El informe recibió 39 votos a favor, 30 en contra y 10 abstenciones, con lo que no alcanzó la mayoría requerida para ser aprobado por la Sala.
Luego de dos sesiones de análisis, la Cámara de Diputados rechazó en una estrecha votación el informe de la Comisión Investigadora de la actuación de los organismos públicos encargados de fiscalizar eventuales irregularidades en la administración de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (Arcis).
El informe había sido entregado a la Sala, en la sesión del jueves pasado, por el diputadoFelipe Letelier (PPD).
La instancia fue creada el 20 de agosto de 2014, con el objetivo de investigar los hechos relativos al proceso de acreditación de la Universidad Arcis, su situación financiera, la eventual relación de autoridades y funcionarios de gobierno con esa casa de estudios y la situación laboral de sus trabajadores.
En 18 sesiones, la comisión se avocó a citar e invitar a las personas que podían aportar antecedentes respecto a cada uno de estos puntos, citar a las autoridades públicas vinculadas al tema y enviar los oficios correspondientes a los entes públicos para solicitar información.
Durante el desarrollo de su mandato, la comisión investigadora también analizó un reportaje publicado por el medio electrónico CIPER respecto a irregularidades en el plantel y a la existencia de lucro y la participación del Partido Comunista en dicha casa de estudios.
El informe rechazado descartaba irregularidades tanto en el proceso de acreditación del plantel como a nivel financiero y tributario. Si bien se constató la crisis económica de la institución, se manifestaba confianza en el plan de la entidad para enfrentarla.
En el caso de los trabajadores, la Comisión constató «la grave situación que afecta a la comunidad universitaria de la Universidad Arcis, conformada por alumnos, académicos y trabajadores, los cuales han sido duramente afectados por la crítica situación financiera de la casa de estudios, constatando a su vez, los esfuerzos de sus autoridades por buscar solución a la crisis y la preocupación y apoyo del Ministerio de Educación y sus diversas autoridades».
La instancia investigadora planteaba en sus propuestas que «es imperativo realizar una profunda revisión de las normas que rigen el funcionamiento de la educación superior chilena», apurando la creación de la Subsecretaría de Educación Superior, cuyas competencias debieran ser estrictas, para, en conjunto con la Superintendencia de Educación Superior, estar en condiciones de fiscalizar adecuadamente el uso de los recursos públicos, impedir el lucro y colaborar en que una Agencia de Calidad de la Educación Superior le puedan asegurar al país que se utilizarán los recursos que el Estado destina a la educación superior solo a otorgar calidad en esa prestación.
Adicionalmente, se mencionaba la necesidad de avanzar a un sistema que asegure que cuando el Estado otorga el licenciamiento y la autonomía para funcionar a entidades de educación superior, la sociedad tendrá la certeza que se cumplirán las normas y que esos centros de estudio, efectivamente, solo estarán orientados a formar profesionales y técnicos, con estándares de calidad y no serán susceptibles de acciones tendientes a producir lucro a sus directivos o controladores, cautelando así el derecho de los estudiantes y sus familias.
También se llamaba a igualar las facultades de la Contraloría General de la República, en su labor de fiscalización de los recursos públicos asignados a las instituciones privadas, de manera tal que se apliquen por igual a todas las entidades que reciben recursos del Estado, sean estas o privadas públicas.
Asimismo, se proponía definir en el ordenamiento jurídico chileno las sanciones pertinentes para quienes transgredan la prohibición de lucrar, desde las administrativas a las civiles y penales.
La instancia pedía asimismo oficiar a la Contraloría y al MINEDUC, a fin de determinar, en función de la normativa actualmente vigente, si en el caso de la Universidad Arcis, procede la aplicación de lo prescrito en la Ley acerca del Administrador Provisional.
Finalmente, el documento proponía promover que en el ámbito de la educación superior se legisle, a la mayor brevedad, a fin de impedir la celebración de contratos entre sociedades relacionadas, que sociedades comerciales sean miembros de las corporaciones universitarias, declarar nula la cesión a cualquier título del control de una universidad y, disponer la existencia de directorios independientes y personalmente responsables por las decisiones que se adoptan.
Santiago de Chile, 16 de abril 2015
Crónica Digital / Agencias
