El último tramo de gestión del gobierno de Michelle Bachelet logró buenas notas en la economía, al registrar un superávit en la balanza comercial de mil 248 millones de dólares en febrero pasado. Las cifras se dieron en virtud de exportaciones por seis 355 millones e importaciones de cinco mil 107 millones de dólares, según informó hoy el Banco Central. El ente fiscal señaló que las ventas al exterior en el segundo mes de 2017, representan un incremento interanual del 36,3%, mientras las importaciones se elevaron en un 14,2%. Líder mundial en la producción de cobre, Chile logró exportaciones del metal rojizo de 3.214 millones de dólares, 59% superior a los 2.021 millones de dólares de febrero de 2017. En 2017, el comercio exterior chileno completó un superávit de 6.908 millones de dólares, el más alto en seis años. Hace dos días, el propio Banco Central dio a conocer que la economía de Chile logró su mejor registro de los últimos dos años, con un crecimiento de 3,9 por ciento en el mes de enero, impulsada en gran medida por las manufacturas, minería y el consumo. La fuente apuntó que la celeridad en el ritmo de crecimiento del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), en comparación con el guarismo del 2,6% de diciembre y un vaticinio que como mucho se situaba en el del 3,5%. La minería, con el cobre en condición de buque insignia como mayor productor y exportador del mundo, sobresalió en el Imacec de enero con un 8,6 por ciento en enero, más del doble del resto de los rubros fijados en un 3,5%. En un comunicado de prensa, el Banco Central reconoció que el Imacec no minero se vio incidido por el incremento de las actividades de comercio, industria manufacturera y servicios. Santiago de Chile, 8 de marzo 2018 Crónica Digital /PL
Nacional
El Acuerdo Progresivo y Global para la Asociación Transpacífica (CPTPP por sus siglas en inglés) que se firma hoy en esta capital tendrá la trascendencia de ser el primero de su tipo en el siglo XXI. El arreglo de carácter plurilateral y que involucra a 11 países, fue negociado en el último año tras la salida de Estados Unidos del proceso y preserva en esencia el contenido del TPP original. En materia de acceso a mercados y de reglas y estándares tales como acumulación de origen, facilitación de comercio, comercio electrónico, comercio de servicios, entre otras, se mantienen similares. Según los expertos, la mayor diferencia con el TPP original es que incorpora 20 suspensiones que se acordaron para resguardar los balances entre los 11 países. Esas suspensiones dejan sin aplicación ciertas obligaciones sensibles en propiedad intelectual, principalmente. Junto con el anfitrión ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, estarán en el evento del CPTPP Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía de México, país particularmente interesado en el pacto. Para los mexicanos la alternativa del TPP-11 surge en momentos de difíciles negociaciones con Estados Unidos para la actualización y continuidad del Tratado de América del Norte (TLCA), en el cual también aparece Canadá. Precisamente los canadienses enviaron a esta capital a su ministro de Comercio Exterior, Francois-Philippe Champagne, mientras Perú lo hizo con el titular de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros Kuppers. Los 11 países que forman parte de este pacto representan un mercado 498 millones de personas, un ingreso per cápita promedio de 28 mil 090, el 13% de la economía mundial, con un PIB agregado de 10,5 billones de dólares. La lista de representantes en la firma del CPTPP se completa con el ministro japonés de Estado para la Economía y la Política Fiscal, Toshimitsu Motegi; el titular de Comercio de Australia, Steven Clobo. Además, Tran Tuan Anh, ministro de Industria y Comercio de Vietnam, el canciller y jefe de la cartera de Comercio de Brunei Darussalam, Yang Berhormat, y el secretario General del Ministerio de Comercio Internacional e Industria de Malasia, J. Jayasiri. Completan la lista David Parker, y Lim Hng Kiang, ministros de Comercio de Nueva Zelanda y Singapur, respectivamente. Santiago de Chile, 8 de marzo 2018 Crónica Digital /PL
