Escaños reservados en el Congreso y otros cargos de elección popular, representación en la administración pública, mesa de diálogo sin exclusiones, nueva Ley Indígena, impulso a la restitución de tierras y rescate de lenguas originarias, son parte de las propuestas presentadas por la precandidata presidencial, Yasna Provoste Campillay, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Originarios. El anuncio se realizó luego de participar de una ceremonia aymara –la Pawa– en la comuna de Peñalolén, junto a la alcaldesa, Carolina Leitao, y representantes de los pueblos quechua, aymara, diaguita, mapuche y rapa nui. “Debemos dar el paso para la reinstalación de caminos institucionales, sociales y políticos que nos permitan construir otra historia. Y debemos hacerlo recogiendo propuestas formuladas por los propios pueblos indígenas y otras instancias, con una lógica de justicia reparativa, con medidas eficaces que contribuyan a restablecer confianzas y una convivencia basada en el reconocimiento de la interculturalidad y de un Estado Plurinacional, que esperamos sea incorporado en la nueva Constitución que se está construyendo en la Convención Constituyente”, comenzó diciendo Provoste. Escaños reservados Paralelamente –continuó la precandidata presidencial– “impulsaremos la representación de los pueblos indígenas en el Congreso, a través de escaños reservados, y de cuotas en cargos de representación popular. Queremos incorporar personas indígenas en todos los ámbitos de nuestro país, especialmente en aquellos históricamente invisibilizados, como alta dirección pública, academia, judicatura, oficialidad de FFAA”. Restitución de tierras y nueva Ley Indígena “En materia de tierras, la respuesta es obvia, aunque sea compleja”, señaló Provoste. “Debemos avanzar en la política de restitución de tierras. Esto es algo que no podemos soslayar por más tiempo. Vamos a promover la cesión preferente de administración de parques nacionales a comunidades indígenas, lo que va en la línea de promover el turismo, el cuidado de la biodiversidad y la economía local. Y fortaleceremos el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas actualizando el catastro, a fin de redefinir criterios para compra de tierras por razones socioeconómicas y restitución territorial”, manifestó. Asimismo, la senadora afirmó que en su eventual Gobierno “re–estudiaremos la subdivisión de comunidades para planificar un proceso con cifras realistas y un horizonte definido”. Con ello, la precandidata anunció una nueva Ley Indígena que instale un nuevo sistema de restitución, más eficaz y transparente, con mecanismos adicionales para restituir territorios ancestrales. Además, indicó Provoste, “promoveremos la participación vinculante de los pueblos en la gobernanza de los territorios, participando activamente en los planes regionales de ordenamiento territorial y de espacios costeros”. “Tenemos que mirar una realidad: 8 de cada 10 personas pertenecientes a los pueblos originarios viven en las ciudades. No podemos seguir pensando las políticas indígenas como exclusivamente rurales, porque no dan cuenta de lo que verdaderamente ocurre. Por eso, se propondrán medidas de mitigación, en los casos en que realizar procesos de restitución territorial por falta de tierras disponibles o vocaciones productivas y/o laborales distintas a la actividad silvoagropecuaria. El acceso a la educación y otros derechos es parte de ese camino de mitigación posible”, argumentó. Rescate de […]
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Por amplia mayoría, la Convención Constitucional que redactará la nueva carta magna de Chile aprobó hoy una declaración política en respaldo a la libertad de los presos tras la revuelta popular de octubre de 2019. El tema fue objeto de un largo debate durante el cual los representantes de la derecha emitieron una declaración en la cual alegaron que a ese órgano «no le corresponde invadir facultades de otros poderes del Estado ni adjudicarse atribuciones que no le ha entregado la ciudadanía». Sin embargo, el resto de los constituyentes presentaron dos propuestas muy parecidas, una impulsada por los representantes de los partidos Socialista, Comunista y el Frente Amplio y otra de la llamada Lista del pueblo y los pueblos originarios. En una primera votación ninguna alcanzó mayoría absoluta, por lo cual debieron repetirla y finalmente el primero de esos textos fue respaldado por 105 votos, con 34 en contra y 10 abstenciones, tras sumarse a él los de la lista del Pueblo y los indígenas. En la declaración aprobada señala que la Convención tiene la responsabilidad política de pronunciarse al país sobre las personas presas, cuya situación contraviene el espíritu que guía el trabajo de ese órgano que es «asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política». Añade que durante el estallido social «miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia». Asimismo solicita una rápida tramitación del proyecto de indulto que analiza el Congreso Nacional, el retiro de las acusaciones interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado, la desmilitarización del territorio mapuche y la implementación de una efectiva reparación de las víctimas de la represión. El tema despertó fuertes debates al interior de la Convención, lo cual se reflejó en la amplia participación de los constituyentes, que disponían de solo dos minutos cada uno para exponer sus criterios. Pero desde el principio se apreció un mayoritario respaldo a que la Convención se pronunciara a favor de la liberación de los presos durante las manifestaciones que se prolongaron durante meses en Chile, de los cuales muchos permanecen aun tras las rejas. Al respecto, el constituyente Fernando Atria recordó que «la revuelta social dio fruto a la redacción de la nueva Constitución» y aseguró que «por haber sido lo que nos permitió estar aquí, es que debemos discutirlo». Otros, más conservadores, aunque también expresaron su apoyo a la emisión de una declaración, objetaron que la Convención tuviera potestad para pronunciarse, mientras que los representantes de la derecha mostraron su rechazo total. Con este paso la Convención cerró por esta semana sus sesiones y según trascendió se reunirá nuevamente el martes próximo, para en este tiempo resolver temas organizativos pendientes. Santiago de Chile, 8 de julio 2021 Crónica Digital/PL
