Numerosas acciones se realizarán hoy en Chile para reclamar la liberación de personas que permanecen presas por participar en las protestas tras el llamado estallido social del 18 de octubre de 2019. Este jueves en algunas vías de la periferia de esta capital amaneció interrumpido el tráfico por barricadas incendiadas por grupos que reclaman la libertad de esos reos, muchos de ellos jóvenes, algunos de los cuales llevan más de un año en prisión preventiva y sin un adecuado proceso. ‘Libertad, justicia y reparación’ es la demanda de las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que convocaron para las 12:00 hora local, una manifestación frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, en esta capital, Para las 18:00, la Asamblea Nacional de Familiares de los Presos Políticos de la Revuelta, llamó a una concentración en la Alameda Bernardo O´Higgins, con el propósito de exigir ‘la inmediata aprobación del indulto general’, y además están previstos cacerolazos hoy y mañana. En tanto, este viernes, día en que se realizan casi semanalmente concentraciones en la céntrica Plaza de la Dignidad, está previsto que llegue hasta allí una marcha que partirá desde la sede del Instituto Nacional de Derechos. Las protestas y reclamos por la libertad de quienes han permanecido tras las rejas durante un largo tiempo, han aumentado a lo largo de este año ante la falta de respuesta de las autoridades sobre esos casos. Familiares de los presos han denunciado reiteradamente que estos permanecen injustificadamente en prisión preventiva, mientras que otros han pasado procesos irregulares con condenas consideradas excesivas. Además reclaman la aprobación de un proyecto de indulto que está en trámite en el Congreso Nacional desde hace ya meses. Desde el gobierno se reitera como respuesta que esas personas, de cuyo número no se ha dado una cifra precisa, cometieron delitos y fueron juzgados por los tribunales. Sin embargo familiares alegan que en muchos casos llevan detenidos muchos meses, algunos incluso desde octubre de 2019, sin haber sido procesados por la justicia. Santiago de Chile, 29 de julio 2021 Crónica Digital/PL
expp
En diciembre del 2020 un reducido grupo de senadores, haciendo uso de prerrogativas previstas en la Constitución, enviaron una proposición de ley de indulto general de los presxs de la revuelta. Numerosas contribuciones tanto de apoyo como de crítica han aparecido hasta la fecha. Recientemente, un conjunto importante de miembros de la Convención Constituyente han declarado enfáticamente que no se pueden iniciar las tareas de elaboración de una nueva Constitución existiendo presxs por razones políticas. La Red Internacional de Apoyo a los Presxs Politicxs en Chile (Riappech) ha exigido desde su creación, la libertad incondicional e inmediata de todxs los presxs politicxs en Chile. Una lectura atenta de la proposición de la ley de indulto general nos permite hacer las siguientes consideraciones: a. El período considerado es extremadamente limitado en el tiempo. Podrán beneficiar de esta Ley unicamente quienes han sido arrestados o condenados entre el 7 de octubre del 2019 hasta el 9 de diciembre del 2020 (fecha de presentación del proyecto de Ley en el Congreso), induciendo de facto que es solo durante ese período que el Estado ha detenido y encarcelado a quienes han manifestado públicamente por desacuerdos con la política de los Gobiernos neoliberales estos últimos 30 años, excluyendo los presxs mapuche y los presxs post-dictadura. Quienes han sido detenidos o condenados después del 9 de diciembre del 2020 no están incluidos. b. En las consideraciones previas que acompañan y argumentan el proyecto de ley, sólo se indica que el origen de este proyecto es por razones humanitarias y lo excepcional del estallido social, omitiendo totalmente referencias a la defensa de los derechos democráticos de los ciudadanos, tales como el elemental derecho a manifestar. Estos argumentos humanitarios permiten reducir la responsabilidad del Estado y no reconocer implícitamente la existencia de presxs politicxs. c. Este proyecto libera al Estado de toda reparación moral, económica o social. Las mutilaciones y los estragos, de toda índole, producidos por la brutalidad represiva y los largos períodos de detención serán a la carga de los imputados. Más aún, argumentando únicamente razones humanitarias se intenta mostrar al Estado como el protector y benefactor de la comunidad. d. En el espíritu del proyecto de ley, plasmado en parte en las consideraciones previas, no incluye ninguna responsabilidad de los agentes del Estado, sean estos los abusos, apremios físicos o sicológicos de las Fuerzas Policiales, sean las interpretaciones abusivas del Poder Judicial. e. Lamentamos asimismo que la esencia del estallido social (lucha por la dignidad humana, por disminuir y eliminar las desigualdades económicas y sociales) haya sido desvirtuada y solo se haga con base en que “ayudará a reconciliar a la sociedad y será una contribución a recuperar la normalidad institucional y el correcto funcionamiento del régimen democrático …”. A pesar que consideramos este proyecto muy incompleto y con muchas deficiencias, Riappech apoya esta iniciativa, así como en el futuro, apoyaremos toda acción tendiente a liberar todxs los jóvenes y aliviar el peso social, económico y moral de sus familias. Saludamos y apoyamos a los […]
