El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien el domingo cumplirá un año preso, sigue firme y dispuesto a luchar hoy por el pueblo brasileño, pese a toda la injusticia que sufre. Así lo afirman Afrânio Silva Jardim, procurador (r) del Ministerio Público de Río de Janeiro, y el periodista Juca Kfouri, quienes visitaron al exdirigente obrero en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná. Según Kfouri, resulta imposible estar con Lula y no sentise optimista. ‘Solo habla de proyectos para Brasil’, relató. Acerca de algún mensaje para el pueblo brasileño, afirma que para Lula ‘la misión es esa: no callar, discutir Brasil, no aceptar la arbitrariedad’. Respecto a la situación política y social en el país, el comunicador, víctima de la dictadura militar (1964-1985), evalúa que actualmente el autoritarismo se establece de formas diferentes. ‘A los 20 años conocí el DOI-COD (Departamento de Operaciones de Información-Centro de Operaciones de Defensa Interna, agencia de inteligencia y represión durante el gobierno castrense), ahora tengo casi 70. No me pasa por la cabeza que ellos puedan repetir eso’, reflexionó Kfouri. Precisó que ‘el problema es que se establece un régimen arbitrario de manera diferente de lo que ocurría hace 50 años’. Ahora, añade, ‘no necesitan armas, basta con tener un judicial selectivo, un medio selectivo y todos los canales que la gente vio para establecer el golpe (parlamentario-judicial contra la depuesta presidenta Dilma Rousseff), hasta la prisión de Lula’. Respecto al carácter político del proceso contra el exmandatario, Silva Jardim comentó que ‘jurídicamente es un absurdo. Leí Derecho penal desde hace 30 años, estudié el caso de Lula y es un absurdo’, recalcó. Consideró que resulta inadmisible la brutalidad de dejar aislado a un hombre que tiene tanto para hablar y ser amado por mucha gente. ‘Brota la perplejidad viendo como la sociedad acepta la prisión del mayor líder político de Brasil’, subrayó el exprocurador. Lula permanece preso en Curitiba desde el 7 de abril, cuando comenzó a cumplir la pena de 12 años y un mes impuesta por el Tribunal Regional Federal de la cuarta región por presuntos hechos de corrupción. El expresidente fue objeto de una segunda condena en febrero en la operación anticorrupción Lava Jato, esta vez a 12 años y 11 meses. Brasilia, 5 de abril 2019 Crónica Digital /PL
Orbe
Cooperación consular, movilidad humana y migraciones son algunos de los temas que tratan hoy representantes de los gobiernos de Ecuador y Chile, anunció la cancillería de este país andino. En un comunicado difundido en su sitio digital, la instancia precisó que las conversaciones, en la capital de la nación vecina, forman parte de la III Reunión Binacional. La delegación ecuatoriana está liderada por el viceministro Santiago Chávez, e integrada además por el subsecretario de Servicios Consulares y Migratorios, Carlos Alberto Velástegui, y el embajador de Quito en Santiago de Chile, Homero Arellano, entre otros funcionarios. Tratamiento de emergencias y desastres naturales, actuación consular y trámites de ingreso y residencia en Chile y Ecuador, así como el intercambio de experiencias en procedimientos como la apostilla electrónica, consulados virtuales, circuitos unificados de control migratorio en frontera son algunos de los puntos específicos sujetos al debate, adelantó la cancillería. Asimismo, señaló que parte importante del encuentro se destinará al Convenio de Reconocimiento mutuo de títulos profesionales y grados académicos de educación superior entre ambos estados. La agenda comprende además la protección y retorno seguro de niños y adolescentes sin cuidados parentales y la evaluación de la aplicación del Convenio de Seguridad Social, que facilita la repatriación de pensiones. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana recordó que la Comisión Binacional se creó el 26 de noviembre de 2016, pero fue el 31 de mayo de 2017 cuando se suscribió, en Santiago de Chile, el Reglamento correspondiente y, una vez formalizado el mecanismo, se llevó a cabo la primera cita en esa misma ciudad, mientras el segundo encuentro se desarrolló en julio de 2018, en Quito. Quito, 5 de abril 2019 Crónica Digital /PL
