El evento se realizará el viernes 11 de enero a las 20.30 horas en la explanada del museo con entrada liberada al público, y será el puntapié que dará inicio a un año temático dedicado a relevar el derecho humano a ser migrantes. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos cumple nueve años de vida, y como parte de la celebración, la destacada artista nacional Ana Tijoux ofrecerá un concierto abierto a todo público y con un repertorio enfocado en el tema de la migración. El show estará acompañado por una compañía de danza dirigida por Yeimy Navarro (coreógrafa de Gepe) y conformada por bailarines de Chile, Colombia, Haití, República Dominicana y Venezuela, quienes acompañarán a la artista con coreografías de sus canciones y con un extracto de la obra “No tengas miedo”, creada en conjunto por la compañía y Teatro Niño Proletario. Este noveno aniversario dará inicio a un año dedicado a la migración. Bajo el lema “El Derecho Humano a Ser Migrantes”, este 2019 el Museo de la Memoria dedicará sus muestras temporales, conversatorios y acciones culturales a poner en valor las memorias y derechos migrantes, con el objetivo de relevar el derecho humano a la migración y fortalecer una cultura basada en el respeto y la tolerancia. Santiago de Chile, 4 de enero 2019 Crónica Digital
DD.HH.
Con una emotiva y concurrida ceremonia realizada en el auditorium municipal del Centro de Atención al Vecino de la Municipalidad de Osorno, se ha realizado este martes 18 de diciembre el ya tradicional acto anual de la Corporación de Derechos Humanos “Pilmaiquen” de entrega de distinciones a personas e instituciones que, durante el periodo, se han destacado por la defensa de los derechos humanos en el país y en especial en la Provincia. Las distinciones -que llevan el nombre del fallecido sacerdote Winfredo van den Berg, ex director de Radio Voz de la Costa y presidente de FREDER Osorno- fueron destinadas este año, en primer lugar a la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz, quien, sin embargo, no pudo estar presente debido a que se encontraba fuera del país. En todo caso, en una misiva en que agradece el gesto de la institución osornina, la parlamentaria prometió venir a la ciudad apenas sus obligaciones se lo permitan. También recibió una distinción la Agrupación de Laicas y Laicos de la Iglesia Católica de Osorno, por su valerosa y prolongada lucha contra los abusos y pederastia contra niñas y niños del país, y que en Osorno se centró en el ex obispo Juan Barros, cómplice del pederasta Karadima. Gracias a la lucha de laicas y laicos, finalmente Barros tuvo que renunciar al cargo y abandonar la ciudad, lo que primero sorprendió en una ciudad habitualmente tachada de “conservadora” como Osorno, pero que ha constituido una clara señal de la fuerza que ha adquirido la ciudadanía frente a los abusos y a los abusadores, ejemplo incluso que ha sido resaltado a nivel mundial. Recibieron el premio Enriqueta Soto y Helmuth Maldonado. Del mismo modo, recibió la distinción anual el grupo artístico local “Fusión Andina”, el cual en sus 25 años de existencia ligada a los barrios populares y a la juventud de Osorno, ha trabajado en la recreación y promoción de la cultura no consumista, contra la violencia del sistema capitalista vigente y en la defensa y difusión de los valores humanos que desarrollaron otros grandes artistas en el pasado, como Violeta Parra y Víctor Jara, entre otros. Las distinciones a quienes estuvieron presentes fueron entregadas por los dirigentes de la Corporación de Derechos Humanos “Pilmaiquen”, Nancy Alarcón y Marcelo Rojas. En la oportunidad también se efectuó un reconocimiento a la compañera IDA TORRES SANTANA ( quien ya tiene 101 años) por su aporte aporte a la resistencia a la dictadura cívico militar en osorno. Santiago de Chile, 27 de diciembre 2018 Crónica Digital
