ME-O renunció a su derecho a guardar silencio y declaró en juicio por presunta infracción electoral: “Aunque sea absuelto no tendré nada que festejar, ya fui condenado por la opinión pública”

  • El excandidato presidencial entregó su testimonio ante el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. En la instancia, el líder del PRO también exhibió imágenes que dan cuenta de los trabajos cuestionados por la fiscalía, entre ellos, las asesorías de su periodista Marco Ortiz y el publicista brasileño Duda Mendonca.
  •  Asimismo, aclaró que el discutido avión que usó en su campaña presidencial de 2013, no fue rendido ante el Servel, por lo que no recibió ninguna subvención del organismo.

 Este jueves, Marco Enríquez-Ominami renunció a su derecho a guardar silencio y declaró en el juicio que el Ministerio Público lleva en su contra por presunta infracción electoral.

Durante media hora, el fundador del partido Progresista expuso ante el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal su versión de los hechos, para luego responder a las preguntas de su defensa, encabezada por los abogados Ciro Colombara y Carlos Mora.

Al inicio de su testimonio, Enríquez-Ominami detalló que la investigación en su contra se inició luego que “un grupo de adversarios, antagonistas, diputados, de seguidores del entonces candidato Sebastián Piñera, en el año 2016, elevaron una denuncia con gran publicidad respecto del uso de un chárter no declarado durante la campaña presidencial del año 2013”.

“Casi una década después, agradezco y valoro la posibilidad de defender mi completa y total inocencia frente a un tercero imparcial, a un jurado. Han sido años durísimos y aprovecharé cada minuto de este juicio para demostrar mi total y absoluta inocencia”, agregó.

“Han sido probablemente los años más duros de mi vida, han sido -no solamente- un transitar duro e injusto, sino también por mis colaboradores, muchos de ellos apuntados con el dedo por la Fiscalía, que van a tener, ahora por fin -después de ocho años- la oportunidad de demostrar su inocencia. Gente que ha perdido trabajo y al igual que yo, ha visto su reputación afectada por filtraciones dolosas como la que ocurrió ayer mismo. Ayer, en el diario La Tercera, se habló a dos páginas de este juicio con fuente oculta interesada”, continuó el líder del PRO.

Y afirmó que “no le pido al jurado que tenga empatía ni pido caer bien, pido –simplemente- que se sepa que han sido años y años de investigaciones alargadas, durísimas, y valoro estar aquí en un juicio. Me hubiese gustado, magistradas y magistrados, hacerlo físicamente, atiendo las razones del tribunal, me habría gustado hacerlo personalmente como establece las garantías que deben dar a cualquier imputado, atiendo las razones y aprovecharé -por eso mismo- cada minuto para demostrar mi inocencia”.

Candidatura

Sobre los hechos que fueron leídos en la acusación del Ministerio Público, Enríquez-Ominami explica que en el año 2013 “yo era entonces candidato a Presidente de la República, después de haberlo sido también en 2009 como candidato independiente y en 2013, apoyado por un conjunto de conglomerados o movimientos sociales”.

“Esa candidatura la asumí y cumplí inmediatamente, en ese mes de agosto de 2013, con tres obligaciones inminentes, inmediatas, vinculantes, obligatorias. Una, hacer uso de un derecho que es designar un administrador electoral, una suerte de gerente, así lo establece la Ley Electoral: Carlos Muñoz Valle. Acto seguido, conformar un equipo político, logístico, como todos mis contendores lo hicieron, lo han hecho y lo harán. Un administrador electoral, en quien delegué y confié, un jefe de campaña, en quien delegué y confié y también, abrir una cuenta bancaria. Lo digo, magistrada, porque el Ministerio Público, antes de ayer, instala la idea de que los dineros se depositaron en la cuenta del candidato presidencial. Es la ley. Abrí una cuenta en un banco en que nunca había tenido cuenta antes, y lo hice porque la ley lo exige, como lo hizo Michelle Bachelet, Evelyn Matthei, Marcel Claude, Franco Parisi, Roxana Miranda”, detalló.

Y argumentó que “en la acusación que me fue leída, se instala con énfasis que las platas habrían llegado a mi cuenta. Lógico, era la obligación legal. ¿Cómo sería si no fuese de esa manera? ¿Cómo podría hacerse una campaña transparente, de acuerdo a la ley, sin una cuenta bancaria a nombre del candidato? Son los hechos de 2013 que, a mi juicio, se leen con un énfasis para confundir al tribunal”.

