollo de Chile no alcanza para construir un mejor país. La pandemia ha destapado – y en muchos casos agudizado – las profundas grietas que afectan de forma directa la vida de todas y todos en el país: crecientes y abismales desigualdades dentro y fuera de los hogares, salarios bajos y deudas altas, brechas de género que se arrastran por generaciones, la desprotección del medio ambiente y sus comunidades, el despojo de los derechos sociales, laborales y culturales. Estamos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco.

Volver a la normalidad no puede ser una alternativa. El desafío que hoy tenemos es responder de forma audaz a las apremiantes necesidades sociales que ha dejado la actual crisis, pero con la visión puesta en las grandes transformaciones que nuestro país necesita. Las bases programáticas que aquí presentamos se hacen cargo de este desafío histórico. Cada una de las propuestas se hizo con la responsabilidad que nos exigen las millones de chilenas y chilenos que han salido a las calles a demandar un país más justo, una vida digna y sin abusos.

En Chile, los derechos sociales han sido mercantilizados y el Estado, en vez de protegernos, se ha ausentado. No podemos seguir viviendo en un país con ciudadanos y ciudadanas de primera y segunda categoría, es por esto que un eje central de nuestro programa es la recuperación de los derechos sociales perdidos a través de un Estado Social y Democrático de Derechos y con un enfoque de Derechos Humanos en la elaboración de toda política pública, permitiéndonos restituir una ciudadanía plena.

En la misma línea, nuestro gobierno se guiará también por un enfoque de Seguridad Humana, comprometiendo la libertad para vivir sin miedo, sin miseria o necesidad y con dignidad. La seguridad se traduce en la posibilidad y la capacidad de ejercer derechos, y las estrategias fundamentales son la protección por parte del Estado y el empoderamiento de las comunidades y las personas, mediante el desarrollo de capacidades para anticipar, resistir y superar amenazas que pongan en riesgo la vida digna que vamos a construir.

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Para que lo anterior sea posible, es necesario un modelo de desarrollo económico que supere el rentismo y extractivismo y entregue ingresos de calidad sostenidamente. Así es como proponemos un enfoque de Nueva Economía que cambie la forma en la que el valor (la riqueza del país) se crea y distribuye, transformando nuestra matriz productiva por una más diversa, más tecnológica, más sofisticada. Buscaremos cerrar las brechas productivas que este modelo ha perpetuado, abogando por una integración mundial y regional beneficiosa para el desarrollo del país.

Asimismo, el nuevo modelo estará construido desde un enfoque de Protección del Medio Ambiente, reconociendo los límites planetarios y los derechos de la naturaleza. Chile no puede seguir siendo una zona de sacrificio. Por ello, implementaremos políticas públicas orientadas a un nuevo pacto eco-social y económico, que aborde conjuntamente la justicia social y ambiental, con especial atención a los desafíos que nos exige enfrentar la crisis climática y ecológica. De la misma forma, entendemos que el valor de la economía es el valor del trabajo, por lo que un objetivo central de nuestro programa es aumentar la participación de los salarios en el producto nacional. Las y los trabajadores están en el centro del modelo de desarrollo que buscamos construir, un enfoque de Trabajo Decente guiará políticas que comprometan trabajos productivos, con salarios justos y protección social, bajo un absoluto respeto y promoción de los derechos laborales y la libertad sindical.

Una de las principales críticas hacia el modelo actual y que ha tomado más fuerza durante la pandemia es que las grandes empresas socializan sus pérdidas, pero gozan de sus ganancias de manera privada. Esto no sólo ocurre en la esfera productiva, sino que también en la reproductiva. Los beneficios del trabajo doméstico y de cuidados son los que se socializan, pero los costos son asumidos de forma privada por las familias, especialmente por las mujeres. Chile exhibe brechas de género persistentes y arraigadas, y por lo mismo, un enfoque de Igualdad de Género es otro de los pilares centrales de nuestro programa. Nos comprometemos a que las políticas públicas sean diseñadas desde el feminismo, buscando así transformar las estructuras que sostienen las desigualdades de género de nuestra sociedad.

Finalmente, Chile es un territorio habitado por diversas naciones y pueblos. Nuestro país debe reconocer su plurinacionalidad, avanzando hacia el horizonte de la interculturalidad, asegurando el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación y a la integridad cultural y lingüística, sin sometimiento ni asimilación forzada. Chile es diverso, por lo que a la hora de avanzar en la recuperación de derechos tales como la educación, la salud y la cultura, entre otros, debe hacerlo desde un enfoque Intercultural. Por tanto, el objetivo de este programa es la interacción equitativa y pacífica entre los diversos pueblos y culturas que están presentes en el país, buscando el respeto y la promoción de las culturas, en un clima de diálogo, reconocimiento y respeto mutuo.

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REFORMAS ESTRUCTURALES

Reforma tributaria para un nuevo modelo de desarrollo

El objetivo de nuestro programa es avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo: una nueva forma de crear y distribuir el valor en nuestro país. Para ello, llevaremos adelante una reforma estructural al sistema tributario. Identificamos tres problemas a corregir: (i) Nuestra recaudación es comparativamente baja e insuficiente respecto a las necesidades financieras del Estado; (ii) la carga tributaria está distribuida de manera injusta, puesto que quienes tienen más no contribuyen proporcionalmente más; y (iii) en un país donde predominan las rentas económicas de los recursos naturales, el Estado no posee instrumentos para capturar parte de ellas.

Nuestro país ha mantenido ingresos tributarios estables los últimos 20 años, en torno a 20% del PIB. De esta manera, hemos quedado rezagados respecto a la carga tributaria que mantenían los países desarrollados cuando tenían nuestro nivel de ingreso, en promedio casi 15 puntos porcentuales mayor. Vamos a acortar significativamente esta brecha, obteniendo ingresos permanentes para financiar nuestro programa de cambios. El mayor gasto tendrá un correlato en una mayor recaudación tributaria de en torno a ocho puntos del PIB. Serán las y los ciudadanos de mayores ingresos y patrimonio quienes incrementarán su carga tributaria, avanzando hacia un sistema verdaderamente progresivo.

Proponemos reformas en cinco pilares: cambios al impuesto a la renta; reducción de las exenciones y privilegios tributarios; implementación de un royalty a la gran minería del cobre y otros recursos naturales; implementación y cambios a los impuestos patrimoniales; y combate a la evasión y elusión.

Cambios al impuesto a la renta

Dada la naturaleza (semi) integrada de nuestro impuesto a la renta, las personas de altos ingresos no pagan impuestos acorde a su capacidad contributiva, especialmente cuando las fuentes de estas rentas provienen de grandes empresas. En el caso de estas últimas, proponemos desintegrar el impuesto a la renta, separando el impuesto que paga una empresa de aquel que le corresponde pagar a sus socios y socias una vez que deciden retirar sus utilidades. Las pymes mantendrán en lo sustancial su tratamiento actual. Además, aumentaremos los impuestos personales para aquellos ingresos que superen los $4.600.000.

Fin a las exenciones y privilegios tributarios

Proponemos eliminar una serie de exenciones y privilegios que ya no cumplen con la motivación económica o social que las inspiró, entre ellas: eliminar la exención a las ganancias de capital en instrumentos bursátiles; rebajar los beneficios asociados a las ganancias de capital en bienes inmuebles; eliminar el régimen de renta presunta; eliminar beneficios asociados a los fondos de inversión; eliminar el crédito especial a empresas constructoras; reducir los beneficios asociados al diésel; limitar el uso de pérdidas tributarias como un gasto tributario; limitar los beneficios asociados al DFL 2; y gravar de manera eficiente fuentes contaminantes a través de impuestos verdes.

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Royalty a la gran minería del cobre y los recursos naturales

El 80% de la producción de la gran minería del cobre termina sus contratos de invariabilidad tributaria el año 2023. Aprovecharemos esta oportunidad para reemplazar el Impuesto Específico a la Minería (IEM) por un verdadero royalty sobre las ventas de cobre. Este instrumento tendrá una estructura progresiva, recaudando proporcionalmente más en los momentos de alto precio del cobre, y estableciendo tasas en torno a 10% para niveles de precio que podemos considerar de largo plazo. Vamos a introducir incentivos para que el proceso industrial de refinación se realice en Chile.

Impuestos patrimoniales

Proponemos la implementación de un nuevo impuesto al patrimonio de carácter permanente dirigido a las y los súper ricos, gravando el patrimonio que las y los residentes mantengan tanto en Chile como en el extranjero, y reconociendo tanto activos como pasivos. Como medida de control, implementaremos un impuesto de salida (exit tax) para quienes presenten una solicitud de dejar de ser residentes en el país. Po otra parte, modificaremos la actual ley de herencias y donaciones de forma que este impuesto incremente su aporte a los ingresos generales.

Medidas contra la evasión y elusión

Se estima que la evasión y elusión alcanza más de siete puntos del PIB. Proponemos una agenda para reducir significativamente esta cifra, que incluye: reforzar la actual Norma General Antielusiva, permitiendo, entre otros, que el Servicio de Impuestos Internos (SII) califique una operación elusiva dentro de procedimientos administrativos; terminar con el secreto bancario para fines tributarios; descentralizar la facultad de querellarse por delitos tributarios, que actualmente recae sobre el Director Nacional del SII; y dotar de mayores recursos tanto al SII como al Servicio Nacional de Aduanas para el desarrollo de su función.

REFORMA TRIBUTARIA PARA UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO REFORMA AL SISTEMA DE PENSIONES

El desafío que enfrentamos es la construcción de un sistema de seguridad social que pueda entregar pensiones con criterios de justicia social y justicia actuarial, de manera que podamos actuar bajo los principios de la seguridad social creando una sistema que se tripartito, solidario, digno, publico y de igualdad de genero.

Enfrentamos una abrupta caída en la legitimidad del sistema de pensiones, que se produce como resultado del sistema mismo, mientras la población pide un sistema de seguridad social centrado en componentes de solidaridad para mejorar las pensiones, las AFP son sistemas de seguros privados que no pueden hacer frente a esas demandas. Este mismo proceso ha llevado a la reciente reversión en 11 países de los sistemas de capitalización individual, buscando distintas formas de recrear los principios de la seguridad social.

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El resultado es que el 70% de la población solo podrá aspirar a la pensión básica solidaria, el sistema de pensiones de capitalización individual se ha convertido así en el sistema de una minoría.

Propuestas

La creación de un sistema de seguridad social moderno, requiere que adoptemos diversos instrumentos para la conformación de un único sistema de pensiones, es por ello que proponemos la creación de una escalera de la seguridad social en pensiones que permite aumentar la cobertura del sistema, mejorar las pensiones y asegurar los principios de solidaridad, universalidad, suficiencia y tripartismo.

La propuesta es una combinación de tres sistemas de reparto que se refuerzan entre sí. Toma como referencia las normas actualizadas de la OIT en materia de seguridad social, y en particular el Convenio 102, que proporcionan un conjunto de reglas mínimas aplicables a los sistemas nacionales de seguridad social aceptadas a nivel internacional. Dichas normas presentan una serie de principios que ofrecen orientaciones para el diseño, financiación, gobernanza y supervisión de los sistemas nacionales de seguridad social.

El Convenio 102 sigue siendo una referencia para el desarrollo una cobertura integral de la seguridad social a nivel nacional. Los principios que han de aplicarse a la hora de la extensión de la cobertura de seguridad social, en las dimensiones horizontal y vertical, se establecen en la Recomendación núm. 202, donde la responsabilidad general y principal del Estado está destacada como un principio global que enmarca los demás principios.

Sobre los recursos aposados en cuentas individuales, entendemos que son de propiedad de cada afiliado y que ante un cambio de sistema debemos respetar sus derechos de propiedad, de igual forma, ofreceremos un sistema de seguridad social donde puedan incorporar o no sus recursos.

El efecto será el aumento de todas las pensiones, sobre todos las mas bajas, con una pensión mínima contributiva de salario mínimo, mejorando las pensiones de las mujeres, de los actuales pensionados del sistema antiguo y el de AFP, usando para ello el principio de solidaridad.

REFORMA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE SALUD

Entendemos la salud como el completo bienestar y equilibrio de los seres humanos con su entorno, lo que depende de muchos factores que van más allá de las políticas sectoriales. Las políticas ministeriales e intersectoriales se han caracterizado por su desintegración y desorganización. Pretendemos que, en esta reforma, tanto el MINSAL y como un nuevo Servicio Universal de Salud vuelvan a jugar un rol central en la gestión, planificación y ejecución de las políticas, incluyendo la promoción, la prevención específica y la participación social.

Uno de los problemas principales que enfrenta la población es la enorme desigualdad en el acceso a los servicios, derivada de la segmentación en el financiamiento y la fragmentación en la provisión, ya que la dualidad entre un sistema público y uno privado profundizan las diferencias socioeconómicas.

Las desigualdades al interior del sistema de salud son el reflejo de la estructura económica y social de Chile. Determinan las características y funcionamiento del sistema sanitario y configuran los determinantes de la

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salud (empleo, vivienda, transporte, educación, entre otros). Por tanto, los objetivos que se busca conseguir en salud no pueden lograrse si no se hacen cambios sustanciales en otros sectores sociales.

Por estas razones debemos iniciar un proceso largo, de transformación profunda del sistema, que se iniciará durante los primeros años del próximo gobierno, pero que deberemos continuar en periodos siguientes, consolidando los logros que se alcancen y generando mejores condiciones en beneficio de la mayoría de la población. Estas transformaciones tocan el conjunto de las funciones del sistema y también otras que se ubican en el ámbito intersectorial.

EJES DE LA REFORMA
Modelo de atención y de gestión en la red pública al servicio las personas, familias y comunidades

Modificar los marcos legales que entraban la integración de los Servicios de Salud (especialmente con APS municipal) y su articulación como red nacional integrada, basada en la APS y los territorios. Establecer legalmente a la APS, la promoción, la prevención, y las acciones de salud pública, como ejes ordenadores del modelo, articulando desde allí a las redes de mayor complejidad, especialidades y hospitalización. Redefinir el modelo de atención y de gestión, profundizando el concepto de Sistema Basado en APS, revisando la pertinencia poblacional y geográfica de los Servicios de Salud y su estatus político administrativo en el Estado, con estrecha vinculación a las estrategias de desarrollo local. Regular la integración operativa de los establecimientos extra-sistema bajo un nuevo modelo de atención y gestión de la red pública (incluyendo privados, FFAA, Mutuales, universitarios). Considerar en cada una las instancias la participación real de los beneficiarios desde sus propias organizaciones de base, asambleas, cabildos, juntas de vecinos, organizaciones de pacientes, etc.

Modelo de pago en la red pública

Reemplazar el esquema PPI-PPV (actualmente, GRD) y percápita de APS municipal, por un esquema único y coherente para la red en su conjunto, y con equidad poblacional como criterio básico. En su interior, definir presupuestos basales suficientes para el funcionamiento de la red y en el margen introducir métodos de pago (no de mercado) que promuevan la eficiencia productiva y la productividad para mejorar tiempos y plazos, trato y bajar listas de espera, considerando en la priorización la voz de los beneficiarios desde sus propias organizaciones. En el contexto del cambio de modelo de atención y gestión, redefinir el gestor financiero de la red. Integrar los esquemas financieros de GES y Ley Ricarte Soto para fomentar la integración de gestión.

Reforma financiera y transformación del FONASA

Una primera etapa es la eliminación del subsidio de recursos públicos de cotizaciones obligatorias a las ISAPRES e integración de dichos recursos al sistema público, universalizando los servicios. Para Para en el mediano plazo pasar a una reducción equivalente de la cotización para el conjunto de los cotizantes y

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sustitución por aporte de impuestos. En el largo plazo queremos alcanzar la eliminación generalizada de copagos y aumento del aporte fiscal equivalente.

