Nacional

Al menos 42 alcaldes de partidos del oficialismo pidieron al presidente chileno, Sebastián Piñera, dar curso a una importante iniciativa que prohíbe a las empresas cortar los servicios básicos a las familias durante la pandemia de Covid-19. Los ediles, pertenecientes a la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch),  redactaron una carta en la cual señalan que en medio de la actual crisis sanitaria, que ha empeorado las condiciones de vida de miles de familias, el mantenimiento de los servicios básicos es una de las mayores preocupaciones de la población. La iniciativa aprobada por amplia mayoría en el Congreso el 11 de junio, prohíbe a las empresas de electricidad, gas, agua y telefonía cortar esos servicios básicos a aquellas familias que en medio de la pandemia se vean imposibilitadas de pagar las facturas debido a la disminución de sus ingresos. La legislación no plantea una condonación de deudas sino una posposición del paga, que los clientes pudieran realizar de forma escalonada luego que pase la pandemia. Sin embargo, aunque esa iniciativa es considerada en amplios sectores políticos y sociales como una ayuda concreta para cientos de miles de personas que han perdido sus empleos o han visto reducidos sus ingresos, desde su aprobación el 11 de junio no ha sido firmada por el presiente Sebastián Piñera. En cambio, desde el gobierno ese proyecto de ley fue calificado de inconstitucional y pudiera ser vetado por el presidente Piñera, aunque el plazo para que el mandatario pueda dar ese paso vence el próximo sábado. Ante tales dilaciones, el presidente de la Amuch, Rodrigo Delgado, señaló que los alcaldes firmantes de la carta «no estamos pidiendo ir contra la ley o contra la Constitución, lo que estamos pidiendo es que exista un Estado que sea más flexible a la hora de colaborar y ayudar con las personas y familias que más lo necesitan». Añadió que hay muchas familias que casi no pueden llegar a fin de mes incluso para atender sus necesidades básicas. El Alcalde aseguró que «las personas no están pidiendo que se le regale nada, no están pidiendo que se les condonen las deudas, lo único que se está pidiendo es que esas personas que no puedan además cumplir con el pago de servicios básicos, no sufran los cortes de servicios que son muy importantes». Ya el pasado 26 de junio una treintena de alcaldes de diferentes regiones de Chile enviaron una carta al Presidente Sebastián Piñera pidiéndole no dilatar más la promulgación de la ley que, señalaron, va en la dirección correcta. Los firmantes llamaron al gobierno a «que se promulgue esta ley en el menor tiempo posible» y exhortaron al mandatario a no perder tiempo «en vetos o reparos a una iniciativa que va a beneficiar a millones de personas». Santiago de Chile, 7 de julio 2020 Crónica Digital/PL

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados aprobó en general y en particular el proyecto de reforma constitucional que permitirá el retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones que administran las AFP, por parte de cotizantes que lo requieran para cubrir los graves problemas económicos provocados por la pandemia COVID-19. El diputado independiente René Saffirio destacó el avance de esta iniciativa parlamentaria que beneficiará a una gran mayoría de familias y que fue despachada esta tarde por la Comisión de Constitución a la Sala de la Cámara de Diputados donde podrá ser analizada este miércoles. “Es una muy buena noticia para los chilenos y las chilenas que han visto afectados sus ingresos familiares y esperamos que esta iniciativa continúe avanzando”, dijo el legislador de La Araucanía. Junto con lo anterior, se creó el Fondo Colectivo Solidario de Pensiones que deberá regularse por ley dentro del plazo de 1 año para financiar, con aportes del Estado y empleadores, financiar los complementos de pensiones que serán necesarios producto de los montos retirados. Saffirio explicó además, que el Tribunal Constitucional no podrá intervenir en esta iniciativa, pues se aprobó una reforma constitucional y no una ley ordinaria, “por lo que no hay cuestión de admisibilidad, tampoco afecta carácter democrático, republicano ni derechos humanos”. Sobre las medidas anunciadas ayer domingo por el presidente de la República, el parlamentario aclaró que “ellas implican mayores niveles de endeudamiento de los chilenos y revelan un grave desarraigo de la realidad de millones de chilenos ya sobreendedudados”. Santiago de Chile, 7 de julio 2020 Crónica Digital