El fallo dictado en San José, Costa Rica, 21 de diciembre de 2018- en la sentencia notificada recientemente en el Caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, valorando el amplio reconocimiento de responsabilidad del Estado, declaró la responsabilidad internacional de Chile por la violación del derecho de acceso a la justicia, como consecuencia de las decisiones de autoridades judiciales de rechazar demandas civiles de indemnización por perjuicios morales interpuestas por siete grupos de personas entre 1997 y 2001, en relación con el secuestro o detención y desaparición o ejecución de sus familiares por parte de agentes estatales en 1973 y 1974. Tales acciones judiciales fueron rechazadas entre 1999 y 2003 con base en la aplicación del plazo de la figura de prescripción establecida en el Código Civil. Este fallo favorece a familiares de las víctimas que “forman parte de la nómina de víctimas de violaciones a derechos humanos reconocidas por el Estado de Chile en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) del 8 de febrero de 1991”; y que no han recibido una reparación económica por la vía judicial, aún si la mayoría ha recibido “diferentes beneficios administrativos y otras bonificaciones amparados en cuerpos legales dictados como parte de la política de reparaciones del Estado una vez reestablecida la democracia” tales como la tarjeta de salud Prais, o la pensión Rettig; no han recibido una INDEMNIZACIÓN como lo establece claramente el Derecho Internacional Humanitario, de acuerdo a los tratados suscritos por Chile. El Estado de Chile, en una actitud de absoluta incoherencia, apoya a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados en lo que se refiere a la persecución penal de los criminales responsables de la ejecución y desaparecimiento de sus seres queridos, pero al momento en que los familiares exigen la indemnización por el daño causado, les envían al Consejo de Defensa del Estado, para que con todo su poder busque, se rechace el derecho a indemnización que les asiste. Los 6 juicios civiles presentados por la UNExPP de Chile, han recibido el mismo tratamiento de parte de la justicia chilena, se les ha aplicado la PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA, con el argumento de que se han agotado y prescrito el plazo para efectuar dichas exigencias y porque supuestamente ya el daño estaría reparado con los beneficios y las medidas administrativas que ha tomado el Estado a través de la Ley 19.992; sin considerar que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Es por eso que estamos en presencia de un tremendo triunfo ante la justicia internacional. Una aplastante derrota jurídica internacional de los gobiernos pos dictadura. Es una noticia sensacional para todos los que han apoyado la tesis y estrategia de la UNExPP de Chile de cifrar nuestra confianza plena, en que la justicia internacional tendría que condenar al Estado chileno a pagar indemnización por las violaciones de derechos humanos a las víctimas de la dictadura. En este fallo la Corte Interamericana ordena pagar ciento ochenta mil dólares […]
Me presento ante Uds. en mi calidad de Presidente del Directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, sitio de memoria establecido en lo que fueron las dependencias del cuartel Terranova de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA). Este lugar fue el principal cuartel del organismo represor, funcionando por cuatro años como recinto de secuestro, tortura y exterminio de opositores a la dictadura cívico-militar. Se estima que más de cuatro mil personas habrían sido secuestradas en Terranova, algunas por días, otras por semanas, varias por meses. De ellas, doscientas cuarenta y una, engrosan la lista de personas desaparecidas o ejecutadas en el reducto, cifra que conforme avanzan las investigaciones judiciales pudiera verse incrementada. Claramente los secuestrados, ejecutados y desaparecidos en Terranova fueron víctimas de graves de delitos, calificados en el derecho internacional como crímenes de lesa humanidad. Por lógica, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes del tal centro de tortura y exterminio debiéramos ser los favorecidos por una acción de legisladores de la República, interesados en promover la justicia y la reparación a los y las ofendidas. Si embargo henos aquí, ante este Excelentísimo Tribunal, para manifestar nuestra opinión contraria a la solicitud llevada a cabo por parlamentarios de derecha que pretenden se declare la inconstitucionalidad del artículo 3 bis del proyecto que sustituye a la ley 321 de 1925, cuestión que no favorece a las víctimas, sino a los victimarios. A nuestro juicio lo establecido en el artículo 3 bis en comento: incorpora estándares internacionales de derechos humanos, estableciendo requisitos más exigentes para otorgar la libertad condicional a los condenados por violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos; adapta