Debemos estudiar muy extraordinariamente el establecimiento de “tasas moderadoras de la demand, avanzar al fortalecimiento del FONASA como fondo de seguridad social y financiador de la red pública universal como objetivo principal y desarrollar un marco normativo para la planificación presupuestaria multianual, especialmente para inversiones, cambio tecnológico y ampliación de capacidad productiva mayor a nivel de Servicios de Salud.

Atención Primaria: Plan de Salud Familiar y financiamiento percápita

La reforma estructural del sistema que iniciaremos busca poner a la atención primaria como base real de sistema, privilegiando la prevención y promoción de la salud, y dotándola de mayor resolutividad y fortaleza, que incorpore áreas innovadoras y comunitarias en su quehacer, tales como salud mental, salud dental y otras.

La construcción de un sistema Basado en Atencion Primaria significa un proceso nos llevará a discutir con las comunidades y los equipos de trabajo, el nuevo modelo de atención y de gestión, que luego deberá expresarse en un renovado Plan de Salud, que innove en la respuesta y oportunidad a las necesidades de salud de cada una de las personas, con sensibilidad y acompañamiento a los duros procesos que hemos vivido estos últimos 2 años, haciéndonos cargo de la reparación al dolor emocional y físico.

REFORMA PARA EL TRABAJO DECENTE

Valorizar el Trabajo debe ser parte esencial del proyecto de desarrollo y un eje central del programa de gobierno. Sobre los millones de trabajadores y trabajadoras se levanta el país en sus diversas dimensiones, a través del trabajo dependiente, público y privado, informal, independiente, falso autónomo, con las labores domesticas y de cuidado no remuneradas, todos los que permiten el funcionamiento y crecimiento del país. A pesar de esta realidad, el modelo chileno ha dejado que unos pocos construyan un país que excluye a estas enormes mayorías de ciudadan@s – trabajador@s.

Entre los principios que debieran orientar cualquier programa, se hace fundamental otorgar importancia estratégica del trabajo como uno de los elementos consustanciales a la dignidad humana; como medio de subsistencia material de las grandes mayorías; como mecanismo de inclusión y de valoración social del ser humano; y, como un componente productivo cada vez más relevante, en la era de las tecnologías de la información, la sociedad del conocimiento y la globalización.

En Chile, respecto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, es relevante reforzar aspectos propios de los derechos fundamentales, considerando el ejercicio de los derechos colectivos y el respeto a los derechos que toda persona tiene a no ser objeto de discriminación, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país con las brechas de género; a la integridad física y psíquica, en atención a los altos niveles de estrés existentes y que se han potenciado con el uso de la tecnología; derecho a la igualdad, donde todos puedan

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y deban asumir labores de corresponsabilidad, con un derecho a sala cuna universal efectivo, licencias para cuidados, etc.

Finalmente, consagrar un nuevo sistema de relaciones laborales anclado en el Trabajo Decente significará democratizarlo y reconocer de una forma amplia, autónoma y robusta a los representantes del trabajo y del capital. Sindicatos, empleadores y gobierno deben poder abordar, a través del Dialogo Social y de la Negociación Colectiva, los intereses que representan, en igualdad de condiciones, siendo necesario para ello eliminar las trabas y barreras existentes en el actual sistema de relaciones laborales del Plan Laboral, que ata al sindicalismo en su estructura, su funcionamiento y su que hacer sindical al nivel de empresa.

Fortalecer la participación de los trabajadores en la sociedad y en la economía

1. Para comenzar a dejar atrás este modelo se debe avanzar en la ampliación de la cobertura de la negociación colectiva, situándola mas allá del ámbito de la empresa, desbordando sus limites, simplificando su procedimiento, eliminando las restricciones actuales, en definitiva, situándola dentro los estándares aceptados por la OIT. Dicha ampliación y la eliminación de las restricciones actuales debe posibilitar negociar en planos de igualdad las condiciones colectivas de trabajo, importando el fortalecimiento del actor sindical, promoviendo el aumento de la sindicalización por la vía de la titularidad sindical de los procesos de Negociación Colectiva.

Empleo y derechos fundamentales de trabajadores y trabajadoras.

1. Se requiere generar normas que apunten en la dirección de genera mayor estabilidad en el empleo con mejores condiciones en la perspectiva del trabajo decente.
2. Resulta necesario revisar aspectos trascendentales que profundizan la precariedad laboral en nuestro país, como ocurre en materia de duración de la jornada de trabajo, proponemos una jornada laboral de 40 horas.

Trabajo decente y género.

1. Se debe abandonar la actual regulación legal que profundiza el rol de cuidado en las mujeres y coartando cualquier espacio de corresponsabilidad dentro del empleo formal, que se erige en directa contravención de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada por nuestro país.

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REFORMA EDUCACIONAL.

La reforma neoliberal implementada por la dictadura de Pinochet desde 1979 generó las bases para desarrollar un sistema educativo basado en la libertad de emprendimiento, la oferta privada, el subsidio a la demanda y los principios de la competencia. Desde el retorno a la democracia en 1990, estos lineamientos tienden a extenderse o, incluso, consolidarse, potenciando una continuación con el periodo dictatorial, aunque algunas políticas buscaron integrar mercado y Estado, o ampliar el rol del Estado. De esta forma, durante más de 30 años la educación se estructuró bajo la idea del mercado.

En 2014 y 2018, el gobierno de la Nueva Mayoría desarrolla una serie de importantes reformas en todos los niveles educativos. En el nivel inicial, el foco estuvo puesto en robustecer la institucionalidad y aumentar la cobertura del sistema, potenciando el rol del Estado como ente regulador y organizador de la educación inicial. En el nivel escolar, las reformas buscaron aumentar la inclusión escolar, a través de la prohibición del lucro, el copago y la selección (Ley de Inclusión Escolar), apoyar al sector público mediante el proceso de desmunicipalización (Nueva Educación Pública) y fortalecer las capacidades docentes (Sistema de Desarrollo Profesional Docente). Finalmente, en educación superior la principal medida fue la implementación de un sistema de gratuidad para la educación terciaria, junto con la creación de universidades estatales y CFTs regionales públicos. Vistas en general, este conjunto de leyes permitió apoyar al sistema público, pero a través de una consolidación de la oferta pública más que mediante cambios al sistema de mercado, implicando así un cambio de dirección respecto de la trayectoria histórica de las políticas escolares pero no una transformación profunda.

Ahora bien, desde 2018, este proceso de transformación se ve truncado. Esta agenda de “contra-reforma”, sin embargo, queda virtualmente suspendida desde 2019 primero, por el movimiento social que comenzó en Octubre de 2019 y luego, por la crisis socio-sanitaria del coronavirus desarrollada desde Marzo de 2020, que implicó que el gobierno se concentrara en programas virtuales (Aprendo en Linea, TVEduca) y buscara volver a la presencialidad de distintas formas.

Proponemos las siguientes reformas al sistema educativo
1. Mejoramiento, valorización, potenciamiento o rescate de la educación pública.

1.1. Transformar la estructura de financiamiento de la educación pública en todos sus niveles (inicial, escolar y superior), para transitar desde una educación organizada bajo el subsidio a la demanda a una educación con un fuerte componente basal, que permita cubrir los costos operacionales y promover la lógica de la colaboración por sobre la competencia.

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1.2. Ampliar la gratuidad para el 100% de los estudiantes de la Educación Superior Técnica Profesional Estatal y Universitaria Estatal por medio del financiamiento a las intituciones, reconociendo a la educación como un derecho y no un bien de consumo, pero también potenciando el espacio estatal como espacio privilegiado de desarrollo de este proceso. Esta propuesta debe comenzar a implementarse desde las instituciones regionales y concluir con las de la RM.

2. Disminuir el peso del mercado y de la competencia como ejes estructurantes del sistema educativo chileno

2.1. Aumentar entre los 60.000 y 100.000 la cantidad de cupos de niveles medio y sala cuna, incluyendo la construcción y remodelación con altos estándares de infraestructura y en conjunto con las comunidades escolares.

2.2. Profundizar y mejorar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), aumentando el porcentaje mínimo de estudiantes prioritarios (a lo menos, del 15% a 40%, de manera gradual) para incentivar a los estudiantes de nivel socioeconómico medio-bajo al SAE, y desarrollando un programa piloto de integración social (“Escuelas Integradas”).

2.3. Terminar con el lucro en las Instituciones de Educación Superior, tanto IPs como CFTs. Actualmente, un 40% de las instituciones de formación TP siguen con fines de lucro, manteniendo una proporción importante de estudiantes capturada por las lógicas del mercado lucrativas

CREACION DE UN SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS

El Sistema Nacional Integral de Cuidados es un nuevo pilar esencial en el sistema de protección social y en el sistema de salud de Chile. Responde a un modelo de corresponsabilidad social de los cuidados, entre hogares, Estado y comunidad; desfeminizado, que apunta a superar la injusta división sexual del trabajo y la precariedad en la que se ejecutan las labores de cuidado.

El desarrollo de una política de cuidado debe considerar que el cuidado es un derecho social que debe asegurarse a las personas desde que nacen hasta que mueren. La creación de un Sistema Nacional Integral de Cuidado es esencial para mejorar el sistema de cuidado en nuestro país y cuidar financieramente a aquellas personas que por cuidar han visto limitadas sus oportunidades laborales y consecuentemente han reducidos sus ingresos. El reconocimiento monetario al trabajo de cuidados es urgente para promover la redistribución y corresponsabilidad de las tareas entre hombres y mujeres y entre las familias, las comunidades y el Estado. Estas acciones deben apuntar a la transformación cultural y hacia el logro de la igualdad de género comprometido en los ODS 2030.

Comprender el cuidado como una responsabilidad social amplía la mirada sobre los espacios de cuidado que debe promoverse en nuestro país. La idea imperante de que el cuidado tiene un carácter casi exclusivamente domiciliario mantiene la responsabilidad de cuidado en las familias, situación que genera,

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por un lado, altos niveles de sobrecarga y por consiguiente una peor calidad del cuidado, al mismo tiempo que, se vuelve insostenible debido a las transformaciones en las estructuras familiares.

La remuneración a quien cuida es esencial y necesaria para mejorar las condiciones donde ocurre el cuidado, pero se hace insuficiente sin trabajo intersectorial y comunitario desde los niveles central, entre ministerios, a nivel regional en las seremías y delegaciones presidenciales, y a nivel local en las Municipalidades, y comunidades.

El pilar de la remuneración del Sistema integral de cuidados fortalecerá, además, la economía de los territorios. En la actualidad, las oportunidades laborales se concentran en los sectores más ricos de nuestras ciudades. De hecho, las restricciones a la movilidad que implica el cuidado de personas, junto con las barreras geográficas que emergen de la segregación residencial, explican en parte la baja participación laboral de las mujeres en Chile. Un sistema que se centre en la articulación de Estado con las comunidades locales, aumentaría la demanda por ocupación precisamente en sectores donde hay poco empleo. La remuneración a las cuidadoras implicaría además una mayor capacidad de consumo y, por consiguiente, el fortalecimiento de economías locales que hoy se encuentran sumamente deprimidas.

DERECHOS CIUDADANOS

PRIMERAS NACIONES

Chile es un territorio habitado por diversas naciones y pueblos. Nuestro país debe reconocer su plurinacionalidad, avanzando hacia el horizonte de la interculturalidad, asegurando el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación, a la integridad cultural y lingüística, sin sometimiento ni asimilación forzada. Chile es un país diverso, por lo que, a la hora de avanzar en recuperar derechos sociales como la salud, la cultura, la educación, entre otros, debe hacerlo promoviendo políticas públicas interculturales. Por tanto, el objetivo de este programa es la interacción equitativa y pacífica entre los diversos pueblos que están presentes en el país, buscando el respeto y la promoción de las culturas, en un clima de diálogo, reconocimiento y respeto mutuo, rompiendo con la tradición monocultural y asimilacionista que ha tenido el Estado de Chile, sustituyéndolo por un nuevo pacto social plurinacional e intercultural.

En el mundo, hay alrededor de 370 millones de indígenas en más de 90 países. Si bien constituyen el 5 %

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de la población mundial, los pueblos indígenas representan alrededor del 15 % de las personas que viven en pobreza extrema. La población indígena en América Latina asciende a 58, 2 millones de personas, se trata de unos 800 pueblos que representan alrededor del 10% de la población total de la región, y Chile es el quinto país con mayor cantidad de población indígena (después de Guatemala, Bolivia, Perú y México)1. De acuerdo con el último informe del Banco Mundial sobre el avance en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2017), América Latina presenta los peores resultados en los principales indicadores asociados, tales como mortalidad infantil, acceso al agua, salud, alfabetización, representación política, entre otros.

Respecto de la población indígena actual en Chile, el último censo de población realizado en 2017 muestra que un 12,8% del total de la población se considera perteneciente a un pueblo indígena, ascendiendo a 2.185.792 personas. De ellas, un 83,8% (1.329.450 personas) se reconoce mapuche; un 6,8% Aymara; un 4,0% Diaguita; 2,0% Atacameño; 1,7% Quechua; 1,0% Colla; 0,3% Rapa Nui; 0,3% Kawésqar; 0,0% Yámana. Cabe agregar que recientemente, en octubre de 2020, se ha reconocido por medio de la Ley 21.273 al pueblo Chango, quienes según el informe emanado por el Senado, actualmente representan el 0.2% de la población nacional correspondiente a 4.725 personas

Los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación y a un modelo de desarrollo económico que considere sus características como naciones. Resulta necesario, entonces, reconocer el carácter vinculante de los tratados y convenios internacionales suscritos por Chile. El pleno ejercicio y goce de los derechos individuales y colectivos de quienes forman partes de los pueblos indígenas reconociendo constitucionalmente las lenguas indígenas como lenguas oficiales del Estado de Chile, reconociendo los derechos políticos y participación política plena, consagrar el reconocimiento de la cultura y saberes ancestrales, asegurando derechos económicos y sociales, entre otros.

Proponemos avanzar hacia una sociedad equitativa, donde los pueblos indígenas y tribales históricamente subyugados, al igual que otros grupos históricamente postergados tengan una efectiva participación social, política y cultural. De este modo proponemos en primer lugar, declarar un Estado Plurinacional e Intercultural, obligando a la institucionalidad a propiciar el desarrollo armónico y respetuoso de todas las culturales, en los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, para esto además se deberá crear una Nueva Institucionalidad Estatal en materia Indígena. En segundo lugar, reconocer la autodeterminación de los pueblos indígenas y tribales dentro del Estado de Chile, reconociendo sus propias organizaciones y autoridades, así como su capacidad de decidir sobre sus prioridades de desarrollo y asuntos propios, en armonía con la normativa nacional y los derechos humanos.

Derechos políticos y plurinacionalidad

1. Reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y declarar el carácter plurinacional e intercultural del Estado de Chile. Participación de los pueblos indígenas en la integración y gestión de gobierno a nivel regional y comunal.
2. Creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y el Parlamento Indígena o Consejo de Pueblos Indígenas.

Tierra, territorios y bienes naturales.

1. Generar una Comisión de Estudio de Restitución de tierras, que permita estimar en conjunto a los pueblos indígenas el número de hectáreas reclamadas y determinar conjuntamente los

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mecanismos de restitución. Establecer mecanismos de expropiación que permitan la restitución con las correspondientes compensaciones por parte del Estado.

Institucionalidad y Políticas Públicas.

1. Nueva Ley Indígena. Para reorganizar la institucionalidad indígena en Chile, es necesario cambiar la actual ley. Pues no se encuentra adecuada a los actuales estándares en materias de derechos humanos, actualmente no reconoce a los pueblos en su calidad de pueblos, sino que los denomina etnias. Entre otros aspectos de fondo que requieren de una innovación normativa.
2. Nueva Institucionalidad Indígena. Envío de un proyecto de ley para la creación de una nueva institucionalidad indígena que reemplace a CONADI. Contemplando que la dirección de esta institución esté en manos íntegramente de representantes indígenas con participación de miembros de Gobierno. Además de lograr una efectiva reorganización y seguimiento de las políticas públicas destinadas a pueblos indígenas evitando la descoordinación entre los diversos programas que se ofrecen a la población indígena.