En un fallo considerado histórico y que augura nuevos encontronazos entre el gobierno chileno y la oposición, la Comisión de Constitución de la cámara de diputados aprobó un proyecto para el retiro de fondos de pensiones. La propuesta, impulsada por legisladores de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) e independientes prevé que los trabajadores puedan retirar hasta el 10 por ciento de los fondos que han depositado durante años en las empresas aseguradoras de fondos de pensiones (AFP) consideradas «intocables» por el gobierno. La jefa de la Bancada FRVS-IND, diputada Alejandra Sepúlveda, calificó esta iniciativa como muy importante para entregar liquidez a la clase media. Por su parte, el diputado Esteban Velásquez, del mismo partido, afirmó que es un proyecto limitado el retiro de fondos, en tiempos de pandemia bajo el decreto de estado de catástrofe, pero constituye un gran paso hacia una reforma profunda del sistema previsional y deja claro que los fondos son de los trabajadores y no de las AFP. El presidente de la FRVS, Jaime Mulet, señaló que aún resta la discusión en ambas cámaras, pero la aprobación por la comisión «es un paso importante frente a un sistema previsional de capitalización individual que es perverso y que, obviamente, también tenemos que sustituir en el tiempo». El tema deberá ser analizado el miércoles en la cámara de diputados y se necesita un mínimo de 93 votos por ser una reforma constitucional, lo que augura un fuerte debate, puesto que los partidos del oficialismo pudieran votar en bloque en contra del proyecto. Encuestas recientes revelan que más del 80 por ciento de los chilenos están de acuerdo con la propuesta de poder disponer de los fondos de pensiones, lo que hasta hoy les está prohibido aunque ese dinero es de su propiedad, pero las AFP lo manejan libremente de acuerdo con sus intereses. De los 13 miembros de la comisión, votaron a favor los siete diputados de partidos de oposición, y en contra los seis restantes, de la derecha. Una de las principales demandas del vasto movimiento de protestas iniciado el 18 de octubre de 2019 en Chile fue la de eliminar las AFP, empresas que han lucrado con el dinero de millones de trabajadores que a cambio han recibido jubilaciones que no les alcanzan para cubrir los gastos más básicos. Santiago de Chile, 7 de julio 2020 Crónica Digital /PL

El Jefe de Bancada de Diputados y Diputadas del PPD, Raúl Soto, se refirió al Plan de Protección a la Clase Media dado a conocer por el Presidente Sebastián Piñera, calificándolo como “un salvavidas de plomo”. “La clase media chilena ya estaba sobre endeudada incluso antes de la pandemia y el estallido social, y hoy esa situación se ha agravado considerablemente. En ese contexto, no creemos que estos créditos blandos sean una verdadera solución al problema de ingresos que tiene la clase media, más bien parece un verdadero salvavidas de plomo”, afirmó el diputado Soto. El parlamentario agregó que “llamamos al Gobierno a presentar propuestas y soluciones concretas a la clase media, a poner la billetera fiscal sobre la mesa o simplemente sumarse a la posibilidad del retiro de los ahorros previsionales”. Por su parte, el diputado Ricardo Celis, sostuvo que “este anuncio del Presidente Piñera me preocupa ya que en grandes líneas busca generar más endeudamiento a los ciudadanos”. “Junto a los colegas del PPD revisaremos cada uno de los anuncios porque lo que se necesita en estos momentos es ayudar ahora y a futuro a los ciudadanos”, aseguró el diputado Celis. Asimismo, el diputado y miembro de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez, indicó que “hoy el presidente Piñera anuncia un plan de protección a la clase media. ¿Qué tipo de ayuda es ésta?. ¿Más crédito, generando así más endeudamiento?”. “Necesitamos protección real a la clase media, un mayor esfuerzo fiscal, que la ayuda llegue a las familias que lo están pasando realmente mal, y generando más deuda no es el camino. Insistiremos en retiro de un porcentaje de los fondos previsionales de las AFPs y cambiar el sistema de AFP por uno que entregue pensiones dignas”, señaló el diputado Jiménez. Santiago de Chile, 5 de julio 2020 Crónica Digital

