El financiamiento a la Educación Superior fue el tema central del tercer Encuentro Temático Transversal del proceso de discusión de la U. de Chile, en el que la directora del Instituto de la Comunicación e Imagen y Premio Nacional de Periodismo se refirió a cómo es urgente «cambiar el financiamiento por la demanda a uno por la oferta» y definir penalmente la figura del lucro.
“El desafío de un sistema de Educación Superior sin lucro” fue el título de la sesión de un nuevo Encuentro Temático Transversal, realizado este miércoles 12 de octubre en la Sala Eloísa Díaz de la Casa Central, espacio en el que estudiantes, funcionarios, académicos y autoridades -encabezados por el Rector Vivaldi-, se reunieron para abordar el tema del financiamiento en la Educación Superior y cómo quedará regido este ámbito en el proyecto de ley que hoy se encuentra en el congreso.
La profesora María Olivia Mönckeberg, Premio Nacional de Periodismo cuya carrera ha estado cruzada por investigaciones en esta materia, estuvo a cargo de la charla inaugural, acompañada de la presidenta de la FECh, Camila Rojas, quien moderó el espacio de discusión.
La profesora Mönckeberg manifestó que el proyecto “abre más preguntas que respuestas sobre todos los temas, pero muy en particular sobre financiamiento y lucro”. En ese sentido, planteó que el actual debate en materia de financiamiento está cruzado por intereses de grupos económicos que esperan consolidar los mecanismos mediante los cuales financian sus proyectos. “Hay un negocio ideológico y material que está en medio de esta denodada batalla que se está dando por mantener y profundizar la situación actual”, dijo.
“Los guardianes del modelo y el lucro defienden y defenderán a brazo partido su posibilidad de hacer negocios a costa del Estado y las familias chilenas”, enfatizó la académica, agregando que estos grupos han manifestado sus posturas a través de “entrevistas y editoriales, en el sentido de que cualquier indicio que pudiera haber una actitud pro universidades estatales por parte del mismo Estado, lo consideran injusto”.
En su intervención, la Premio Nacional de Periodismo hizo un diagnóstico del tema en el escenario actual, donde el financiamiento a las universidades estatales por parte del Estado no alcanza al 10 por ciento de sus presupuestos. En el caso de la U. de Chile este corresponde sólo al 8 por ciento, cifra que “nos da la magnitud de lo caótico que es el llamado sistema”.
A esto se suma, según lo evidencia el informe que la Contraloría General de la República emite anualmente desde el año 2012, que el financiamiento “ha venido en aumento y es muy superior lo que se entrega a las universidades privadas que a las públicas”, incluso a instituciones que no han sido acreditadas.
A nivel global, agregó la directora del ICEI, “Chile presenta el record de financiamiento privado de Educación Superior. Sabemos que son las propias familias y los estudiantes los que se endeudan y la financian y el Estado está puesto detrás apoyando con becas y créditos tanto a las públicas como las privadas”. A esto se suma que “los aranceles en nuestro país están entre los más altos del mundo” y que “grupos económicos y empresarios han hecho grandes negocios y no hay fiscalización adecuada, no la ha habido en estos años y no se advierte mucho que la vaya a haber”.
Otro de los puntos abordados por la periodista fue el caso del grupo Laureate, entidad que el año “el año 2007 inauguró la compra de ‘carteras de alumnos’, como quien habla de carteras de acciones de una empresa”. Hoy el conglomerado “es dueño de las dos universidades privadas con más alumnos y uno de los tres mayores institutos”, planteles que suman casi 80 mil estudiantes, “más del doble de la U. de Chile”.
Respecto a los desafíos en esta materia, Mönckeberg planteó que es necesario que las autoridades tomen la decisión política de tipificar como delito el lucro en la legislación penal chilena; y que esta ley consagre un rol fiscalizador que no ha habido hasta ahora. La superintendencia, una de las medidas regulatorias planteadas por el proyecto de ley, «aparece como necesaria pero es fundamental una superintendencia que pueda actuar. Hay que ver cómo se legisla para que ésta pueda fiscalizar».
Finalmente, la profesora insistió en la necesidad de “cambiar el financiamiento por la demanda a uno por la oferta y desde ahí plantearnos la gratuidad, prioritariamente que tienda a ser total pero a partir de las universidades públicas”.
Discusión en torno al financiamiento
Tras la ponencia inaugural de este encuentro, hubo un espacio de preguntas y comentarios donde los asistentes pudieron plantear sus cuestionamientos y aportes en torno al tema del financiamiento.
El Rector Vivaldi fue parte de este espacio, donde se refirió a que en el actual escenario de la Educación Superior«se ha perturbado el concepto de universidad, y se le ha dado una connotación de una oportunidad de negocios a lo que antes fue otra cosa».
Para él, lo que antes eran «comunidades en torno al saber, al cultivo de las disciplinas, a la solución de problemas del país, comunidades a las cuales naturalmente era idóneo enviar a los jóvenes a formarse para ser profesionales -a las cuales nosotros le llamábamos universidad-, se transformaron en lugares donde venden commodities, que es un título profesional».
Camila Rojas, presidenta de la FECh señaló que en materia de financiamiento «la pregunta de fondo es quiénes se han visto favorecidos con el lucro en la educación». En ese sentido, «sabemos que son los grupos económicos, mientras que quienes han perdido más son las instituciones de la educación pública y todos aquellos estudiantes que han tenido que ir a instituciones que ponen como primer objetivo el lucro y no entregar una buena educación».
Desde los funcionarios, David Huerta del ICEI, manifestó que en cuanto a asignación de recursos es importante poder responder «por qué motivo una institución como la U. de Chile está en el mismo grupo de otras instituciones que finalmente no tienen el alcance de extensión, investigación e innovación, pero que bajo la ley tienen las mismas condiciones de financiamiento de parte del Estado. Por lo tanto, ese es un tema relevante para la discusión del día de hoy».
Finalmente, Iván Retamales de la Asociación de Académicos planteó que el Estado chileno, «como cualquier Estado del mundo, no puede soslayar el hecho que las universidades estatales le pertenecen, por lo tanto es su responsabilidad brindarles los recursos necesarios para su funcionamiento integral, para que cumplan la función que toda universidad de excelencia debe tener, es decir, gestión institucional, vinculación con el medio, docencia de pregrado y postrado e investigación».
Texto: Francisca Palma
Fotografías: Alejandra Fuenzalida
Santiago de Chile, 13 de octubre 2016
Crónica Digital / uchile.cl