Reparaciones.

1. Reconocimiento del patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos indígenas. Restitución de parte del Estado de todos aquellos bienes expropiados por los diversos gobiernos que son de propiedad indígena y que sean reclamados por las comunidades. Así como disculpas institucionales por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por los gobiernos chilenos. Y la creación de un Fondo de reparación de víctimas de violencia estatal.

GENERO

Durante décadas el movimiento feminista y de mujeres ha demandado el reconocimiento de las mujeres en los ámbitos cultural, económico, social y político. Ello exige considerar la ciudadanía de las mujeres en la democracias actuales desde la igualdad, reconociendo la relevancia política de las diferencias entre los sexos, con el propósito de subvertir el modo en que la sociedad chilena simboliza y regula las relaciones de género.

Con base en tales consideraciones, se propone una serie de medidas destinadas a corregir los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en el goce y ejercicio de su autonomía, subvertir los roles de género arraigados en nuestra sociedad, y avanzar hacia un cambio cultural que logre la igualdad de género en Chile. Estas propuestas se centran en los ámbitos de trabajo y reactivación económica, educación, participación política, sexualidad y reproducción, y violencia.

Trabajo y reactivación económica

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● Implementar pre y post natal obligatorio, igualitario e intransferible para padres y madres, tanto en el Estatuto Administrativo como en el Código del Trabajo.

Educación

● Revisar y acelerar las metas de desarrollo sostenible para el 2030 adscritas por el país referentes a educación inclusiva que promueva iguales oportunidades para hombres y mujeres a través de los planes “Educación para la Igualdad entre Hombres y Mujeres” 2015-2018, Mesa “por una educación con equidad de género” 2018 y Plan de Trabajo Educación con Equidad de Género 2020.

Participación política

● Fomentar y aumentar la incorporación de mujeres en cargos directivos dentro de la administración del Estado. Avanzar en la paridad de género en los primeros niveles jerárquicos del poder ejecutivo central, regional y local.

Sexualidad y reproducción

●Violencia contra las mujeres

DIVERSIDADES SEXUALES Y DE GÉNEROS

Históricamente, las instituciones y el ejecutivo son objeto de las críticas del pueblo por su incapacidad de resolver asertivamente los problemas que han intensificado las desigualdades y las injusticias sociales. Estas problemáticas se agudizan en la población LGTBIQA+, que continuamente se enfrenta a la falta de derechos garantizados, dada la invisibilización, exclusión y violencia que derivan del sistema cis- hetero-patriarcal en que nos encontramos inmerses.

Este proceso de transformación social, cultural y política exige la modernización y ampliación del Estado que tenga como objetivo construir relaciones de género colaborativas y de solidaridad, libres de opresión, discriminación y violencia en función de impulsar e implementar medidas afirmativas de reconocimiento, reparación, inclusión y no discriminación. En esta línea, proponemos lo siguiente:

Medidas para el primer año de gobierno:

• Crear un Servicio Nacional Anti-discriminación que tenga como objetivo elaborar políticas públicas de diversidad, inclusión y no discriminación; planes y programas de capacitación, fiscalización,

Legalizar la interrupción del embarazo, reconociendo que el aborto hasta las 14 semanas de gestación es un derecho humano y, como tal, está garantizado en el marco de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas gestantes.

● Consagrar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, con énfasis en la prevención de todas las formas de violencia, en los ámbitos público y privado, y que establezca obligaciones para los órganos del Estado.

BASES PROGRAMATICAS 14

sanción y reparación en áreas estratégicas como salud, trabajo, educación y seguridad, vinculantes para todos los servicios públicos y privados.

• Asegurar el acceso a derechos fundamentales de la comunidad LGBTIQIA+ en temáticas de salud, trabajo, educación y seguridad social. Esto significa, promover la elaboración colectiva de políticas públicas en función de fortalecer los programas de atención específica a personas LGBTIQIA+ en todos los servicios públicos y privados con la intención de asegurar una mejor calidad de vida y prevenir la perpetuación de la violencia hacia sus vidas.
• Despatologizar el proceso de cambio de sexo y nombre registral en niñes y jóvenes. Asegurar mecanismos de notificación, actualización y sincronización de datos con las distintas instituciones públicas o privadas que regula la Ley de Identidad. Transformar los registros de identidad, a fin de cubrir las identidades fuera del binario y evitar la categorización forzosa y adelantada de personas intersexuales.Modificaciones a la ley de identidad de género

• ●  Establecer el procedimiento para el cambio de nombre de niñes y jóvenes, en su plena autonomía, sin la necesidad de presentar certificados médicos patologizantes.
• ●  Asegurar mecanismos de notificación, actualización y sincronización de datos con las distintas instituciones públicas o privadas que regula la Ley de Identidad.
• ●  Transformar los registros de identidad, a fin de cubrir las identidades fuera del binario y que permitan una mayor holgura en la identificación evitando la categorización forzosa y adelantada.
• ●  Entregar orientaciones generales para las distintas instituciones públicas y privadas, a fin de promover y permitir el uso del nombre social en espacios públicos y privados.

  REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE SALUD A VÍCTIMAS DE LA REVUELTA SOCIAL

  La revuelta social ha abierto esperanzas para un Chile que ya ha sufrido bastante, antes en dictadura y luego durante 30 años de predominio neoliberal. En nombre de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, así como de todas las víctimas de la violencia de agentes del Estado, asumimos el compromiso de dar pleno respaldo a las demandas de reparación y atención que merecen, con dignidad y reconociendo en su lucha un camino de liberación de nuestro pueblo.

BASES PROGRAMATICAS 15

Las medidas que se listan a continuación son parte del pliego que las organizaciones han levantado y que nos comprometemos a actualizar y a dar viabilidad en su finalidad, más allá de las formas específicas que se plantean.1

Estas son medidas que consideramos deben ser resueltas lo más rápido posible, ya que tienen relación con mermas en la atención, producto de la actual pandemia de SARS COV-2, lo que ha tenido repercusiones directas en la salud física y mental de muchos de nuestros asociados.

Proponemos lo siguiente:

Incorporar urgente atención online de profesionales: a) La atención psicológica y de terapia ocupacional, a través de videollamadas. b) Contar con resolución de consultas online y/o telefónica por parte de profesionales de oftalmología y tecnología médica para casos de urgencia.

Aumentar profesionales para la atención (psicoterapia, oftalmología, terapia ocupacional, somato prótesis). Hemos recibido antecedentes de que muchas víctimas de trauma ocular han visto perjudicada su atención, al no tener suficientes horas disponibles para atender a todos los pacientes.

Extender apoyo a los familiares de las víctimas, que también han sido afectados por el trauma ocular. Las víctimas de trauma ocular somos padres, madres, hijos, hermanos, cónyuges, etc. En la mayoría de los casos, nuestros familiares se han visto profundamente afectados por la mutilación que hemos sufrido, generando gran dolor y angustia. Por esto, consideramos que la atención y rehabilitación debe extenderse para ellos de igual manera.

Incluir rehabilitación y capacitación laboral Muchos de nosotros hemos visto perjudicadas nuestras fuentes laborales producto de la pérdida de visión. Muchos de nuestros miembros se dedican a la construcción, transporte, diseño, fotografía, entre otras actividades, que requieren de visión binocular y percepción de profundidad. Es necesario generar rehabilitación en el área laboral para retomar nuestras actividades o empezar nuevas en caso de imposibilitarse la realización de algunas.

ECONOMIA

1 Documento del 6 de julio de 2020, de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y la Comisión Chilena de Derechos Humanos, hecha llegar al Director del Hospital del Salvador.

BASES PROGRAMATICAS 16

REACTIVACION ECONOMICA

La política de reactivación económica, busca reactivar la actividad económica del país a partir de políticas publicas impulsadas por el Estado y dinamizaran el sector privado de nuestra economía, de esta manera alcanzar el PIB potencial en el mediano plazo de un 3,5% anual, con efectos positivos en el empleo, aumentado la inversión publica intensiva en trabajo, disminuyendo la desigualdad de mercado, aumentar la participación u ocupación de las mujeres en el mercado laboral chileno, en el marco del trabajo decente para todos los trabajadores.

En 2021 la producción aún no se recuperará de la crisis social y sanitaria, dependiendo de la frágil economía internacional atada a la exportación de materias primas; el empleo no alcanzará los niveles pre crisis y se intensificarán la distorsiones de género y más precarización estructural. La brecha estructural se ha ampliado entre PIB potencial y PIB efectivo, marcado por una baja en la tasa de utilización de la capacidad productiva y de empleo.

La estrategia de recuperación actual se basa en las utilidades de grandes empresas apoyadas con fondos públicos provocando más concentración empresarial y del ingreso, precarización del empleo e inequidad social, afectando especialmente a las mujeres.

Estructuralmente, el nivel de actividad depende de la renta exportadora, de un sistema impositivo y una distribución funcional del ingreso extremadamente regresivos, incluso por debajo de los aumentos de productividad.

Proponemos que el dinamismo de la recuperación económica y el desarrollo lo genera la demanda efectiva de la economía, para eso proponemos que se debe seguir una senda de crecimiento económico guiado por el aumento de los salarios, poniendo el acento en que las políticas publicas estén enfocadas en la creación de empleo, modificando la distribución funcional del ingreso, con la liquidez en las empresas, fomento a las MIPYMES e inversiones públicas para el empleo con equidad de género y la transformación estructural.

Medidas

v Establecer un salario mínimo vinculado a la línea de la pobreza de manera escalonada con un aumento significativo en el primer año (abril de 2022).

v Subsidiar a la micro y pequeña empresa (MIPE) para afrontar el alza del salario mínimo de los trabajadores que lo ganen en una fecha determinada. Se elimina el ingreso mínimo garantizado.

BASES PROGRAMATICAS 17

v Ampliar las inversiones de U$ 8 mil a U$ 13 mil millones (5% del PIB) para (1) generar empleo tradicional y a mujeres y (2) la estrategia del desarrollo. Las licitaciones se dividirán para dar acceso a la MIPYME y se otorgarán puntajes preferentes por equidad de género.

v Ampliar los montos y alcance del subsidio al empleo de cuatro grupos: mujer, joven, condición discapacidad y riesgo / rehabilitación – reinserción. Se establecerán segmentaciones más precisas para garantizar impacto. En 2022 se destinarán U$ 380 millones (U$ 120 mill. en 2021).

UNA NUEVA ESTRATEGIA DE ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA UN CHILE PRODUCTIVO, INCLUSIVO Y SUSTENTABLE

Chile requiere un nuevo de desarrollo. La forma de organización de la actividad económica vigente ha generado una grave disfuncionalidad que afecta de manera significativa la calidad de vida de una amplia mayoría de chilenas y chilenos. Las crecientes y abismales desigualdades, los bajos salarios y los altos niveles de endeudamiento de los hogares, la desprotección del medio ambiente y de sus comunidades, son resultado de las dinámicas que definen al modelo económico actual. La problemática que enfrentamos radica en la escasa diversificación que presenta nuestra matriz productiva, su bajo contenido tecnológico y el sesgo del modelo productivo vigente hacia la concentración de la riqueza en sectores rentistas de naturaleza extractivista y financierista en desmedro de trabajadores y sectores de emprendimientos innovadores y de menor escala. En suma, tenemos una economía que crece poco y de manera volátil, de baja productividad pues incorpora escasa tecnología en el proceso productivo y reparte inequitativamente sus frutos.

Las fuentes de esta disfuncionalidad radican en unas instituciones productivas carentes de coordinación y diseño estratégico, insuficientes recursos para invertir en I+D, infraestructura y logística para el desarrollo y desarticulación sectorial y territorial de la producción. Un elemento adicional radica en las formas de inserción internacional de la economía chilena en la globalización, caracterizada por acuerdos comerciales que limitan los espacios de políticas productivas e industriales internas.

Un nuevo modelo de desarrollo para Chile

Nuestro propósito es cambiar el actual patrón de crecimiento por un nuevo modelo de desarrollo que diversifique la matriz productiva, aumente el contenido tecnológico de nuestra producción y mejore la distribución de la riqueza integrando a todos los actores sociales y en armonía con la sustentabilidad ambiental.

Cómo crecer será uno de nuestros primeros esfuerzos. Pondremos en el centro del nuevo modelo productivo una nueva política industrial productiva y sustentable ambientalmente. La industrialización ha sido un proceso de cambio estructural fundamental de la matriz productiva por las que han atravesado todas las sociedades del mundo. Ello ha supuesto pasar de estructuras primarias basadas en la extracción de bienes y recursos dotados por la naturaleza, sin mayor agregación de valor o elaboración, a actividades productivas más sofisticadas basadas en la transformación de materias básicas en manufacturas que portan un alto contenido de conocimiento, innovación y desarrollo (I+D). Ello permite elevar la productividad de la economía, acelerando la tasa de crecimiento y, verbigracia de arreglos sociales y políticos amplios, disponer de recursos fiscales suficientes para redistribuir democráticamente los frutos del proceso de crecimiento.

BASES PROGRAMATICAS 18

Uno de los postulados principales de las políticas económicas neoliberales es que el qué producir no es importante en tanto los países sigan a sus ventajas comparativas, es decir, lo que pueden producir relativamente más barato. Así, en un mundo con completa libertad de comercio, todos los países ganarían. El problema de este postulado es que llegó después que los hoy países desarrollados se desarrollarán, y por lo tanto, las ventajas comparativas que estos países actualmente tienen – gracias a las políticas que utilizaron en el pasado (es decir, las ventajas comparativas que construyeron y no simplemente siguieron) y que hoy “prohíben” al mundo no desarrollado – son superiores a las de países como Chile cuya ventaja comparativa sigue estando en la explotación de recursos naturales, como lo ha planteado Ha- Joon Chang.

Lineamientos de políticas para el nuevo modelo de desarrollo
1. Financiamiento para el desarrollo: hacia una Banca Nacional de Desarrollo

Para cambiar nuestro modelo de desarrollo es indispensable un sistema financiero que movilice recursos hacia nuevos sectores productivos. El sistema financiero chileno, de enfoque cortoplacista y averso al riesgo que implica innovar, no entrega los instrumentos financieros necesarios para perseguir este cambio estructural. Es fundamental que el estado vuelva a ser un actor relevante en el financiamiento productivo de nuestro país, apoyando el desarrollo de nuevas tecnologías e iniciativas que los privados hasta ahora no han estado dispuestos a financiar.

La política de financiamiento para el desarrollo en Chile, desde la llegada del neoliberalismo, ha estado basada en el principio de “Estado Facilitador”, que en la práctica otorga al mercado la conducción de la política de desarrollo productivo, restringiendo al estado solo a facilitador de la actividad privada. Esto se ha traducido en instrumentos de financiamiento estatales que solo se han dedicado a corregir “fallas de mercado”.

Los desafíos actuales, en materia de financiamiento para el desarrollo de nuestro país, implican solucionar todos estos problemas, a través de una institucionalidad moderna que coordine todas las políticas de financiamiento estatal, con la independencia que permita implementar políticas de largo plazo, y con un enfoque de financiamiento donde el estado apueste por la innovación y financie pacientemente iniciativas que permitan el cambio estructural de nuestra matriz productiva a una más moderna, justa y sostenible.

2. Política comercial

La política comercial durante las últimas 4 décadas se ha caracterizado por la apertura comercial casi completa de nuestro país. Se trataba de generar crecimiento a través de las exportaciones de bienes y servicios, para lo que se abrieron mercados externos a través de acuerdos comerciales multilaterales, plurilaterales y bilaterales. En contrapartida se desmantelaron las barreras de acceso a los mercados chilenos para las importaciones y la inversión extranjera.