las normas sobre la reducción de penas establecidas en el Estatuto de Roma, tratado internacional vigente y ratificado por nuestro país; asume la realidad de nuestra justicia que exhibe altos niveles de impunidad debido a la existencia de pactos de silencio entre los agentes de seguridad que participaron en tales crímenes. No obstante lo anterior, los requerientes pretenden invalidar los requisitos especiales para que los condenados por estos crímenes puedan obtener el beneficio penitenciario. Esto es, haber colaborado al esclarecimiento del delito, confesado su participación o aportado antecedentes serios y efectivos en otras causas criminales, y manifestar su arrepentimiento mediante una declaración pública que signifique una condena de los hechos y las conductas por las cuales fue condenado y por el mal causado a las víctimas y a sus familiares. Asimismo, olvidan que los perpetradores de crímenes de lesa humanidad no pueden homologarse a delincuentes comunes. Se trata de agentes del Estado, que contaron con recursos públicos para la comisión de crímenes contra la humanidad y están recluidos en cárceles especiales, construidas exclusivamente para ellos, donde cumplen condenas por múltiples delitos de la más alta gravedad: secuestros, tortura, homicidios calificados, inhumaciones ilegales, asociación ilícita, etcétera. El que se trate de agentes del Estado y la naturaleza y magnitud de estos crímenes establece una clara diferencia frente a delitos comunes, tal como lo plantea el Estatuto de Roma […]
Con la presencia de las más altas autoridades de los poderes del Estado y a setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), el INDH hizo entrega de su Informe Anual Situación de los DDHH 2018. La actividad de presentación se llevó a cabo en la Escuela Salvador Sanfuentes y participaron en ella –entre otras autoridades- el Presidente de la Corte Suprema Haroldo Brito; el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien acudió en representación del Presidente Sebastián Piñera; el senador Alfonso De Urresti; y el diputado Jaime Mulet, primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, además de autoridades del Estado, diplomáticos, y organizaciones de la sociedad civil. En la ocasión la directora Consuelo Contreras hizo énfasis en la conmemoración de las siete décadas de la DUDH, señalando que la voluntad de acuerdo de los Estados en favor de los pueblos, sumado a las largas luchas de los movimientos sociales, crearon este cuerpo jurídico vinculante. “Con demasiada frecuencia escuchamos discursos que desprecian el valor de los derechos humanos. Y con demasiada frecuencia también somos testigos de cómo se ha guardado silencio ante esos desprecios e incluso se ha relativizado su gravedad. Atacar los derechos humanos es socavar la democracia”, agregó la directora del INDH. En referencia a la importancia para el INDH de las organizaciones de la sociedad civil, Consuelo Contreras señaló que “el INDH, como organismo autónomo del Estado, ha asumido la colaboración con la sociedad civil como un pilar fundamental de su misión y eje transversal para actualizar sus prioridades y sustentar la pertinencia y oportunidad de las acciones que emprende”, entre ellas el Informe Anual de Derechos Humanos. Informe 2018 Este año el Informe contiene siete capítulos, definidos en un proceso de discusión y consultas del Consejo del INDH, abordando temas de interés permanentes, otros que forman parte del debate público y un capítulo denominado de temática emergente. El primer capítulo aborda la situación de la “Violencia hacia las mujeres rurales e indígenas: invisibles y marginadas”, dando cuenta de los escasos datos estadísticos, sistemáticos y desagregados, que poseen los organismos del Estado para establecer políticas adecuadas para este segmento de población, convirtiéndose en una demanda urgente para cerrar las brechas políticas entre el mundo urbano y rural. El segundo capítulo realiza un balance, atendiendo la perspectiva de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, respecto a la política de regularización migratoria y del proyecto de ley de migración y extranjería, impulsado por el actual gobierno. En este apartado se analizan las cifras del proceso, las opiniones de expertos, autoridades y de organizaciones migrantes y pro migrantes. En el tercer capítulo se abordan los “Sitios de Memoria y su contribución a la no repetición”, analizando la respuesta del Estado respecto de la recuperación y apoyo a la gestión de estos sitios y el rol fundamental que la sociedad civil ha jugado en su rescate y preservación. El cuarto capítulo, “Recursos naturales, empresas y derechos humanos: análisis del impacto de actividades productivas sobre los recursos naturales […]
