La encuesta está dirigida a las y los docentes de los niveles básico y medio de las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Lengua y Literatura, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, de Artes Plásticas y Audiovisuales, y se puede responder hasta el 20 de septiembre en la web del Colegio de Profesores.- Hasta el 20 de septiembre las profesoras y los profesores pueden responder en forma on line la Encuesta sobre usos de documentos de memoria y derechos humanos en contexto pedagógico, que busca comprender el uso que las y los docentes le dan a documentos, imágenes y objetos que registran las violaciones a los derechos humanos perpetradas en dictadura para enseñar el pasado reciente en los establecimientos educacionales de nuestro país. Impulsada por el proyecto “Tecnologías políticas de la memoria: usos y apropiaciones contemporáneas de artefactos de registro de la violencia política” y el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, la encuesta busca analizar las apropiaciones y usos actuales de dispositivos de registro de violaciones a los derechos humanos perpetrados durante la dictadura cívico-militar y cómo estos documentos se incorporan en el proceso de aprendizaje. Oriana Bernasconi, directora del proyecto, señaló que se busca fomentar el uso y la apropiación de los archivos para impulsar la educación en derechos humanos en la formación de los niños y niñas, más aún considerando el gran acervo documental que forma parte de la Pedagogía de la Memoria, que requiere ser preservado y conservado. “Estos documentos tienen un rol que cumplir en el ejercicio de la ciudadanía”, señaló. Agregó que cuando hablamos de documentos de derechos humanos no sólo se incluye una carta, un testimonio o documentos escritos, sino también fotografías, videos, registros sonoros, artesanías. “Hay una variedad de recursos que pueden convertirse en potentes herramientas pedagógicas que potencien el diálogo intergeneracional y permitan reflexionar sobre el presente, para propiciar aprendizajes significativos en la escuela y contribuir a la generación de una cultura de respeto a los derechos humanos”. El Presidente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz, señaló que “para nosotros como organización gremial, en este tiempo y momento histórico que estamos viviendo, es de suma importancia recobrar y generar el nexo directo que existe entre la memoria histórica y nuestra labor como educadores y educadoras en todo el país”. Asimismo, valoró el trabajo conjunto del magisterio con el proyecto “para tomar y hacer nuestros estos materiales, que juegan un papel fundamental en la formación integral del ser humano”. Por su parte, María Luisa Ortiz, Jefa de Colecciones e Investigación en el Museo de la Memoria y los DDHH e investigadora de la línea pedagógica del proyecto, destacó la relevancia de trabajar en conjunto con las comunidades que desarrollan temas de memoria y derechos humanos en los distintos territorios, como las y los docentes del Colegio de Profesores de Chile. “Estamos convencidas que el uso de estos documentos en su diversidad de tipos, que reúnen lo que fue la experiencia de un período histórico en nuestro país como […]
derechos humanos
Este sábado 11 de septiembre se cumplen 48 años del golpe de Estado en Chile y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos conmemorará la fecha con una programación especial. A 48 años del Golpe de Estado y en homenaje a las víctimas, el Museo de la Memoria realizará una serie de actividades online para invitar al público a reflexionar en torno a la memoria, y a asumir un rol más activo en la defensa y promoción de los derechos humanos en el presente. El sábado inicia con Sintoniza con la Memoria, una galería auditiva en tiempo real, que transmite el golpe de estado en Chile minuto a minuto, a través de archivos radiales históricos que son parte de las colecciones del Museo. Este proyecto cuenta con reconocimientos dentro y fuera del país, como el León de Bronce en el Festival Cannes Lion 2019. Sintoniza con la Memoria, que este año se realiza en su cuarta versión, utiliza archivos sonoros que incluyen transmisiones de radio, bandos militares, los últimos discursos de Allende y fragmentos de diálogos radiales entre militares golpistas, que permiten reconstruir los acontecimientos más relevantes de esa jornada. La transmisión se realizará desde las 8.00 hasta las 18.00h a través de la web Sintoniza con la memoria, por las distintas plataformas digitales del museo, y se transmitirá también en la explanada del Museo. A partir de las 19.00h, realizaremos el lanzamiento de Epistolaria de la Memoria, proyecto que reúne las cartas de familiares de mujeres detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas durante la dictadura, escritas en la actualidad. Este año los textos fueron leídos por mujeres de la Red de Actrices de Chile, en un registro que quedará disponible desde el mismo sábado 11 en la plataforma virtual epistolariodelamemoria.cl. En el cierre de la jornada, a través del homenaje Ausencia y Memoria, el Museo realizará el tradicional homenaje a las víctimas de la Dictadura, recordando los rostros de los hombres y mujeres detenidos desaparecidos y ejecutados, que esta vez se realizará en formato virtual a través del Facebook Live y Youtube del Museo, a partir de las 20.30h. Durante la jornada, el Museo estará abierto en su horario habitual, con las limitaciones de aforo que impone la situación de pandemia.