En concreto se propone:

• Implementación de incentivos a la exportación de productos de mayor valor agregado en sectores con potencial innovador y estratégicos.
• Atracción de nuevas tecnologías negociando acuerdos de transferencia tecnológica con inversionistas extranjeros a cambio de ventajas para su operación en Chile, en el marco de acuerdos estratégicos con empresas del Estado.
• Revisión de los fondos concursables de ProChile, de tal forma de dirigir gradualmente los recursos de promoción hacia sectores innovadores y hacia pequeñas y medianas empresas.

BASES PROGRAMATICAS 19

Renegociar con nuestros socios los acuerdos que incluyan el recurso a tribunales arbitrales ad-hoc en disputas inversionista – estado.

Promover la creación de una Corte Multilateral de Inversiones.

Avanzar en la integración económico-comercial latinoamericana para facilitar la formación de cadenas regionales de valor (CRV). Incentivaremos la realización de acuerdos estratégicos entre empresas de la región y los encadenamientos productivos.
Incentivar la inserción de Pymes en CGV y CRV, en especial aquellas que producen manufacturas y las lideradas por mujeres, de tal forma de contribuir al aumento del empleo y a la disminución de la brecha de género en Chile.

Ciencia y tecnología

El desarrollo productivo de una sociedad requiere de múltiples factores para su consecución. Entre ellos el trabajo, el capital e insumos intermedios de distinta naturaleza. Un elemento central es la técnica de producción que define cómo se combinan los factores para obtener la mayor producción posible. Esta acción de incrementar la productividad mediante el perfeccionamiento de la técnica se conoce como progreso o cambio tecnológico. El progreso técnico está determinado por la capacidad de innovar que tenga una sociedad. Los países necesitan disponer de un sistema de innovación que absorba e incorpore los avances generados en el campo del conocimiento y la cultura. Es decir, el incremento de los acervos de conocimiento científico y de cultura resultan ser una condición basal para la innovación tecnológica, mediante la cual es posible acrecentar la cantidad, calidad, diversidad y sofisticación de lo producido, aprovechando las externalidades que tienen esos acervos en tanto bienes colectivos. Todas las naciones que han alcanzado el desarrollo han incorporado progreso tecnológico basado en innovación y conocimiento. La política industrial que siguieron ha sido eficaz en tanto esos países entienden que la transformación productiva debe orientarse hacia actividades con potencial de absorber un mayor contenido de innovación y desarrollo (I+D) y ciencia y tecnología (CyT).

La propuesta de modelo de desarrollo que se propone requiere el marco de una coordinación estratégica que determine la misión de la política industrial y productiva e incorpore una Nueva Política Nacional de Tecnología y Conocimiento (NPNTC) que persiga los siguientes objetivos:

Fortalecer la institucionalidad en materia de innovación y conocimiento

• Revisar integralmente el diseño actual del SNI, en vistas a optimizar su composición institucional. Revisar la articulación interministerial y agencial (MINECO-CORFO, Ministerios de la Ciencia y las Culturas, CONICYT, Universidades y Centros de Investigación).
• En este marco diseñar una estrategia de formación de capacidades tecnológicas en términos de acervos de conocimientos y recursos humanos, mejorando la eficacia y eficiencia de los instrumentos a disposición.
• Ampliar, actualizar y desagregar las bases de datos estadísticos sobre actividades de I+D y CyT. Repositorios ad-hoc como los de RICYT, OCDE, Banco Mundial y UNESCO muestran series con un alto número de missing values y categorías que no se presentan en el caso de Chile. Esta es una política no solo para difundir el estado del arte sino también como instrumentos informacionales que orienten la implementación de la NPNTC.
• Generar una articulación con los niveles descentralizados de gobierno para potenciar la NPNTC en los niveles regionales, provinciales y territoriales.
• Creación de institutos interdisciplinarios que relacionen la NPNTC con sectores específicos de actividad productiva (minerías, forestal, agroindustrias, industrias bioquímicas y de salud, mares, industrias digitales, etc.).Financiamiento para el desarrollo de la innovación y el conocimiento

BASES PROGRAMATICAS 20

• Captación de recursos desde la BND, las regalías orientadas a la apropiación nacional de las rentas generadas por nuestros recursos naturales, reinversión de una parte de los fondos soberanos, ajustes presupuestarios para aumentar capacidad de ejecución y alianzas internacionales adecuadamente negociadas.

Optimizar los resultados en materia de innovación y conocimiento

Los esfuerzos que realicemos para aumentar la eficacia del SNI y la disposición de recursos financieros suficientes junto con la coordinación sectorial mediante la NPNTC deberán verse reflejados, al final de nuestro gobierno, en el avance hacia las siguientes metas en materia de indicadores de I+D y C&T:

4 Aumentar el coeficiente de inversión en I+D hacia un valor incluido en intervalo que va del 1% al 1.5% del PIB. Este valor triplicaría en el mínimo al coeficiente actual y lo quintuplicaría en el máximo, posicionando a Chile en los niveles de Brasil y Portugal. Es una política cara que requiere planificación en términos de identificar los sectores clave y fuentes múltiples de financiamiento (Royalties, reinversiones desde los fondos soberanos, subsidios directos y créditos de la Banca Nacional de Desarrollo (CORFO), aumentos en la capacidad de gasto por parte de DIPRES (actualmente 3% del presupuesto nacional) y financiamiento adicional en base a alianzas estratégicas internacionales en materia de transferencia tecnológica.

Aumentar la masa crítica de profesionales especializados en investigación científica y tecnológica. En concreto se propone duplicar el número de investigadores por millón de habitantes llevando en 2026 la actual masa crítica a 854 investigadores por millón de habitantes.
Captar estos recursos humanos invirtiendo planificadamente en la formación de nuevos cuadros profesionales, restringir y recuperar la fuga de cerebros, e integrando investigadores científicos extranjeros de alta especialización.

Cerrar la brecha de género aumentando la feminización de este sector laboral. El resultado esperado debiera ser una distribución mujer/hombre que se mueva en los rangos 40%-60% a 50%-50%. El aumento de la tasa de participación en este segmento laboral deberá ser apoyado por el Sistema Nacional de Cuidados.

Politícas sectoriales

En el contexto de las políticas de planificación basadas en los pilares de coordinación y articulación productiva, contemplaremos privilegiaremos el desarrollo de un conjunto de sectores misión, es decir promoción de sectores industriales que consideramos esenciales para la soberanía y seguridad nacional.
− Infraestructura y logística: insumo de reactivación y generación de capacidades productivas complementarias para el fomento productivo y re industializante

− Industria farmacéutica y cuidados de la salud: Generar capacidades tecnológicas y productivas para abaratar el acceso a los medicamentos e insumos de cuidado de la salud.
− Industria metalmecánica para la generación de un núcleo productos de bienes de capital, para distintas industrias con énfasis en el equipamiento médico.

− Conectividad e industria digital: se trata de un sector que contribuye al fortalecimiento de la demanda intermedia optimizando los procesos productivos y de la demanda final en tanto generador de contenidos informacionales y culturales de consumo masivo.

− Transición energética sustentable: optimizar la producción y consumo de bienes finales con eficiencia energética y uso de tecnologías sustentables desde la generación local. Las tecnologías de energía verde deben verse como una oportunidad clara para la acumulación tecnológica del país.

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− Reciclaje, conversión de materiales, y servicios para la economía circular: la transición energética es sólo un pilar de la transición verde que debe acoger nuestro país en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. La desmaterialización de la economía es también un objetivo central que se propone.

− Economía de las culturas: sector que impulsará el acceso, goce y creación cultural autónoma, con un entramado de oficios múltiples que pueden generar un elevado grado de empleabilidad.

− Minería y recursos naturales: es necesario definir un nuevo rol económico de los recursos naturales. Es urgente pasar de la mera extracción, a un uso eficiente de las rentas propias del sector, que incluya el límite medioambiental, y permita la sofisticación manufacturera sectorial.

− Sistema nacional de cuidados: el nuevo modelo debe diseñarse para cerrar brecha de desigualdad, por lo mismo, la formalización del trabajo doméstico y de cuidados desde su concepción colectiva, fuera de la esfera privada de la familia, es el primer paso para que las mujeres puedan integrarse a los procesos de desarrollo y convergencia productiva.

ENERGÍA

El desarrollo energético durante mucho tiempo estuvo alejado de la ciudadanía y enfocado desde los avances tecnológicos, pero en los últimos años esto ha ido dando un vuelco. La ciudadanía es cada vez más partícipe del mundo energético en distintos niveles de decisión y entendemos mejor las implicancias ecosistémicas de la adopción ciertas formas de desarrollo, sin embargo, aún existe una brecha importante que cubrir.

El cambio climático es una realidad, y debemos afrontarlo como base del escenario que enfrentará Chile las próximas décadas. El enfoque del desarrollo debe tener entonces una visión integral ecosocial, que contemple la dignidad humana, desde la democracia y participación hasta acabar con la pobreza y vulnerabilidad energética, que tenga también como principio director el medio ambiente, con la valoración de los ecosistemas nacionales y su relación con la sociedad.

En este sentido, las decisiones territoriales relacionadas con el mundo energético, deben ir en beneficio de quienes habitan esos territorios y por lo tanto, deben ser parte fundamental de las decisiones que se tomen. Las propuestas programáticas están enfocadas en esos 3 ejes: Democracia energética, Enfrentar el cambio climático como país y desde los territorios y devolver la dignidad a nuestro pueblo desde la energía.

MEDIDAS DE CORTO PLAZO

• ●  Abandonar paulatinamente el consumo de combustibles fósiles en el país.
• ●  Generación energética compartida: Creación de un programa para fomentar la valoración socioterritorial en la ponderación de proyectos energéticos donde las comunidades puedan participar de los beneficios y ser un actor en la toma de decisiones.
• ●  Impulsar los proyectos de Hidrógeno Verde en el País, con reglamentos claro y regulación, y que vengan acompañados de beneficios territoriales.

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● Impulsar el desarrollo de redes de calefacción distrital basadas en energías renovables en diferentes zonas del país.

● Viviendas dignas: Plan de impulsión de reacondicionamiento térmico y de servicios. MINERÍA

Desde el punto de vista de los ingresos económicos nuestro país ha sido fuertemente dependiente de la actividad minera, y especialmente del cobre.

Casi un 50% de nuestros ingresos por exportaciones están relacionados con la mineria, y Chile concentra un 30% de las reservas mundiales de cobre, además de porcentajes significativos de otros minerales como el litio, el cobalto, el renio y las tierras raras, varios de los cuales son considerados estratégicos recursos para las adaptaciones tecnológicas que permiten enfrentar el cambio climático.

Sobre la base del desarrollo de energías renovables no convencionales, la electromovilidad y otras aplicaciones, la demanda mundial por estos recursos será creciente y presenta una gran oportunidad para desarrollar un nuevo tipo de minería, no limitada al actual modelo exportador son valor agregado.

Por lo tanto, creemos que una minería “polimetálica” juega un rol central en el impulso de nuevo modelo de desarrollo, que considere incentivos a un mayor valor agregado, a la creación de ciencia y tecnología, la diversificación y complejidad productiva, y que supere la lógica extractivista. Sin embargo, ninguna actividad minera será viable y sostenible si no es capaz de cambiar profundamente su relación con la naturaleza y las comunidades.

Por ello es que en materia minera nuestras bases programáticas incluyen iniciativas Mineras

1. Fortalecimiento de las empresas del Estado a través de la capitalización de CODELCO y la eliminación efectiva e inmediata de la ley aún vigente que lo grava con el 10% de sus ventas; y una mayor disposición para que Enami desarrolle sus funciones de fomento de la pequeña y mediana minería.
2. Diseñar e implementar una nueva ley de concesiones que considere mayor transparencia en los contratos que se realicen, y una institucionalidad que permita un eficaz control de estos.
3. Definir incentivos y asignar recursos para promover la agregación de valor y los usos del cobre, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico que contribuyan a la sostenibilidad de sus procesos.
4. Implementar integralmente las recomendaciones de la comisión presidencial del litio realizada durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y generar las condiciones para la exploración y el desarrollo de proyectos de tierras raras y polimetálicos en general.

BASES PROGRAMATICAS 23

5. Articular la actividad minera y energética con el fin de promover sinergías con proyectos de infraestructura (ferrocarrilles, puertos, desaladoras) y otros que contribuyan al mejor ordenamiento territorial, la defensa nacional y la calidad de vida de las comunidades.

CIENCIA Y TECNOLOGIA

BASES PROGRAMATICAS 24

1. Los Conocimientos en un Nuevo Modelo de Desarrollo

2. Conocimientos e Investigación Democráticos, sin sesgos de clase, género, étnico/culturales ni disciplinares:

3. Nuevo Sistema de Conocimientos, Tecnología e Innovación

4. Un nuevo sistema de financiamiento basal de principio colaborativo, inter y transdisciplinario.

Generación de un nuevo sistema de financiamiento basal nacional para el sistema estatal y programas nacionales/regionales de I+D de orientación estratégica para el sector público y Potenciamiento de un

BASES PROGRAMATICAS 25

5. Creación de conocimiento con un enfoque interseccional

REFORMA MEDIOAMBIENTAL

PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA, PARTICIPACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

El complejo contexto ambiental actual de nuestro país y los escenarios climáticos que se avecinan hacen imperativa y urgente la necesidad de modificar y fortalecer nuestra institucionalidad medioambiental para dotarla de mejores herramientas y mayor autonomía e independencia de las decisiones políticas de corto plazo. La gran dispersión actual de atribuciones en materias de diseño, elaboración, e implementación de la política pública ambiental también dificulta la fiscalización del cumplimiento de los instrumentos normativos y evidencia la falta de articulación entre los servicios del Estado en materias ambientales, sociales y económicas.

El rediseño de la institucionalidad ambiental requiere también mejorar los mecanismos y procesos de participación, otorgándole más poder a las comunidades y los territorios en el diseño y formulación de las políticas y en la toma de decisiones, eliminado los enclaves de intervención política en los procesos de evaluación ambiental de los proyectos y normas.

Se trata, por tanto, de la elaboración e implementación de una reforma fundamental al Estado para acompañar el proyecto de desarrollo sostenible que proponemos, cuyo centro debe estar en el bienestar de la población y el resguardo de los equilibrios ecológicos de la naturaleza y no en la medida de las necesidades del crecimiento económico. Por lo tanto, como bases para la elaboración de esta reforma, proponemos:

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1. Firmar y ratificar los Acuerdo de Escazú. Para fortalecer el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
2. Incorporar el principio precautorio a la Ley General de Bases del Medio Ambiente. Para adoptar medidas protectoras ante sospechas fundadas de que ciertos proyectos, productos y/o tecnologías generan un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente.
3. Crear el Instituto Nacional Medioambiental. Para generar información de referencia y estudios de líneas de base para la formulación de diagnósticos y evaluaciones del estado del medio ambiente y la integridad ecológica de los ecosistemas terrestres y marinos.
4. Eliminar el Consejo y Comité de Ministros para la Sustentabilidad
5. Modificar la composición de los Consejos Consultivos del Medio Ambiente. Para incorporar a los pueblos indígenas como integrantes permanentes, y democratizar la elección de los consejeros y consejeras.
6. Eliminar las Entidades Técnicas de Conformidad Ambiental. Para terminar o con la externalización de los servicios de fiscalización ambiental otorgando al Estado la potestad plena de dicha función, en la Superintendencia del Medio Ambiente.
7. Presentar una indicación sustitutiva al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Estado. Para asegurar que las condiciones laborales y presupuestarias del nuevo servicio sean adecuadas y coherentes al objetivo de mejorar la protección de la biodiversidad a nivel nacional.
8. Triplicar la dotación de funcionarios y funcionarias de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Para mejorar sustancialmente la capacidad de monitoreo, fiscalización y cumplimiento de la normativa ambiental.
9. Actualizar la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Ampliar su ámbito de aplicación, promoviendo que toda política o plan normativo de alcance general, que tiene incidencia o efectos medioambientales sea sometido a evaluación.

