El debate de una declaración sobre la liberación de los presos tras el estallido social de octubre de 2019 en Chile, puede tensar hoy la segunda sesión de trabajo de la Convención Constituyente. El tema, que aparece en la agenda, cobra mayor notoriedad cuando en comisiones del Senado avanza un proyecto de indulto para una cantidad no precisada, pero al parecer numerosa de personas, la mayoría jóvenes que desde esa fecha continúan tras las rejas en prisión preventiva. Esto ha generado fuertes controversias entre la oposición y los legisladores de derecha y se da por seguro que también la Convención será escenario de encontronazos entre sus 155 integrantes. Una parte significativa de estos, incluyendo la presidenta y el vicepresidente de la Convención, respaldan medidas conducentes a la liberación de esos reos, pero los representantes del oficialismo, aunque son minoría, se oponen de plano. La víspera, este órgano encargado de la redacción de la nueva Constitución de Chile logró celebrar su primera sesión de trabajo, en una intensa jornada en la sede del antiguo Congreso Nacional, dedicada esencialmente a temas organizativos. Ello incluyó la ampliación de la mesa directiva, integrada hasta ahora solo por la presidenta y el vicepresidente del cónclave, y la creación de comisiones de Reglamento, Ética y Presupuesto y Administración Interior.   El asunto de la ampliación de la directiva, que finalmente quedó con nueve cupos, incluidos dos para representantes de pueblos indígenas, estuvo caracterizada -una vez más- por roces entre los constituyentes de derecha, que rechazaban ese aumento, y el resto del grupo. Los partidarios de ampliar la directiva señalaron que resulta necesario porque son muchos los asuntos que debe tratar la Convención durante su funcionamiento, para que estos recaigan solo sobre la presidencia y la vicepresidencia. El debate llegó al punto de que algunos constituyentes oficialistas se pronunciaron por evaluar la presentación de una acción legal contra la dirección del cónclave. Sobre esto, el vicepresidente, Jaime Bassa, admitió que ese tipo de reclamación está contemplada, pero solo cuando se trate de una vulneración del Reglamento, y todavía la Convención Constitucional carece de ese instrumento. Santiago de Chile, 8 de julio 2021 Crónica Digital/PL

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