Hasta la Moneda llegó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, para entregar una carta al Presidente Sebastián Piñera, exigiendo el término de los indultos a los criminales condenados por violaciones de derechos humanos y que no se otorguen nuevos indultos. La misiva destacaba entre otros puntos que Chile viola todos los acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos, concediendo estos indultos, con la excusa de la pandemia. Lorena Pizarro, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos destacó que: “nos parece que suma gravedad lo que está ocurriendo con este gobierno, resulta inaceptable esta clase de actos y lo único que se plantea es ojalá que acabe pronto este gobierno, violador de derechos humanos, que además quiere garantizar la impunidad a los que no pudieron evadir la justicia. Haciendo un absoluto desconocimiento al derecho internacional de los derechos humanos, Chile no cumple sus obligaciones internacionales y hasta la fecha, en lo que significa este contexto de pandemia, ha liberado a diez ex agentes de la dictadura cívico militar, que además recibieron condenas tardías de décadas, pero además de eso, hay que agregar condena bajísimas. Y agrega eso la gravedad del Gobierno, ya no solo de insistir en enviarles a cárceles especiales, sino que hoy a liberarles sin ningún pudor” “Vinimos a entregar una carta al Presidente de la República que parte del contenido del recurso de protección que interpuso la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en el día de hoy en contra del Presidente de la República y del Ministro Justicia y Derechos Humanos, por cuanto ellos violan varias garantías contenidas en la Constitución, al haber establecido y otorgado 10 indultos a violadores de humanos que son por crímenes de lesa humanidad y eso violenta el derecho internacional y pone a Chile al margen de la comunidad internacional”, puntualizó la abogada de Derechos Humanos, Julia Urquieta. Mediante el mecanismo del indulto establecido en la ley N° 18.050 y su reglamento, el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, han conmutado la pena a tres sentenciados y rebajado a otros siete, todos ellos condenados rematados, por crímenes de lesa humanidad, revirtiendo las decisiones judiciales que habían recaído sobre ellos.
La histórica dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos es la carta del PC para reemplazar a Guillermo Teillier que irá por un cupo a la Cámara Alta. Lorena Pizarro, hija del detenido desaparecido Waldo Pizarro y Sola Sierra, anuncia candidatura a diputada por el Distrito 13, en reemplazo del actual diputado y presidente del Partido Comunista Guillermo Teillier, quien luego de tres periodos competirá por un cupo en el Senado por la Región Metropolitana. La Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos inscribió su candidatura ante el Servicio Electoral por la lista única del Pacto Apruebo Dignidad, compuesto por los partidos y movimientos de Chile Digno y el Frente Amplio. “Asumo este desafío con gran humildad y esperanza de construir juntos un nuevo Chile, donde exista un respeto, defensa y promoción de los derechos humanos. Un país que garantice la vida, la dignidad, de acceso a quienes habitamos este territorio con todas sus naciones estén garantizadas. Por eso las y los invito a construir juntos, con memoria, historia y consecuencia”, destacó Lorena Pizarro. Pizarro desde el 2003 es presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, misma dirigencia que realizó su madre desde 1977 hasta 2003, año de su fallecimiento. El Distrito 13 comprende las comunas de El Bosque, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Ramón y San Miguel.
La legisladora además denunció que hay «un tremendo negociado detrás de estas obras». Diversas organizaciones de memoria y Derechos Humanos han criticado la propuesta para concesionar por 40 años el sitio de memoria Velódromo del Estadio Nacional, al que además se le hará una millonaria refacción, informa hoy El Mostrador. Las obras se realizarían en recinto del Velódromo del Estadio Nacional, reconocido como recinto de Memoria y monumento nacional, se construiría un Arena destinado a eventos masivos, tanto shows artísticos como deportivos. Las organizaciones sociales por medio de un comunicado han señalado que «por distintos canales hemos manifestado nuestro rechazo absoluto a esta iniciativa, por ser una afrenta grave a la ciudadanía, ya que se trataría de la destrucción de un sitio emblemático de la violación a los Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad efectuados durante el período de la dictadura cívico militar, y que debe ser preservado para la Memoria de la humanidad». Ante esto, la diputada comunista Carmen Hertz fue dura en señalar que «es un intento más del Estado chileno de borrar la memoria colectiva. Es una afrenta a la memoria de una sociedad que fue traumatizada por políticas genocidas y práctica de exterminio». Agregando que «pareciera que tanto a este gobierno encarnado en su ministra del Deporte les importa nada. O sea, lel respeto, la memoria colectiva de un país que, insisto, fue traumatizado por prácticas genocida a este gobierno no le interesa, sino muy por el contrario, aprovechan de hacer un negociado y de también hacer una política de olvido».
