Al examinar la realidad política del Chile actual surge de inmediato la cuestión de una crisis de la institucionalidad vigente. Las cosas no están funcionando como estaba previsto en la constitución redactada bajo la dictadura: Cada día, la distancia entre los partidos políticos y la ciudadanía se acrecienta. La abstención electoral en la última elección ha sido apenas un síntoma más. Se puede resumir la situación actual como el resultado de la prolongación forzada al comienzo y consentida luego de una institucionalidad hecha a la medida de los sectores empresariales representados por una derecha extrema.
Tal descripción del estado de cosas olvida, no obstante, un aspecto fundamental de nuestra realidad que se ha convertido en un tabú, algo políticamente incorrecto. Todo el andamiaje constitucional y uno de los pilares del actual orden jurídico y constitucional de Chile radica, precisamente, en quienes protagonizaron el golpe de estado hace casi cuatro décadas. Aun cuando ninguno de los candidatos presidenciales se atreva siquiera a tocar el tema, lo cierto es que los altos mandos de las Fuerzas Armadas y una serie de organizaciones paralelas de militares en retiro actúan como una presencia, ahora silenciosa, verdaderos poderes fácticos, en nuestra realidad.
Esta presencia soterrada de los uniformados se advierte con suma claridad en temas como los derechos humanos, pero también en el presupuesto que se discute cada año para la defensa nacional y que ha convertido a Chile en uno de los países latinoamericanos que encabeza la lista de gastos militares. Las instituciones castrenses se han mantenido en un discreto segundo plano, dejando a los civiles en la administración de la cosa pública, pero – no seamos ingenuos – ello no significa, en absoluto, una ausencia ni, mucho menos, una prescindencia en los grandes temas políticos del país.
Durante los primeros años de la Concertación, los uniformados eran vistos todavía como una amenaza tácita a la naciente democracia, recordemos que Augusto Pinochet permanecía al mando del ejército. En los años que siguieron, su figura fue degradándose hasta lo grotesco y los uniformados perdieron protagonismo. Pero, hay que decirlo, hasta la fecha ningún gobierno se ha planteado una política seria hacia las fuerzas armadas. Esto ha impedido el debate en torno a cuestiones tan relevantes como el régimen de pensiones entre los uniformados o los sensibles casos pendientes en relación a torturas y asesinatos durante la dictadura. En pocas palabras, hasta la fecha sigue pendiente una democratización de las fuerzas armadas, una política país para redefinir el lugar de los uniformados en una nueva institucionalidad democrática en el país.
Por Alvaro Cuadra. Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS
Santiago de Chile, 24 de noviembre 2012
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