Siguiendo adelante con el proceso de Autorreforma Sindical que está viviendo la Central, este martes 20 de marzo, la Vicepresidencia de Organización de la CUT, dará inicio a una serie de reuniones de trabajo con dirigentes de las CUT provinciales y zonales de la RM y de confederaciones, federaciones y sindicatos de base afiliados tanto del sector público como privado. Los encuentros, que se extenderán hasta el 18 de abril, se enmarcan en el mandato del último Consejo Directivo Nacional Ampliado (CDNA) que aprobó un Plan para mejorar y robustecer la funcionalidad, operatividad y comunicación entre las estructuras nacional, intermedias y de base de la CUT. Así lo dio a conocer el subsecretario de la Vicepresidencia de Organización y consejero nacional de la CUT, Marco Canales, precisando que con esta agenda de trabajo, “estamos dando cumplimiento al mandato que se presentó en el último CDNA, realizado en enero, donde se planteó la necesidad de que podamos hacer un plan de ordenamiento para robustecer la funcionalidad y operatividad que corresponde, a través de Organización, entre la propia Central y sus estructuras intermedias y de base”. Cuatro son las reuniones programadas en esta primera fase que se realizarán en la sede de la Central: 20 de marzo con los dirigentes de las CUT de la Región Metropolitana (RM): provinciales de Chacabuco, Maipo, Cordillera, Talagante, Melipilla, y zonales Norte, Sur, Oriente, Oeste y Centro Norte; 5 de abril, con los encargados de Organización de las confederaciones, federaciones y sindicatos de base del sector privado afiliados a la CUT y el 12 de abril, está convocado el mismo perfil dirigencial pero del sector público, finalizando el 18 de abril con una asamblea que reunirá a los dirigentes de ambos sectores. Cuatro son los ejes de la pauta de trabajo: Autorreforma Sindical, Plataforma Programática de Lucha 2017-2021 “Construir poder social para cambiar Chile”, fortalecimiento orgánico y conmemoración 1° de mayo. Como estos encuentros coinciden precisamente con los preparativos del próximo 1° de mayo, Canales explicó que también se abordará en conjunto el sello que se imprimirá a las actividades que se desarrollarán, en un año que está marcado no solo por el nuevo gobierno de derecha de Sebastián Piñera sino también porque la Central celebra sus 30 años desde su fundación (agosto, 1988): “la CUT, es la continuadora de la Central Única de Trabajadores (1953); es la continuadora de la Confederación de Trabajadores de Chile (1936) y continuadora de la Federación Obrera de Chile (1909). Por lo tanto estos 30 años, tienen esa particularidad para nosotros y, ese es el sello, la mística que le queremos imprimir a la conmemoración de este 1° de mayo”. Pero más allá del análisis de esta contingencia, estas reuniones tienen también como objetivo, estrechar las relaciones de trabajo interno alrededor de las grandes temáticas que se ha planteado la Central a partir de su autorreforma sindical: “queremos bajar información y metodología de trabajo en temas que permitan implementar hacia abajo la autorreforma sindical, es decir ¿cómo los gremios son parte de […]
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El autor del libro ‘Tratado de 1904. Negociaciones e intereses involucrados’ y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Cristián Garay, sostiene que ninguna de las tratativas en el marco del Acuerdo de Charaña, en el que Banzer y Pinochet intentaron concretar un canje territorial por la vía política, invalidan lo establecido en el pacto que estableció los límites territoriales entre ambos países a principios del siglo XX. “Cuando se estudió la factibilidad de un corredor, finalmente se tuvo que recurrir a la cláusula que ya existía en el Tratado, que obligaba a solicitarle permiso a Perú”, afirma. Este lunes comenzaron los alegatos orales por el litigio entre Chile y Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, instancia en la que el gobierno del país altiplánico exige a nuestro país que negocie un acceso al Océano Pacífico con soberanía. En esta primera jornada, la abogada francesa que forma parte del equipo jurídico boliviano, Monique