Doble estándar de la Fiscalía

En su testimonio ante el tribunal, Marco Enríquez-Ominami también agregó que “la misma Fiscalía, el Ministerio Público aquí representado, ese año 2016, recibió otras denuncias”.

“Se afirma en la acusación y se establecen criterios que expresan un doble estándar. ¿Por qué magistradas y magistrados? Porque esta fiscalía aquí representada, el año 2016 recibe otra denuncia, también con publicidad, acerca del uso de otro chárter privado no declarado en la campaña presidencial de 2013, mismo año en que fui candidato, misma campaña, al mismo cargo: el de Evelyn Matthei, en ese minuto ex ministra del Trabajo.

“¿Qué es lo primero que hizo la Fiscalía? Inmediatamente citar, investigar, interrogar al administrador electoral. Y ¿quién era el administrador electoral de Evelyn Matthei? Su hermano. Y ¿qué hizo la fiscalía? Interrogó y consideró que –evidentemente- el uso de un chárter no declarado donado por una gran empresa minera chilena, del norte de Chile, a una ex ministra del Trabajo, le pareció lógico cerrar la investigación y, unilateralmente, sobreseer al administrados electoral. Pero no sólo eso, sobreseyó también a la candidata Evelyn Matthei porque estableció el Ministerio Público, aquí representado, que los candidatos no tienen por qué saber ni tiene responsabilidad penal”, insistió.

En la misma línea, detalló que “ese mismo año 2016, en un contexto electoral también, en que se activa la denuncia, la Fiscalía recibe otra, con gran publicidad, contra la ex candidata presidencial Michelle Bachelet, a la fecha en 2013, la más competitiva por lejos”.

“La denuncia decía relación, y la prensa lo publicitó con mucha fuerza, de dos facturas: la número 2 y la número 3 de una empresa creada días antes de la campaña presidencial de 2013, por 500 millones de pesos en publicidad, de una mujer sin título académico, esposa del señor Carcavilla, publicista de Bachelet. Y ¿qué hizo el Ministerio Público? Atendió el argumento del jefe de campaña, Rodrigo Peñailillo, que declaró que estando aprobada por el Servicio Electoral esa rendición, aunque era raro 500 millones de pesos en una persona que no había trabajado en la campaña o, al menos, no tenía ninguna experiencia reconocida en publicidad, no se podía seguir investigando. Mismo año, misma campaña, mismo cargo. Michelle Bachelet postulaba a Presidenta y yo también”, recalcó ME-O.

“Este mismo Ministerio público, el mismo año 2016, recibe una cuarta denuncia de una posible vinculación de financiamiento irregular de una empresa extranjera, denominada OAS, en la campaña presidencial de Michelle Bachelet Jeria, también en 2013, mismo cargo, mismo año. ¿Qué hizo el Ministerio Público en esta oportunidad? Nuevamente, siempre escuchar a los administradores electorales y esta vez aplicó otro criterio que no está en la acusación: si cumplía con el plazo de prescripción, por tanto, estaba prescrita la investigación de 2013”, mencionó.

Y enfatizó: “La Fiscalía, aquí presente, anunció en 2016, cuando recibió las denuncias del posible financiamiento irregular de 2013, diligencias que, hasta el día de hoy, magistradas y magistrados, no se sabe ningún resultado, sin embargo, de las diligencias sobre mi persona se sabe y con mucha publicidad. (…) No estoy imputando delitos ni en Michelle Bachelet, ni en Evelyn Matthei, ni en Carlos Muñoz, ni en nadie. Asumo que todos actuaron de buena fe, porque las campañas presidenciales, hablaremos de eso si lo estiman así pertinente las partes, son extremadamente complejas. Este Ministerio Público, por tanto -a mi juicio- en la acusación que me fue leída, aplica dos criterios: yo sería responsable y conocedor de todos los detalles y mis contendoras de nada. Mismo año, misma campaña, mismo plazo, 90 días”.

“No estoy pidiendo ningún privilegio, no estoy diciendo que me parece mal que me hayan investigado, me parece estupendo de acuerdo al derecho, de acuerdo a la ley. Nadie está por sobre la ley. Lo que no encuentro, casi ocho años después, es una razón suficiente para entender por qué para Evelyn Matthei el uso de un chárter no declarado se sobresee y en el caso mío, el uso de un chárter no declarado merece dos viajes a Brasil de la fiscalía acompañada de prensa y una gran investigación, como es hoy mismo, con cuatro, hasta ocho fiscales dedicados a esta causa, no encuentro razón suficiente”, destacó.