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Guillermo de la Barra, sometió a proceso al empresario Patricio Altamirano Ortúzar, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de los dirigentes sindicales Augusto Andino Alcayaga Aldunate, José Rosa Devia Devia, José Maldonado Fuentes, Miguel Alberto Fernández Cuevas, Juan Dagoberto Fernández y Francisco Flores Flores. Los ilícitos fueron perpetrados en septiembre de 1973, en la comuna de Ñuñoa. En la resolución, el ministro en visita dispuso que se despache orden de aprehensión del procesado, la que deberá ser ejecutada por la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. Asimismo, debido a la avanzada edad de Altamirano, se ordenó que cumpla la medida cautelar de arresto domiciliario total. En la etapa de investigación de la causa, el ministro De la Barra logró establecer: “El 17 de septiembre de 1973, aproximadamente a las 10:00 horas, en las dependencias de la empresa ‘Elecmetal’, ubicada en Avenida Vicuña Mackenna N°1550, comuna de Ñuñoa, la cual se encontraba en el llamado ‘Cordón Industrial Vicuña Mackenna’, arriban al lugar por un llamado de los ejecutivos de la empresa, personal de la Cuarta Comisaría de Carabineros, al mando del entonces capitán Fernando Valenzuela Romero, siendo recibidos por quien en ese momento representaba a los dueños de la empresa, el cual los lleva al interior de ésta en busca de seis trabajadores, quienes habían sido dirigentes sindicales y que además tuvieron un rol activo en la toma e intervención de la fábrica ocurrida en octubre de 1972”. Puntualiza: “Los funcionarios proceden a detener a Augusto Andino Alcayaga Aldunate, contador general de la empresa y quien a su vez había ejercido el cargo de presidente del sindicato de empleados, junto a José Rosa Devia Devia, José Maldonado Fuentes, Miguel Alberto Fernández Cuevas, Juan Dagoberto Fernández y Francisco Flores Flores, todos ellos dirigentes del sindicato de obreros, los cuales fueron sacados desde el interior de la empresa –Augusto Alcayaga Aldunate y Juan Fernández Cuevas estaban en las oficinas de la gerencia a las que momentos antes habían sido citados– y subidos a un vehículo policial y a otro que facilitó la misma empresa. Son trasladados a la mencionada Comisaría, para luego entre los días 17 y 18 de septiembre de 1973, ser hallados sus cuerpos en la vía pública (Avenida Macul) con múltiples impactos de bala, algunos de ellos con sus extremidades mutiladas y presentando signos de haber sido torturados, siendo identificados en el Servicio Médico Legal”. La resolución agrega que “los hechos descritos se subsumen en el tipo penal de secuestro calificado cometido” contra las personas indicadas, perpetrado entre los días 17 y 18 de septiembre de 1973. Prosigue: “Si bien por resolución del 31 de mayo último, se sometió a proceso al ex capitán de Carabineros, Fernando Valenzuela Romero, como autor del delito de homicidio calificado de los seis trabajadores aludidos, por ahora no existen antecedentes suficientes que permitan inferir […]
La exigencia al gobierno de liberar a presos de la revuelta popular de 2019 continúa hoy en Chile para que sea aprobado un proyecto de indulto que se analiza con lentitud en el Congreso Nacional. Para este viernes está convocada, entre otras acciones, una marcha durante la tarde, que partirá desde la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en la comuna de Providencia, hasta la céntrica Plaza Baquedano. Esa explanada, bautizada Plaza de la Dignidad durante el llamado estallido social, ya fue escenario el viernes último de enfrentamientos entre carabineros y cientos de manifestantes que igualmente exigieron la liberación de los detenidos. Como parte de una creciente movilización, la víspera ocurrieron fuertes enfrentamientos en el centro de esta capital entre efectivos de carabineros y manifestantes que reclamaban la libertad para los presos políticos de la revuelta. Bajo el lema «Libertad, justicia y reparación» cientos de personas se congregaron pasadas las 18:00 hora local, en la confluencia de la calle Cumming con La Alameda, desde donde los asistentes intentaron avanzar en dirección al palacio de la Moneda. Su objetivo era reclamar la aprobación del proyecto de indulto presentado por legisladores de oposición y que el Gobierno con la bancada de derecha intenta echar abajo. Los manifestantes levantaron e incendiaron barricadas en diversos puntos de La Alameda la más importante arteria de la urbe, y a la altura de la Universidad de Chile se enfrentaron con fuerzas especiales de carabineros. Estas intentaron disolver