10. Mejorar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Para promover la incorporación de estándares internacionales de derechos humanos para las evaluaciones, estableciendo procedimientos de relacionamiento temprano y diálogo entre los proponentes de los proyectos y las comunidades; mejorando el actual procedimiento de participación ciudadana ampliándolo a todas las etapas de evaluación, disminuyendo las asimetrías de información y brechas y simplificando la hipótesis de procedencia de consulta.

MEJORAR EL USO DEL MAR, LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

de los intereses políticos y económicos por sobre los criterios técnicos y científicos de la evaluación

. Para terminar con la prevalencia

de los proyectos y los actos administrativos que contengan normas de carácter ambiental.

BASES PROGRAMATICAS 27

Chile tiene una costa de 6435 km de longitud y ejerce soberanía sobre una área del Océano Pacífico de 3.681.989 km2, que llamamos Mar Chileno y que forma parte fundamental de la historia y desarrollo de nuestro país. Hoy existen 100 comunas costeras y 2 insulares, que concentran el 25% de la población nacional y donde funcionan 25 puertos, 10 estatales y 15 privados, responsables de movilizar más del 90% de las exportaciones e importaciones nacionales. También contamos con 467 caletas de pesca, que proveen alimentos para consumo humano y dan sustento a casi 92.000 mujeres y hombres. Además de su importancia cultural y económica, el océano también juega un rol fundamental en el clima de nuestro país regulando — entre otros— la temperatura atmosférica y los patrones de vientos y lluvias. El Mar de Chile es también una importante fuente de biodiversidad, que alberga enormes poblaciones de peces y aves marinas, además de invertebrados, mamíferos de todo tipo y grandes floraciones y bosques submarinos de algas, que producen incluso más oxígeno que la selva amazónica.

Sin embargo, la ciencia ha sido clara en señalar y advertir a todos los gobiernos y autoridades que, de no cambiar el actual régimen de mala administración del mar y sus espacios, de sobreexplotación de los recursos marinos y de prevención de desastres naturales, se está poniendo en riesgo la integridad de las comunidades costeras, la capacidad de resiliencia de los ecosistemas marinos y con esto, la posibilidad de adaptarnos adecuadamente al cambio climático.

Por lo tanto, con el propósito de asegurar el bienestar actual y futuro de las chilenas y chilenos, se debe llevar adelante una agenda de cambios legales, institucionales y normativos, que permitan al Estado: mejorar su articulación y capacidad para enfrentar los actuales desafíos de gobernanza del océano y la zona costera; movilizar inversión para fomentar la investigación y desarrollo cultural y tecnológico en torno al mar, sus recursos, bienes y servicios; además controlar las principales amenazas a la biodiversidad marina. Para lograr estos desafíos, proponemos como base:

1. Creación del Ministerio del Mar. Para asesorar y colaborar con el diseño, formulación, coordinación, implementación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a regular y administrar la actividad pesquera y la acuicultura; la investigación, la planificación, administración, zonificación y desarrollo integrado de la zona oceánica, costera y lacustre del país y el otorgamiento de las concesiones marítimas y acuícolas.
2. Nueva Ley de Pesca y Acuicultura. Para terminar con la larga historia de corrupción, cohecho, sobreexplotación y daño ambiental que ha caracterizado a la administración y uso de los recursos naturales marinos en Chile y que ha beneficiado enormemente a un pequeño sector de nuestra sociedad en desmedro de la gran mayoría. Esta nueva Ley de Pesca será acorde al objetivo de continuar mejorando las capacidades jurídico-administrativas para asegurar el uso justo, equitativo y sustentable de los recursos marinos, además de fortalecer la protección y conservación de la biodiversidad y su adaptación al cambio climático.
3. Nueva Ley de Administración y Uso de la Zona Costera. Para articular los distintos instrumentos de planificación territorial que hoy existen e incorporar nuevos enfoques y conceptos que fortalezcan la capacidad del Estado para responder a los desafíos de gobernanza, conservación y adaptación de los ecosistemas y comunas costeras al cambio climático, mejorando el ordenamiento territorial, la administración y asignación de las concesiones y destinaciones según criterios de desarrollo integral y de disminución de los niveles de conflictividad entre los distintos actores.
4. Creación de la Agencia Nacional del Mar. Encargada de desarrollar y administrar el sistema de observación del océano y predicción de los cambios y sus efectos sobre los ecosistemas marinos,

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las comunidades y el resto del territorio nacional, fomentando la investigación, la transferencia de tecnología, la educación y el manejo sustentable del mar y sus recursos, bienes y servicios.

NUEVO MODELO DE GESTIÓN DEL AGUA

Ante la urgencia de atender y revertir esta situación de vulnerabilidad, proponemos impulsar una agenda de cambios legales, institucionales y administrativos y de desarrollo de infraestructura para: hacer efectivo el principio del agua como un Bien Nacional de Uso Público; democratizar el derecho a su acceso; fomentar su conservación y consumo racional; estimular y generar condiciones medioambientalmente sustentables para su uso, distribución y almacenamiento. Para lograr estos desafíos, proponemos como base:

1. Nueva gobernanza del agua en Chile. i) Creación de una agencia nacional del agua, de carácter técnico y autónomo, que unifique y dirija las competencias del Estado en materia de aguas, bajo un enfoque de gobernanza democrática y participativa. ii) Creación de consejos o comités de cuenca como institucionalidad formal permanente a nivel de cuenca, que constituyan una instancia representativa y vinculante de participación, deliberación y coordinación entre los usuarios representados por las organizaciones de usuarios de aguas, los servicios públicos y otros actores privados y comunitarios que inciden o se ven beneficiados/perjudicados por la gestión de las aguas dentro de su territorio. Deberán

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ser establecidos por ley, con porcentajes fijos de participación representativos de los usuarios, las comunidades locales y servicios del Estado, con representatividad que legitime la instancia a través de mecanismo de elección democrática por periodos fijos, sujeto a remoción y reelección y una estructura orgánica básica regulada y complementaria flexible, que permita adaptación a distintas realidades locales cambiantes, con un número máximo de integrantes que no obstaculice su operatividad. iii) Creación de organismos o secretarías técnicas locales a nivel de cuenca que brinden el apoyo técnico requerido para el funcionamiento de los consejos o comités de cuenca y de las organizaciones de usuarios de aguas, apoyando los procesos de toma de decisiones y la ejecución y monitoreo de los acuerdos adoptados.

2. Más investigación, desarrollo e innovación. Para el aprovechamiento, gestión y estudio del estado de las fuentes naturales de los recursos hídricos en las cuencas.
3. Creación de un sistema nacional, integrado y unificado de información completa, validada y actualizada sobre los recursos hídricos del país. Para poder tomar decisiones informadas de gestión en cada cuenca.
4. Aumentar las capacidades del Estado para la fiscalización y sanción en materia de recursos hídricos.
5. Planificación de las intervenciones de los distintos actores en la cuenca a través de la elaboración participativa de instrumentos plurianuales vinculantes de planificación integrada del recurso hídrico a nivel de cuencas y subcuencas, con objetivos y metas claras, orientando y coordinando las distintas intervenciones en armonía con el ciclo hidrológico.
6. Acelerar, ampliar y financiar la implementación de sistemas de Agua Potable Rural en las comunidades deficitarias, en especial en el secano costero interior y precordillerano del país.
7. Subsidiar la inversión en obras de riego solamente a la Agricultura Familiar Campesina, para mejorar su eficiencia en el uso del agua, incorporando criterios ambientales en la evaluación de los proyectos agrícolas.
8. Priorizar Soluciones Basadas en la Naturaleza e infraestructura verde para mejorar la cantidad, calidad y seguridad de los recursos hídricos en los territorios con alto déficit hídrico, con participación vinculante de las comunidades afectadas.
9. Implementación de un sistema de medición y control instantáneo del agua extraída de fuentes superficiales y subterráneas, para el resguardo del cumplimiento de los caudales ecológicos establecidos.

CREACIÓN DE UN SISTEMA AGROALIMENTARIO NACIONAL SOSTENIBLE

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Como resultado del proceso de contrarreforma agraria iniciada en Chile, tras el golpe de Estado cívico militar de septiembre de 1973, hoy predominan en el sector poderosos imperios agro-exportadores, agroalimentarios y silvícolas, basados en un modelo extractivista y orientados a la exportación, despiadado y concentrado, que excluye de las cadenas productivas y circuitos de comercialización a los pequeños productores agrícolas primarios, imponiendo y controlando la transformación agro y silvo industrial y el comercio, con serias consecuencias para los campesinos y otros trabajadores de las zonas rurales, sus comunidades, su calidad de vida y el medio ambiente rural.

A través de la aplicación sistemática de políticas económicas neoliberales, que se benefician de la concentración y control absoluto de los mercados, la desregulación, la colusión y fijación de precios de insumos y productos, así como el progresivo desmantelamiento del cooperativismo campesino, solidario y productivo, se ha destruido de modo sistemático la agricultura familiar campesina, condenado a la pobreza a la inmensa mayoría de pequeños productores, desintegrando sus familias y obligándolos a abandonar sus tierras y migrar del sector rural hacia los centros urbanos, en la búsqueda de oportunidades de un trabajo asalariado básico.

Este modelo castiga al país en su conjunto, pues no solo repercute en la población rural sino que también limita las posibilidades de acceder a una alimentación saludable y de calidad, indispensable para el pleno desarrollo de las potencialidades de las nuevas generaciones de chilenos. La inseguridad alimentaria afecta al 15,6% de la población en Chile (FAO, 2020) y podría aumentar por la crisis sanitaria y económica, que afecta principalmente a los segmentos más vulnerables: niños y niñas, mujeres, adultos mayores, indígenas, migrantes, población desempleada, de bajos ingresos y población de áreas rurales.

La fuente principal de alimentos de la humanidad no es la agricultura intensiva o industrial, sino los cerca de 570 millones de pequeños agricultores y agricultoras, quienes usan, en promedio, menos de dos hectáreas de superficie por unidad, representan entre un 12 y un 20% de la tierra agrícola mundial y producen entre el 60 y 70% de los alimentos del planeta.

La crisis actual nos obliga a dejar atrás las obsoletas políticas convencionales de desarrollo del sector silvoagropecuario y a pensar en un nuevo modelo de desarrollo, que acabe con el crecimiento ilimitado de la producción orientada a la exportación, la inseguridad alimentaria local, el daño ecológico de la agricultura intensiva, el aumento de los precios de los productos locales, la explotación laboral y la consagración de desigualdades estructurales de carácter social, económico, de género y de acceso a los recursos naturales en el mundo rural. La agricultura familiar campesina e indígena juegan un papel crítico para la mantención y reproducción de la vida, por lo que debe ser priorizada y apoyada a través de la Constitución, las leyes y la política pública. Para alcanzar estos objetivos, proponemos como bases:

1. Mecanismos de gobernanza participativos e inclusivos con todos los actores del sistema agroalimentario (públicos: agricultura, economía, salud, educación; privados; sociales y comunitarios).
2. Protección, fortalecimiento y desarrollo de la agricultura familiar campesina, especialmente jóvenes, mujeres y pueblos originarios.

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3. Desarrollo y diversificación del mercado nacional de alimentos, con énfasis en los circuitos cortos.
4. Potenciamiento de sinergias entre los actores de cadenas con sistemas diversificados, combinando diferentes formas de comercialización, apostando por la sostenibilidad e inclusión desde la producción al consumo.
5. Establecimiento de condiciones mínimas universales: inclusión social, respeto a la diferencia y reconocimiento de los límites de la naturaleza en cada etapa: producción, transformación, almacenamiento, distribución, comercialización, consumo responsable y gestión de residuos.
6. Promoción de diversas formas de organización agropecuaria: cooperativa, comunitaria, asociativa, social y solidaria, creando las capacidades institucionales para ello.
7. Rediseño del Fondo de Promoción de Exportaciones y revisión de otras transferencias directas, orientando los recursos hacia pequeñas y medianas empresas silvoagropecuarias, favoreciendo iniciativas, proyectos y emprendimientos de agricultura familiar, el enfoque agroecológico, de diversificación y de género, incluyendo rubros tales como la agroforestería, el manejo, la recolección y la venta de productos forestales no madereros, en un marco de respeto a la identidad cultural local y territorial, y la protección y valoración de los recursos locales.
8. Refuerzo y apoyo a la participación de las comunidades rurales en el mercado interno de la alimentación, garantizando el acceso.
9. Regulación de la justa distribución de beneficios para los productores primarios y protección de la agricultura familiar campesina de prácticas injustas al comercio, como la transferencia de riesgos, condiciones contractuales y crediticias abusivas, entre otros.

10. Generación de políticas públicas integradas para incentivar la producción nacional de alimentos en los principales rubros y proteger las semillas (y otros componentes reproductivos) de uso tradicional.

11. Generación de legislación, normativa y regulaciones que favorezcan la alimentación saludable, favoreciendo el consumo de alimentos provenientes de la agricultura agroecológica especialmente en establecimientos educacionales y otros organismos públicos como mecanismo para enfrentar las consecuencias que está generando la malnutrición en la población nacional.

12. Promoción de la agricultura y alimentación saludable y sustentable, como condición indispensable para el pleno desarrollo de las potencialidades de las nuevas generaciones de chilenos en todos los niveles de nuestro país.

13. Nuevo modelo de poderes públicos y cooperativos de compra.

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14. Fondo público de tierras y aguas para programa de asignación a la agricultura familiar campesina

CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES Y ZONAS DE SACRIFICIO

Se estima que en Chile hay alrededor de 118 conflictos ambientales vigentes, que involucran a diversos actores y que derivan de disputas por el acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales generados de las actividades económicas. Este conjunto incluye también zonas catalogados como saturadas y de sacrificio, representadas por extensas áreas en que la contaminación sistemática de suelos, recursos hídricos, mar y aire no sólo ha afectado a la población en su salud exponiéndola, principalmente en época de pandemia por Covid-19 a una vulnerabilidad extrema dadas las posibles complicaciones sanitarias, sino que también ha modificado la relación de la comunidad con actividades tradicionales como la pesca o la agricultura de subsistencia.

La existencia de conflictos ambientales, zonas saturadas y zonas de sacrificio es reflejo de la insuficiencia de la institucionalidad ambiental y del abandono del Estado hacia su población, porque este no cuenta con: normas adecuadas; ni con un sistema de evaluación capaz de ponderar la distribución de las industrias y concesiones y los impactos socioambientales acumulativos o sinérgicos en el otorgamiento de nuevos permisos; o con buenos estándares tecnologías para el desarrollo de las actividades productivas. Para abordar estos desafíos, proponemos como bases:

• –  Que la Defensoría del Pueblo juego un rol en los conflictos socio-ambientales e impulse la generación de consejos para la recuperación ambiental y social de estos territorios.
• –  Fortalecer los mecanismos de monitoreo y los instrumentos de gestión y regulación ambiental de estos territorios
• –  Reducir la contaminación ambiental y terminar con las zonas de sacrificio
• –  Elaborar un cronograma a mediano plazo para la desactivación de termoeléctricas a base decarbón, con reducción inmediata y significativa de las actividades en las zonas de sacrificio
• –  Detener las actividades de las industrias contaminantes (Ley de Protección Agrícola- art. 11) o reducirlas a un mínimo en las zonas de sacrificio. Junto con ello, se debe entregar un auxilio emergencial para la reconversión inmediata de tecnología, así como para amortiguar los efectos socioeconómicos resultantes en la población.
• –  Fomentar la diversificación de la matriz energética y la reconversión de termoeléctricas a base de carbón a corto o mediano plazo.
• –  Desincentivos fiscales para empresas que pretendan instalarse en zonas con altos índices de contaminación (Santiago, en la Región Metropolitana, Ciudad de Concepción, Zonas de Sacrificio).

