La diputada Mapuche Emilia Nuyado, dijo que es «inaceptable que las reivindicaciones sociales o marchas a favor del Apruebo sean reprimidas de manera brutal. En cambio la marcha del rechazo fue escoltada por la policía».
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Emilia Nuyado, acusó un «doble estándar del gobierno y carabineros, frente a las movilizaciones que hemos visto las últimas semanas».
A juicio de la parlamentaria, «esto demuestra que el gobierno y la policía tienen una postura clara respecto a defender a camioneros, empresarios y la opción del Rechazo en el próximo plebiscito».
«Podemos concluir entonces que Carabineros se ha transformado en el guardián del Rechazo y en el matón que usa el gobierno para acallar a sus detractores. El mismo fin de semana, mientras FF.EE. gaseaba y reprimía a personal de salud que se manifestaba de manera pacífica, vimos como Carabineros escoltaba una marcha del Rechazo. Esto es inaceptable para una democracia y por eso exijo que el Presidente, el Ministro del Interior y el General de Carabineros, se pronuncien sobre este actuar disímil de la policía» dijo Emilia Nuyado.
Sobre este mismo punto, la diputada Mapuche agregó que » hay una responsabilidad directa de este gobierno que permite todos los abusos de la policía».
«Carabineros y el gobierno están sembrando resentimiento y polarizando aún más el país. No quiero pensar que esta sea una maniobra del gobierno para boicotear el Plebiscito del próximo 25 de Octubre. Es por esto que vamos a pedir que la Comisión de Derechos Humanos invite al ministro Víctor Pérez, al General Mario Rozas y al Intendente Guevara. , » concluyó Emilia Nuyado.
Santiago de Chile, 8 de septiembre 2020
Crónica Digital
Mar Sep 8 , 2020
Mediante una declaración pública, las comisiones de medioambiente de doce partidos de la oposición, desde la DC al Frente Amplio, solicitaron al Ejecutivo que suscriba antes del 26 de septiembre el pacto adoptado en 2018 que busca asegurar el acceso a la información, la participación ciudadana y la protección de defensores sociales y ambientales. Asimismo, señalaron que de “no firmar el Acuerdo, el gobierno debe hacerse cargo de las consecuencias que traería la falta de seriedad en sus políticas multilaterales”._ Doce partidos políticos agrupados en la oposición, emitieron una declaración pública donde solicitan al Gobierno de Chile que suscriba el Acuerdo de Escazú, antes de que caduque el plazo para que entre en vigencia. Esto, luego de que el Ejecutivo desistiera de firmar el acuerdo que, en menos de tres semanas, podría convertirse en el primer tratado vinculante de derechos humanos y medioambiente de América Latina y el Caribe. En el documento el conglomerado señala que “el Acuerdo de Escazú viene a saldar una deuda de justicia con la ciudadanía que cuida del medio ambiente, a protegerla y a garantizar sus derechos”, y acusan que esta es “la última oportunidad que tiene este gobierno de demostrar su compromiso en la defensa de los derechos a la participación de la ciudadanía y liderazgo internacional en la crisis climática y ecológica”. Igualmente mencionan en el escrito que latinoamérica se ha constituido como “la región más peligrosa del mundo para ser activista medioambiental, donde más de 200 personas fueron asesinadas en 2019”, destacando el caso de la activista Macarena Valdés. Frente a esto, aseguran que el pacto de Escazú viene a reforzar “la protección de los dirigentes sociales y ambientales, la autonomía y participación de la ciudadanía”. Al respecto, la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, señaló que “firmar este acuerdo es un deber urgente y una deuda que tiene que saldar Chile con el medioambiente, la participación y la protección de las dirigentas y dirigentes sociales, que han sido históricamente perseguidos, vulnerados y excluidos de la toma de decisiones. Si el gobierno decide darle la espalda a la ciudadanía, que luego no se pregunten por qué salimos a las calles”. Desde una visión crítica, la activista eco-feminista por Petorca, Bárbara Astudillo, indicó que “en Chile no existe la democracia ecológica, no existe participación vinculante, nos hacemos gárgaras de una socialdemocracia cuando el territorio no puede decidir e incidir en políticas públicas, sobre todo sabiendo que al defender el medioambiente no hay protección, por eso es una irresponsabilidad por parte de las autoridades no colocar la firma en Escazú”. Por su parte, el diputado Diego Ibáñez indicó que “las razones para no firmar son poco claras, confusas, no dejan satisfecho a nadie. El acuerdo de Escazú nos invita a democratizar la información ambiental, instalar mecanismos sólidos de participación ciudadana en proyectos que involucren impacto ambiental y aumentar la protección sobre las y los activista ambientales en una región particularmente acechada por la persecución de liderazgos ecologistas”. “Escazú es más y mejor democracia. Mientras […]