Asimismo, se refirió a la campaña de Sebastián Piñera, detallando que “el año 2016, año en que se me denuncia, también recibe el Ministerio Público denuncias del actual Presidente de la República, de quien no quisiera en esta declaración, insinuar delitos, no los supongo, simplemente son hechos a los que se refiere la acusación en el año en que se detona esta investigación”.

“En 2016 Sebastián Piñera también es denunciado por posible financiamiento irregular de campaña donde sus hijos tenían facturas, sus familiares, sus empleados, gerentes de sus empresas, vinculados con empresas. ¿Qué dijo el Ministerio Público y qué hizo? Citó inmediatamente a Santiago Valdés, el administrador electoral, no solamente lo citó, lo formalizó y estableció el Ministerio Público, públicamente, que el candidato Sebastián Piñera no podía estar al tanto ni tenía responsabilidad penal por estos hechos. El mismísimo Presidente de la República ha dicho acerca de la denuncia sobre su contendora, Michel Bachelet, que entiende por obvio que los candidatos no pueden saber ni estar al tanto de sus campañas en términos gerenciales, logísticos y materiales”, agregó, reiterando que “no encuentro hasta el día de hoy, una explicación de por qué el Ministerio Público, con esta cantidad enorme Fiscales dedicados, con esta cantidad de años, nunca quiso oír, citar, interrogar a Carlos Muñoz Valle, mi administrador electoral. Nunca”.

“Más aún, hasta el día de hoy, la Fiscalía no lo ha citado como testigo. (…) No lo quiere oír, ni el Consejo de Defensa del Estado lo quiere oír, no quieren oír al administrador electoral. Pero ¿Por qué sí les parece normal oír, frente a denuncias de la máxima gravedad, que yo no doy por ciertas, a los administradores electorales de Evelyn Matthei, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera? A eso me refiero con que no se cumple un principio de nuestra vida en común: la igualdad ante la ley, la acusación no cumple, a mi juicio, con eso”, dijo.

Servel

Respecto a la rendición ante el Servel, Marco Enríquez-Ominami afirmó que “la Fiscalía en la acusación, además, comete otra omisión: omite que el Servicio Electoral, recibió la rendición, la estudió, la observó y mandó un mail. ¿A quién mandó un mail cuando tuvo las mismas dudas que tenía la Fiscalía? Está en los documentos de la carpeta, a Carlos Muñoz Valle, a quien no imputo ningún delito”.

“Hay un intercambio profuso de email entre el Servicio Electoral y el administrador electoral por las observaciones. Aprueba el Servicio Electoral, en 1014, dos meses después de los supuestos hechos, las rendiciones. Sin embargo, nuevamente el Ministerio Público no quiso preguntarle a quien sí le preguntó el órgano máximo que establece la ley. Probablemente, si hubiéramos escuchado a Carlos Muñoz Valle, no estaríamos aquí sentados”, aseveró.

Por último, Enríquez-Ominami dijo ante el tribunal que “he esperado siete años en silencio para poder expresar esto, para poder decirle a un Tribunal, a un tercero imparcial (…) por eso, aprovecharé cada minuto para demostrar mi total y absoluta inocencia”.

“La acusación carece de lógica, es contradictoria, no logra explicar por qué si yo hubiese cometido lo que ellos suponen que hice, entonces todos los demás serían culpables. No soy abogado, soy Licenciado en Filosofía, pero aprendí algo que se llama la lógica: si cometí ese delito, quiere decir que lo habrían cometido otros y los estaríamos –injustamente- tratando hoy en esta sala”.

Y puntualizó: “Aunque sea absuelto, y estoy seguro que así será, no tendré nada que festejar. Ya fui condenado por la opinión pública. Ya mis colegas y colaboradores militantes, pagaron costos profesionales que son irreversibles, y sólo puedo ahora, aprovechar cada minuto para ser escuchado y responder las preguntas para demostrar mi total y absoluta inocencia, ocho años después de los hechos. Han pasado cinco campañas entre medio, ocho años de mi vida, cumplí 48 años hace pocos días y esto empezó a mis 40 años”.

