El Estado debe tomar el control del Litio, afirman en Chile

En una declaración pública, el Movimiento Litio para Chile aboga hoy porque el Estado tome el control del mineral, a las puertas de que el Gobierno presente su política nacional al respecto.

El documento plantea la necesidad de crear una Empresa Nacional del Litio y, si fuera necesario realizar alianzas público privadas, siempre el Estado será el socio mayoritario.

Advierte el texto que toda exploración y explotación de este recurso debe hacerse con el mínimo impacto ambiental y pleno respeto a las comunidades, pueblos indígenas y a quienes realicen esas faenas.

El movimiento está integrado por trabajadores públicos y privados, jubilados, estudiantes y organizaciones sociales, políticas, científicas y de investigación.

Chile alberga una de las más grandes reservas del llamado oro blanco en el mundo, estimadas en 9,2 millones de toneladas.

Según analistas, la demanda de ese mineral aumentará en un 25 por ciento este año, impulsada por el mercado de los vehículos eléctricos y de las baterías de teléfonos móviles y computadoras portátiles.

La ministra de Minería Marcela Hernando informó la semana pasada que el presidente Gabriel Boric anunciará próximamente la política nacional del litio.

Entendemos que esta es una estrategia tremendamente importante porque, probablemente, va a ser el litio el salitre del futuro, aseguró Hernando.

Santiago de Chile, 2 de abril 2023
Crónica Digital/PL

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Piñera en la mira por delitos de lesa humanidad en Chile

Dom Abr 2 , 2023
El expresidente chileno Sebastián Piñera está hoy en la mira de la opinión pública luego de ser citado a declarar en calidad de imputado por delitos de lesa humanidad cometidos durante el estallido social de 2019. Además de Piñera, la fiscal de alta complejidad Centro Norte, Ximena Chong, llamó a su ministro del Interior, Andrés Chadwick; al sucesor en el cargo, Gonzalo Blumel; y a dos subsecretarios de esa cartera, Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli. Chadwick ya fue interrogado el viernes; Blumel deberá presentarse el 5 de abril; Galli y Ubilla el 6; en tanto Piñera aún no tiene fecha. El 18 de octubre de 2019 comenzó en esta capital un movimiento impulsado por estudiantes contra el alza de la tarifa del metro, que posteriormente se extendió por todo el país y demostró el descontento de la población con el modelo neoliberal. Las revueltas fueron violentamente reprimidas por los Carabineros y fuerzas militares, con saldo de cerca de 30 muertos, miles de heridos y 460 personas con daños oculares producto del disparo de perdigones o bombas lacrimógenas. Organismos de Derechos Humanos y el exsenador Alejandro Navarro presentaron unas 20 querellas por los delitos de lesa humanidad cometidos entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Consultado sobre el tema el abogado del exmandatario, Samuel Donoso, dijo que el actuar de Piñera “obedeció al correcto cumplimiento de sus funciones públicas”. Según Donoso, el expresidente “siempre buscó compatibilizar el resguardo del orden público y seguridad ciudadana con el respeto a los derechos humanos”. Al referirse al tema, el diputado del Partido Comunista Luis Cuello consideró que nadie está por encima de la ley y los crímenes de lesa humanidad deben ser perseguidos. Mientras, el parlamentario socialista Marcos Ilabaca declaró que Piñera debe hacerse cargo de los graves delitos contra los derechos humanos cometidos bajo su administración y dijo esperar que esta investigación termine con sanciones penales contra el expresidente. Un informe emitido hace tres años por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció que Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas incumplieron las normas y estándares internacionales. El documento condenó el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasionó muertes y heridas, tortura, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias. Sobre el número elevado de personas con heridas oculares o faciales, la ONU consideró que hay razones para creer que se usaron armas menos letales de manera inadecuada e indiscriminada, en contravención de los principios internacionales. El informe señaló que las autoridades tenían información sobre el alcance de las lesiones desde el 22 de octubre, sin embargo, no se tomaron medidas eficaces y oportunas para poner fin al uso de armas menos letales, especialmente de las escopetas antidisturbios. Santiago de Chile, 2 de abril 2023 Crónica Digital/PL

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