El presidente de China, Xi Jinping, acentuó hoy la necesidad de mantener la equidad, el respeto y el beneficio mutuo en las negociaciones con Estados Unidos para pronto consensuar un acuerdo que sepulte la guerra comercial. En un mensaje dirigido a su homólogo norteamericano, Donald Trump, el mandatario lo exhortó a trabajar juntos porque prevalezcan esos valores, mientras las partes intentan solucionar las preocupaciones de ambos lados en materia económica. Xi alabó que los negociadores consiguieron progresos sustanciales en la conformación del pacto tras retomar los contactos a comienzos del presente año. Asimismo, enfatizó en que el desarrollo de relaciones saludables y estables entre China y Estados Unidos requiere del liderazgo estratégico y la comunicación estrecha de él y Trump. La misiva de Xi la entregó hace unas horas el viceprimer ministro Liu He -jefe negociador del equipo chino- en una reunión con el jefe de la Casa Blanca en Washington. Luego de ese encuentro, Trump comentó a periodistas sobre la posibilidad de alcanzar el ansiado convenio comercial con China en cuatro semanas, lo cual podría llevar a una cumbre con Xi Jinping. Según explicó, sería un pacto ‘épico’ y está bastante completo porque las dos partes ya acordaron mucho más de lo que queda pendiente. ‘Creo que puedo decir que se han acordado algunas de las cosas más difíciles’, añadió al indicar que aun está sobre el tapete la discusión de cuestiones conflictivas como protección de propiedad intelectual y tarifas. Liu, por su parte, informó de un nuevo consenso entre China y Estados Unidos sobre el texto del importante acuerdo y calificó de fructífera la nueva ronda de consultas efectuadas entre miércoles y jueves en la capital norteamericana. El agrio diferendo cumplió en marzo pasado un año y lo desató investigaciones de la Casa Blanca sobre los supuestos esfuerzos chinos que -según alegaron- distorsionan el mercado nacional para forzar, presionar y robar tecnología y propiedad intelectual estadounidense. Después de topar niveles de peligrosa tensión, las aguas bajaron un poco entre Beijing y Washington, y encontraron un punto medio sobre esos y otros asuntos importantes en sus nexos económico-comerciales. Beijing, 5 abril 2019 Crónica Digital /PL
Con las obras de infraestructura prácticamente paradas en todo Brasil, el Gobierno de Jair Bolsonaro puede agravar aún más hoy la crisis en la construcción civil, sector en el que miles de trabajadores fueron despedidos, denuncian organizaciones sindicales. En una nota de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se alerta que ‘si no se hacen los traspasos atrasados en el total de 450 millones de reales (más de 116 millones de dólares) para las constructoras que actúan en el programa Mi Casa Mi Vida (MCMV), los empresarios del sector comunicaron que despedirán hasta 50 mil obreros en los próximos 10 días’. De acuerdo con el texto, el desfase en el cronograma de transferencias al MCMV comenzó a finales del año pasado y a principios de este la caja de las empresas llegó al límite. El presidente de la Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores en las Industrias de la Construcción y de la Madera afiliados a la CUT (Conticom), Claudio da Silva Gomes, explicó que el dinero estancado por el Gobierno procede del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS)), un recurso privado de los trabajadores con gestión compartida. ‘Y una parte del recurso está destinada a la financiación de obras de vivienda, como es el caso del programa MCMV, responsable del 52 por ciento de las obras en marcha en el país’, explica Da Silva Gomes. Recalcó que ‘el Gobierno congeló la entrega desde el año pasado bajo la alegación de que hará una revisión de los contratos hechos por la anterior administración’. Para el dirigente obrero, la medida es grave y puede comprometer la oferta de vivienda en el país y el sector de la construcción civil, fragilizado por la paralización de obras por el Gobierno, la congelación de financiaciones por el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) y de prácticamente el final del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). ‘Es