Los camioneros amenazan con radicalizar su paralización indefinida

Los gremios de transportistas amenazaron al gobierno con radicalizar su protesta para que las demandas sean cumplidas por el Estado.

El presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), José Villagrán, una de las voces más radicalizadas en el conflicto, declaró a la prensa que seguirán movilizados y “no nos vamos a ir hasta que nos den lo que nos corresponde”.

En tono autoritario y dirigiéndose a Sebastián Piñera, espetó que “se acabó la impunidad, o hacen ustedes la pega, o los camioneros los vamos a obligar, al Ejecutivo, al Parlamento y al Poder Judicial, a que, de una vez por toda, hagan la pega para los chilenos”.

Incluso fue más allá y exhortó a los camioneros que aún no se han sumado al paro, a que guarden los camiones y no vayan a Temuco, capital de la región de La Araucanía, porque no los van a dejar pasar.

En un comunicado, la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) rechazó una propuesta de acuerdo del gobierno porque “está llena de frases clichés y generalidades” y anunció que se mandató a una Comisión para trabajar en una contrapropuesta, al tiempo que ratificó mantener la movilización indefinida.

Desde el gobierno, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, declaró a la prensa que “vamos a seguir avanzando en el diálogo, pero no se puede tolerar que se pase por encima del Estado de Derecho, y en este caso, por ejemplo, la libre circulación de las personas, a través de sus vehículos, en nuestras carreteras”.

Los gremios exigen que el parlamento apruebe un paquete de 13 leyes, entre ellas la llamada ley Juan Barrios, que aumenta las sanciones a quienes atacan los camiones en las carreteras, uno de los reclamos de los conductores.

Pero, también otras encaminadas a endurecer sanciones al narcotráfico, reforzar el aparato de inteligencia policial, al Cuerpo de Carabineros y para el despliegue del ejército en el resguardo a la Infraestructura Crítica, que son señaladas como herramientas para aumentar la represión en el país.

Al respecto, el senador Juan Ignacio Latorre, del partido Revolución Democrática, llamó la atención de que el Gobierno aborda este problema con “mano blanda” y envía carabineros solo a observar lo que ocurre en las carreteras, en una actitud muy distinta de lo que hacen cuando se produce una protesta de sindicatos, estudiantes o indígenas.

Santiago, 30 de agosto 2020.

Crónica Digital / Prensa Latina.

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A propósito del paro de camioneros, se ha traído a colación el papel que el gremio tuvo en el golpe de Estado y el presunto financiamiento que habrían recibido desde la CIA. “Existen muchos mitos en las cosas que se hablan, yo conozco la industria del transporte de carga por las carreteras de Chile desde 1968. Son mitos y dejémoslo ahí, en esa línea”, señaló el dirigente Sergio Pérez frente al emplazamiento que le formuló hace unos días la periodista Alejandra Matus en el programa “Mentiras Verdaderas”. En el momento del golpe de Estado, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones se encontraba sosteniendo un paro nacional que había iniciado el 26 de julio de 1973, en una reproducción de la paralización que habían emprendido en octubre del año anterior, pero con una diferencia: en esta oportunidad era una pieza clave de una ofensiva final en contra del Gobierno de Salvador Allende, el objetivo era un golpe de Estado. Coincidencia: en la madrugada del 27 de julio, fue asesinado el Edecán Naval del Presidente, comandante Arturo Araya Peeters, a raíz de un disparo en su casa de Fidel Oteíza 1953, en la comuna de Providencia. El oficial de la Armada se había asomado a su balcón a encarar un “comando conjunto” de militantes armados del Frente Nacionalista Patria y Libertad, y de los estamentos juveniles de los Partidos Nacional y Democracia Radical, que salieron a las calles a provocar el caos, para contribuir al paro camionero. El entonces secretario general del Frente Nacionalista Patria y Libertad, Roberto Thieme, me contó el “origen secreto” de esa ofensiva final contra la Unidad Popular: “El 22 de julio de 1973, fui invitado a una reunión con un alto oficial de la Armada. En el más absoluto secreto y tomando todas las medidas de seguridad, hubo un encuentro en un departamento de Vitacura. Me comunicó que se iniciaría un nuevo paro nacional de los camioneros, digitado por la Marina, al que se sumarían luego otros gremios, para paralizar por completo el país y crear las condiciones para una acción militar”. La Armada les pidió que las Brigadas Operacionales de Fuerzas Especiales (BOFE) de Patria y Libertad se hicieran cargo de la misión de mantener cortadas las vías de ferrocarriles, carreteras y oleoductos, para así garantizar la paralización y sus objetivos fundamentales: interrumpir la cadena de abastecimiento y generar un estado general de desgobierno. Thieme detalló: “La Armada nos indicaría los puntos y proporcionaría el material logístico necesario. También indicaría los días en los que tendríamos que producir cortes de energía eléctrica, con el objeto de interrumpir las comunicaciones radiales y televisivas e impedir que el mensaje de la Unidad Popular pudiera llegar a la población”. Patria y Libertad desencadenó, en efecto, una ola de atentados a lo largo del país. El actual Canciller, Andrés Allamand, rememoró la situación en su libro de 1974 “No Virar Izquierda”, que cuenta –en forma novelada– sus experiencias como principal líder de los estudiantes secundarios de la Juventud del […]

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