la marcha en varias ocasiones empleando fuertes chorros de agua y gases lacrimógenos, y fueron ripostados por los manifestantes con objetos contundentes. El centro de las protestas es la exigencia de liberación de un número no definido por las autoridades de personas que fueron detenidas en las manifestaciones que remecieron al país a finales de 2019 y principios de 2020. Sin embargo, familiares de los reos y organizaciones y movimientos sociales cifran en cientos los que permanecen tras las rejas, la mayoría jóvenes y un considerable número por más de un año, sin pruebas en su contra sobre supuestos delitos o que han sido víctimas de montajes y procesos irregulares. También ayer cerca decenas de integrantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y otras organizaciones sociales, llegaron hasta el Centro de Justicia de Santiago donde se encadenaron a su entrada para expresar su apoyo a los presos del estallido social. Los jóvenes desplegaron pancartas y entonaron consignas exigiendo la libertad de los detenidos de la revuelta que son considerados como presos políticos, lo que el gobierno insiste en negar alegando que cometieron delitos y por ello fueron procesados por los tribunales. Santiago de Chile, 30 de julio 2021 Crónica Digital/PL
Un contundente diálogo sobre la grave situación de violaciones a los derechos humanos en Chile a partir de la revuelta social del 18 de octubre de 2019, fue realizado por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), que la entidad denominó “Chile: La Revolución Imparable”. La actividad fue moderada por María Adela Antokoletz de Madres de la Plaza de Mayo, hija María Adela Gard Pérez, una de las 14 mujeres que fundaron el emblemático movimiento argentino. La introducción estuvo a cargo de Judith Galarza de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM) y Secretaria Ejecutiva de FEDEFAM, que subrayó que América Latina y el mundo miran con especial atención los acontecimientos en Chile. En el encuentro, que se desarrolló por Zoom, expusieron Raquel Torres, coordinadora del Grupo Iniciativas por la Libertad de las y los Presos de la Revuelta Social, y Verónica Verdugo, Vocera de Familiares de Presos de la Revuelta en el Penal Santiago 1. Ambas expusieron en torno a los dramáticos casos que afectan a jóvenes que han permanecido por prolongados períodos de tiempo en prisión preventivo u otras medidas cautelares, por el hecho de haber participado en las protestas ciudadanas. Indicaron que mantendrán en pie la movilización para lograr su liberación. Intervino también Ernesto Lejderman, ciudadano argentino–chileno que reside en Buenos Aires, hijo de un matrimonio argentino–mexicano asesinados en Chile luego del golpe de Estado, en el reconocido “caso Cheyre”, quien se refirió a la impunidad que ha prevalecido para los violadores de los derechos humanos en tiempos de la dictadura, práctica que ahora se repite frente a los responsables de transgresiones a los derechos fundamentales al calor de la revuelta social. Participó además Víctor Osorio, director ejecutivo de la Fundación Progresa, que expuso que Chile fue el primer “laboratorio del neoliberalismo” y que la dictadura emprendió una refundación del país que contempló una Constitución Política al servicio de ese proyecto. La violación sistemática de los DHH fue una de las condiciones para lograrlo. Precisó que la dictadura concluyó por una negociación intrasistema que permitió la perpetuación de la institucionalidad y el modelo. En octubre de 2019, dijo, la ciudadanía se rebeló contra ese orden de cosas y una vez más recibió la violencia del Estado como respuesta. En todo caso, advirtió, los conservadores han sido puestos en retroceso por la fuerza de la ciudadanía. Por su lado, el senador Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta y titular del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, reseñó la labor que los demócratas progresistas realizan en el Parlamento en ámbitos como proyectos de una ley de indulto para los presos de la revuelta o para restringir el uso de armas no letales por parte de la policía. Detalló la envergadura de los casos de violaciones a los derechos humanos a partir de la revuelta social e indicó que en esta oportunidad no habrá espacio para la impunidad para […]