claro que si hay la hipótesis de errores en contratos, hay que corregir. Lo que no se puede es comprometer y sacrificar toda la cadena de la construcción civil, además de poner en riesgo un programa tan importante que garantiza viviendas para muchos trabajadores’, señaló Da Silva Gomes. Insistió en que ‘si hay la paralización de las obras Mi Casa Mi Vida, la reanudación de la construcción saldrá mucho más cara’. Una obra no es igual a una máquina que usted para y después retoma. Una obra detenida se deteriora rápidamente. Hay casos en que se pierde todo, necesita deshacer y empezar de nuevo. Y aun cuando se puede recuperar, eso genera un costo, detalló. El programa habitacional Mi Casa Mi Vida forma parte de la lucha histórica de los movimientos sociales y es fruto del diálogo entre los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) y entidades representativas de la lucha por un domicilio, como Unión Nacional por Vivienda Popular (UNMP), Central de Movimientos Populares CMP), Movimiento Nacional de Lucha por la Vivienda (MNLM) y Confederación Nacional de las Asociaciones de Vecinos (Conam). […]
La amenaza del Presidente estadounidense, Donald Trump, de cerrar la frontera con México, parece hoy una decisión más difícil de lo previsto por el mandatario, quien enfrenta presiones y advertencias sobre los efectos de tal medida. Después de días de atacar a la nación latinoamericana por el incremento de los cruces ilegales hacia Estados Unidos, y de anunciar el recorte de la ayuda a las naciones del llamado Triángulo Norte por igual motivo, el mandatario mostró la víspera un cambio de tono en la retórica sobre la frontera. Hace pocos días el gobernante republicano dijo que si el vecino del sur no detenía de inmediato toda la inmigración ilegal que ingresa a este país a través de la frontera, la cerraría esta semana. “Esto sería muy fácil para México, pero solo toman nuestro dinero y ‘hablan’. Además, perdemos mucho dinero con ellos, (especialmente cuando se agrega el tráfico de drogas)”, escribió el pasado viernes en Twitter. Tal argumentación se mantuvo el fin de semana, cuando afirmó que los demócratas están permitiendo que un sistema de asilo ridículo y las grandes lagunas sigan siendo un pilar del sistema de inmigración norteamericano, mientras “México tampoco hace nada, una muy mala combinación para nuestro país”. Pero si bien ayer reiteró estar listo para proceder con el cierre fronterizo en caso de ser necesario, condicionó esa medida a la respuesta de la nación latinoamericana y al resultado de negociaciones con los miembros del Capitolio estadounidense. «Si México no detiene el flujo de inmigrantes a Estados Unidos o si nosotros no logramos un acuerdo con el Congreso, la frontera será cerrada, eso es 100 por ciento seguro», recalcó el gobernante en declaraciones a los medios. Tal declaración se unió a un mensaje publicado en Twitter en el que escribió: “Después de muchos años (décadas), México está deteniendo a un gran número de personas en su frontera sur, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador”. Con relación al tema de alcanzar un acuerdo con el legislativo, el mandatario no especificó en qué debería consistir tal trato, pero repitió exigencias que se han vuelto constantes en su discurso sobre la inmigración. Según Trump, es necesario acabar la llamada lotería de visas, las cadenas familiares de inmigración, y la política de “capturar y liberar” a indocumentados, prácticas contra las que arremete en su esfuerzo por reducir tanto la inmigración ilegal como la legal. A pesar de que Trump atribuyó la aparente desaceleración de su amenaza de cierre al supuesto cambio de actitud de México, medios locales señalaron como posible verdadero motivo las presiones de grupos empresariales y de los propios miembros de su partido. Su posición previa sobre el tema generó objeciones por parte de los republicanos de estados limítrofes y grupos empresariales como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, los cuales advirtieron que la medida dañaría la economía de la nación. Preguntado sobre el impacto económico de un eventual bloqueo fronterizo, Trump respondió este martes que para él la seguridad es más importante que el comercio, […]