Chemillier-Gendreau, repasó los momentos en que Santiago se habría aproximado a negociar una salida al mar, mencionando el Acuerdo de Charaña, de los años 1975 y 1976, en el cual Hugo Banzer y Augusto Pinochet intentaron, sin éxito, concretar un canje territorial. Desde la nación vecina, este argumento serviría para comprobar que nuestro país ya se habría allanado a alcanzar un compromiso en la materia. Al respecto, el coautor del libro ‘Tratado de 1904. Negociaciones e intereses involucrados’ y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Cristián Garay, sostiene que, en el marco del acuerdo, “ninguna de esas negociaciones, como lo ha pretendido sugerir la defensa de Bolivia, abroga o soslaya el Tratado de 1904”, pacto que estableció los límites territoriales entre ambos países. “Cuando se estudió la factibilidad de un corredor, se tuvo que recurrir a la cláusula que ya existía, que obligaba a solicitarle permiso a Perú”, ejemplifica el historiador. “Un Gobierno puede negociar algo al margen de un tratado, pero lo hace bajo ciertas condiciones que emergen desde lo político y que no violentan la constitución misma de un tratado”, enfatiza. Para el doctor en estudios americanos, hay dos aspectos en la demanda de Bolivia. El primero, “visible”, donde se solicita que Chile se allane a negociar una fórmula para discutir, única y exclusivamente, un acceso soberano al mar, y que dicho acceso esté garantizado, a priori, por la negociación. El segundo, “subyacente”, tiene que ver con que La Paz busca que esta negociación se realice al margen del Tratado de 1904, dejando las tratativas en manos de un mediador. A su juicio, esto no corresponde, ya que las misivas entre uno y otro Jefe de Estado no reemplazan ni son equivalentes a pactos como el de principios del siglo pasado. Considerando esto último, el Dr. Garay señala que, en caso de que Chile pierda el litigio, quedaría asentado un negativo precedente. “Se obligaría a nuestro país a negociar en circunstancias no muy evidentes. Sería como decir que cualquier país está obligado a hacer lo que la contraparte le exige, simplemente porque el otro consideró […]
La quema de archivos que exculpa y resguarda a victimarios no conforma un hecho aislado, por lo que instamos a las autoridades políticas a esclarecer estos hechos y a derogar la ley n° 18.771 que legaliza el encubrimiento. Los beneficios o reducciones de pena la vuelven ineficaz y constituyen un indulto encubierto. El pasado 9 de marzo, el ex ministro de Defensa, José Antonio Gómez envió a la presidencia de la Cámara de Diputados el informe sobre la destrucción de archivos en el Ejército, donde se declara que se incineraron archivos, señalando quién lo hizo y de dónde provino la orden. Parte del informe fue conocido en diciembre de 2017 y fue firmado por el general Ricardo Martínez, actual Comandante en Jefe del Ejército, quien reconoce que en 1980 y 1982 hubo destrucción de información. Como Londres 38, espacio de memorias, creemos que la quema de archivos no conforma un hecho aislado, sino una concatenación de hechos y acciones por parte de organismos estatales para efectos de mantener la impunidad y obstaculizar el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad. Por otra parte, la sola afirmación de la destrucción de archivos no debería ser suficiente para darla por acreditada. De hecho, en distintos momentos, el Ejército ha informado sobre la destrucción de documentación, lo que pone en duda la veracidad de estas diferentes versiones porque, si es efectivo que se destruyeron, cabe preguntar ¿Cuándo fue realmente? ¿En 1989 cuando se anunció públicamente que se incinerarían los archivos de la DINA y la CNI? Momento en el que, además, la dictadura promulgó la ley n° 18.771, aún vigente, que autoriza a las fuerzas armadas y de seguridad la destrucción de sus archivos y las exime de la obligatoriedad de depositar sus documentos en el Archivo Nacional ¿O fue en 1982? ¿O en el año 2000, cuando Pinochet permanecía detenido en Londres?, y cuando -según declaraciones judiciales reveladas en un artículo del New York Times– el director de inteligencia del Ejército, General