TRABAJADORES DENUNCIAN AGRESIONES REITERADAS EN CASINOS, Y PIDEN URGENCIA A PROYECTO QUE CREA REGISTRO DE LUDÓPATAS

Diputados encabezados por Ramón Farías, junto al Presidente del Sindicato Enjoy, Jorge García, y al abogado Rodrigo Albornoz, hicieron un urgente llamado para que el gobierno le ponga urgencia al proyecto de ley que establece medidas de restricción en casinos para quienes sufren de ludopatía.

“Queremos hacer llamado al gobierno para que este proyecto que presentamos hace casi tres años, y que está durmiendo en la Comisión de Hacienda del Senado, después de haber sido aprobado de manera transversal en la Cámara de Diputados, sea aprobado lo antes posible por los senadores”, afirmó el diputado Farías.

El parlamentario indicó que “probablemente si este proyecto fuera ley hoy día, no hubiesen ocurrido casos terribles de tiroteos en el Casino Monticello, como el último que terminó con la vida de dos trabajadores del recinto. Además, los representantes laborales nos han  expuesto problemas principalmente con ludópatas que los agreden, los acosan sexual y laboralmente, y los casinos no hacen nada”, afirmó Ramón Farías.

En ese sentido, Jorge García, presidente del Sindicato Enjoy, indicó que «necesitamos que nos apoyen más en la seguridad de los casinos. Nos sentimos desprotegidos, porque llevamos dos años avisándoles de esto a las empresas y han hecho caso omiso, al igual que la Superintendencia. Hoy no tenemos ninguna seguridad, mientras los proyectos de ley duermen. Por ejemplo, hace menos de un mes entraron a asaltar en Enjoy Santiago. Mostraron cuatro pistolas, pero se fueron sin botín. Todas las personas quedaron en shock y luego de una semana la empresa no hizo nada al respecto. Situaciones como éstas son cotidianas».

A su vez, Rodrigo Albornoz, abogado del sindicato, manifestó que «queremos relevar que los riesgos que sufren los trabajadores son de carácter permanente, por ello hemos solicitado un dictamen a la Dirección del Trabajo, para que regule el deber de esta industria de resguardar el derecho fundamental de la vida y la salud de los trabajadores; y, del mismo modo, regular del derecho de los trabajadores a arrancar cuando hay un riesgo inminente. Creemos que este dictamen puede constituir un gran avance en la protección de los derechos de los trabajadores”.

En tanto, el diputado DC, Gabriel Silber planteó que “las condiciones en las cuales operan  los casinos de nuestro país son muy precarias,  hacen que situaciones como las ocurridas en el Casino Monticello, puedan seguir  repitiéndose  poniendo en riesgo la  seguridad de sus trabajadores y  la autoridad debe ser más proactiva en la materia. Por esa razón, vamos a citar a la Superintendencia de Casinos a la Comisión de Seguridad Ciudadana para qué nos expliquen qué medidas se van a tomar al respecto, también queremos  que  los trabajadores estén presentes y  esperamos que el Ejecutivo  tome en cuenta y patrocine este proyecto de ley”.

Por su parte, el diputado y miembro de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez, sostuvo que “nos preocupa de sobremanera la seguridad y la salud de los trabajadores, porque resulta incomprensible que los trabajadores hagan su trabajo en un lugar donde se maneja tanto dinero, y se produce un ambiente tan inseguro. No se logra entender que no se hayan colocado detectores de metales, por lo tanto, vamos a pedirle a la Ministra del Trabajo que ellos puedandesempeñar sus labores en forma segura”.

Finalmente, el diputado Germán Becker, indicó que » hicimos un proyecto que se aprobó en la sala y tenía como fin que los casinos contaran con un registro de entrada mediante carné de identidad, para impedir el acceso a ludópatas e interdictas y además permitía que la gente del propio casino detuviera a alguien con sospecha de esta enfermedad o problema siquiátrico. Concuerdo en que si este proyecto de ley no hubiese estado durmiendo en el Senado, quizás nada de estos graves hechos hubieran ocurrido».

Santiago de Chile, 5 de julio 2017
Crónica Digital

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ABORTO: CUESTIONA QUE EQUIPOS DE SALUD PUEDAN RECURRIR A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

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– “Quien  efectúa un aborto es un médico y, como tal, lo lógico es que la objeción de conciencia la realice el ejecutor del acto quirúrgico. En todas partes funciona así”, remarca  la especialista en salud pública y académica de la Universidad de Santiago de Chile. La Comisión de Constitución del Senado despachó en particular el proyecto que despenaliza el aborto a partir de tres causales: inviabilidad fetal, peligro de vida de la madre y violación. Sin embargo, entre las indicaciones incorporadas a la iniciativa, se aprobó un polémico artículo que amplía la objeción de conciencia a todo el equipo profesional que ingresa al pabellón. Para la especialista en salud pública, ex Ministra de Salud  y académica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Helia Molina, la objeción de conciencia es un acto individual y no colectivo. Por lo tanto, no está de acuerdo con ampliarlo a los equipos mencionados. “Quien efectúa un aborto es un médico y, como tal, lo lógico es que la objeción de conciencia la realice el ejecutor del acto quirúrgico, que es él. En todas partes funciona así”, enfatizó. Aunque la especialista reconoció que la indicación representa un “mal menor” en el marco de la tramitación de la iniciativa, indicó que este punto no es lo más deseable. En esta misma línea, aludió a los análisis realizados por el Colegio Médico que demuestran que el 80% de los médicos están a favor de realizar un aborto en las tres causales consideradas, por lo que descarta que se produzca una crisis en caso de que, eventualmente, se ratifique la ampliación de la objeción de conciencia en el Congreso. “Estoy segura de que en el sistema de salud pública, esto será excepcional”, remarcó. Pese a que prevé que la oposición más fuerte al proyecto se dará en instituciones de salud privadas, es optimista en que se dará una discusión adecuada en el Parlamento para que la ley se cumpla a cabalidad. Equipos certificarán y denunciarán violaciones En otro orden, la Comisión de Constitución del Senado también determinó que equipos conformados por un ginecólogo, una matrona, un psicólogo y una asistente social serán los responsables de constatar la ocurrencia de una violación, determinar si procede la realización de un aborto y poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público. La denuncia por parte de la víctima, en este caso, no será una condicionante. La Doctora Molina destaca este punto como positivo. “Lo ideal es que la víctima denuncie, pero el acto médico no puede estar condicionado a que esté hecha la denuncia. Considero que esto es un logro”, afirmó. La especialista aclaró que esta modificación al proyecto no agregará más burocracia a la hora de realizar un aborto, ya que practicar este procedimiento no quedaría condicionado a la conclusión de una investigación penal. Es decir, solo funcionará como una notificación de que el equipo médico decidió desarrollar este acto quirúrgico, tras constatar la violación. Por último, señaló que en la tramitación, […]

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