Este martes 6 de marzo, organizaciones en defensa del autocultivo de cannabis para uso medicinal se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, para exponer allanamientos y amenazas a madres cultivadoras de cannabis para los tratamientos de sus hijos. La diputada Karol Cariola, solicitó además el compromiso para que en el periodo 2018-2022, se tramiten proyectos que permitan el autocultivo con fines medicinales. Hasta la Cámara de Diputados llegaron la organización Mamá Cultiva y Fundación Daya, para exponer una serie de allanamientos que han sufrido madres cultivadoras de cannabis con fines mediciales para sus hijos, vulnerando los derechos de los usuarios. “Tenemos una gran preocupación, ya que en estos días se han generado allanamientos de casas de madres cultivadoras, que han hecho denuncias públicas, estamos iniciando una campaña a través de redes sociales para denunciar la persecución”, explicó la diputada Karol Cariola. La presidenta de la Comisión de Salud detalló que uno de esos casos afecta a una madre que tiene a su hijo en una condición muy compleja de salud y que en este momento tiene una amenaza concreta de ser allanada en cualquier momento. “Nosotros esto queremos decirlo públicamente porque nos parece necesario que las autoridades tomen medidas en el asunto. Estamos por un lado tramitando un proyecto de ley que tiene mayoría, incluso transversal, en la comisión de salud de la Cámara de Diputados, y por otro lado, sin embargo, sigue la persecución de las madres cultivadoras con fines medicinales como si fueran verdaderas delincuentes”, detalló. Ana María Gazmuri, de Fundación Daya, sostuvo que esta constante vulneración de derechos no ocurre aisladamente: “es una constante y se está violando lo que la misma ley dice”. En ese contexto, solicitó que “se revise en la sala plena el proyecto que va a permitir que la prescripción médica actúe como autorización suficiente e impida la incautación de las plantas. En ningún caso esto impide que el Ministerio Público investigue todo lo que quiera investigar, pero que en el proceso no incaute las plantas y no genere el grave daño que le está causando a las familias que hoy están usando la cannabis medicinal”. Paulina Bobadilla, fundadora de la organización Mamá Cultiva recordó que en reiteradas oportunidades se ha solicitado audiencia a la Presidenta Michelle Bachelet y exponer la urgencia de la situación. “Hemos pasado por todos los ministerios pidiendo una ayuda, pidiendo un respaldo. Somos madres que no encontramos ninguna alternativa eficaz en la medicina tradicional, pero sí en el cannabis. Por eso nos hemos visto expuestas a la vulneración de derechos. Nos persiguen como delincuentes y hemos sido tratados de la peor manera por parte de Carabineros y además nos quitan la planta, que lo único que nos ha dado, es un alivio a nuestro sufrimiento”, concluyó. Finalmente, la diputada Karol Cariola valoró que el actual presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, se haya comprometido en poder establecer que para el periodo legislativo 2018-2022 quede determinada la tramitación de los proyectos vinculados […]
La Bancada de Diputados del PPD, encabezada por Loreto Carvajal, respaldó el ingreso del proyecto de ley de Reforma Constitucional que establece una Nueva Constitución en Chile, instancia que deberá ser analizada por el Congreso para ser aprobada. “La Presidenta ha cumplido con su palabra y con uno de los principales compromisos de su programa de gobierno, que era reformar una Constitución Política que es antidemocrática, que no representa a los chilenos y chilenas y donde sus derechos fundamentales no son respetados”, afirmó la diputada Carvajal. La parlamentaria indicó que “tal como lo ha dicho la Presidenta Bachelet, ella va a gobernar hasta el último día. Si bien nos hubiera gustado tener antes en el Parlamento esta iniciativa esperamos que la próxima legislatura la debata con responsabilidad y altura de miras”. “Además, hay que entender que una reforma de este tipo debe ser parte de un proceso, que el gobierno implementó una agenda donde se realizaron cabildos y encuentros ciudadanos donde se discutieron los contenidos, y donde se recogió el sentir de todos aquellos que quisieron participar”, indicó la legisladora. Loreto Carvajal aseguró que “esta reforma se hace cargo de los pueblos indígenas, de los derechos fundamentales de las personas, en lo que se refiere a salud, educación, igualdad salarial entre hombres y mujeres, derecho a la información de los estamentos públicos, derecho al agua, etc. Es un debate que es necesario para el país y esperamos que el próximo gobierno y los parlamentarios se haga cargo de aquello”. Santiago de Chile, 7 de marzo 2018 Crónica Digital