Eduardo Jara, ordenó a la entonces jefa de la sección Archivo del Departamento de Contrainteligencia de la DINE, la mayor Mercedes Rojas, revisar y destruir los microfilmes que podían contener información relacionada con violaciones a los derechos humanos. Para investigar estos hechos, en diciembre pasado, Londres 38 presentó una querella contra quienes resulten responsables del delito de sustracción y supresión de documentos en el Ejército, así como de encubrimiento de homicidios y secuestros calificados. Nuevamente, emplazamos a las actuales autoridades políticas, a los tribunales y al Congreso a asumir su responsabilidad y a disponer las medidas que permitan establecer la verdad sobre la destrucción de archivos y a derogar la ley n° 18.771 que legalizó el encubrimiento. Sobre el tema de los beneficios solicitados por 70 reos de Punta Peuco, declaramos que el gobierno debe tener presente el derecho internacional relativo a esta materia. Como ha señalado el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas, la ejecución de una pena a través de beneficios o reducciones vuelve ilusoria o […]
La primera fase de la exposición boliviana en la demanda marítima culminó hoy aquí con la presentación de pruebas sobre el reconocimiento de Chile de negociar el pedido de una salida al océano Pacífico. El jurista francés Mathias Forteau argumentó que Chile reconoció en diciembre de 1975 que el objetivo de las negociaciones era llegar a una solución definitiva a la mediterraneidad de Bolivia. En su exposición el integrante del equipo jurídico boliviano citó a la cancillería chilena cuando manifestó: «no podemos dar a una nación ni a las Américas la impresión de que no estamos dispuestos a cumplir en la práctica lo que de manera pública hemos prometido». Forteau expuso que a lo largo de un siglo Bolivia ha sido constante en su demanda de negociaciones relativas a su demanda de acceso al mar. La jornada fue marcada por un inusual fallo técnico en el micrófono que usaba el letrado español Antonio Remiro, que interrumpió durante 35 minutos la sesión oral en La Haya. El juez somalí Abdulqawi Ahmed Yusuf se percató del percance que impedía un audio claro en la exposición de Remiro y paró la argumentación para que los técnicos solucionaran el problema. Al repararse el fallo, el letrado prosiguió con su exposición en el segundo día de las audiencias orales y presentó a los jueces documentos rubricados por altas autoridades de ambos países, que consagraron a lo largo del siglo XX acuerdos formales para restaurar el acceso boliviano al mar. En su condición de país demandante, Bolivia comenzó la víspera las audiencias orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con la intervención del agente Eduardo Rodríguez. Esta etapa es parte de un proceso radicado en la CIJ y responde a una exigencia boliviana de obligar al país austral a una negociación que le permita un acceso soberano al mar. Mañana 21 será de receso, y luego le tocará el turno a Chile de exponer sus argumentos los días 22 y 23. Bolivia perdió su acceso al mar tras la Guerra del Pacífico (1879-1883), un conflicto desatado por problemas relacionados con la economía y de territorios. Perú estuvo involucrado como aliado de los bolivianos. La Paz apela al artículo 31 del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá, vigente desde 1948) y cita una decena de compromisos escritos asumidos por altos representantes chilenos entre 1920 y 2010 para negociar ese pedido. Chile, a su vez, tras invadir en 1879 el entonces puerto boliviano de Antofagasta y ocupar con sus tropas 120 mil kilómetros cuadrados de territorios sobre una línea costera de 400 kilómetros, afirma, basado en el Tratado de 1904, que no hay nada pendiente sobre el tema. La Haya, Países Bajos, 20 marzo 2018 Crónica Digital /PL