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CULTURALES

DEPORTES

El marco principal de la propuesta programática está basada en la idea de un nuevo modelo de desarrollo para Chile, que permita y que ponga en el centro la recuperación de los derechos sociales perdidos a través de un Estado Social y Democrático de Derechos, con un enfoque de Derechos Humanos en la elaboración de toda política pública, que nos permita restituir una ciudadanía plena y una vida digna para todos y todas.

El objetivo de generar un programa propio y robusto en materia de deporte, desde una mirada de promoción y desarrollo de la práctica sistemática del deporte y la actividad física a lo largo del ciclo vital, mediante el fortalecimiento de la estructura administrativa como la generación de iniciativas públicas que involucren a la comunidad y actores relevantes en todo el ciclo de planificación, gestión e implementación de la política.

La generación de un programa deportivo implica la planificación y gestión participativa e intersectorial con distintas áreas programáticas y reformas que se buscan proponer y llevar a cabo, como también la integración de diversos actores a nivel social para su generación y desarrollo, tanto públicos como privados.

La propuesta a elaborar debe tener una mirada con arraigo local, con una mirada integradora y con carácter popular, lo que implica una visión de promoción con los sectores mayoritariamente excluidos y no solamente como una práctica profesional y de alto rendimiento. Debe considerar también, una visión y propuesta inclusiva que considere a personas en situación de discapacidad y dependencia.

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En síntesis, la propuesta elaborada debe ser coherente con el discurso principal – antineoliberal – de promoción de derechos, de mejoramiento de la calidad de vida con acceso universal y de dignidad humana. Debe ser una propuesta que ponga en el centro el mejor vivir.

Uno de los principales desafíos que se plantea este programa de Deporte es disminuir considerablemente las brechas anteriormente expuestas, basado en el principal espíritu conductor del programa de gobierno, un nuevo modelo de desarrollo con un enfoque integral de Derechos Humanos, basado en la necesaria dignidad de todas y todos.

Por consiguiente, romper la barrera socioeconómica del deporte y la actividad Física. Que la condición económica de origen no sea la principal traba para la práctica deportiva. Por otro lado, el movimiento feminista a develado el sin fin de discriminaciones y trabajas de género que se ven expuestas y apresadas las mujeres en nuestro país, por lo cual éste programa de gobierno en materia deportiva, buscará generar la mayor cantidad de instancias, espacios y mecanismos que permitan, faciliten y garanticen la posibilidad de la práctica deportiva de las mujeres.

Estructura administrativa, modificaciones cuerpos legales y el fortalecimiento del deporte y actividad física.

1. Fortalecimiento y modificaciones estructura legal y administrativa del Deporte (Ministerio e IND).
2. Política deportiva integral, más allá del alto rendimiento. Promoción de la actividad física con eheprincipal en las escuelas.
3. Infraestructura pública para el desarrollo del deporte, ampliando la posibilidad de cvompetir ydesarrollarlas distintas disciplinas deportivas.
4. Relación con instituciones deportivas, buscando enrielar un programa nacional de competenciasdeportivas.

CULTURAS, ARTES Y PATRIMONIO

El actual momento constituyente nos brinda la oportunidad histórica de reflexionar acerca de un “Sistema Cultura” que se proyecte en una sociedad activa y organizada. Nos proponemos construir políticas publicas participativas, descentralizadas, comunitarias, vinculantes, informadas, contemporáneas y democráticas querespeten los valores de la plurinacionalidad, la interculturalidad, la diversidad cultural, la equidad de género,el medio ambiente , el patrimonio material e inmaterial, la memoria y los derechos humanos, potenciando elpensamiento crítico, la soberanía , la diversidad cultural, la creatividad, la innovación, la voluntad trasformadora y la sabiduría de nuestro pueblo. Pretendemos contribuir decididamente al establecimiento de derechos culturales que garanticen condiciones de vida dignas, desarrollo integral y acceso a los bienes y servicios culturales para todas las y los habitantes del país.

Nos enfrentamos a un desarrollo inorgánico de una institucionalidad cultural, que no está a la altura de las necesidades de nuestro país. Con políticas culturales elaboradas de manera unidireccional, vertical y corporativista, que desconocen la riqueza y diversidad presentes en los territorios y nuestras comunidades. Un sector con recursos insuficientes que hacen más compleja la necesaria coordinación y articulación en

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distintos niveles, de manera intersectorial, interinstitucional e internacional.

Las lógicas y prácticas neoliberales han permeado amplios espectros de la sociedad, privilegiando aspectos comerciales y hegemónicos por sobre el rol de la cultura en la cohesión social, la construcción de una sociedad del conocimiento y su indiscutible y sustantivo aporte al mejoramiento de la calidad de vida de laspersonas.

Solución sistémica que proponemos

Avanzar hacia la articulación de un Sistema Cultura integrado transversalmente a la política nacionalde desarrollo del programa de Gobierno, que trabaje inter sectorialmente con temáticas que respeteny consideren la cosmovisión de las primeras naciones; que aborde de manera transversal ámbitos como educación, género, diversidad; ciencias y tecnología, I+D+i, DD.HH, medio ambiente, salud, comunicaciones, reactivación económica, pensiones, defensa, constitución y presupuesto; queconduzca a Chile y su pueblo por un camino de superación del modelo neo liberal en un corto, mediano y largo plazo.

Establecer órganos representativos que consideren integrantes electos por sus pares y a través de votación popular, para los distintos sectores de la cultura, que contribuyan tanto en procesos de diseño y aprobación de planes y programas para la implementación de políticas culturales eincidenciadela comunidad en la distribución del presupuesto destinado a cada sector y /o disciplina.

Proponemos fortalecer un “Sistema Cultura” intersectorial que permita alcanzar un desarrollo cultural integral, que impacte el campo de la cultura desde lo diversos ámbitos: laboral, formativo, de acceso,de creación, de producción, protección social, desarrollo económico, considerando la ampliaparticipación de la comunidad, con una base normativa dinámica y actualizada que permita la descentralización de los recursos y del poder hacia los territorios

COMUNICACIONES

El derecho humano a la comunicación y libre expresión, así como el derecho a una información plural, veraz y oportuna está resguardado por el sistema internacional de derechos humanos y entendido como condición básica de toda democracia. En ese entendido, Chile enfrenta grandes desafíos en materia de comunicación que se sostienen en la deficiente garantía de estos derechos en la Constitución, a la vez que la falta de institucionalidad y políticas públicas en relación a materias como la comunicación y el fomento de desarrollo de medios de comunicación diversos para garantizar el pluralismo informativo.

La concentración de la propiedad es una realidad sistémica que afecta la garantía colectiva de los derechos asociados a la comunicación y ha prevalecido por décadas. Si bien se remite a una realidad económica, también se manifiesta en el plano ideológico, ejemplo de lo anterior es la práctica habitual de los medios masivos que tienden a exponer una reducida representación de la sociedad cargada de valores, juicios y prejuicios. La concentración de los medios también es geográfica y se expresa no solo en la convergencia de todos los medios nacionales en Santiago, sino también en que muchos medios regionales y provincial es tienen matriz en la capital del país y sus equipos profesionales están conformados principalmente por trabajadores/as que provienen de las grandes ciudades. Por otro lado, no existe resguardo de medios

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sociales o sin fines de lucro, que más bien son estigmatizados y criminalizados en su actuar. Tampoco hay institucionalidad alguna que cuide los derechos de las audiencias.

Como se ha dicho, proponemos modificar la concepción neoliberal de los derechos asociados a la comunicación y hacer más equitativo el sistema de medios. Es decir, asumiendo la dimensión colectiva de estos derechos como condición básica a garantizar por parte del Estado, lo que incluye el pluralismo informativo y el acceso equitativo a los medios de comunicación.

1. 1)  Creación/impulso de un medio público. Por eso, sugerimos modificar la ley de TVN para dotarla de una concepción de medio público, que modifique el nombramiento de su directorio y contemple financiamiento mixto (público privado) que le permita cumplir con su rol público de educar, informar y entretener.
2. 2)  Soberanía tecnológica para un Chile seguro e independiente (impulso del software libre en la administración y en la educación pública. Chile promocionará el uso de un software libre gratuito, estable, seguro ante los ataques de software malignos y más eficiente, con énfasis en las instituciones educativas públicas
3. 3)  Creación de un Sistema de Medios Públicos (SMP), El debilitamiento, sino derechamente la destrucción de los medios públicos (mediante privatización o precarización) ha sido una marca de las políticas neoliberales en el ámbito de lo mediático-comunicacional. Es lo que ha ocurrido en Chile, sobre todo a partir de 1990. Por el contrario, gobiernos progresistas como los de Argentina, Uruguay o Brasil, han optado por una clara política de fortalecimiento del SMP; es lo que proponemos que también ocurra en nuestro país. Así, sugerimos el desarrollo de una política pública que funde e integre un modelo multimedial de medios públicos, que incluya las distintas plataformas (audiovisual, sonoro, escrito y virtual.

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NUEVO ESTADO

UNA ACCIÓN GUBERNAMENTAL CON RENDICIÓN DE CUENTAS

Los principales objetivos sobre los que se rendirá cuenta son :

• La consolidación de una democracia participativa, paritaria, descentralizada, plurinacional e intercultural a desarrollarse desde 2022 y en adelante con la puesta en funciones de la nueva Constitución.
• El acceso progresivo desde 2022 a medios de vida universales básicos a lo largo de la vida mediante la protección de la infancia, subsidios familiares que promuevan la igualdad de género, programas de inserción en el empleo, pensiones solidarias y, a la salud, la educación y la cultura.
• Disminuir la desigualdad, dignificar el trabajo y avanzar a un pleno empleo decente, en una economía plural diversificada y con una remuneración justa del trabajo, incluyendo el trabajo doméstico, y con una inserción internacional más favorable que aumente los espacios nacionales de política en el horizonte de 2030.
• Lograr la carbono neutralidad antes de 2050. Lograr los objetivos enunciados requiere:

• Un funcionamiento gubernamental que define metas, lo que incluirá indicadores de logro periódico de resultados finales para el gasto público, integrados al proceso presupuestario anual
• Una gestión pública y la elaboración del presupuesto nacional con finalidades declaradas, lo que deberá hacerse con una nueva regla fiscal contracíclica, con metas de equilibrio presupuestarioestructural hacia el final del gobierno en 2026 y con cuentas de inversión plurianual.
• Hacer efectivo el rol de Consejos de la Sociedad Civil en cada ministerio y servicio que sean parte del proceso de elaboración y evaluación periódica de las políticas y programas públicos,junto al rol que cabe al parlamento en la aprobación y control del presupuesto.

  UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

  Una ley enviada en marzo próximo al parlamento consagrará nuevos mecanismos de participación:

1. Iniciativa popular de ley. Se otorgará un poder de iniciativa legislativa directa a la ciudadanía sobre un asunto específico, con el requisito reunir las firmas de un 15% de los votantes de la elección parlamentaria más reciente.
2. Referéndum revocatorio de normas. Se podrá someter a votación popular leyes o actos administrativos recientemente adoptados, para permitir a la ciudadanía oponerse a ellas si se reune las firmas de un 15% de los de los votantes de la elección parlamentaria más reciente.
3. Referéndum revocatorio de autoridades: Se podrá revocar el mandato a un representante elegido mediante votación universal, sometiendo a votación popular su continuidad. Aplicará para alcaldesy alcaldesas, gobernadores/as y presidente/a.

4.Plebiscito de materias de ley: El Presidente de la República, a propuesta del gobierno o a propuesta de la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados, podrá someter a plebiscito cualquier proyecto de ley que verse sobre la organización de los poderes públicos, sobre reformas relativas

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a la política económica, social y ambiental y a los servicios públicos que concurren a ella, o que proponga la ratificación de un tratado internacional.

5. Creación de un Consejo Económico, Social y Ambiental, que reunirá a representantes de la sociedad civil para emitir opinión previa al envío de proyectos de ley que regulen materias socioeconómicas, laborales y ambientales y sobre los proyectos de reglamento y decretos que se considere por el gobierno o por el parlamento

UN ESTADO PARITARIO

1. Apenas se asuma el gobierno, se establecerá la paridad de la participación de mujeres en los cargos designados, empezando por el gabinete de gobierno y los consejos y comisiones.
2. Una ley enviada en marzo próximo al parlamento consagrará que para el año 2030 ningún sexo podrá superar el 60% en los primeros niveles jerárquicos de las instituciones dentro del poder ejecutivo central, regional y local.
3. Al año 2030 todo organismo público tendrá una planta de trabajadoras y trabajadores en la que ningún sexo puede superar el 60% y los mecanismos de selección, evaluación y promoción tendrán enfoque de género.

UNA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Una ley enviada en marzo próximo al parlamento establecerá una Defensoría del Pueblo. Esta acogerá las quejas de los administrados con relación al funcionamiento de los servicios públicos de la Administración del Estado o gestionados por empresas privadas, y que impliquen la lesión de derechos fundamentales. Formulará recomendaciones a la administración y propondrá iniciativas de ley para contribuir al control ciudadano y social de los gobernantes y de la administración del Estado.

UNA SEGURIDAD CIUDADANA CON UN ENFOQUE DE SEGURIDAD HUMANA

Debe producirse un cambio hacia un enfoque de seguridad humana y con perspectiva de género, entendiendo el problema de la seguridad como un todo interrelacionado que debe poner en el centro a el/la ciudadano/a.

Refundar la acción policial

• –  Una ley enviada en marzo próximo al parlamento establecerá una completa reforma a Carabineros de Chile y su sujeción a la autoridad civil en materias operativas y administrativas. La comunidad será el eje del trabajo de las policías.
• –  Las unidades actuales de control del orden público serán reemplazadas por personal formado y comprometido con el respeto a los derechos humanos, al derecho de manifestación y a la primacía de la resolución no violenta de los conflictos.
• –  Los nuevos Delegados de Gobierno en regiones y provincias asumirán la tarea de supervigilar de manera efectiva la acción policial en su planificación operativa, la que estará subordinada en su ejecución a los responsables municipales de seguridad, que dependerán técnicamente del Ministerio del Interior y administrativamente de los Municipios.
• –  El Ministerio del Interior autorizará los presupuestos y la ejecución de gastos por parte de las policías, sin perjuicio de su control de legalidad por la Contraloría General de la República. Los mandos policiales mantendrán una estricta conducta de austeridad propia de la naturaleza del servicio a la comunidad.

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Carabineros de Chile se orientará a ser una policía de proximidad con la comunidad. Las buenas prácticas serán recogidas y extendidas en su diversidad. Se organizará en todo el territorio un sistema de comunicación policial con la comunidad a escala de barrio, regido por un plan anual discutido públicamente con los interlocutores locales, el que deberá ser responsabilidad del Delegado de Gobierno, de los Gobernadores y de los Alcaldes y sus concejos, junto a las diversas instancias de organización comunitaria y vecinal.

El personal policial será seleccionado asegurando una formación adecuada bajo dirección civil en un solo escalafón. Será objeto de una evaluación periódica consistente con los valores de protección a la comunidad

Los mandos serán personalmente responsables -con su destitución inmediata en caso de incumplimiento- de toda cobertura de delitos, de malas prácticas y de violencia contra la ciudadanía.