A cuatro días de expirar su mandato, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, encabezó la firma de un proyecto de Constitución que será enviado a la brevedad al Congreso Nacional. In extremis, la jefa de Estado socialista refrendó su promesa de gobernar hasta el último día, que será el domingo cuando entregue la batuta del Palacio de La Moneda al conservador Sebastián Piñera. La propuesta de una nueva carta magna era una de las promesas de campaña de Bachelet, que no obstante la dilatación del proceso con una serie de consultas populares, terminó por completarlo a sabiendas de que será largo el debate. «Este proyecto establece la inviolabilidad de la dignidad humana y el respeto y protección de los derechos humanos. Así de claro, corrigiendo una tremenda omisión del texto actual», puntualizó la dignataria. Antes de la ceremonia de este martes en la sede presidencial, Bachelet dijo en una declaración anoche por radio y televisión que «el país cuenta con un texto constitucional ilegítimo en su origen» y con un conjunto de reformas válidas, pero sin coherencia con el resto de las disposiciones. Aclaró que el proyecto de la eventual Ley Primera nace de las aspiraciones de la ciudadanía, establece la gratuidad en la educación y amplía los derechos al debido proceso, a huelga, igualdad entre hombres y mujeres, en particular en salarios. «Esta Constitución se hace cargo de una deuda histórica: el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios, con sus derechos, su identidad y su cultura y su legítima aspiración de tener una representación en el Congreso Nacional», detalló. Más adelante remarcó que «vamos a gobernar hasta el último día, así que eso no es algo que debería sorprender a nadie», tras recordar que la carta magna vigente nació dentro de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Añadió que la nueva Constitución, «se funda en los derechos fundamentales de las personas, perfeccionando los existentes y agregando otros nuevos que dan cuenta de los cambios políticos, sociales y culturales que hemos experimentado en los últimos años». La propuesta elimina los altos quórum para la aprobación de determinadas leyes, planteando la figura de la mayoría «simple y absoluta», con la excepción de las modificaciones a la propia Constitución. Asimismo, erradica la posibilidad de que una minoría parlamentaria recurra al Tribunal Constitucional cuestionando leyes ya aprobadas. En 850 páginas, el texto se basó en las iniciativas de 204 mil 402 personas que participaron en cabildos ciudadanos celebrados en torno al planteamiento de la mandataria. Será el Parlamento Nacional el encargado de decidir el mecanismo para aprobar la nueva carta magna, es decir si se llevará a consultas en un plebiscito o una Asamblea Constituyente. Santiago de Chile, 7 de marzo 2018 Crónica Digital /PL
El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Leonardo Soto (PS), comunicó que el General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, se excusó de asistir a la sesión de la instancia programada para esta tarde a la que estaba citado, en la que se analizarán los alcances de la Operación Huracán. «El señor Villalobos nos envió a última hora una nota diciendo que no le sería posible entregar antecedente alguno sobre el tema, por estar sometido a investigación penal y administrativa. Lamentablemente, esto profundiza la falta de transparencia y falta de control democrático que tanto daño le ha hecho a la institución», señaló el parlamentario. Soto explicó que la citación no decía relación con hechos puntuales investigados por la justicia, sino que «con las actuaciones institucionales de Carabineros de Chile en el marco de esta crisis, como la polémica pública que sostuvo con la Fiscalía y cómo se pretende superar». «Son hechos que han impactado a la ciudadanía y merecen ahora una explicación. Es inaudito que se pretenda esperar los resultados de una investigación judicial, que pueden tardar meses, para referirse al tema. Creo que el General Villalobos no ha estado a la altura de los que esperábamos», concluyó el diputado Soto. Santiago de Chile, 7 de marzo 2018 Crónica Digital
La Cancillería de Chile destacó hoy presentación de un libro que recoge las memorias del voto en el extranjero por primera vez en la historia de ciudadanos originarios del país austral. «El libro es un balance de cuánta gente votó, cómo votó, en los países que votaron. Lo que espero es que esto contribuya a una mejor democracia, a una democracia más completa (…)», comentó el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. Muñoz destacó que fue un hecho histórico. «Había sido una larga aspiración y que conseguimos finalmente en el Congreso a través de una reforma constitucional y una ley orgánica que prácticamente no tuvo oposición». «Voto de los chilenos en el Exterior: un avance en la democracia», es el nombre del texto