La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) ratificó su apoyo al Presidente Evo Morales y al proceso de cambio que se desarrolla en este país en beneficio de la población. El secretario de economía de la CIDOB, Julio Sierra destacó los resultados alcanzados en esta nación sudamericana en los 13 años de gestión del Gobierno de Morales, durante una entrevista con la estatal Bolivia TV. “Gracias a la lucha del Presidente se ha podido reducir la pobreza (…) hay comunidades que hoy tienen una mejor calidad de vida gracias a las iniciativas del Estado”, aseguró. En el marco de la Agenda del Bicentenario impulsada por el Gobierno boliviano el principal objetivo es reducir la pobreza extrema a un cinco por ciento para 2025. Recientemente, Morales recordó que en 2005 la pobreza extrema era de un 38,2 por ciento, donde los ricos (10 por ciento) ganaban 128 veces más que los pobres, y en 2018 esa cifra se redujo a un 15,2 por ciento. Además de los ingresos de las personas, el Estado también pretende reducir la pobreza a nivel estructural: mejorando las condiciones de salud, fortaleciendo la seguridad y soberanía alimentaria, la cobertura en la educación y el acceso a servicios básicos, entre otros. La Ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, comentó que es necesario identificar dónde se esconde la pobreza para desarrollar políticas dirigidas hacia los sectores vulnerables de la población. Actualmente se desarrollan políticas que permiten otorgar empleos a esos sectores, las cuales incluyen ciertos beneficios a las empresas que contraten personal joven o femenino. Prado explicó que, mediante el Plan Generación de Empleo, lanzado hace un año y medio, se han generado más de 85 mil inserciones laborales, una de las acciones para sacar a tres millones de personas de la extrema pobreza en la última década. Un boletín del ministerio de Economía divulgó que la pobreza moderada decreció del 60 por ciento en 2005 a un 36,4 por ciento en 2017, gracias al pago de bonos sociales como el Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy, y a los incrementos sostenidos de los salarios por encima de la tasa de inflación. Por área geográfica, las zonas rurales registraron una notable mejoría en ese mismo periodo al disminuir del 62,9 por ciento a un 33,4 por ciento, mientras que el urbano de un 24,3 por ciento bajó a un 7,2 por ciento, agregó el documento. La cartera de Estado destacó que los programas sociales implementados, en el marco del modelo económico comunitario productivo, buscan erradicar la extrema pobreza en la nación andino amazónica y mejorar las condiciones de vida de su población. La Paz, 3 de abril 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Como el fin de una luna de miel califica un diario local la fuerte caída del presidente peruano, Martín Vizcarra, en una nueva encuesta, lo que da pie a fuertes críticas al mandatario y señalamientos sobre lo que se considera sus errores. El sondeo de la empresa CPI, realizado al cumplir Vizcarra un año en el cargo, verificó una caída de 16,9 por ciento en la aprobación al gobernante, pues cae de 56,6 por ciento en febrero a 39,7 en marzo, mientras la desaprobación alcanza a 55,3 por ciento. Los análisis de periodistas y políticos atribuyen la caída a la falta de logros y soluciones a problemas concretos de la población, más allá de los temas estelares de la administración Vizcarra, la lucha contra la corrupción y el impulso a reformas judiciales y políticas. También a la falta de previsión, abordaje y solución de problemas sociales, como el largo bloqueo campesino actual, por demandas económicas y ambientales, a la segunda mayor mina de cobre del país, Las Bambas, que explota la transnacional minera MMG. El diario Exitosa dio por terminada la “luna de miel” de Vizcarra, como se denomina a la empatía de la población con cada nuevo gobernante, que para este se traduce en una especie de tregua y una alta aprobación. La pesquisa verificó además que 42,9 por ciento de los consultados no le reconoce ningún logro al jefe de Estado, en tanto que solo 15,2 por ciento considera que lo mejor está haciendo el Ejecutivo es luchar