En el marco de la Segunda Semana de la Memoria y los Derechos Humanos de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), la Casa de Estudios impartió una emocionante conferencia magistral en torno a la trayectoria histórica de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina. María Adela Antokoletz Gard fue la invitada para dar la charla, que tuvo lugar virtual en la plataforma Zoom. Es escritora y profesora de Letras de la Universidad Católica de Argentina, y autora de una importante obra acerca de las Madres de la Plaza de Mayo, titulada “Desovillando la Historia”. Es conocida internacionalmente por su trabajo en la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de América Latina (FEDEFAM) e integra las Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora. La conferencia magistral contó con la presencia de autoridades universitarias, como la Vicerrectora Académica Marisol Durán Santis y el Vicerrector de Transferencia Tecnológica y Extensión Mario Torres Alcayaga. También estuvieron presentes la académica Debbie Guerra, Consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y Víctor Osorio, encargado del Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía de la UTEM. La actividad comenzó con un mensaje del Rector de la Casa de Estudios, Luis Pinto Faverio: “Esta charla magistral se denomina ‘Cuando la Plaza es un mundo’, puesto que nuestra invitada es protagonista y testigo de los orígenes de las Madres de la Plaza de Mayo, entidad que se ha transformado en un símbolo universal de la causa de los Derechos Humanos en el mundo entero. Su madre, María Adela Gard, fue una de las 14 mujeres que se apostó por primera vez frente a la Casa Rosada en abril de 1977, hace ya 43 años, reclamando por conocer el paradero de sus hijas e hijos secuestrados”. Además, señaló que “el contexto que ha vivido nuestro país durante el último período, desde las protestas que irrumpieron el 18 de octubre del año pasado, hasta la actual crisis de carácter sanitario por la COVID–19, nos muestran la importancia de colocar, siempre, los derechos humanos en el centro de las prioridades de desarrollo. Ello, asumiendo la estrecha e indisoluble relación entre derechos y deberes, pues todo derecho implica un deber de las personas con la comunidad de la que forman parte”. La instancia se desarrolló posteriormente con las palabras de la invitada ilustre, quien conoce muy de cerca la trayectoria histórica de las Madres de la Plaza de Mayo a través de su propia madre María Adela Gard y la búsqueda incesante de su hijo Daniel. Daniel fue secuestrado y hasta la fecha sigue siendo un detenido desaparecido entre tantos que dejaron las dictaduras en Latinoamérica. La invitada partió contando cómo llevaron a su hermano a uno de los centros clandestinos de detención y tortura más grandes que hubo en el país trasandino: “Como miles de familias de Argentina, Chile, América Latina y el mundo, fue secuestrado mi hermano Daniel hace más de 40 años. Era un abogado, experto en derecho internacional, que fue secuestrado con su mujer, una joven abogada que había […]
derechos humanos
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) pide terminar con la discriminación que atenta contra los derechos humanos de las mujeres. Al jubilar, las chilenas culminan toda una vida de discriminaciones y sesgos en el trabajo asalariado y doméstico, en la salud, la política y la cultura. Es la amarga guinda de una torta en cuya elaboración no participaron y que las discrimina de comienzo a fin. La pensión de vejez promedio de una mujer es de 100 mil pesos (menos que el salario mínimo), mientras que la de un hombre es de 157 mil pesos, según datos de la Superintendencia de Previsión Social de 2016. Esto da un 37% de diferencia, brecha que ha ido escalando sin pausa cada año, y que significa que, aunque ambos tengan ingresos por debajo del salario mínimo, las mujeres sean mucho más perjudicadas. El 59% de ellas tiene pensiones bajo la línea de la pobreza, mientras en los hombres es el 26%. La preocupación por las graves consecuencias de esta discriminación que afecta los derechos humanos de las mujeres está presente en el Informe Anual 2017 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que llama tanto al Estado como a los legisladores a terminar con las brechas salariales y previsionales entre mujeres y hombres. Tablas arbitrarias Las mujeres tienen menos cotizaciones previsionales por dedicarse a labores domésticas y de cuidado no remuneradas, empleos precarios y vidas laborales interrumpidas. Pero, además, para calcular las pensiones, el sistema usa tablas de mortalidad construidas en base a la expectativa de vida a la edad de jubilar, lo que nuevamente las desfavorece. Aunque existen diversos factores que alteran la esperanza de vida entre una persona y otra (lugar de residencia, ocupación, nivel socioeconómico), estas tablas de las AFP, aprobadas por la Superintendencia de Pensiones, omiten estas diferencias, utilizándolas como un factor único basado en promedios, considerando únicamente el sexo del afiliado, dice el informe del INDH. ¿Cómo se llegó hasta aquí? Los sistemas de pensiones no son neutros a otras desigualdades entre hombres y mujeres en Chile, como la brecha salarial. Durante 2016, las mujeres recibieron un 31,7% menos de ingresos de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE). “Las brechas salariales entre hombres y mujeres se producen indistintamente de la actividad económica en que se desempeñen las mujeres, la categoría ocupacional donde se insertan, o los cargos y empleos a los que acceden”, dice Marcia Tijero, de la Unidad de Estudios del INDH. “Los hombres ganan más que las mujeres para cualquier nivel de educación, en cualquier tipo de empleo y tanto en firmas grandes como pequeñas”, agrega. En efecto, las mujeres con estudios de postgrado reciben en promedio un 36,8% menos de ingreso que los hombres con el mismo nivel educativo, brecha que ha ido en aumento desde 2011. Este punto es relevante, pues implica que frente a elementos objetivos que tenderían a mejorar las condiciones laborales de una persona, el factor discriminación es capaz de imponerse por sobre cualquier otra consideración. Y todo esto ocurre pesar […]
