Desde que se desató la pandemia, el sector de trabajo doméstico ha perdido más de 120.000 empleos (40%), según las últimas cifras del INE. Aún sin derecho al Seguro de Cesantía y sin acceso al Bono Clase Media, pese a cumplir con los requisitos, las organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular solicitaron ayer a las autoridades, en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, reponer la indicación que les permitirá acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
La sesión, en la que se analizó el proyecto de Protección al Empleo 3.0, estuvieron presentes el ministro de Hacienda, Ignacio Briones y la ministra del Trabajo, María José Zaldívar.
Actualmente la Ley de Protección al Empleo establece que las trabajadoras/es de casa particular, con suspensión de sus contratos de trabajo, solo pueden acceder a los fondos de indemnización de sus cuentas individuales del 4,11% (desde la AFP donde están afiliadas), debiendo ellas mismas hacer el trámite, pudiendo hacer retiros en parcialidades mensuales de 70% y en forma decreciente. Si estos fondos son insuficientes, no existe aporte solidario del Estado.
Las trabajadoras suspendidas (más de 22.000 según la Superintendencia de Pensiones) solo han podido acceder a retiros desde sus cuentas de indemnización del 4.11% de $78.000, pues sus fondos no cuentan con más recursos, por la rotación laboral y subcotización.
La presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (Sintracap) señaló que “hemos solicitado que se reconsidere la indicación que establece que el retiro de la indemnización a todo evento (4,11%), en el caso de las trabajadoras suspendidas, no sea considerado al momento de calcular si la trabajadora es beneficiaria del IFE, dado la alta vulnerabilidad del sector y la desprotección que hemos vivido por parte del Estado estos casi 5 meses de Pandemia”.
Esto dado que, en el caso de las trabajadoras suspendidas, el retiro del 4,11% eleva sus ingresos, quedando fuera del tramo socioeconómico para acceder al IFE.
“La indicación, que se busca reponer, es una medida que compensa en parte las discriminaciones que el diseño de la política pública de protección al empleo les ha producido a las trabajadoras del sector”, dijo Luz Vidal.
La indicación antes señalada será analizada y votada el próximo lunes en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Santiago de Chile, 14 de agosto 2020
Crónica Digital