En un gesto que la enaltece, la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) realizó una emotiva ceremonia de entrega de la distinción de título profesional póstumo al estudiante Ronald William Wood Gwiazdon, asesinado por efectivos del Ejército en los tiempos de la dictadura. “Creemos profundamente en la necesidad del rescate de la memoria como condición para poner los derechos humanos como valor central de la convivencia”, señaló el Rector Luis Pinto Faverio. Wood fue acribillado el martes 20 de mayo de 1986, cuando tenía sólo 19 años, en el Puente Loreto, mientras participaba en las movilizaciones ciudadanas y estudiantiles que fueron convocadas con motivo de la realización de una asamblea parlamentaria internacional en solidaridad con la causa democrática, en un período que se entendía como el “año decisivo” para acabar con la dictadura. Entonces era estudiante de la carrera de Contador Auditor del Instituto Profesional de Santiago (IPS), que desde 1993 pasó a ser la UTEM. Su muerte fue un caso emblemático del movimiento estudiantil y juvenil de los años 80. El evento estuvo encabezado por las principales autoridades de la Casa de Estudios: el Rector Luis Pinto; la Vicerrectora Académica, Marisol Durán Santis; el Vicerrector de Transferencia Tecnológica y Extensión, Mario Torres Alcayaga; y el Secretario General, Patricio Bastías. También estuvo presente la familia de Ronald Wood: su madre Wanda Gwiazdon y sus hermanos Katia, Wanda y Francisco Wood. Entre los asistentes se encontraba, asimismo, Ariel Ramos Stocker, Concejal de Maipú, comuna donde residía Wood; el ex Ministro Víctor Osorio; y la abogada de derechos humanos Alejandra Arriaza, directora de la Corporación Ciudadanía y Justicia. Con el Salón de Honor de la Casa Central repleto por más de 200 personas, con fuerte presencia de ex alumnos del IPS y en particular de condiscípulos de Wood, la ceremonia se inició con la exhibición de un vibrante microdocumental, que recoge la vida de Wood y expone las circunstancias de su muerte, incluyendo el despacho de Radio Cooperativa en que Sergio Campos informó del acontecimiento. El trabajo audiovisual concluía con la voz del fallecido escritor Pedro Lemebel, en que leía un fragmento de un trabajo que dedicó a Ronald Wood, quien había sido alumno suyo en un establecimiento educacional en Maipú: “Por muchos años creí reconocer su risa en las bandadas de estudiantes que alborotaban el parque, las plazas, el río y la tarde primaveral. Creo que hasta hoy no me convenzo de su fatal desaparición, y lo sigo viendo florecido en el ayer de su espinilluda pubertad. Tal vez nunca logre borrar (…) el recuerdo de sus grandes ojos pardos, (de) aquellos lejanos días de escuela pública cuando me regaló en su mano generosa la manzana partida de su rojo corazón”. Hizo uso de la palabra David Espinoza, el presidente en 1986 del Centro de Estudiantes del IPS, principal expresión del movimiento estudiantil de la institución académico, el cual reivindicó la lucha de jóvenes y estudiantes en los 80 por poner fin a la dictadura y conquistar la democracia y se refirió a […]
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, condenó a 53 exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos consumados de ocho secuestros calificados y un homicidio calificado de dirigentes del Partido Comunista, detenidos en marco del denominado caso «Calle Conferencia 1». En el fallo (causa rol 2.182-1998), el ministro de fuero dictó sentencia en contra de los exagentes de Estado por su responsabilidad, como autores o cómplices, en el delito de secuestro calificado de Mario Jaime Zamorano Donoso, Onofre Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Patricio Donato Avendaño, Elisa del Carmen Escobar Cepeda, Lenin Adán Díaz Silva, Eliana Marina Espinoza Fernández y Víctor Manuel Díaz López; y el homicidio de Díaz López. Ilícitos perpetrados en 1976, en la Región Metropolitana. En la resolución, el ministro condenó a: -Carlos José Leonardo López Tapia y Miguel