El polémico fallo aprobado la víspera por la Corte Suprema argentina, que declara aplicable una ley para reducir el cómputo de prisión a personas con delitos de lesa humanidad, beneficiaría a unos 750 represores. La medida, que genera hoy el rechazo unánime de varias organizaciones políticas y de derechos humanos, podría posibilitar que esa cantidad de genocidas puedan acogerse a la medida y reclamar su liberación, reflejó el portal Infonews. Muchos de los que cometieron este tipo de crímenes aún no tienen condena firme sobre las causas llevadas adelante en el marco de la búsqueda de memoria, verdad y justicia. La ley, 24.390, conocida como 2×1, podría reducirles la pena y hasta dejar en libertad a partícipes secundarios ‘y no tanto’ de la última dictadura cívico militar (1976-1983), añadió la fuente. La normativa podría beneficiar a quienes recibieron penas menores a 25 años, debido al tiempo que pasaron en la cárcel sin condena firme. Una ola de disgusto e indignación provocó aquí el fallo de la Corte sobre la ley, que estuvo vigente entre 1994 y 2001, y que fue votada por los jueces Elena Highton, Horacio Rosenkrantz y Carlos Rosatti y rechazada por los magistrados Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. La sentencia fue dictada en la causa de Luis Muiña, quien en 2013 fue condenado a 13 años de cárcel por ser ‘coautor del delito de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos’ en cinco casos. ‘Estamos en un país de trastornados’, expresó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, tras calificar la medida como una ‘estafa a la moral social’, una de las tantas voces que se han levantado para expresar su repudio a la aplicación de esta ley. Buenos Aires, 4 de mayo 2017 Crónica Digital /PL
Antiguos agentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) condenados por el delito de secuestro calificado (desaparición), cumplen penas en centros comunes de reclusión de Chile. En marzo pasado el juez especial Mario Carroza sentenció a más de 30 ex represores de la junta militar pinochetista por los plagios cometidos, con condenas desde cinco hasta 15 años de privación de libertad. Tres de los encartados permanecen prófugos de la justicia, por lo cual el magistrado dictó órdenes de detención. El hecho de que el muy criticado penal de Punta Peuco, donde ex agentes de la dictadura cumplen sus sentencias en condiciones especiales, esté lleno, obligó a 13 de los nuevos condenados a ser reubicados en un correccional ordinario. Otros siete permanecen en Punta Peuco, y una mujer ex sargento de la Armada en tiempos de Pinochet fue remitida a una cárcel femenina. Los sancionados participaron en septiembre de 1987 del secuestro de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que integraban un grupo de guerrilleros que combatían por la vía armada a Pinochet y sus seguidores. Según las pesquisas y varios testimonios, los secuestrados Julio Peña, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda, Gonzalo Fuenzalida y Julio Muñoz Otárola, fueron lanzados al mar en la costa central de Chile. Fueron envueltos en sacos de paperos cosidos en el centro, en bultos muy pesados antes de ser lanzados al mar, declaró el oficial del Ejército y jefe de la Unidad Antiterrorista de la época, Rodrigo Pérez Martínez. Santiago de Chile, 4 de mayo 2017 Crónica Digital /PL
La ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, anunció que la Torre Villavicencio del ex Edificio Diego Portales, se transformará en el Edificio de la Ciudadanía “donde la gente ingrese con mucha libertad”, agregando que “la Fundación Víctor Jara utilizará un piso completo de unos 500 metros cuadrados, lo que me parece muy emblemático”. Entre otras organizaciones que podrían ocupar dependencias de Edificio de la Ciudadanía se encuentran la Comisión Chilena de DDHH, la Corporación Villa Grimaldi, la Venda Sexy, la Corporación Humanas, la Corporación del Trasplante y la del Trasplantado, organizaciones vinculadas a la comunidad homosexual y el Consejo de la Infancia, entre otras. El director ejecutivo de la Fundación Víctor Jara, Cristian Galaz, señaló que “para nosotros este será un paso vital muy importante, estaremos muy bien acá para trabajar en nuestros proyectos y para nuestro archivo que está ahora en distintos lugares”. El ex Edificio Diego Portales, fue recientemente traspasado desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales y se espera comience a estar operativo en el primer semestre de este año. Cabe destacar que durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se han entregado en todo el país, 1.076 inmuebles fiscales, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, para el fortalecimiento de la sociedad civil, entre los que se cuentan juntas de vecinos, sedes sindicales, cuarteles de bomberos, centros deportivos y culturales y terrenos para investigación y conservación. La ministra Palma explicó que “que con estas concesiones estamos contribuyendo al fortalecimiento de nuestra democracia a través de la entrega de espacios físicos que aseguren la expresión de la ciudadanía con diversos fines, siempre resguardando la diversidad y el respeto a la pluralidad”. Las últimas organizaciones beneficiadas, durante un acto efectuado este viernes en el GAM, fueron el Instituto Chileno Chino de Cultura, la Fundación Integra, la Fundación Arte y Solidaridad Museo Salvador Allende, el Proyecto Centro de Participación Social del Programa Quiero Mi Barrio y de la Municipalidad de La Reina, la Junta de Vecinos Villa el Sol de Curacaví, la Nueva Escuela de Renca, Misión Evangélica Pentecostal 25 de Enero de Colina e Iglesia Misionera Evangelio Universal de Lo Espejo. Santiago de Chile, 9 de abril 2017 Crónica Digital