Sin demasiado entusiasmo y fuera de las luminarias de los clasificados a la Copa del Mundo de Fútbol, Chile trata de recomponer su equipo con dos partidos amistosos en Europa el 24 y 27 de marzo. Una nueva telenovela merodea el ambiente con la salida del plantel del capitán y arquero titular Claudio Bravo, por razones familiares. Además, el jugador criticó a la federación nacional de fútbol y reavivó fantasmas que dejaron mal sabor de boca cuando la Roja fue eliminada. Bravo, quien supuestamente debía ir a Turquía con su familia, llegó a esta capital sin hacer declaraciones. En cualquier caso, el colombiano Reinaldo Rueda, nuevo técnico de la selección de fútbol de Chile, se estrenará contra Suecia el día 24 y Dinamarca el 27 en lo que supone el comienzo de una larga andadura para el Mundial de Qatar 2022. Los cotejos tratarán de desperezar a la Roja, que sigue herida por el duro golpe de no estar en Rusia 2018 no obstante conseguir dos títulos seguidos de la Copa América en 2015 y 2016 del Centenario. El bajo rendimiento de su delantero estrella, Alexis Sánchez, con el Manchester United después de convertirse en el jugador mejor pagado de la liga inglesa, y los altibajos del mediocampista Arturo Vidal planean también sobre el conjunto. Sin embargo, el preparador Rueda dio señales de querer cambiar las cosas con renovaciones graduales. En su primer llamado a filas en la Roja, recuperó a jóvenes valores del extranjero y dejó fuera a algunos nombres establecidos. La nómina para los cotejos contra Suecia y Dinamarca es la siguiente: Porteros: Johnny Herrera (Universidad de Chile), Gonzalo Collao (Cobreloa), Brayan Cortés (Colo Colo) Defensas: Miiko Albornoz (Hannover 96-ALE), Jean Beausejour (U de Chile), Paulo Díaz (San Lorenzo-ARG), Valber Huerta (Huachipato), Igor Lichnovsky (Necaxa-MEX), Guillermo Maripán (Alavés-ESP), Gary Medel (Besiktas-TUR), Erick Pulgar (Bologna-ITA) y Enzo Roco (Cruz Azul-MEX). Centrocampistas: Charles Aranguiz (Bayern Leverkusen-ALE), Marcos Bolados (U Católica), Pedro Pablo Hernández (Celta de Vigo-ESP), Mauricio Isla (Fenerbahâ€íe-TUR), Diego Valdés (Morelia-MEX) y Arturo Vidal (Bayern Múnich-ALE). Delanteros: Nicolás Castillo (Pumas-MEX), Felipe Mora y Martín Rodríguez (Cruz Azul-MEX), µngelo Sagal (Pachuca-MEX), Alexis Sánchez (Manchester United-ING) y Eduardo Vargas (Tigres-MEX). Santiago de Chile, 20 de marzo 2018 Crónica Digital/ PL
Aunque el escenario es en la lejana ciudad de La Haya, sede del gobierno de Holanda y de numerosas entidades internacionales, para Chile el foco noticioso de la semana está desde hoy allí. Como también debe serlo para Bolivia, dentro del contencioso que libran ambos países ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por una exigencia de la nación del altiplano de contar con una salida soberana al mar. La delegación de Chile está encabezada por el canciller, Roberto Ampuero, y compuesta por parlamentarios y otras personalidades en el deseo de mostrar cohesión de Estado ante el litigio. Bolivia cuenta con una comitiva de alto nivel que lidera su presidente, Evo Morales, y tiene la convicción de que obtendrá un falló positivo de los jueces de La Haya, todo lo contrario de lo que piensa Chile. Este lunes y mañana serán los alegatos de Bolivia, que contará con la presencia de Morales al menos en esos dos días. Entre muchas acciones, en territorio del vecino país se desplegó una bandera de casi 200 kilómetros de largo para apuntalar la demanda. En la CIJ los días 22 y 23 de marzo serán las exposiciones chilenas, con una pausa hasta el día 26 cuando la comitiva del altiplano retomará sus exposiciones. El país austral volverá al estrado el 28 del mismo mes. Los alegatos orales forman parte de un proceso que tiene ya casi cinco años radicado en CIJ y responden a una exigencia de La Paz de obligar al país austral a una negociación que le permita un acceso soberano al mar. A pesar del optimismo boliviano en recibir el espaldarazo explícito de La Haya, Chile ha advertido que no cederá un centímetro de su espacio territorial y marítimo. Bolivia perdió su acceso al mar tras el fin de la llamada Guerra del Pacífico (1879-1883), un conflicto desatado por problemas relacionados con la economía y de territorios. Perú estuvo involucrado como aliado de los bolivianos. De ahí que algunos políticos chilenos señalen que para lograr un acuerdo de largo alcance y satisfactorio para todas las partes, sería necesario invitar a los peruanos a las negociaciones. Según Bolivia, se trató de