Krassnoff Martchenko a 20 años de presidio, como autores de los delitos de secuestro calificado de: Mario Jaime Zamorano Donoso y Onofre Jorge Muñoz Poutays, perpetrados a partir del 4 de mayo de 1976; de Uldarico Donaire Cortez y Jaime Patricio Donato Avendaño, cometidos a partir del 5 de mayo de 1976; de Elisa del Carmen Escobar Cepeda, perpetrado a partir del 6 de mayo de 1976; de Lenin Adán Díaz Silva, cometido a partir del 9 de mayo de 1976; de Eliana Marina Espinoza Fernández, perpetrado a partir del 12 de mayo de 1976, y de Víctor Manuel Díaz López, perpetrado a partir del 12 de mayo de 1976. -Ricardo Víctor Lawrence Mires deberá purgar 20 años de presidio, como autor de los ocho delitos de secuestro calificado; y 15 años de presidio, como coautor del homicidio calificado de Víctor Díaz López, perpetrado un día no determinado de la primera quincena de enero de 1977. -Heriberto del Carmen Acevedo, Emilio Hernán Troncoso Vivallos, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Jorge Iván Díaz Radulovich, Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza, Eduardo Patricio Cabezas Mardones, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Guillermo Eduardo Díaz Ramírez, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Carlos Enrique Miranda Mesa, Carlos Eusebio López Inostroza y Lionel de la Cruz Medrano Medrano Rivas, deberán purgar 13 años de presidio, en calidad de coautores de los delitos de secuestro calificado de Mario Jaime Zamorano Donoso, Onofre Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Patricio Donato Avendaño, Elisa del Carmen Escobar Cepeda y Víctor Manuel Díaz López; y como cómplices del delito de secuestro calificado de Lenin Adán Díaz Silva y Eliana Marina Espinoza Fernández. -Juvenal Alfonso Piña Garrido deberá cumplir la pena de 13 años de presidio, como coautor de los delitos de secuestro calificado de Mario Jaime Zamorano Donoso, Onofre Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Patricio Donato Avendaño, Elisa del Carmen Escobar Cepeda y Víctor Manuel Díaz López; y como cómplice del delito de secuestro calificado de Lenin Adán Díaz Silva y Eliana Marina Espinoza Fernández; además de 12 años de […]
La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) realizará el próximo 5 de diciembre la ceremonia oficial de entrega de la distinción de título póstumo al estudiante Ronald William Wood Gwiazdon, quien murió víctima de la violación a los derechos humanos el martes 20 de mayo de 1986. Wood tenía 19 años, era vecino de la comuna de Maipú y estudiante de Segundo Año de la carrera de Contador Auditor en el Instituto Profesional de Santiago (IPS), el que desde 1993 pasó a ser la UTEM y que en 1981 se había formado como sucesor de la Academia de Estudios Tecnológicos de la Universidad de Chile. Según el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Wood perdió la vida en el contexto de movilizaciones inscritas en una “Jornada por la Democracia”, que se desarrollaba “en apoyo de la Asamblea Parlamentaria Internacional que tenía lugar en un hotel céntrico de Santiago”. Explica que “un grupo de estudiantes se reunió en el Puente Loreto”. Allí, en el lado sur del puente, se encontraban apostados “efectivos del Ejército, que custodiaban todo el centro de la ciudad”, los que impedían el paso de los jóvenes. “Testigos presenciales declaran que los militares comenzaron en un momento dado a avanzar por el puente y a disparar al aire con el objeto de dispersar a los jóvenes. Estos permanecieron en el lugar. De pronto, cayó herido Wood, quien fue trasladado por un particular hasta un centro asistencial, falleciendo tres días más tarde a causa de un ‘traumatismo cráneo encefálico por disparos de arma de fuego’. Peritos consultados indicaron que el disparo había sido efectuado por una escopeta antimotines”, sostiene. La Comisión, formada por el Estado para investigar los casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos y violencia política, concluyó que los antecedentes reseñados, “junto a testimonios verosímiles que afirman el carácter pacífico de la manifestación, permiten a esta Comisión formarse convicción que Ronald Wood fue muerto por la acción de los agentes del Estado que, haciendo uso excesivo de la fuerza, violaron su derecho a la vida”. La entrega del título póstumo por parte de la UTEM se otorga como reconocimiento institucional a un ex alumno de la Casa de Estudios que, por haber perdido la vida como resultado del estado general de violación a los derechos humanos, no pudo cumplir las exigencias curriculares para recibir su grado y título profesional. Ello, tomando en cuenta además que su caso fue acreditado por la Comisión de Verdad y Reconciliación, y que fue una de las situaciones emblemáticas de esta naturaleza ocurridas durante los aciagos años 80. La ceremonia se realizará el próximo miércoles 5 de diciembre a las 19:00 horas, en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y será encabezada por su Rector Luis Pinto Faverio. Santiago de Chile, 28 de noviembre 2018 Crónica Digital
