Jan Cademartori, Académico Universidad de Antofagasta, Magister en Economía y Doctor en Desarrollo UC Lovaina, Bélgica. En estos días se ha entregado una propuesta del Gobierno sobre el sistema de pensiones. En la primera parte de este artículo se resume lo que se conoce de la propuesta. En la segunda parte, explicamos la diferencia de fondo entre un “sistema de reparto” y un sistema de capitalización individual. En la última parte, la medular, abordamos el tema del financiamiento de un “sistema de reparto” con base en un estudio que acabamos de terminar.   No se conocen los detalles de la propuesta del Gobierno, pero parte de ella, plantea aumentar gradualmente la tasa de cotización, con cargo a un aporte patronal. Con lo recaudado por esta mayor tasa, se mejoraría a las actuales pensiones que estén debajo del promedio. En esta parte de la propuesta, hay una semilla de “sistema de reparto”.   En el resto de lo cotizado, la parte mayoritaria de la cotización, el 10,5%, se mantiene el sistema de capitalización individual que existe hoy, solo que el dinero sería gestionado por dos tipos de instituciones. Sería rentabilizado por empresas privadas distintas a las AFP y se agregaría una agencia estatal para competir con ellas. El resto de las actividades, tales como pagos, cobranzas, atención al cliente estarían centralizadas en una institución pública con el objeto de bajar las comisiones que cobran las AFP.  Cabe entonces preguntar por qué se insiste en preservar las bases del sistema de capitalización individual. Probablemente hay razones de debilidad en la correlación de fuerzas políticas, pero ellas están influidas por el debate técnico económico. En este debate técnico económico, se ha sostenido que un sistema de reparto o colectivo, sería inviable porque se vería amenazado por el envejecimiento de la población.  Supuestamente, con el paso de los años, hay menos trabajadores que cotizan en comparación al número de pensionados, lo cual desfinanciaría a largo plazo un sistema de reparto.  Para verificar, entregamos las conclusiones de nuestro estudio sobre el tema. Hemos comparado la recaudación por cotizaciones que es dable esperar en los próximos veinte años contra el aumento en el número de pensionados que es capaz de financiar. Es justamente el modo como operaría un sistema de transferencia intergeneracional (STI), mal llamado sistema de reparto. De las cotizaciones de quienes actualmente trabajan, se obtiene el financiamiento de los que actualmente están pensionados.  En cambio, el actual sistema chileno, deja un remanente estructural sin repartir en pensiones. De acuerdo a las estimaciones del economista Manuel Riesco, en todos y cada uno de los 490 meses transcurridos desde la dictación del DL3.500, hace 41 años, las cotizaciones recaudadas han más que duplicado el monto total de las pensiones pagadas por el sistema. Por ejemplo, este economista nos recordó que el Fondo partió con 108 billones de pesos en el año 2016; ingresaron durante ese año 14 billones, egresaron solo 7 billones para pagar pensiones. Es decir, quedó en el fondo la mitad de los ingresos.   Según nuestro trabajo, […]

Por Orlando Caputo, Horacio Fuentes (CONTRAMET) Ana Lamas (CTC) Miguel Soto, Jan Cademartori, Gregorio Pérez (Litio para Chile) Tamara Barría, Juan Camus, Hermógenes Morales, Alejandro Barboza, Ingrid Garcés.     En este artículo, aportamos razones para el Apruebo en el Plebiscito de este 4 de septiembre, para que el país avance en recuperar la minería aprovechando que la Nueva Constitución facilita los procesos democráticos, la educación y la cultura ambiental. RESUMEN: El proyecto de nueva Constitución impone al Estado, regular la actividad minera de modo distinto a como se ha actuado hasta el momento. El artículo 145 del proyecto, señala que “la exploración, la explotación y el aprovechamiento de estas sustancias (minerales) se sujetarán a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental”.  