una invasión de los chilenos, con un saldo de miles de muertos. Los del altiplano perdieron su entrada soberana al océano Pacífico, junto con unos 400 kilómetros de playa y miles de kilómetros de territorios ricos en minerales. Pese a los intentos de conversar y establecer mecanismos de integración en sucesivos gobiernos después de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), Chile arguye que ya facilita el comercio y acceso al mar a través de sus puertos en el norte. Asimismo, se apoya en la existencia del tratado de 1904, un acuerdo suscrito por ambos países que fijó a perpetuidad los límites fronterizos, un arreglo que Bolivia califica de haber sido impuesto a la fuerza. Por Fausto Triana Santiago de Chile, 19 de marzo 2018 Crónica Digital /PL
El viernes pasado, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, tras reunirse con el Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, sostuvo que el gobierno de Sebastián Piñera buscará avanzar en el proyecto para conmutar las penas de enfermos graves o terminales que cumplan penas de presidio por diversos delitos, sin importar si son criminales de lesa humanidad. “Cuando se trata de motivos humanitarios por razones graves de salud o la persona está enajenada de toda razón, no se puede distinguir por el delito que se haya cometido», sostuvo el ministro Larraín a los medios de prensa, agregando que “el hecho de que haya alguna persona que esté por ejemplo con la razón perdida me parece que no tiene ninguna justificación mantenerlo preso». Ante dichas declaraciones, desde la bancada del Partido Comunista rechazaron tajantemente cualquier tipo de beneficio carcelario que se pueda entregar a reconocidos criminales de lesa humanidad. Para el diputado por el distrito 12, Amaro Labra, este tipo de iniciativas son contrarias al camino de defensa y construcción de los Derechos Humanos que se ha intentado de trazar por parte de las organizaciones y familiares de las víctimas de la dictadura. “No aceptaré ni apoyaré ninguna de estas medidas para casos de crímenes de lesa humanidad”, afirmó el diputado Labra, agregando que los violadores de los Derechos Humanos ya cuentan con beneficios al estar en cárceles especiales, como Punta Peuco. “Me parece indignante en el camino de la defensa y construcción de los DDHH la decisión de no trasladar a los presos de Punta Peuco y mantener a tales criminales con privilegios considerando que esos espacios podrían ser correctamente utilizados para otras categorías de prisioneros”, agregó el diputado Labra. Por su parte, el diputado por el distrito 9, Boris Barrera, afirmó que como legislador no apoyará ninguna propuesta del Ejecutivo que signifique entregarle algún beneficio a quienes no han colaborado nunca con la verdad y la justicia. “No apoyaré ninguna conmutación de pena para personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. Mucho menos el indulto, porque el pueblo debe tener claro que son crímenes cometidos por genocidas”, afirmó. En cuanto a la situación de Punta Peuco, el diputado Boris Barrera consideró “muy decepcionante para las organizaciones de DDHH y la ciudadanía que el Gobierno no haya tenido la voluntad política para cerrar Punta Peuco. Una vez más el anhelo de los familiares de las víctimas ha sido postergado, en beneficio de los genocidas. En la misma línea, la diputada Karol Cariola rechazó “absolutamente la solicitud de la UDI y RN de conmutar las penas de los violadores de derechos humanos que están en Punta Peuco”, subrayando que los promotores de estas iniciativas son “cómplices al pretender profundizar la impunidad”. Finalmente, la diputada Carmen Hertz, presidenta de la comisión de Derechos Humanos, detalló que los crímenes de lesa humanidad, al igual que el genocidio y los crímenes de guerra no son “indultables”. “Eso no es algo que hayamos inventado los activistas de los derechos humanos, sino que es el […]
