Hasta la Moneda llegó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, para entregar una carta al Presidente Sebastián Piñera, exigiendo el término de los indultos a los criminales condenados por violaciones de derechos humanos y que no se otorguen nuevos indultos. La misiva destacaba entre otros puntos que Chile viola todos los acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos, concediendo estos indultos, con la excusa de la pandemia.
Lorena Pizarro, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos destacó que: “nos parece que suma gravedad lo que está ocurriendo con este gobierno, resulta inaceptable esta clase de actos y lo único que se plantea es ojalá que acabe pronto este gobierno, violador de derechos humanos, que además quiere garantizar la impunidad a los que no pudieron evadir la justicia. Haciendo un absoluto desconocimiento al derecho internacional de los derechos humanos, Chile no cumple sus obligaciones internacionales y hasta la fecha, en lo que significa este contexto de pandemia, ha liberado a diez ex agentes de la dictadura cívico militar, que además recibieron condenas tardías de décadas, pero además de eso, hay que agregar condena bajísimas. Y agrega eso la gravedad del Gobierno, ya no solo de insistir en enviarles a cárceles especiales, sino que hoy a liberarles sin ningún pudor”
“Vinimos a entregar una carta al Presidente de la República que parte del contenido del recurso de protección que interpuso la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en el día de hoy en contra del Presidente de la República y del Ministro Justicia y Derechos Humanos, por cuanto ellos violan varias garantías contenidas en la Constitución, al haber establecido y otorgado 10 indultos a violadores de humanos que son por crímenes de lesa humanidad y eso violenta el derecho internacional y pone a Chile al margen de la comunidad internacional”, puntualizó la abogada de Derechos Humanos, Julia Urquieta.
Mediante el mecanismo del indulto establecido en la ley N° 18.050 y su reglamento, el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, han conmutado la pena a tres sentenciados y rebajado a otros siete, todos ellos condenados rematados, por crímenes de lesa humanidad, revirtiendo las decisiones judiciales que habían recaído sobre ellos.