Nada de lo anterior ocurre actualmente ya que el grueso de la exportación de cobre se hace en forma de concentrados sin refinar, no se fiscalizan adecuadamente los metales preciosos que contienen estos concentrados, el litio se exporta sin cuidar el agua de los salares y con escasa agregación de valor. Además, hay que recordar que en el pasado se ha bloqueado un royalty bajo el pretexto que la actual Constitución impide discriminar a ninguna actividad privada. La opción Apruebo abre puertas para que los ciudadanos participen en la vida democrática   De ese modo, pueden insistir en la recuperación de la soberanía nacional sobre nuestros recursos mineros, abriendo una discusión sobre la nacionalización.  Una de las vías legales para nacionalizar las actuales empresas, podría consistir en recurrir al artículo 157 de la Nueva Constitución que faculta a que “un grupo de personas habilitadas para sufragar, equivalentes al 3% del último padrón electoral, podrá presentar una iniciativa popular de ley, para su tramitación legislativa”. Otra vía permite declarar nulas las leyes que no respetan el artículo 145 de la Nueva Constitución, proveniente de la Constitución de 1980. Este artículo señala que “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de las minas”, dominio que está siendo violado por otras leyes de la dictadura que entregaron a perpetuidad las concesiones a las multinacionales, sin exigir siquiera el cumplimiento del artículo 145 ya citado en el primer punto. También es posible solicitar una reforma a la Nueva Constitución, a través de un referéndum solicitado por un diez por ciento de los ciudadanos (artículo 385).   La nacionalización del cobre por alguna de estas vías permitiría financiar otros artículos que garantizan derechos sociales y sobre todo, obtener recursos para costear la diversificación productiva de las regiones mineras. El artículo 182, “reconoce al Estado iniciativa para desarrollar actividades económicas, mediante las formas diversas de propiedad, gestión y organización, que autorice la ley. Las empresas públicas se crearán por ley, se regirán por el régimen jurídico que ésta determine. Le serán aplicables las normas de probidad y rendición de cuentas”. También permite el artículo 220, “la creación de empresas públicas regionales, por parte de los organismos de las regiones autónomas competentes, […]

El Pleno de la Convención Constitucional, terminó su trabajo el 14 de mayo, manteniendo el actual modelo económico de la gran minería del cobre, alguna vez denominado el “sueldo de Chile”. De este modo, por más que se proclame lo contrario, el Estado subsidiario de la Constitución del 80 seguirá funcionando en el corazón del sistema productivo: el capital extranjero y los grandes conglomerados económicos. Así lo entendieron sus gremios empresariales y la prensa de negocios, quienes salieron a celebrar el éxito de su onerosa campaña mediática y de lobby.   Las únicas restricciones, para ellos, serían las ambientales. Por un lado, se prohíbe la explotación minera en los glaciares. Por otro lado, se regula la legislación de aguas para cuidar este recurso. Conjuntamente, se protege en mayor medida a los territorios indígenas. Lo cual no impide, que el grueso de las fabulosas ganancias del cobre, seguirán siendo exportadas por las empresas multinacionales.  Ganancias que, de otro modo, podrían invertirse en diversificar la estructura productiva y desarrollar la “economía verde”. Algunos de los artículos que fueron presentados para nacionalizar la gran minería del cobre y del litio, rozaron la mitad de los votos, pero estuvieron lejos de los dos tercios. Tampoco prosperó una moción que se conformaba con que el Estado tuviera una participación mayoritaria en la propiedad de las empresas de la gran minería del cobre.  Incluso fracasó aquella que permitía algún tipo de participación minoritaria en las empresas existentes.  Peor aún, naufragó el intento de limitar la duración de las concesiones mineras que hoy son indefinidas, y que le permiten a su titular, traspasarlas a otro privado, sin pasar por el Estado. De haber sido acotadas en el tiempo, el Estado podría haber colocado nuevas exigencias para su renovación, como, por ejemplo, vender el cobre a precios internacionales, evitar que se exporte el concentrado de cobre sin refinar, destinar una parte al Estado para agregar valor y asegurarse que no se estén escondiendo subproductos no declarados. Incluso, se rechazó la propuesta que el arrendamiento (royalty) que cobran los Estados mineros por las concesiones a privados, no fuera considerado un impuesto, ni tuviera derecho a rebajar otros impuestos.  