Santiago de Chile, 19 de junio 2021
Crónica Digital

Next Post

Ley de Neuroderechos, una necesidad ante la posibilidad cada vez más cercana de “leer mentes”

Sáb Jun 19 , 2021
El primer artículo académico en Chile que analiza la nueva Ley de Neuroderechos, impulsada por el Senado de la República en octubre del año pasado, publica el doctor Pablo López Silva, académico de la Escuela de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales UV. El paper, en coautoría con el profesor Raúl Madrid (PUC), se titula “En torno a la conveniencia de incluir los ‘neuroderechos’ en la Constitución o la Ley’”, será publicado en el próximo número de la Revista Chilena de Derecho y Tecnología (WoS). “En estricto rigor ‒explica López ‒ neuroderechos es un término genérico para el artefacto jurídico que debería existir en un sistema de leyes enfocado en la protección de ciertos aspectos de nuestra vida mental. Esto nace a partir de 2013, cuando el gobierno de Obama otorga una enorme cantidad de dinero a un grupo de investigación en la Universidad de Columbia y nace lo que se denomina Brain Initiative. En ese contexto, el proyecto que genera más ruido es el Brain Activity Map, que lo que trata de hacer es mapear el camino neuronal específico que siguen ciertos impulsos eléctricos para generar estados mentales específicos”. Detalla el académico que “actualmente existen formas de pesquisar enjambres de neuronas, pero son muy inespecíficas. La idea de este proyecto es generar un grado tal de especificidad en el mapeo de los datos, para finalmente llegar a resultados médicos. Podría ayudar por ejemplo a entender enfermedades como el Párkinson”. Este tipo de proyectos, apunta el investigador, “siempre han tenido interés médico; sin embargo, con el tiempo, ha habido grandes inversiones del gobierno federal de Estados Unidos y luego de Google, de Facebook, estas macrocompañías que en el papel dicen que es para aportar a la sociedad y todo eso, pero sería ingenuo pensar que ese tipo de empresas no van a querer un retorno de la inversión enfocado en aplicaciones comerciales derivadas de ese tipo de neurotecnología, porque básicamente esa es la definición de una inversión”. La ética Es aquí donde entra la ética. “Por una parte está la posibilidad de se ocupe ese mapeo, por ejemplo, para generar biomarcadores de alguna enfermedad, pero cuando empiezas a ver las consecuencias que tener ese tipo de información podría traer, surgen las preguntas más éticas. Rafael Yuste ‒uno de los principales investigadores asociados a la Brain Initiative y principal propulsor del concepto de neuroderecho‒ dice que la capacidad de cifrar esta información va a dar la posibilidad de ‘leer mentes’. Para muchos esto puede sonar como ciencia ficción, pero ya hay experimentos que muestran que se puede mostrar en una pantalla, con una persona con electrodos, lo que esa persona está pensando”, afirma. Y enfatiza: “El caso es que podríamos llegar a que se expusieran los datos neuronales de la gente. Por ejemplo, el Kernel-Flow, una aplicación que usa tecnología infrarroja para entregar información en tiempo real sobre mi cerebro a todos los consumidores que tengan el artefacto. Hasta ahora eso es pura actividad cerebral eléctrica, pero cuando se tenga el mapeo más […]

Te puede interesar:

Las opiniones vertidas en este medio de comunicación no necesariamente representan el sentir de Crónica Digital y son de responsabilidad de quienes las emiten.

Crónica Digital, es un medio de comunicación social, republicano y comunitario. Fue fundado el 19 de abril del año 2005. Su objetivo periodístico es informar sobre los principales noticias de Chile, América Latina y el mundo.

El director de Crónica Digital es el periodista Marcel Garcés Muñoz.

Su representante legal y editor general es el periodista Iván Antonio Gutiérrez Lozano.

El editor nacional es el periodista Ramón Vargas Vega.

El editor cultura es el periodista Miguel Alvarado.

Corresponsal en La Habana, Cuba, Florencia Lagos N.

El asesor legal es el académico y abogado Sr. Pablo Méndez Soto.

Los principales asociados informativos de Crónica Digital son la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina , la agencia de noticias China, Xinhua y TV Brics.

En Chile, el medio electrónico El Maipo

Correo: cronicadigital@gmail.com
Dirección: Maturana 302 local 2
Santiago de Chile.

Desde el año 2005 Crónica Digital es parte de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos.

Crónica Digital es una marca registrada. Todos los derechos reservados.

Redacción Diario Crónica Digital
Fono: 950142601

Un café en una plaza con historia....

Maturana con Huérfanos
plaza Brasil,
Santiago de Chile.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es cafe-con-torta-900x675.jpeg