En un hecho histórico en el Parlamento, la Bancada PPD-PRO se convirtió en la Bancada con mayor presencia femenina gracias a la incorporación de la Progresista, Marisela Santibañez, quien se unió a sus filas como parte de un acuerdo programático, político y administrativo. De sus 9 miembros, 5 son mujeres: Loreto Carvajal, Andrea Parra, Cristina Girardi, y Carolina Marzán, además de Santibañez. Ellas además cumplirán importantes roles a cargo de las Jefaturas de Bancada, presidencia de comisiones y vicepresidencia de la Cámara. Uno de sus principales desafíos será impulsar la Comisión Permanente de la Mujer y Equidad de Género, y pedirán al Ministro del Trabajo avanzar en igualdad salarial. “Hoy día somos la bancada con mayor presencia de mujeres, lo que marca un hito histórico, no sólo en el sentido numérico, ya que hemos definido que todas las mujeres nos representen como Jefas o Subjefas de Bancada. Además, tuve el orgullo de ser elegida para asumir como Vicepresidenta el próximo año”, afirmó la Jefa de Bancada del PPD, Loreto Carvajal. Asimismo, la parlamentaria indicó que “insistiremos en la necesidad de contar con una Comisión Permanente de la Mujer y Equidad de Género, ya que es muy relevante relegar el rol de la mujer no sólo desde el ámbito de la familia”. Por su parte, la diputada Marisela Santibañez indicó que “como primera diputada progresista es un orgullo para mí estar uniéndome con la bancada con mayor porcentaje de mujeres en el Parlamento. Queremos marcar la pauta femenina, la pauta de los derechos de las mujeres, los temas de igualdad salarial, entre otros”. Asimismo, la diputada Andrea Parra resaltó su condición de ser la primera mujer diputada de Malleco, en la Araucanía norte, “que tiene una historia de rezago, de atraso. Es tremendamente importante resaltar temas que tienen que ver con las mujeres mapuches que están en el retraso, en el analfabetismo”. Por su parte, la diputada Carolina Marzán se declaró “orgullosa” de que la Comisión de Cultura esté compuesta por dos mujeres y que éstas sean de la misma bancada parlamentaria. “Es muy gratificante y estimulante, porque comenzamos nuestro trabajo con puntos que nos conectan y que nos permitirán avanzar con mayor facilidad en los temas que les interesa a la ciudadanía”, señaló. Por último la diputada Cristina Girardi señaló que “si bien hay una reducción no menor de la cantidad de diputados que tenía la bancada, hoy logramos ser 9 parlamentarios ya que sumamos a una compañera del PRO”. “Yo valoro esto enormemente porque creo que tener a la diputada Marisela Santibáñez va a ser gran aporte y nos permitirá poder pelear juntas ciertas causas que son importante”, dijo la diputada Girardi. Por último, Cristina Girardi sostuvo que “aún existe muchos temas pendientes como lograr igualdad salarial y en materia de pensiones; la discriminación, incluso los femicidios. Hoy tenemos una tremenda oportunidad de no quedarnos solo con el discurso, sino de una vez por todas lograr los cambios que esta sociedad necesita para que las mujeres de verdad tengan el lugar […]
El Colegio de Periodistas de Chile rechaza terminantemente y denuncia ante la opinión pública el despido de cerca de 25 trabajadores del Consorcio Periodístico Grupo COPESA, entre ellos periodistas, generado a raíz de la fusión del medio especialista en negocio y economía Pulso y el diario La Tercera, anunciada este viernes. Solidarizamos con periodistas y diseñadores que han tenido que abandonar sus puestos de trabajo, luego de haber cumplido con profesionalismo y lealtad las tareas periodísticas en estos medios que hoy les cierran las puertas. Cuando el consorcio anuncia que “la unión de ambos medios representa una ganancia para ambas marcas”, no lo son para sus trabajadores/as, sino que más bien constituyen un peligro permanente para la seguridad y un atropello reiterado a la estabilidad laboral en los medios del consorcio periodístico. Entregamos todo nuestro respaldo a los dirigentes sindicales de Grupo Copesa, quienes hacen verdaderos esfuerzos por proteger a trabajadoras y trabajadores de los medios del consorcio periodístico, tarea que una vez más resulta infructuosa. Según señala el Secretario del Sindicato Nro. 3 del Grupo Copesa, periodista Ramón Reyes, los dirigentes han solicitado, en reiteradas ocasiones a la empresa que cuando tenga en mente hacer cambios en su estrategia empresarial, considere