presentado asimismo por los directores del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, y de Asuntos Consulares e Inmigración, Carlos Appelgren. Se trata en esencia de una memoria que muestra cómo se organizó este proceso, con el concurso de los consulados chilenos en el extranjero. Vale recordar que como consecuencia del golpe de estado y de la prevalencia de la junta militar de Augusto Pinochet (1973-1990), decenas de miles de chilenos se exiliaron en el extranjero y nunca antes habían podido ejercer el sufragio. «Este libro tiene como objetivo central relatar y plasmar, de la manera más fehaciente posible, esta primera experiencia de sufragio de los chilenos, lo que representó un desafío considerable», indicó el embajador Appelgren. Santiago de Chile, 7 de marzo 2018 Crónica Digital /PL
El Acuerdo Progresivo y Global de Asociación Transpacífica (CPTPP por sus siglas en inglés) será rubricado en breve en esta capital, en medio de opiniones encontradas. El también llamado TPP-11 tiene no pocos detractores dentro de la sociedad civil, pero los expertos y gobiernos de los 11 países firmantes coinciden en que en realidad es uno de los pactos más audaces y beneficiosos alcanzados en el mundo. Será de cualquier forma una suerte de bofetada sin manos a Estados Unidos y en particular a su presidente, Donald Trump, quien apenas asumir la Casa Blanca en 2017 rechazó la permanencia de su país en el entonces Acuerdo de Cooperación Transpacífico. Trump hizo el anuncio en enero del pasado año, lo mismo que su salida del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, pero sin dudas no calculó que los 11 restantes miembros del tratado buscarían seguir adelante sin Washington. Los primeros cabildeos del TPP ocurrieron en 2002, pero cobró cuerpo 10 años más tarde cuando la administración de Barack Obama asumió el liderazgo y se sumaron al grupo Canadá y México. La idea original era en verdad, quitarle protagonismo a China como coloso del comercio mundial. Sin embargo, con los nuevos vientos hasta Beijing ha tomado parte eventualmente en algunos encuentros y quiere hasta colaborar con el TPP. Este jueves la ceremonia de firma del arreglo del cual son parte además Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Singapur, Vietnam, Perú, Chile y Brunei será hasta cierto punto un premio a la tenacidad. Chile, que no se rindió y en marzo de 2017 promovió una cita apremiante en Viña del Mar, y Japón, uno de los colosos de la economía del orbe, que cerró filas para no dejar fenecer al pacto, rebautizado como TPP-11. Atractivos como el e-commerce (comercio electrónico), la propiedad intelectual e industrial, el internet de las cosas, la corrupción, y la preservación de los patrones culturales y laborales destacan en el convenio. En conjunto, los 11 del CPTPP representan el 13,5 por ciento del PIB mundial, unos 10 billones de dólares con 480 millones de habitantes. Según el canciller chileno, Heraldo Muñoz, es «el acuerdo de libre comercio más importante, grande, de altos estándares que se haya firmado a nivel mundial (…) puede dar una señal cuando hay países que quieren cerrar fronteras e imponer medidas proteccionistas». El CPTPP mantiene las regulaciones originales pero excluye disposiciones de resguardo de la propiedad intelectual impuestas por Estados Unidos y que habían generado un fuerte rechazo en la sociedad civil. Dentro de alrededor de 60 días, después que lo ratifiquen seis de sus 11 miembros, entrará en vigencia con lo cual la dinámica de Chile, México y Perú tendrá notables beneficios. Por Fausto Triana Santiago de Chile, 7 de marzo 2018 Crónica Digital /PL
Marcelo Drago recalcó que además de la entrega de información periódica, la policía uniformada necesita implementar auditorías externas e independientes sobre sus recursos. “Carabineros de Chile ha enfrentado uno de los momentos más complejos de su historia debido a graves irregularidades vinculadas principalmente al manejo de fondos institucionales, lo que ha evidenciado que los controles internos y externos a los que está sujeta la institución, no han sido capaces de detectar oportunamente este tipo de hechos”. Esa es la introducción que se consigna en el proyecto de ley que este lunes fue presentado por el Gobierno a la Cámara de Diputados y que pretende, entre otras cosas, “mejorar la transparencia, probidad y eficiencia en el desempeño” de la policía uniformada, que por estos días enfrenta una crisis derivada de un fraude interno que ya se eleva por sobre los $26 mil millones, con más de cien imputados y un ex general director formalizado. La iniciativa