El diputado PPD, Rodrigo González, denunció que “los pagos del bono de incentivo al retiro están paralizados en el Ministerio de Educación o con los sostenedores municipales». Debido a un retraso de años, llegando en algunos casos a los cuatro años de espera, es que diputados y diputadas de la Comisión de Educación de la Cámara Baja presentaron dos iniciativas legislativas para optimizar los tiempos y facilitar los pagos pendientes para miles de profesores y asistentes de la educación que desde el 2017 esperan poder recibir las bonificaciones pactadas por ley de incentivo al retiro. Los proyectos, uno para los profesionales de la educación, y el otro para los asistentes de la educación, vienen a acotar los plazos de los pagos, mejorar los procesos de postulación, como también a aplicar multas para los responsables de cumplir con las obligaciones, para de esta forma poder regularizar los atrasos. Según el diputado Rodrigo González (PPD), principal impulsor de ambos proyectos “los pagos del bono de incentivo al retiro están paralizados en el Ministerio de Educación o con los sostenedores municipales, incluso hay profesores y asistentes que han fallecido sin poder recibir su retiro por las trabas administrativas, burocráticas y la demora que ha tenido el Mineduc y las Corporaciones Municipales, y con estos proyectos buscamos hacer expedito y ágil el sistema de retiros porque las leyes y los derechos tienen que cumplirse, no es posible que leyes dictadas hace más de 5 años no se estén cumpliendo”. Para el presidente de la Comisión de Educación, Mario Venegas (DC), las iniciativas nacen por la negativa del Ejecutivo a dar solución a los incumplimientos, y anunció se les dará una rápida tramitación “hemos denunciado y hemos gestionado ante el Mineduc, Ministro, y todas las autoridades una agilización de este proceso, cuatro años de retraso tiene el cumplimiento de la ley, y en consecuencia ante la nula respuesta del Gobierno y del Ministerio nos hemos visto en la obligación de patrocinar estos proyectos elaborados en conjunto con los dirigentes del Colegio de Profesores y de los asistentes de la educación, y me comprometo a ponerlos en tabla en la comisión a la brevedad”. Por su parte, la diputada Camila Rojas (Comunes), aseguró que los problemas vienen de larga data, y el Mineduc ha hecho caso omiso a las denuncias. “Este es un tema que ha estado en las Acusaciones Constitucionales, en las comisiones de educación tanto de la Cámara como del Senado, pero aún no tiene respuesta. El Ministerio de Educación ha preferido obviar, mirar para el lado y entonces tenemos a miles de profesoras y profesores y asistentes de la educación a la espera de recibir este bono de incentivo al retiro. Este proyecto es prioritario porque hay profesores y profesoras que han muerto esperando este bono y no lo podemos seguir permitiendo”. La presentación de los proyectos contó con la presencia del Presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz Marchant, quien valoró las iniciativas e hizo un llamado enfático a que se cumpla […]
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Para evitar cualquier tipo de “perdonazo” o algún acuerdo de pago a los más de 22 mil millones de pesos que el Casino de Viña del Mar le debe al municipio, el diputado y ex presidente de la Comisión Investigadora de Casinos, Rodrigo González, ofició a la Superintendenta, Vivien Villagrán, para que resguarden el pago total de la deuda como también se detallen con exactitud los montos adeudados. «Hemos enviado un oficio a la Superintendencia de Casinos para obligarla a pagar la cuota íntegra que le deben al municipio de Viña del Mar, la institución debe cumplir sus obligaciones, no aceptar ningún tipo de perdonazo como el pago de la mitad de la cuota anual que están obligados a pagar» aseguró González. Según la Ley 19.995 antes del ingreso de la nueva sociedad operadora y adjudicataria de la licencia de operación, debe cumplirse con la obligación de pago total y completa de la deuda pendiente. «La Superintendencia debe cobrar la cuota completa de más de 22 mil millones de pesos que ayudarán a resolver las cuantiosas deudas que tiene el municipio, pagar las cotizaciones previsionales de trabajadores de la salud y educación, y a cumplir con los proveedores» agregó el parlamentario. En el oficio se solicita a la Superintendenta ratificar o precisar la imposibilidad legal que tienen la SCJ y la Municipalidad de Viña del Mar para fraccionar el pago de la deuda o de dar cuotas para el cumplimiento de lo debido, el que debe hacerse íntegro y de una sola vez. Santiago de Chile, 7 de junio 2021 Crónica Digital/PL