UNA REDEFINICIÓN DE LAS COMPETENCIAS TERRITORIALES Y SU FINANCIAMIENTO

Fortalecer los gobiernos regionales

• –  Una ley enviada en marzo próximo al parlamento permitirá que los gobiernos regionales sean el principal agente de planificación del desarrollo y uso del territorio urbano y rural y de diversas funciones de planificación territorial, incluidos los Planes reguladores comunales y regionales y del Borde Costero, para aumentar la capacidad de reconfigurar el uso del territorio hacia una mayor integración física, productiva y social y de avance a la proximidad en el acceso a servicios.
• –  Los gobiernos regionales serán dotados de un rol de coordinación de la inversión publica territorial, compatibilizando la inversión propia, la inversión sectorial de asignación regional y la inversión en regiones de interés nacional, mediante su proyección plurianual a través de los convenios de programación, hoy poco utilizados. Toda la inversión asociada a territorios específicos será traspasada para decisión regional, mientras la inversión nacional en regiones será objeto de consulta
• –  Se fortalecerá los convenios de programación multianuales de inversión entre el gobierno central y los gobiernos regionales.
• –  Se transferirá a los gobiernos regionales desde el nivel central las funciones de coordinación en materia de desarrollo urbano y vivienda, de transporte (no tiene sentido que el Transantiago sea manejado por el gobierno central, por ejemplo), de fomento productivo y de medio ambiente, sin perjuicio de facultades normativas de carácter nacional y de las funciones y atribuciones municipales.
• –  Se transferirá a los gobiernos regionales los servicios de salud desde el nivel central, sin perjuicio de mantener la salud primaria como una responsabilidad municipal.
• –  Se transferirá a los gobiernos regionales la educación municipal y los actuales servicios locales en los niveles primario y secundario, cuyas identidades y características son mayormente de ese nivel antes que nacionales.
• –  Se redefinirá el Fondo Nacional de Desarrollo Regional para reforzar su capacidad de compensación territorial, centrando sus criterios de distribución en variables de sub- equipamiento en infraestructuras sociales y productivas, de menor tasa estructural de empleo (masculina y femenina) y de mayor prevalencia de pobreza.

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– Se incorporará en una nueva ley de rentas regionales un 3% de regalía sobre las ventas mineras, con un 30% del producido anual que recaiga directamente en la región y el 70% restante en un Fondo de Compensación de Desarrollo Productivo Regional, junto a fortalecer los ingresos propios de los gobiernos regionales con fines de desarrollo productivo, tecnológico y de formación de capacidades humanas.

Fortalecer los municipios

• –  Una ley enviada en marzo próximo al parlamento transferirá a los municipios como función exclusiva las tareas de gestión urbana (ejecución y control de las normas de uso del suelo, regulación del transporte, recolección y tratamiento de desperdicios, alumbrado público, mantención de áreas verdes y espacios recreativos, cuidado de ecosistemas locales), la salud primaria, las tareas de cuidado y la promoción de la producción y el empleo local, sin perjuicio de los roles normativos regionales y nacionales.
• –  Se transformará el Fondo Común Municipal en un mecanismo de compensación de la diferencia de ingresos propios permanentes entre comunas. El SII tendrá la facultad de fijar la base de cobro y de recaudar los permisos de circulación y la patente industrial y comercial, como ya ocurre con el Impuesto Territorial. Se establecerá un mecanismo de compensación por diferencias de situación de pobreza y ruralidad. Este mecanismo corregirá el hecho que el
• –  El FCM asignará dos dotaciones presupuestarias a ser distribuidas según el número de habitantes de cada comuna. La primera será una dotación de funcionamiento, que represente un 70% del total de la recaudación, destinada a solventar los gastos en personal y en servicios continuos de responsabilidad municipal (iluminación de calles, recolección de basura, mantención de áreas verdes, actividades comunitarias) o parcialmente municipal (apoyo a la movilidad, a la salud primaria, a la educación pre-escolar y escolar, a la formación continua, a la cultura y al acceso a la vivienda). La segunda será una dotación de inversión, que represente un 30% del total de la recaudación. Esta dotación debe corregirse en la distribución comunal por un factor de subinversión previa (medida, entre otros indicadores, por el diferencial en los metros cuadrados de áreas verdes por habitante y en los metros cuadrados construidos por persona que habita el hogar).
• –  La transición hacia el nuevo sistema se hará sin que ningún municipio pierda ingresos propios permanentes, financiada inicialmente con el fin del tope de la patente industrial y comercial.
• –  Se dotará de una mayor autonomía a los municipios en la aplicación de tasas tributarias en materia de Impuesto Territorial, además de la patente industrial y comercial y el permiso de circulación, por sobre la tasa nacional, cuyo producido sea de exclusivo beneficio de cada municipio.

gasto municipal por habitante presenta grandes diferencias entre las de mayores y menores ingresos. El ingreso por habitante de la comuna de más ingresos es ocho veces mayor a la de menos ingresos.

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DEFENSA

La política de Defensa y sus FF.AA. deben responder a los intereses y necesidades del país, y no solo a las de un sector de la sociedad. Los recursos con que cuenta el sector, su contingente y sus capacidades desarrolladas, son un potencial enorme que debe estar a disposición para ser un aporte en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo para el país.

Este aporte tiene como principal requisito su estricta subordinación al mando civil y sus instituciones democráticas. porque son estos los espacios donde se establecen los intereses comunes de la nación, y por ende sus prioridades, énfasis y objetivos.

Así, un nuevo modelo de desarrollo demanda unas FF.AA. profesionales, modernas, no deliberantes, subordinadas, jerárquicas y disciplinadas al alcance de todas y todos, con una conducción política que no deja dudas y un control potente por parte de todos los poderes del Estado.

Se, se requiere construir una política de defensa que esté en concordancia con un nuevo modelo de desarrollo y aterrizada a la realidad nacional, que establezca claramente los márgenes de acción del propio Estado en el marco institucional de la Defensa, que genere confianza no solo al interior del país sino que en toda la región y que se haga cargo del rol específico que las FF.AA. juegan en un estado democrático que avanza hacia la dignidad plena de su habitantes.

A continuación, se entregan los principales lineamientos del programa para un programa de defensa que esté en concordancia con un nuevo modelo de desarrollo.

Medidas Emblemáticas

1. Fortalecer la conducción política del sector: El presidente debe ser el Jefe Supremo de las FF.AA. en la paz, la crisis y la guerra.
2. Fortalecimiento de la paz y autodeterminación de los pueblos a nivel regional: La defensa como sostenedor de la zona de paz en Latinoamérica.
3. Cultura de DD.HH.: Apego a las normas internacionales del uso de la fuerza, y los DD.HH. Formación de una una cultura en DD.HH. que los acompaña durante toda la vida militar.
4. Modificación de la carrera militar: Readecuación según las necesidades del nuevo modelo de desarrollo, que obedezca a una estructura eficiente del uso de la fuerza conjunta.
5. Fortalecimiento de las relaciones civiles-militares: Mediante los mecanismos de participación de la sociedad civil en la Defensa.
6. Vinculación entre institutos armados y Universidades Públicas: Intercambio de conocimiento e investigación entre las universidades del Estado, las escuelas matrices y otras instituciones de la Defensa.
7. Investigación: La industria militar debe ser parte de un modelo integrado de I+D que sea un aporte en el desarrollo tecnológico del país y que se relacione con una estrategia de desarrollo de ciencia y tecnología nacional.

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ENFOQUE DE DERECHOS

VERDAD, MEMORIA, JUSTICIA, REPARACIÓN, REFORMAS INSTITUCIONALES Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

La prevalencia de la verdad por sobre la justicia en los casos de graves violaciones a los derechos humanos no parece haber dado los resultados esperados, en términos de construir una sociedad más democrática, y de instituciones que garanticen los derechos más esenciales de las personas, así como la no repetición de tales atrocidades. En este sentido, una propuesta en materia de verdad, memoria, justicia y no repetición debiera considerar no solo las heridas dejadas por la dictadura militar, sino principalmente medidas que tengan como objetivo consolidar una sociedad más democrática, con instituciones respetuosas de los derechos humanos y mecanismos eficientes para controlar la actuación de las instituciones del Estado y la no repetición de esas violaciones

En Chile, durante la dictadura, se violaron de manera sistemática los derechos humanos, lo que significó la pérdida de más de cuatro mil vidas, entre quienes fueron asesinados y detenidos desaparecidos. Más de 35 mil personas padecieron la prisión política y la tortura, y cientos de miles debieron partir al exilio o perdieron sus trabajos por razones políticas. Junto con esto, se vulneraron el derecho a la libertad de expresión, de reunión y en general de todo tipo de participación política.

La violenta represión de la que han sido víctimas miles de manifestantes, junto con las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, ponen de manifiesto no sólo la urgencia de implementar medidas que respondan a la gravedad de la situación descrita, sino principalmente que abran la discusión sobre la efectividad de las medidas adoptadas en el campo de la Justicia de Transición para enfrentar el legado de horror de la dictadura militar.

Las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, sus familiares y, en general, la sociedad chilena deben tener acceso a la información de lo ocurrido, los culpables deben ser juzgados con penas acorde a los delitos cometidos, y debe existir una política pública que repare individual y colectivamente el daño sufrido por varias generaciones de chilenas y chilenos.

Propuestas de Corto Plazo

1. Creación de una Comisión de Verdad y Justicia permanente, que tenga como objetivo investigar graves violaciones a los derechos humanos, facilitar documentación a los tribunales de justicia, apuntar a los responsables de esas violaciones cuando eso sea posible y calificar a las víctimas.
2. Promover una ley de Sitios de Memoria, que rescate lugares de memoria, promoviendo el hallazgo y el financiamiento permanente y estable de esos espacios, con el objetivo de abrirlos a actividades sociales, culturales y políticas. De esta forma, se busca poner fin al sistema de financiamiento por concurso para los lugares de memoria.
3. Garantizar el acceso de víctimas calificadas por violaciones a los derechos humanos a políticas de bienestar social, tales como:

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a. Pensión vitalicia;
b. Acceso a salud física y psicológica, incluyendo la reparación de daños provocados por la acción de agentes del Estado, por ejemplo, en el caso de trauma ocular, lesiones por productos químicos, o traumas derivados del sometimiento a tortura y tratos crueles e inhumanos;

c. Acceso a becas de educación para hijos e hijas de víctimas de violaciones a los derechos humanos, heredable a generaciones posteriores.

d. Ingreso gratuito a universidades o centros de capacitación técnica o profesional de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, con el objetivo de lograr su reconversión laboral en aquellos casos en que no sea más posible ejercer el antiguo oficio o profesión como consecuencia de los daños sufridos.

e. Facilidades para acceder a subsidios habitacionales de víctimas de violaciones a los derechos humanos.

EN CHILE MIGRAMOS CON NUESTROS DERECHOS DESDE Y HACIA CHILE

La migración, como elemento constitutivo e inherente de la humanidad, debe ser reconocida por parte del Estado de Chile como un derecho, tanto de las personas que migran desde Chile al exterior, como de quienes llegan a nuestro país.

En este sentido, nos comprometemos a la construcción de un país Intercultural, para superar la homogeneización cultural desde la construcción misma del Estado-Nación; la Defensa de niñas, niños y jóvenes migrantes, como verdaderos sujetos y sujetas de derecho, dejando de lado la exclusión e invisibilización a la que ha sido sometido este grupo de especial protección; y a promover una política exterior que releve los principios de autodeterminación y soberanía de los pueblos, voluntad de paz, integración regional y solidaridad internacional. En materia migratoria, nuestra política internacional migratoria será antirracista, no discriminatoria y respetará en todo momento los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. A la vez, considerar el desplazamiento de personas de un país a otro

Necesitamos comprender y abordar la migración desde un enfoque de derechos y desde una perspectiva regional e interregional, maximizando las oportunidades y beneficios en el desarrollo de las sociedades y su impacto en la calidad de vida de las personas, afrontando, a su vez, los desafíos de maneja conjunta y coordinada.

Propuestas de Corto Plazo

1. En Política Internacional: no comprometemos a firmar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y a dar reconocimiento desde el Estado chileno a grados y títulos profesionales y técnicos otorgados por otros Estados a profesionales chilenas y chilenos que retornan, profesionales exiliados y profesionales extranjeros.
2. Chilenas y chilenos en el Exterior: Proponemos la elliminación del requisito de un año de avecindamiento para acceder a la ciudadanía, la creación de un distrito electoral de chilenas y chilenos en el exterior y el fortalecimiento del rol de los consulados y embajadas.

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3. Visas: Descentralizaremos la resolución de las visas, repondremos la Visa por Motivos Laborales y la ampliaremos a a 2 años, crearemos la categoría migratoria Permanencia Definitiva para niños, niñas y adolescentes e implementación de un trabajo coordinado con el Estado de Haití, para la facilitación de documentación.
4. Administración del Estado y Gobiernos Locales: Reconoceremos el concepto de avecindamiento y aplicación de éste para efectos de protección social, desde que la persona extranjera manifiesta su ánimo de permanencia en el país.DISCAPACIDAD

   En Chile, a falta de un mejor instrumento, el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad de 2015 (MIDESO – SENADIS) reporta que el 20% de la población presenta algún grado de Discapacidad2, lo que, contrastado con los 19.678.363 habitantes proyectados por el Instituta Nacional de Estadísticas (INE) al 30 de junio del año 2021, arroja un total de 3.935.673 Personas con discapacidad, o 3.286.287 si consideramos como universo al 16,7% de otras publicaciones oficiales, abarcando todos los tipos y grados utilizados para categorizar a esta población.

   Ahora bien, para el caso del Estado y el Gobierno, la Discapacidad representa un problema público, múltiple, estructural y de habilitación para el ejercicio y exigencia de Derechos que no puede recaer únicamente en el esfuerzo personal de las Personas con Discapacidad o en la caridad cíclica y privada que perpetúan los modelos médicos y capacitistas de la discapacidad.

   Así, y si bien las problemáticas a las que se enfrentan las Personas con Discapacidad son múltiples por las brechas y barreras físicas, actitudinales, comunicacionales, políticas, programáticas, sociales, de transporte, etc., que dificultan su participación plena y autónoma, también se debe considerar la diversidad y heterogeneidad del colectivo.

   Necesitamos transitar desde una sociedad de la discriminación y la exclusión a una donde la progresiva participación de las Personas con Discapacidad contribuya a superar las brechas históricas y evitar el levantamiento de barreras futuras. Pero, este cambio de mediano y largo plazo, requiere de transformaciones estructurales y acciones urgentes que permitan al Estado en el corto plazo garantizar la autonomía de las Personas con Discapacidad con acuerdo a su voluntad, posibilidades e intereses, y con arreglo y respeto irrestricto de sus Derechos diversificados.

   A continuación, se enumeran y describen tres grandes medidas con especial énfasis en lo multisectorial dadas las características multicausales de la Discapacidad como construcción social.

   PROPUESTAS

   1. Políticas Transversales e Intersectoriales del aparato gubernamental para la Inclusión Social: Proponemos implementar políticas transversales e intersectoriales en todos los Ministerios a partir

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de la generación de Departamentos para atender las temáticas específicas de las Personas con Discapacidad. La Inclusión y la Accesibilidad Universal, requieren de una respuesta estatal coordinada, capacitada y múltiple, dadas las condiciones estructurales de discriminación y exclusión a que están sometidas las Personas con Discapacidad. Esa acción y compromiso debe verse reflejado en un esfuerzo estatal conjunto que, además de contar con recursos, personal e infraestructura adecuadas, debe integrar al mundo de la Discapacidad en la toma de decisiones y la generación de respuestas ante los problemas que toca enfrentar, permitiendo superar la mirada netamente sectorial en que se ha encapsulado la temática de Discapacidad hasta ahora.

PERSONAS MAYORES

Buscamos generar una política robusta para responder a las necesidades de las personas mayores, un universo poblacional en creciente aumento en las próximas décadas en Chile.

Las propuestas en el ámbito de las personas mayores buscan garantizar su dignidad y calidad de vida, en el marco del reconocimiento de sus derechos humanos.

Las personas mayores constituyen un grupo grande y heterogéneo. Se requiere una política diversificada acorde a las necesidades. Existe un envejecimiento progresivo de la población y disminución de la población laboralmente activa.

El enfoque interinstitucional sería la manera adecuada de abordar la política de personas mayores, para garantizar su calidad de vida en ámbitos diversos, con enfoque de derechos humanos que comprende a las personas en su integralidad.