Entre las patrocinadoras destacados, vale la pena mencionar por su perseverancia, a las convencionales María Rivera e Ivana Olivares (ex Lista del Pueblo), Camila Zárate (Vocería del Pueblo), Isabel Godoy (Pueblo Coya), quienes contaron con los votos de las bancadas del PC y FRVS, con el apoyo del convencional por Antofagasta, Hernán Velásquez.  Igualmente, cabe destacar las campañas de firmas a nivel nacional, organizadas por la Confederación de Trabajadores del Cobre (subcontratistas) y el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, organizaciones que fueron capaces, por separado, de reunir las más de 15 mil firmas que fueron necesarias para la presentación de dos iniciativas ciudadanas en la Convención. Todo este trabajo sirvió para crear conciencia sobre el tema. Esto no fue suficiente para conmover a la ex Concertación, a Independientes No Neutrales y a una parte del Frente Amplio. En el rechazo […]

La posición categórica del Banco Central anunciando inflación de haber cuarto retiro es discutible. Refleja el amarre que tiene respecto al actual modelo económico (ver anécdota personal al final de este texto). El presidente del Banco Central, en su exposición al Parlamento, pronostica más inflación debida al cuarto retiro. Tiene razón en afirmar que cuando hay escasez de bienes, un aumento del consumo incrementa el alza en los precios de estos bienes. Sin embargo, su previsión omite que: 1)      La reducción de las restricciones a la movilidad de las personas está liberando la oferta de bienes.  La escasez de ciertos bienes que se produjo en plena pandemia, no es la misma que observamos hoy, ni tampoco la que veremos hacia fines de este año. Por tanto, la oferta se debería expandir gradualmente frente al aumento del gasto. Una mayor demanda es también una ayuda para que las empresas reactiven la producción y el empleo. Especialmente en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas que son las que atienden las compras nacionales. 2)      Con todo, es cierto que podría haber un problema de sincronización temporal en el lapso que la oferta de bienes demore en adaptarse al incremento de su demanda. Sin embargo, el Banco Central, en lugar de realizar previsiones catastróficas, debiera implementar en ese lapso, medidas para recoger circulante y neutralizar la inflación si la considera inevitable. Para ello, el Banco Central cuenta con contramedidas, como la venta de instrumentos financieros propios y ajenos. Al ofrecer instrumentos de inversión al mercado financiero, el Banco Central recogería dinero y poder de compra desde los grupos de mayores ingresos. Estos grupos, especialmente las grandes empresas, tienen poder de compra y exceso de liquidez en los rubros económicos que se han visto beneficiados por la pandemia. 3)      Una parte importante del cuarto retiro de los fondos de pensiones, permitiría pagar deudas a las familias. Deudas que se han venido acumulando frente a los problemas del desempleo. Por tanto, al pagar deudas, no se ve incrementada de inmediato la demanda por bienes. Únicamente a mediano plazo, se libera los cupos para las tarjetas de crédito. 4)      La inflación está determinada por múltiples factores y no solo por la demanda por bienes. En el momento que se practiquen los retiros pueden aparecer otras variables que la amortigüen. Por ejemplo, el precio internacional de los combustibles que ha venido a la baja, el precio del dólar que ha venido al alza, el precio del cobre, la situación de la economía mundial. La enorme cantidad de variables que influye sobre la inflación, no permite emitir las afirmaciones categóricas de algunos economistas. Algunos de ellos ya se equivocaron rotundamente cuando anunciaron una catástrofe en los retiros anteriores. 5)      La gota que colmó el vaso, fue la afirmación del Presidente del Banco Central sobre las ollas comunes. Para criticar el cuarto retiro, afirmó que serán los sectores pudientes quienes practiquen el cuarto retiro y no las personas que están en ollas comunes. Está profundamente equivocado porque las personas de altos ingresos, no […]

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