la opinión de los trabajadores, para en conjunto buscar soluciones y evitar los reiterados despidos masivos, como los ocurrido, por ejemplo, con el cierre de La Tercera TV o la frustrada fusión de los diarios La Cuarta y La Hora. Como Colegio de Periodistas de Chile reiteramos que sólo la unión de nuestro gremio, permitirá visibilizar abusos laborales como el que hoy denunciamos y que se comenten a diario en nuestro país. No nos detendremos en nuestra tarea de proteger y exigir el respeto a los derechos laborales de periodistas. Tal como lo hemos dicho en variadas ocasiones, estimamos que no es posible que continúe el nivel de precarización que afecta a nuestros/as colegas, por ello hacemos un llamado a lectores/as de estos medios y también a los avisadores que antes de otorgar su apoyo y preferencia, observen el comportamiento ético y de responsabilidad social empresarial de estos consorcios periodísticos, que debe traducirse en brindar estabilidad laboral a sus trabajadores/as. Santiago de Chile, 19 de marzo 2018 Crónica Digital
En dependencias de la Intendencia Regional se realizó la primera reunión ente la Senadora por la Región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi y el Intendente Regional, Jorge Martínez Durán. “Hemos venido a saludar al nuevo Intendente, a desearle el mayor de los éxitos, y por cierto, a compartir nuestros puntos de vista sobre lo que, a nuestro juicio son las principales problemáticas y desafíos que presenta la región”,señaló la parlamentaria. Isabel Allende destacó que “Hemos coincidido en muchos temas, que esperamos desarrollar durante estos años. El principal de ellos y el más apremiante es, sin duda, la escasez hídrica que experimenta la región; el cómo compatibilizamos el desarrollo de diversas actividades industriales con lo que es prioritario, es decir, asegurar el consumo de nuestros habitantes. Esto nos convoca a todos a trabajar de manera urgente”. En esta misma línea, la Senadora Allende continuó: “Es indudable el avance y aporte, que el Gobierno de la Presidenta Bachelet tuvo en esta materia, pero aún falta por hacer, y creo que el Intendente ha coincido con nosotros en esta necesidad, ya que él conoce claramente esta temática, y sin duda podremos avanzar en ella”. Otra materia tratada fue la necesidad de compatibilizar el crecimiento con una mejor calidad de vida para los porteños. “Valparaíso tiene clara e históricamente una vocación portuaria, pero eso, no puede estar por sobre la calidad de vida de sus habitantes, y es aquí donde tenemos que armonizar la necesidad que haya más inversión, pero respetando el derecho que tienen sus habitantes a disfrutar y vivir en un entorno amigable, en el que puedan acceder al borde costero, y respetando el gran patrimonio cultural de la capital regional”,señaló la senadora socialista. Una de los temas que ambas autoridades conversaron fue la descentralización. Al respecto Isabel Allende destacó que “debemos aprovechar la gran experiencia y conocimiento del Intendente Martínez en esta materia, coincidiendo que nuestra región merece más, y en eso tenemos que tener una sola voz”. También trataron el rescate y protección del patrimonio cultural de la región; la acuciante situación en materia de contaminación de algunas comunas y la debida protección del medio ambiente; las dificultades en materia de movilidad y transporte, y por supuesto, tener una mirada integral en el desarrollo portuario para San Antonio y Valparaíso. En este último punto, ambas autoridades coincidieron en que “el desarrollo portuario debe haber un complemento entre ambas comunas, no se trata de competir, sino de establecer cómo se aprovechan las ventajas que tiene una y otra” puntualizó Allende. Finalmente, la Senadora por la Región de Valparaíso selló diciendo “Sin perjuicio que nuestros caminos políticos son diversos, y que por cierto, seremos y ejerceremos nuestra posición desde la oposición, y habrá momentos para debatir y no estar de acuerdo, creo que esta primera reunión ha sido muy fructífera, demostrando que a ambos nos convoca el bien común de la región y su gente”. Santiago de Chile, 19 de marzo 2018 Crónica Digital
