El malogrado atentado contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, activó el sistema de seguridad del exmandatario y candidato electoral Luiz Inácio Lula da Silva, clasificado ahora de riesgo máximo por las amenazas que enfrenta en Brasil. Por Osvaldo Cardosa Corresponsal jefe de Prensa Latina en Brasil Un arma calibre 38, cargada con cinco balas, no disparó en la noche del 1 de septiembre y la también titular del Senado argentino milagrosamente quedó con vida ante miles de partidarios que acostumbran a recibirla con vítores en el barrio Recoleta en Buenos Aires, donde reside. Llamado Fernando Sabag Montiel, el agresor nació en Brasil, pero vive en el vecino país posiblemente hace más de tres décadas, pues sus documentos de residencia datan de 1993. Tras fallar su artefacto de guerra a solo pocos centímetros de la cabeza de Fernández, el sujeto de 35 años quedó detenido y se niega a declarar. Medios periodísticos aseguran que tiene antecedentes criminales y supuestas conexiones con grupos extremistas. “Creo que el sentido común indica que tenemos que tomar esto como una advertencia. Creo que el sentido común indica que necesitamos estar alertas con lo que puede suceder en Brasil”, advirtió Lula al conocer la procedencia del atacante y la escalada de violencia política en el gigante suramericano, a menos de 30 días de la elección. La embestida armada contra Fernández solo ratificó, según el extornero mecánico, el peligro que enfrenta la democracia en la región y para algunos analistas, el odio que destilan políticos resulta la venganza de cobardes amilanados. De igual manera la frustrada conjura en Buenos Aires corroboró el llamado reciente que hizo la Policía Federal (PF) de pedir apoyo para la protección del abanderado presidencial del Partido de los Trabajadores (PT) a la votación del 2 de octubre, después del acceso ampliado a las armas durante la gestión del mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro. SERIE DE INFORTUNIOS En un documento dirigido a las superintendencias regionales, la PF cita una serie de infortunios que justifican el refuerzo de salvaguardia al exsindicalista. Menciona el crimen del vigilante municipal Marcelo Arruda ocurrido en la madrugada del 10 de julio, cuando el policía penal federal Jorge Guaranho interrumpió a tiros la fiesta del cumpleaños 50 del miembro del PT (armado también) en la sede de la Asociación Deportiva Salud Física Itaipú, en el sureño estado de Paraná. «El contexto político y social en el que se realizará la operación de seguridad está compuesto, entre otras adversidades, por opositores radicalizados y acceso a armas de letalidad ampliada resultante de los cambios legales realizados en 2019», indica un extracto del oficio, citado por el diario Folha de Sao Paulo. Además del asesinato de Arruda, el pliego también esboza el atentado perpetrado contra un autobús de la caravana de Lula en Paraná, en 2018. El vehículo fue baleado por disparos, pero no se reportaron heridos. El equipo de la PF definido para resguardar al exgobernante, trabaja con la codificación de riesgo máximo, en una escala del uno al cinco, […]