Subsecretario de la Presidencia, Juan José Ossa, dejó en claro que aunque tienen objeciones de constitucionalidad tanto para los derechos antiguos como para los que se constituirían bajo la nueva figura de concesiones, son los primeros los que pretenden se mantengan sin restricción alguna. “Nosotros hacemos una principal distinción en el tratamiento constitucional que se le da a los derechos de agua actualmente vigentes versus aquellos que se constituirían bajo las reglas futuras.  Por supuesto que la principal preocupación nuestra es el tratamiento que se les da a los derechos actualmente vigentes, donde nosotros vemos varias disposiciones que nos provocan una visión crítica sobre las mismas”. Con estas simples palabras el subsecretario de la Presidencia, Juan José Ossa, dejó en claro uno de los principales objetivos del gobierno en la discusión sobre la reforma al Código de Aguas: salvar la figura de propiedad privada perpetua y sin límites para los derechos de agua constituidos previo a la aprobación de la nueva norma.  El proyecto se encuentra actualmente en trámite en la Comisión de Constitución del Senado, luego de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados y revisada por las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura de la Cámara Alta. El funcionario expuso el 22 de junio ante la comisión, dando cuenta del informe del gobierno sobre las materias que consideran tienen problemas de constitucionalidad. Reiteró lo ya planteado y a lo cual el Ejecutivo se ha aferrado, referido al inciso final del numeral 24 del Artículo 19 de la Constitución: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. En este aspecto, Ossa solicitó aclarar “si la futura legislación va o no a regir sobre los derechos actualmente vigentes”.  En concreto, cuestionó que se les aplique causales de extinción por no uso (y no solo mediante patentes como hasta ahora), la determinación de caudales ecológicos, un límite de plazo para la regularización de derechos ya reconocidos, restricciones para el cambio de uso productivo o destino, y la eliminación de la posibilidad de ser indemnizado en caso de redistribución de las aguas por parte de la autoridad en pos del interés público. Al respecto, el senador (DC) Francisco Huenchumilla apuntó al corazón de la discusión, relacionado con la visión ideológica del gobierno y el gran empresariado, representado por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).  “Tengo la impresión que el Ejecutivo tiene una predisposición a estimar que el derecho de aprovechamiento de las aguas sería una suerte de propiedad especial que no podría estar sujeta a ciertas limitaciones. Eso no es así en nuestro ordenamiento jurídico” explicó.  En este sentido indicó que “la propiedad en general en Chile está sujeta a múltiples limitaciones y restricciones, y normas de todo tipo. Y a todo tipo de propiedades, y no solo la material sino también la inmaterial”. Ejemplo de ello es que en el sector rural no se pueden subdividir las propiedades en más de 5 mil metros cuadrados.  Incluso recordó la propia Ley Indígena, muy […]

Sindicatos y autoridades locales insisten hoy en la necesidad de paralizar, al menos por dos semanas, importantes minas de Chile que muestran una elevada incidencia de contagios por Covid-19. Esta semana, la secretaria regional del Ministerio de Salud en la norteña Región de Antofagasta, Rossana Díaz, informó que el 44 por ciento de los contagios de Covid-19 en ese territorio están vinculados al sector de la minería. Debido a esa situación, legisladores y alcaldes pidieron el cierre de los aeropuertos de Calama y Antofagasta, por donde se estima que  entró la enfermedad a través de trabajadores provenientes de otras localidades del país, especialmente desde esta capital. Este sábado, la Corporación del Cobre (Codelco) anunció una suspensión transitoria de los trabajos de construcción en su proyecto estructural de un nuevo nivel en la mina El Teniente, ante el avance de la pandemia, que según se informó ha cobrado la vida de seis trabajadores de esa empresa estatal. Codelco explicó que la desmovilización transitoria comenzó a implementarse desde el fin de semana pasado, con cuatro mil 500 trabajadores menos, para bajar la densidad de la dotación, disminuir los desplazamientos y reducir las posibilidades de contagio. Según señala emol.cl, las exigencias para la paralización de actividades aumentaron luego que el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, desestimara la posibilidad de detener las actividades mineras, al señalar que la cuarentena en las zonas urbanas de la región es suficiente para contener el virus. Sin embargo, el alcalde de la ciudad de Calama, Daniel Agusto, del oficialista partido Renovación Nacional, criticó que en esa región «se impuso una mirada económica por sobre la sanitaria». Emplazó al Gobierno a «sacarse la venda de los ojos» y ver la realidad en el lugar, porque la vida de las personas está antes que cualquier tema económico. En similares términos, la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, dijo que no se le puede pedir más a los vecinos de las zonas urbanas  que se encuentran en cuarentena total, mientras que a la minería, por estar en zonas rurales, no le corresponde cumplir la medida, pese a mantener un alto flujo de trabajadores transitando por las calles. No obstante, el presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, señaló que poner nuevas restricciones a la industria sería «catastrófico» y aseguró que desde la empresa están «haciendo todo lo posible por cuidar a nuestra gente que mantiene en marcha la operación». Asimismo, dijo que la entidad aplicó los más altos estándares en materia sanitaria, con lo cual respondió a los sindicatos, que han plateado establecer acciones legales contra la empresa por negligencia en la implementación de medidas de seguridad. Santiago de Chile, 5 de julio 2020 Crónica Digital/PL