del Ejecutivo, que será analizada en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara baja, considera la entrega anual de información al Ministerio del Interior relacionada a los planes de compra, auditorías internas y políticas de recursos humanos. A eso se suma la “incorporación del principio de probidad administrativa” en la institución y la obligación de someter a toma de razón en Contraloría “sobreseimientos, absoluciones y aplicación de medidas disciplinarias”. Pese a considerarlas como un aporte, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, señaló que el proyecto presentado aún es exiguo en relación a la crisis que enfrenta la policía uniformada. “Cuando decimos que Carabineros de Chile debe ordenar la casa, nos referimos a un trabajo profundo y estructural. Acá debe haber transparencia hasta que duela», sentenció Drago, recalcando que si bien el proyecto de ley aborda ciertas temáticas “es insuficiente y no aborda el problema de fondo” “La iniciativa aborda la problemática de manera superficial. Nosotros esperamos algo que haga remecer la institucionalidad positivamente y de cara al país. Los chilenos y chilenas están esperando mucho más de la policía uniformada. Es apremiante que Carabineros reporte información fehaciente al Gobierno, pero también es urgente que se establezca un sistema de auditorías externas e independientes que logren reorganizar a la institución”, agregó la autoridad, detallando que además, se requiere una profunda revisión de los manuales de doctrina y ética, así como el establecimiento de un canal de denuncias y una reestructuración de los procesos internos en la institución. “Es momento de implementar los más altos estándares de transparencia en esta institución, facilitando el acceso a la información de las personas y adoptando una política de sobriedad en el uso y manejo de los recursos públicos”, reafirmó Drago. Santiago de Chile, 7 de marzo 2018 Crónica Digital
El parlamentario recordó que, “hoy solo uno de los altos hornos de la mayor fábrica de aceros del país está operativo, pues las importaciones del metal de baja calidad a costos menores a los de producción, ha destruido paulatinamente la industria chilena”. “Por lo que si no se eleva el impuesto antidumping hacia el acero llegado de China y México, miles de personas perderán su empleo”, aseguró. “Si bien no concordamos en muchos aspectos con la política y el discurso del Presidente de EEUU, en este caso creemos que su postura de protección a su industria nacional de acero, es la correcta”, señaló el senador Alejandro Navarro, tras el anuncio de Donald Trump de establecer un impuesto de 25% a todo el acero importado. El parlamentario por el Biobío explicó que: “debido a la altísima producción de acero en China que hoy llega a las 1.6 billones de toneladas, es decir, la mitad de la producción mundial, y sobretodo a su sobreproducción, la que les permite inundar los mercados con metal a un costo menor al de producción, es que industrias en diversos países han sido afectadas”. “Solo hace algunos años en la Unión Europa, 5.000 trabajadores perdieron su empleo; el mes pasado de hecho la UE impuso medidas antidumping al acero chino. Algo similar ocurrió en Estados Unidos, país que llegó a tener un 110% de salvaguardia hacia este acero y que recién anunció un 25% de impuesto a todo el acero importado”, manifestó. “Pero en Chile”, continuó, “apenas se ha aplicado un máximo de 38.8% de salvaguardia por un año hacia el acero del gigante asiático, lo que es claramente insuficiente, en momentos en que además se hace necesario un impuesto de 38,2% hacia el acero proveniente de México (ya que solo existe uno de 9.8%), pues este también llega a Chile con valores inferiores a los costos en su propio país, provocando una vez más un desequilibrio que afecta a la industria nacional”. Alejandro Navarro anunció que, “por ello pediremos una sesión especial en el Senado, así como informes de la Comisión de Hacienda y de la Comisión Anti-distorsión, junto con reunirnos con los nuevos Ministros de Economía y Hacienda”. “Pues aquí nos enfrentamos a otra crisis, donde no solo industrias productoras como CAP Acero o Gerdau Aza están en peligro, sino que también más de 400 pequeñas y medianas empresas, por lo que en el peor de los escenarios, más de 100.000 personas podrían verse afectadas, debido al cierre de diversos negocios y la consiguiente pérdida masiva de empleos, con un efecto dominó que sería catastrófico para la Región del Biobío y nuestro país”, finalizó el parlamentario. Santiago de Chile, 7 de marzo 2018 Crónica Digital
