Mediante una declaración pública, las comisiones de medioambiente de doce partidos de la oposición, desde la DC al Frente Amplio, solicitaron al Ejecutivo que suscriba antes del 26 de septiembre el pacto adoptado en 2018 que busca asegurar el acceso a la información, la participación ciudadana y la protección de defensores sociales y ambientales. Asimismo, señalaron que de “no firmar el Acuerdo, el gobierno debe hacerse cargo de las consecuencias que traería la falta de seriedad en sus políticas multilaterales”._
Doce partidos políticos agrupados en la oposición, emitieron una declaración pública donde solicitan al Gobierno de Chile que suscriba el Acuerdo de Escazú, antes de que caduque el plazo para que entre en vigencia. Esto, luego de que el Ejecutivo desistiera de firmar el acuerdo que, en menos de tres semanas, podría convertirse en el primer tratado vinculante de derechos humanos y medioambiente de América Latina y el Caribe.
En el documento el conglomerado señala que “el Acuerdo de Escazú viene a saldar una deuda de justicia con la ciudadanía que cuida del medio ambiente, a protegerla y a garantizar sus derechos”, y acusan que esta es “la última oportunidad que tiene este gobierno de demostrar su compromiso en la defensa de los derechos a la participación de la ciudadanía y liderazgo internacional en la crisis climática y ecológica”.
Igualmente mencionan en el escrito que latinoamérica se ha constituido como “la región más peligrosa del mundo para ser activista medioambiental, donde más de 200 personas fueron asesinadas en 2019”, destacando el caso de la activista Macarena Valdés. Frente a esto, aseguran que el pacto de Escazú viene a reforzar “la protección de los dirigentes sociales y ambientales, la autonomía y participación de la ciudadanía”.
Al respecto, la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, señaló que “firmar este acuerdo es un deber urgente y una deuda que tiene que saldar Chile con el medioambiente, la participación y la protección de las dirigentas y dirigentes sociales, que han sido históricamente perseguidos, vulnerados y excluidos de la toma de decisiones. Si el gobierno decide darle la espalda a la ciudadanía, que luego no se pregunten por qué salimos a las calles”.
Desde una visión crítica, la activista eco-feminista por Petorca, Bárbara Astudillo, indicó que “en Chile no existe la democracia ecológica, no existe participación vinculante, nos hacemos gárgaras de una socialdemocracia cuando el territorio no puede decidir e incidir en políticas públicas, sobre todo sabiendo que al defender el medioambiente no hay protección, por eso es una irresponsabilidad por parte de las autoridades no colocar la firma en Escazú”.
Por su parte, el diputado Diego Ibáñez indicó que “las razones para no firmar son poco claras, confusas, no dejan satisfecho a nadie. El acuerdo de Escazú nos invita a democratizar la información ambiental, instalar mecanismos sólidos de participación ciudadana en proyectos que involucren impacto ambiental y aumentar la protección sobre las y los activista ambientales en una región particularmente acechada por la persecución de liderazgos ecologistas”.
“Escazú es más y mejor democracia. Mientras los demás países de la región adhieren, Chile los mira en silencio, ¿a qué le tiene miedo el Gobierno?” cuestionó el parlamentario.
Firman esta declaración los partidos de oposición: Convergencia Social, Revolución Democrática, Fuerza Común, Partido Comunes, Partido Liberal, Partido Federación Regionalista Verde, Partido Comunista, Partido Progresista, Democracia Cristiana, Partido Radical, Partido Socialista y Partido Por la Democracia.
Santiago de Chile, 8 de septiembre 2020
Crónica Digital