Propuestas de Corto Plazo.

-Creación de sistema nacional de cuidados integrales. A nivel local, incluye la figura de los «agentes comunitarios», que visitan a las personas para conocer su situación y necesidades, brindan información y orientan sobre el acceso a la salud a nivel local.

– Fortalecer la cantidad y la oferta de programas destinados a que las personas mayores puedan desarrollar su vida cotidiana diurna en espacios donde se sientan cuidadas y puedan desarrollar sus capacidades y conocimientos.

-Se creará el «pase mayor» para que las personas mayores puedan utilizar la red de transporte de las ciudades con una tarifa mínima. A su vez, se implementará una política de «precio mínimo» en eventos deportivos y culturales, destinado a favorecer el derecho a la cultura y al deporte por parte de este grupo de población.

Niños, niñas y adolecentes

El presente programa de gobierno busca transformar la histórica relación subsidiaria que el Estado chileno ha mantenido con las niñas, niños y adolescentes, y avanzar hacia un Estado que tenga un rol protagónico y garante de derechos para todos los sujetos de menos de 18 años que habiten en el

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territorio. Esto significa migrar desde una mirada tutelar centrada en el enfoque de la “situación irregular”, a un enfoque de protección integral de los derechos bajo un principio de universalidad, promoción y trabajo preventivo, además de abordar de manera urgente los casos en que los derechos han sido vulnerados gravemente. El Estado se hará cargo del respeto, protección y satisfacción de todos los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción.

En materia de protección, aún contamos con un Estado que delega su función pública a agentes privados y que actúa de manera focalizada solamente en los casos de vulneración grave de derechos, o sobre aquellos NNA que han cometido delito. La judicialización de las necesidades y de las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes ha sido, hasta hoy, el único mecanismo a través del cual el Estado interviene. Y sólo puede hacerlo tarde, cuando ya han ocurrido las vulneraciones. Los 197.589 niños, niñas y adolescentes atendidos en el sistema de protección (un 4,6% de la población total de NNA), se distribuyen en aproximadamente 250 centros (tanto de atención residencial como ambulatoria), de los cuales 11 son de administración directa del Estado y el resto corresponde a organizaciones de derecho privado sin fines de lucro.

Por último, es necesario avanzar en los derechos de participación y derechos políticos de los niños, niñas y adolescentes, definidos como herramientas para su desarrollo pero también como fines en sí mismos si verdaderamente adoptamos el enfoque de derechos y reconocemos a los NNA como sujetos titulares de los mismos y, en consecuencia, como actores sociales con derecho a participar en los procesos de decisión. De manera especial, las y los adolescentes han dado muestras de una participación social y política potenciadora de cambios estructurales en nuestro país, sin embargo esa participación tiene un escaso o nulo reconocimiento a nivel institucional y normativo.

Lo anterior exige un cambio estructural en la relación del Estado con los niños, niñas y adolescentes, que se caracterice por respetarlos como sujetos de derecho, capaces de ejercerlos por sí mismos de acuerdo con su madurez y grado de desarrollo y contemplando su interés superior como una consideración primordial en todas las decisiones que les afecten.

Propuestas de corto plazo

•  ReformaremoselactualServicioNacionaldeProtecciónEspecializadaalaNiñezyAdolescencia(Ley 21.302, ex SENAME) reformulando la estructura de provisión de cuidados alternativos y asegurando la calidad de las prestaciones otorgadas por las entidades acreditadas (primeros dos años de gobierno)
• §  Enviaremos, un proyecto de ley que cree el Sistema Nacional de Protección Administrativa, orientado a establecer una bajada territorial de la institucionalidad que coordine, controle y entrelace las políticas públicas de niñez, a través de las secretarías regionales ministeriales y Oficinas Locales de la Niñez en cada comuna (el proyecto será enviado en los primeros 100 días, pero la instalación del sistema traspasará los 4 años. Se estima un mínimo 6 años para su instalación progresiva).
• §  Enviaremos, dentro de los primeros 100 días de gobierno, un proyecto de ley que derogue y reemplace la ley 20.032 para regular, en aspectos financieros, administrativos y técnicos, la intervención de los agentes privados en la misión de la protección especializada (el proyecto se enviará en los primeros 100 días, pero los ajustes de la ley tomarán los 4 años).
• §  Crearemos un Programa de Acceso Universal a Tecnologías de Información y Comunicación para que cada niño, niña y adolescente entre los 6 y los 18 años de edad que habite nuestro territorio, cuente con un computador y conexión a banda ancha de internet garantizados por el Estado.

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Acceso a la Justicia

No proponemos contribuir a entregar un acceso igualitario a la justicia, generando medidas para acercar y hacer más efectiva y especializada la respuesta de las instituciones vinculadas a su impartición, con foco en el cumplimiento de los derechos humanos de la población, y con énfasis específicos en algunas

Pues, existe una desconexión significativa entre las y los habitantes de los distintos territorios y los entes estatales que son parte de la institucionalidad judicial. Esto conlleva un deterioro del tejido social, al no existir instancias eficaces para resolver conflictos de alta recurrencia en la comunidad, de manera pacífica y duradera.

Además de lo anterior, un problema importante en esta materia refiere a que el acceso a la justicia se encuentra fuertemente condicionado, como otros derechos sociales, por la capacidad socioeconómica de las personas, la que resulta altamente incidente en la capacidad de defensa efectiva que estas poseen.

Se constata además que distintos grupos de población vulnerados presentan también en este plano restricciones particulares para lograr un acceso efectivo a la justicia. Entre ellos, se resaltan: Mujeres (ausencia de garantía de protección efectiva en casos graves de violencia física); personas con discapacidad (existencia de restricciones físicas, procedimentales y normativas); pueblos indígenas y personas migrantes (situaciones de discriminación racial, ausencia de pertinencia en procedimientos y de servicios de interpretación necesarios y niños, niñas y adolescentes (inexistencia de mecanismos de denuncias accesibles, particularmente en casos de NNA en residencias SENAME).

Se proponen una combinación de medidas que, por una parte, contribuyan a resolver distintos conflictos que afectan a las comunidades y que no son abordados por la justicia, con un foco preventivo, multidisciplinario y comunitario. Por otra parte, se presentan medidas para favorecer la respuesta judicial a distintas vulneraciones de derechos humanos que requieren abordajes específicos y especializados.

Propuestas de corto plazo

Justicia Vecinal / Comunitaria:

Programa para abordaje multidisciplinario y preventivo, a conflictos de alta recurrencia actualmente no resueltos por la institucionalidad judicial. Organizado desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, considera la conformación de equipos municipales con abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, funcionarios/as del área de la salud, entre otros; para dar abordaje y/o derivación y seguimiento a conflictos vecinales, casos de violencia intrafamiliar, situaciones derivadas de consumo problemático y tráfico de alcohol y drogas, entre otros.

Plan de búsqueda de destino final de personas detenidas desaparecidas:

Conformación de un equipo multidisciplinario, que realice sistematización de información y pericias, en el marco de las atribuciones legales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que aporte al establecimiento de la verdad respecto del destino final de las personas detenidas desaparecidas, y aporte a los procesos judiciales en curso, o que puedan abrirse.

Programa de atención a mujeres víctimas de violencia:

Programa para entrega de apoyo especializado en materias de salud física y psicológica, y acompañamiento judicial para la garantía de la integridad física y psicológica de las víctimas, y para el aseguramiento de su acceso a la justicia.

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CIUDAD

CIUDAD, VIVIENDA Y TERRITORIO

Chile requiere repensar la vivienda, la ciudad y el territorio desde el interés público, por encima del interés privado y los requerimientos del mercado. La ciudad debe ser recuperada por y para sus habitantes y no estar a merced de quienes lucran con ella. El derecho humano a la vivienda digna y al bienestar deben estar garantizados, propendiendo a mayor justicia espacial e inclusión social en cada una de las políticas públicas. El desarrollo habitacional, urbano y territorial debe ser sostenible, preservando el patrimonio, paisaje y cultura e identidad colectiva de la sociedad. La movilidad y el transporte deben ser inclusivos, seguros y sustentables, promoviendo en forma efectiva el desarrollo social con perspectiva de urbanismo feminista, considerando las limitaciones que la ciudad impone a la libertad, movilidad, seguridad y uso del tiempo de las mujeres y poblaciones excluídas, incorporando estas variables a la hora de analizar cómo mejorar el habitar de nuestros espacios.

La estructura urbana de nuestro país refleja y reproduce la desigualdad socioeconómica que le caracteriza, y se manifiesta en la enorme segregación socio-espacial de nuestros territorios.

El Estado se encuentra limitado a su actuar subsidiario, los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial existentes son insuficientes y no recogen las necesidades de los habitantes,las ciudades se han desarrollado sin planificación social consciente, siendo el mercado inmobiliario el principal responsable de la política habitacional y urbana en las últimas décadas.

Las ciudades se desenvuelven bajo problemáticas medioambientales, de inseguridad, desigualdad en el desplazamiento y uso del tiempo, escaso acceso a servicios básicos, desincentivo de la participación ciudadana y un desigual uso del espacio público para las clases sociales desfavorecidas y los grupos excluidos como personas migrantes, de pueblos indígenas, población LGBTIQ+, personasen situación de discapacidad, niñas/es/os, mujeres, entre otros.

La producción social del hábitat, requiere de una democracia participativa, paridad, autonomía y descentralización del poder en las comunidades y en todas las escalas territoriales. De esta manera, se superará el paradigma de la producción privada del espacio, disputando a través del valor de uso, la hegemonía que ha tenido el valor de cambio, propiciando el desarrollo de asentamientos humanos en los que se resguarden los derechos fundamentales. Para ello, el Estado debe tender hacia la superación de la lógica subsidiaria, recuperando el rol de gestor directo y colaborador en los procesos de autogestión comunitaria del hábitat residencial y financiamiento público para los sectores populares y capas medias, redefiniendo el actual tejido normativo neoliberal, y su instrumental técnico ad hoc, de tal manera que la planificación urbana pueda recuperar y profundizar (con perspectiva de género, sustentabilidad, inclusión, resguardo del patrimonio y diversidad cultural) la capacidad histórica que han tenido la sociedad civil y el Estado de proveer hábitat y ciudades dignas.

Ordenamiento y planificación territorial con participación vinculante

• Crear una entidad de Planificación y Ordenamiento Territorial de escala nacional, que desarrolle y entregue lineamientos sobre la elaboración de planes y estrategias nacionales e interregionales de

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desarrollo territorial, que coordine, evalúe y priorice inversiones y tenga atribuciones para participar en la definición del presupuesto de los distintos Ministerios.
• Avanzar en el establecimiento de un sistema de planificación interdependiente (no jerárquico), que permita el diálogo de las escalas: supranacional, nacional, regional, metropolitana, intercomunal y barrial/local, con el propósito de equilibrar estratégicamente necesidades y objetivos sociales y económico diversos.

Elaborar una Nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones.

• Fomentar a nivel comunal, a través de las Direcciones de Desarrollo Comunitario (DIDECO), la participación vinculante de la sociedad civil desde el origen de los instrumentos de Planificación Territorial. Los planos metropolitanos y regionales deberán ser sancionados a través de plebiscitos comunales obligatorios.
• Promover decisiones vinculantes con organizaciones de mujeres y comunidad LGBTIQ+ y avanzar hacia la paridad en los cargos de toma de decisiones que repercutan en la planificación y ampliación de las ciudades. Transparentar y evaluar los métodos de participación paritarios.
• Fortalecimiento de barrios

• Plantear como idea de fuerza del Programa Quiero Mi Barrio el concepto “CIUDAD DIGNA”, que marque una nueva etapa en la inversión a nivel barrial, con un compromiso por laequidad y el desarrollo armonioso; para restaurar las conexiones y actividades sociales, conducentes a estilos de vida urbanos sostenibles que mejoren la calidad de vida para todas las personas y todas las expresiones vitales.

Vivienda digna

• Implementar una política de construcción de viviendas públicas masiva, de bajo costo, de diversa tipología y con una localización óptima para acceder a las oportunidades urbanas,para subsidios de arriendo. Se fijará el 10% de la renta autónoma del hogar como máximopara el pago del arriendo.

Acompañamiento a campamentos

• En cuanto a Asentamientos Precarios, una política efectiva de acompañamiento y búsqueda de soluciones definitivas en cada campamento, trabajando de manera conjunta con dirigentes sociales para la definición al final del primer año de una solución habitacional óptima mediante radicación, urbanización o relocalización a materializados a través de Planes Urbanos Estratégicos.

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Municipios y Propuestas Emblemáticas

Nuestro programa tiene el objetivo de ampliar las iniciativas populares que hoy se implementan en la comuna de Recoleta a todas las comunas del país, que abarcan sectores como salud, educación, cultura, deporte y recreación. Con la implementación de estas medidas a través de presupuesto estatal se busca corregir la desigualdad existente en el acceso a remedios, lentes ópticos, libros, espacios para la cultura deporte y recreación, entre otros.

Precisamente estos sectores han sido olvidados por el Estado, dejando gran parte de la provisión al mercado, y han afectado en gran medida a las personas de las comunas más pobres del país, que ven que sus ingresos no alcanzan para costear remedios, que no tienen una educación de calidad porque no la pueden pagar y que no tienen espacios donde puedan desarrollar actividades deportivas, culturales ni de recreación.

Las comunas de menores ingresos no cuentan con espacios donde la comunidad pueda desarrollar actividades culturales, deportivas y de recreación, además, hay diagnósticos que señalan una ruptura entre las instituciones educativas y la sociedad civil, debido a la creencia generalizada de que la educación de las personas es solo un asunto de las escuelas. Al abrir las escuelas se está aprovechando infraestructura ya existente para transformarlos en verdaderos centros culturales, deportivos para el desarrollo pleno de las y los habitantes del entorno de la escuela, generando diálogo y mayor participación de éstas en el proceso educativo. Además, contribuye a la apropiación del espacio publico por parte de la comunidad.

Se propone la implementación de las iniciativas populares a todas las comunas del país con un financiamiento estatal para los gobiernos locales, y que sean éstos últimos organizar el territorio de forma tal que se logre un aprovechamiento de las capacidades específicas de cada territorio, promover su desarrollo, y plantear como objetivo principal del modelo local las necesidades que las mismas comunidades señalen. Las iniciativas para implementar son:

• –  Farmacia Popular
• –  Óptica popular
• –  Escuelas Abiertas
• –  Universidad Abierta
• –  Librería Popular
• –  Disquería PopularLos municipios serán los encargados de identificar y organizar la demanda de sus comunidades en cuanto a medicamentos, lentes ópticos. Asimismo, deben tener un rol en la coordinación de espacios y talleres en las escuelas abiertas y los cursos de formación en las Universidades Abiertas que deben responder a las necesidades locales.

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TRANSPORTE

Necesitamos cambiar la lógica sobre la que se ha estructurado la planificación del transporte en los últimos 30 años en Chile.

La planificación del transporte en Chile se ha sostenido, fuertemente, sobre la base del financiamiento privado y la estricta rentabilidad privada de las inversiones en proyectos de transporte. De esta manera, en tanto un proyecto de transporte urbano o interurbano sea financiable privadamente, lo que implica la necesaria rentabilidad económica privada en el mediano o largo plazo, se ha optado en muchos casos por estas soluciones descartando proyectos y soluciones de alta rentabilidad social y medioambiental. La política de transporte en Chile ha buscado, en muchos casos, oportunidades de negocios más que soluciones sustentables y sostenibles a las necesidades de transporte y movilidad.

Cambiar la lógica sobre la que se planifica el transporte y movilidad en Chile, asumiendo al transporte público y modos no mecanizados de desplazamiento como el eje y pilar central de la planificación, invirtiendo, priorizado y potenciando a estos modos y alternativas de transporte y movilidad por sobre el automóvil particular.

Propuestas