contra la corrupción. El apoyo a los afectados por desastres naturales registra 10 por ciento como mérito de Vizcarra, seguido de sus frecuentes visitas al interior del país (6,9) y la reforma del poder judicial (5,8). En cuanto a lo negativo del Gobierno, los primeros señalamientos son la falta de seguridad ciudadana y el aumento de la delincuencia (25,7), la presunta corrupción en el entorno del ejecutivo (19,4), no realizar una buena gestión ni obras (15,9) y permitir el ingreso de inmigrantes venezolanos (14,3). A la pregunta sobre cuál es el principal problema más grave de Perú, 40,7 por ciento señaló a la delincuencia y 25,3 por ciento a la corrupción en general. Lima, 3 de abril 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Desde su anuncio, la reforma de la Previdencia, propuesta por el Gobierno del Presidente Jair Bolsonaro, domina los debates en la sociedad brasileña por su gran impacto, principalmente en la clase obrera, la más perjudicada. El proyecto de modificación en el sistema de jubilaciones y pensiones es una de las principales promesas de campaña de Bolsonaro, que en febrero presentó la iniciativa al Congreso, con la que pretende ahorrar un billón de reales (cerca de 270 mil millones de dólares) en los próximos 10 años. Pese a que en casi todos los sectores se comenta acerca de lo que perjudicaría su aprobación, en particular en las segmentos más pobres, resulta difícil asimilar las reales dificultades que enfrentarán los trabajadores si el texto de ley finalmente es aprobado por diputados y senadores. Entre los principales puntos criticados en la reforma está la creación de un nuevo sistema de previsión basado en la capitalización, como en Chile, y el establecimiento de una edad mínima para jubilación de 65 años para hombres y 62 para mujeres (actual 60 y 55), al final de un período de transición de 12 calendarios. Con ese tiempo mínimo, el trabajador tendría derecho al 60 por ciento del valor de la pensión integral. Entendidos alertan que convertir este método en un programa de capitalización individual significa poner el futuro de las personas en manos del sistema financiero. Su debate en el Congreso constituye la principal prueba de fuego de la administración del político de extrema derecha. De no aprobarse, podría extinguirse la continuidad de Bolsonaro en el cargo, según analistas políticos. A las claras, con la “nueva Previdencia” se requerirá un tiempo mínimo de 20 años de contribución (25 en el caso de servidores públicos) que permitirá al trabajador jubilarse solo recibiendo el 60 por ciento del valor del beneficio. En esta lógica, para recibir el ciento por ciento del valor del beneficio, será necesario, en total, 40 años de contribución. Bajo tal escenario, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Vagner Freitas, llamó a unirse a la lucha de los sindicatos contra la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC), de la reforma de la Previdencia, que restringe el acceso y reduce los beneficios previsionales. La PEC dificulta el acceso y reduce ese valor al establecer la obligatoriedad de la edad mínima, como propone el Gobierno, además de retirar de la Constitución el sistema de Seguridad Social brasileño. De acuerdo con el dirigente obrero, Bolsonaro también quiere acabar con el pago de la multa del 40 por ciento del Fondo de Garantía del Tempo de Servicio (FGTS) a los trabajadores que se jubilan y continúan laborando en la misma empresa, entre otras perversidades. Con la oferta de reforma, el Ejecutivo no está atacando solamente con el retiro, sino también con derechos sociales y previsionales garantizados por la Constitución como la ayuda por enfermedad, denunció Freitas. Para Dão Real Pereira dos Santos, director de Relaciones Institucionales del Instituto Justicia Fiscal y miembro del colectivo Auditores Fiscales […]
