Integrantes del Gobierno de Chile y de partidos afines se declararon hoy satisfechos con la reforma laboral aprobada la víspera, pero la oposición impugnó la iniciativa y la llevó al Tribunal Constitucional (TC).
Aunque la propuesta de ley generó también algunos resquemores en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), deja atrás el código impuesto en 1979 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que redujo la presencia sindical al mínimo.
«Estamos dando un paso histórico. Estableciendo un nuevo modelo de relaciones laborales», destacó el senador socialista Juan Pablo Letelier, al aplaudir la reforma que llevó adelante la administración de Michelle Bachelet.
Chile, que tiene apenas un 14 por ciento sindicalizado, ofrece con la medida mayor protagonismo a los gremios, colocándolos como agentes principales en la negociación colectiva, a la vez que prohíbe reemplazos durante huelgas.
Crea, de todas formas, la modalidad de servicios mínimos, en particular para las esferas más sensibles. Permite igualmente la negociación interempresa de varios gremios, con beneficios únicamente para los sindicalizados.
Desde los partidos de derecha surgió el requerimiento para impugnar la reforma y así dilatar el proceso de implementación, bajo el argumento de que lejos de reforzar los derechos de los trabajadores, los debilita.
Los puntos de vista expuestos por Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, sin embargo, fueron rechazados por la CUT.
No obstante, la principal fuerza sindical de Chile no dejó de señalar sus reparos a un acápite que indica la posibilidad por parte de la empresa de realizar las «adecuaciones necesarias en caso de huelgas», que puede significar cambio de personal.
Santiago de Chile, 8 de abril 2016
Crónica Digital / PL
