1.- Finalmente, el Ministro del Interior, Chadwick, sincera ante el país la verdadera opinión del Gobierno acerca de la cuestión Mapuche. Ha declarado recientemente:«Enfrentamos un enemigo poderoso que goza de apoyo político comunicacional e internacional». Es decir, el Ministro, en representación del actual Gobierno deja entender que el Pueblo Mapuche podría ser considerado «enemigo» del país. Burda declaración. Violenta y provocativa. Y su gesto singular de acudir a la Araucanía sólo para presentar una querella y no involucrarse en tomar conocimiento de las muchas deudas pendientes con comunidades mapuches denota su incompetencia y nula voluntad de hacer frente a la problemática indígena con respuestas que, por lo demás, están disponibles desde hace mucho tiempo.
2.- Responsablemente, el Ministro Chadwick, tiene la obligación moral y política de precisar rápidamente sus dichos ante la comunidad nacional y ante los Pueblos Indígenas. Una situación delictual específica no es suficiente para criminalizar una causa y sembrar dudas respecto de la vocación pacifista de los Pueblos Originarios. Sobre todo, tiene el deber de señalar a qué «enemigos» se refiere y de dónde proviene la supuesta certeza de sus afirmaciones respecto de «apoyos internacionales». Esto es fundamenta, principalmente, porque su anuncio más relevante tiene que ver con resucitar la aplicación de la pinochetista Ley Antiterrorista.
3.- Es lamentable la conducta del Gobierno ante la cuestión Mapuche. Actúan por incomprensión histórica. Tienen sordera ante las distintas fórmulas de solución que se les han planteado incluso de parte de los propios Pueblos Indígenas. Han hecho caso omiso de compromisos históricos del Estado, desde el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato y sus decisiones, en materia de seguridad, son claramente provocativas. Por otra parte, no es la violencia el camino para desarrollar soluciones que para el Estado son posibles de implementar para resolver situaciones pendientes. Ni la violencia del Estado ni la violencia de particulares. Respecto de éstos últimos, la legislación chilena contempla todas las medidas y normas necesarias para investigar los hechos verdaderos, todo lo cual hace innecesaria la aplicación de leyes condenadas por la comunidad internacional de Derechos Humanos, como la Ley Antiterrorista. Cuando esta Ley fue promulgada en la dictadura militar, su finalidad era aplicarla en contra de la oposición democrática, a quien también se la consideró «enemiga» del país en los años 80. El Ministro Chadwick amenaza con volver a implementarla. Todo esto implicará aumentar las tensiones y la responsabilidad de esto siempre recae en quien tiene las competencias necesarias para resolver los conflictos, en este caso, el Estado y el Gobierno.
Domingo Namuncura
Ex Director Nacional de -Conadi
Director del Programa de Derechos Indígenas, Fundación Chile 21
Analista del Barómetro de Políticas públicas, Fundación Equitas
Santiago de Chile, 26 de diciembre 2012
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