Por amplia mayoría, la Convención Constitucional que redactará la nueva carta magna de Chile aprobó hoy una declaración política en respaldo a la libertad de los presos tras la revuelta popular de octubre de 2019. El tema fue objeto de un largo debate durante el cual los representantes de la derecha emitieron una declaración en la cual alegaron que a ese órgano «no le corresponde invadir facultades de otros poderes del Estado ni adjudicarse atribuciones que no le ha entregado la ciudadanía». Sin embargo, el resto de los constituyentes presentaron dos propuestas muy parecidas, una impulsada por los representantes de los partidos Socialista, Comunista y el Frente Amplio y otra de la llamada Lista del pueblo y los pueblos originarios. En una primera votación ninguna alcanzó mayoría absoluta, por lo cual debieron repetirla y finalmente el primero de esos textos fue respaldado por 105 votos, con 34 en contra y 10 abstenciones, tras sumarse a él los de la lista del Pueblo y los indígenas. En la declaración aprobada señala que la Convención tiene la responsabilidad política de pronunciarse al país sobre las personas presas, cuya situación contraviene el espíritu que guía el trabajo de ese órgano que es «asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política». Añade que durante el estallido social «miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia». Asimismo solicita una rápida tramitación del proyecto de indulto que analiza el Congreso Nacional, el retiro de las acusaciones interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado, la desmilitarización del territorio mapuche y la implementación de una efectiva reparación de las víctimas de la represión. El tema despertó fuertes debates al interior de la Convención, lo cual se reflejó en la amplia participación de los constituyentes, que disponían de solo dos minutos cada uno para exponer sus criterios. Pero desde el principio se apreció un mayoritario respaldo a que la Convención se pronunciara a favor de la liberación de los presos durante las manifestaciones que se prolongaron durante meses en Chile, de los cuales muchos permanecen aun tras las rejas. Al respecto, el constituyente Fernando Atria recordó que «la revuelta social dio fruto a la redacción de la nueva Constitución» y aseguró que «por haber sido lo que nos permitió estar aquí, es que debemos discutirlo». Otros, más conservadores, aunque también expresaron su apoyo a la emisión de una declaración, objetaron que la Convención tuviera potestad para pronunciarse, mientras que los representantes de la derecha mostraron su rechazo total. Con este paso la Convención cerró por esta semana sus sesiones y según trascendió se reunirá nuevamente el martes próximo, para en este tiempo resolver temas organizativos pendientes. Santiago de Chile, 8 de julio 2021 Crónica Digital/PL
presos politicos
Los pueblos siempre nos hemos rebelado contra este orden injusto y la respuesta del Estado chileno ha sido una y otra vez la misma. Nos hemos rebelado incluso antes de ser Chile contra el despojo de los territorios para la acumulación de una elite colonial. Nos levantamos por la vida digna desde hace siglos, fuimos marea sufragista en cada rincón del país, nos levantamos contra una dictadura sangrienta que hoy recién llega a su fin. Quienes tenemos en el cuerpo esta historia de lucha también portamos la memoria colectiva de esa respuesta de un Estado que nos ha invisibilizado, perseguido, secuestrado, torturado, mutilado, violentado sexualmente, que nos ha hecho desaparecer. Esa larga memoria colectiva nos habla también de las complicidades que han hecho posible esa respuesta estatal y que en nombre de la defensa del orden y de la institucionalidad han desplegado un manto de impunidad. Hoy, abrimos este proceso constituyente con un debate de una profundidad ineludible. Hemos decidido iniciar esta discusión sobre las bases históricas de nuestra vida en común, reconociendo los sufrimientos con los que llegamos hasta aquí. Hablamos en primera persona porque es nuestra historia. Somos nosotras, nosotres y nosotros, encarceladas en la dictadura de ayer y perseguidas por el terrorismo de Estado de hoy. Ponemos nuestros dolores sobre la mesa como primer punto en tabla pues son nuestras compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, junto a quienes salimos a las calles a escribir este momento, quienes hoy no están aquí para verlo nacer. No estamos todes: faltan las y los presos. Faltan quienes les cuidan desde afuera de los muros de las cárceles, porque la prisión política nunca es una experiencia individual sino que es un castigo a nuestras familias y a nuestras comunidades enteras. Con fecha 8 de julio de 2021, esta Convención Constituyente Plurinacional de Chile, con el fin de sentar las garantías democráticas para el adecuado funcionamiento del proceso constituyente, el respeto al debido proceso, al principio de presunción de inocencia; por la verdad, justicia y reparación para todas las personas presas políticas, privadas de libertad y víctimas de la represión estatal de ayer y de hoy, declaramos lo siguiente: Las circunstancias de origen y concurrentes a la legitimidad del proceso constituyente, así como el compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la dignidad, son parte de nuestra competencia y constituyen presupuestos fundamentales para el desarrollo de esta Convención Constitucional. Resulta fundamental para un proceso democrático y una verdadera paz social para los pueblos, que los órganos del poder constituido allanen los caminos ofreciendo garantías democráticas y de equidad para que el proceso histórico que atravesamos funcione adecuadamente y sea reconocido como legítimo por los pueblos y naciones de Chile. Para ello, el fin inmediato a la prisión política en Chile es esencial. Condenamos la criminalización de la protesta social y la aplicación abusiva del monopolio de la fuerza estatal, mediante apremios ilegítimos, detenciones masivas y actos de vulneración a derechos humanos, agresiones sexuales, mutilaciones oculares y el […]
El debate de una declaración sobre la liberación de los presos tras el estallido social de octubre de 2019 en Chile, puede tensar hoy la segunda sesión de trabajo de la Convención Constituyente. El tema, que aparece en la agenda, cobra mayor notoriedad cuando en comisiones del Senado avanza un proyecto de indulto para una cantidad no precisada, pero al parecer numerosa de personas, la mayoría jóvenes que desde esa fecha continúan tras las rejas en prisión preventiva. Esto ha generado fuertes controversias entre la oposición y los legisladores de derecha y se da por seguro que también la Convención será escenario de encontronazos entre sus 155 integrantes. Una parte significativa de estos, incluyendo la presidenta y el vicepresidente de la Convención, respaldan medidas conducentes a la liberación de esos reos, pero los representantes del oficialismo, aunque son minoría, se oponen de plano. La víspera, este órgano encargado de la redacción de la nueva Constitución de Chile logró celebrar su primera sesión de trabajo, en una intensa jornada en la sede del antiguo Congreso Nacional, dedicada esencialmente a temas organizativos. Ello incluyó la ampliación de la mesa directiva, integrada hasta ahora solo por la presidenta y el vicepresidente del cónclave, y la creación de comisiones de Reglamento, Ética y Presupuesto y Administración Interior. El asunto de la ampliación de la directiva, que finalmente quedó con nueve cupos, incluidos dos para representantes de pueblos indígenas, estuvo caracterizada -una vez más- por roces entre los constituyentes de derecha, que rechazaban ese aumento, y el resto del grupo. Los partidarios de ampliar la directiva señalaron que resulta necesario porque son muchos los asuntos que debe tratar la Convención durante su funcionamiento, para que estos recaigan solo sobre la presidencia y la vicepresidencia. El debate llegó al punto de que algunos constituyentes oficialistas se pronunciaron por evaluar la presentación de una acción legal contra la dirección del cónclave. Sobre esto, el vicepresidente, Jaime Bassa, admitió que ese tipo de reclamación está contemplada, pero solo cuando se trate de una vulneración del Reglamento, y todavía la Convención Constitucional carece de ese instrumento. Santiago de Chile, 8 de julio 2021 Crónica Digital/PL