Un manto de sufrimiento y de dolor cubre toda la humanidad, amenazada por la COVID–19. La cultura del capital, dentro de la cual vivimos, se caracteriza por el individualismo y por una clamorosa falta de cooperación. El Papa, en la isla italiana de Lampedusa, al ver a cientos de africanos que llegaban en barco desde África y eran mal acogidos por la población local, dijo casi entre lágrimas: “Nuestra cultura moderna nos ha arrebatado la compasión por nuestros semejantes; nos hemos vuelto incapaces de llorar”. Parece que la inflación de racionalidad instrumental y analítica nos ha producido una especie de lobotomía: nos hemos hecho insensibles al sufrimiento del otro. El Presidente actual de Brasil es la comprobación más trágica de esta indiferencia. Jamás ha visitado un hospital lleno a tope de personas contaminadas de COVID–19, muchas de ellas muriendo asfixiadas. Sin ningún sentimiento, leyó en un discurso público una fría frase que le prepararon, pero se sentía que no venía de un corazón sensibilizado por las casi 600 mil vidas truncadas por su política necrófila. La pandemia nos está haciendo descubrir nuestra humanidad profunda: la centralidad de la vida, la interdependencia entre todos, la solidaridad y el cuidado necesario. Nos hace más sensibles. Ha traído de vuelta la compasión. Tener compasión no es tener pena de los otros, mirándolos desde arriba. Compasión es la capacidad de sentir y compartir la pasión del otro, decirle al oído palabras de esperanza, ofrecerle un hombro, y decirle que estás ahí, a su lado para lo que sea, es ser capaz de llorar juntos, pero también de animarse mutuamente. La compasión es un sentimiento humano transcultural. Se encuentra en todas las culturas: todos se inclinan sobre el caído y ante la dignidad del sufrimiento del otro. Tiempo atrás en un ancestral túmulo egipcio se descubrió esta inscripción, llena de compasión: “Yo fui alguien que escuchó la queja de la viuda: fui alguien que lloró por una desgracia y consoló al abatido; fui alguien que oyó el sollozo de la niña huérfana y le enjugué las lágrimas; fui alguien que tuvo compasión de una mujer desesperada”. Hoy los familiares de los muertos y afectados por la COVID–19, que ha dejado en los curados secuelas graves, nos convocan a vivir este lado mejor de nuestra humanidad: la compasión. Santo Tomás de Aquino escribió en su Suma Teológica que la compasión es más excelente que el amor al prójimo. Este se dirige al otro; la compasión se dirige al otro que sufre. Aprendemos de la física cuántica, de la cosmología contemporánea y de la bioantropología que la ley fundamental de todas las cosas y de todo el universo no es la competición y el triunfo del más capaz de adaptación sino la cooperación y la sinergia de todos con todos. Hasta el más pequeño y débil tiene derecho a vivir pues posee su lugar en el conjunto de los seres, y lleva en sí un mensaje a ser oído por todos. En este campo también vale la […]
La falta de ayudas del gobierno de Chile a víctimas de la represión durante la revuelta popular de octubre de 2019 fue criticada por Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Micco valoró un reciente anuncio del presidente Sebastián Piñera de crear una fiscalía especializada en derechos humanos, pero advirtió que esa medida es a mediano y largo plazo mientras que las víctimas necesitan ayuda inmediata. En entrevista al diario digital El Mostrador, puntualizó que esa entidad pidió financiamiento para abogados, psicólogos y trabajadores sociales que trabajen con las víctimas. Al respecto subrayó que la propuesta de la fiscalía de derechos humanos «son anuncios, y nosotros no hemos recibido lo que son las propuestas concretas». En relación con el reiterado tema sobre el número de víctimas de la represión, señaló que el INDH no cuenta con una cifra clara de las personas privadas de libertad por acusaciones o delitos cometidos durante la crisis social». Pero denunció que «un tercio de la población penal está bajo la custodia del Estado en condiciones deplorables y no se ha emitido sentencia sobre sus casos». Recordó que el INDH presentó dos mil 917 querellas por violaciones a los derechos humanos, pero hasta el momento solo una tuvo sentencia, y aseguró que el problema es más grave porque «más del 60 por ciento de esas personas jamás han prestado declaración». Para Micco resultan necesarias medidas de corto plazo para dar respuesta a todas esas denuncias pendientes, incluyendo el reforzamiento de la labor de los fiscales de dedicación exclusiva, para que lleguen a las víctimas que todavía no han podido declarar. Añadió que lo mismo ocurre con la labor del Servicio Médico Legal, pues a esa entidad corresponde dar los resultados de 645 querellas presentadas por el INDH, que siguen sin respuesta debido a que han priorizado las muertes ocasionadas por la pandemia de Covid-19. Santiago de Chile, 5 de junio 2021 Crónica Digital/PL