Con el triunfo de la demócrata Lori Lightfoot en segunda vuelta electoral, Chicago se convertirá en la mayor ciudad de Estados Unidos en tener una alcaldesa afronorteamericana. Lightfoot, ex fiscal federal y abogada que una vez trabajó para erradicar la corrupción en el Departamento de Servicios de Adquisiciones de la urbe, pero que nunca antes había ocupado un cargo público, hizo historia con su éxito sobre otra mujer negra, la también demócrata Toni Preckwinkle. Medios locales reportaron que la ganadora, quien además será la primera alcaldesa abiertamente lesbiana, tenía una ventaja de 73 a 26 por ciento cuando ya se conocían los resultados del 91 por ciento de los distritos electorales. El triunfo de Lightfoot en la mayor urbe del estado de Illinois, y la tercera más grande del país, parecía difícil meses atrás, cuando 14 candidatos estaban incluidos en la carrera por dirigir la importante ciudad. Pero la mujer de 56 años, considerada una “outsider” (persona de fuera) del mundo político, dio la sorpresa en febrero pasado cuando quedó como líder en la primera vuelta de los comicios para buscar al sucesor del alcalde Rahm Emanuel, quien tras ocho años en la oficina decidió no buscar la reelección. A ella recurrió Emanuel para que presidiera el gabinete encargado de elaborar un informe sobre brutalidad policial en medio de la crisis que vivió la ciudad luego del asesinato del adolescente negro Laquan McDonald a manos de un agente blanco en 2014. En su documento elaborado al respecto, Lightfoot acusó al Departamento de Policía de la metrópoli de racismo sistemático y criticó las medidas tomadas para reformar ese órgano. La ganadora prometió librar al Ayuntamiento de la corrupción y ayudar a las personas de bajos ingresos y de la clase trabajadora que, según dijo, habían sido “dejadas atrás e ignoradas” por la clase política dominante. Juntos haremos que Chicago sea un lugar donde el código postal no determine el destino de la gente. Podemos y vamos a romper el ciclo interminable de corrupción de esta ciudad, expresó la mujer que asumirá el cargo el próximo 20 de mayo. Para Chicago, el triunfo de Lightfoot marcó un cambio notable en el estado de ánimo de los votantes y el rechazo de una cultura política arraigada, señaló al respecto el diario The New York Times. La alcaldesa electa estará al frente de una urbe de 2,7 millones de habitantes con altos niveles de violencia en algunas áreas, y que vive realidades como la expansión de empleos tecnológicos y otros negocios en el centro, mientras los lados sur y oeste enfrentan cierres de escuelas públicas y otros problemas sociales. Washington, 3 abril 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Más militares de la pasada dictadura uruguaya participaron en la muerte del estudiante Roberto Gomensoro en 1973, que centraliza hoy el interés informativo aquí, según indicaron dos fuentes autorizadas. El exasesor del Ministerio de Defensa Víctor Brachini reveló que desde 2013 esa cartera tenía información detallada del asesinato del joven en la que participaron el entonces teniente coronel José Gavazzo y otros aforados. Señaló que para completar la investigación fue fundamental el testimonio del exmilitar Enrique Debat quien reside en Brasil y para que viajara a declarar hubo que garantizarle seguridad. Gavazzo, quien en rocesos ante cortes civiles eludió responsabilidad, se sintió cómodo en un Tribunal militar de Honor para contar su intervención en el arresto, tortura, asesinato y lanzamiento del cuerpo de Gomensoro al Rio Negro, y pesar de esa conducta se dictó un falló en que se le exoneró de haber deshonrado a la institución armada. Por su parte la familia de la víctima coincide en afirmar que hubo otros involucrados, inclusive jerarcas superiores en la cadena de mando y según el abogado de los dolientes Guillermo Payssé habrá un encuentro con el fiscal de Lesa Humanidad para conocer detalles del pedido de reapertura del caso. La víspera el presidente Tabaré Vázquez en declaraciones a la televisión, aseveró que «por primera vez se rompe el pacto de silencio de los militares» en alusión a uno de los cómplices de Gavazzo que lo puso al descubierto. Dijo además que «se comprobó que del pacto participaron militares en actividad», como el caso del destituido jefe del Ejército Guido Manini Ríos quien «encubrió una situación gravísima en el Tribunal de Honor». Ahora nadie puede decir que no hubo muertes en los cuarteles militares y que no se desapareció gente», sentenció Vázquez. Montevideo, 3 de abril 2019 Crónica Digital /PL