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos invita a la conmemoración del Día del Cine Chileno, en homenaje a Carmen Bueno y Jorge Müller, cineastas detenidos y desaparecidos por la dictadura el 29 de noviembre de 1974. Esta conmemoración contará con la recreación de un set de filmación de los años ’70, con cámaras sistemas de iluminación y sonido antiguos, como una manera de evocar esa época. Programación 15.00 | Los oficios del cine. Taller de sonido directo, ficción y documental. Por Pablo Mardones y Carlos Arias. Auditorio Una invitación para alumnos y alumnas de carreras afines (cine, comunicación audiovisual y otros), así como público en general, para conocer los secretos del sonido en una filmación, de la mano de experimentados profesionales del área. Contaremos para esto con el instrumental y las herramientas del ramo, lo que posibilitará conocer su funcionamiento práctico. 17.00 | Descomedidos y chascones. Documental de Carlos Flores. Auditorio Esta cinta, producida por el Departamento de Cine de la Universidad de Chile, indaga en la juventud de principios de los años 70 en sus diversas facetas, y debía ser estrenada el 11 de septiembre de 1973. Tras el golpe de Estado, temiendo la destrucción del material, Carlos Flores escondió la película en la Embajada Sueca, lugar en el que permaneció hasta 1980. En los años 80 comenzó a ser exhibida en muestras de carácter privado, así como en Madrid, Caracas, y La Habana. Fue reestrenada el 7 de septiembre de 2010 en el Teatro Antonio Varas de la Universidad de Chile. 18.30 | Crónica del salitre. Documental de Angelina Vázquez. Auditorio Documental filmado en 1971 que significó el debut de Angelina Vázquez como directora y de Jorge Müller como director de fotografía. A través de un retrato de la Oficina Salitrera Alemania, poco antes de su cierre definitivo, se hace un recorrido por la historia del movimiento obrero en Chile, desde Luis Emilio Recabarren hasta el gobierno de la Unidad Popular. 18.40 | Exhibición serie “Una historia necesaria” Miniserie sobre memoria y derechos humanos Explanada Esta producción de Tridi Films y la Escuela de Cine de Chile, que es parte de las colecciones del Museo de la Memoria, se adjudicó el Fondo del Consejo Nacional de Televisión 2016 (CNTV) y recientemente un Emmy Internacional a la Mejor Serie Corta. Entre algunos casos emblemáticos se relatan los casos de Ana González, Reinalda Pereira, Alfredo García, Julio Vega, Antonio Llidó, David Silberman, Claudio Thauby, entre otros. 19.30 | A la sombra del sol. Dirigida por Silvio Caiozzi y Pablo Perelman + conversatorio con Pablo Perelman y Pepe de la Vega. Auditorio + transmisión en directo en la explanada del Museo Largometraje rodado en 1974 que recrea el viaje de dos ladrones que huyen por el árido desierto del norte chileno, hasta llegar a un perdido y minúsculo pueblo fronterizo, donde intentarán pasar desapercibidos. Filmada en duras condiciones, tanto por el espacio geográfico como por el contexto político, fue el último trabajo en el que participaron Carmen Bueno, […]
La Sede Regional Metropolitana del INDH presentó dos querellas ante el 8º Juzgado de Garantía, debido a las presuntas torturas y apremios ilegítimos sufridos por comerciantes ambulantes en la comuna de Providencia. Lo anterior, se da en el marco de una política municipal de erradicación del comercio ambulante en el territorio que comprende el municipio. Así, se articuló en Providencia un equipo de Seguridad Ciudadana Privada, que ejerce una labor de vigilancia del orden público y disuasión de la actividad que llevan a cabo vendedores ambulantes y comerciantes que no cuentan con el permiso administrativo para hacerlo. En ese contexto, la Sede Regional Metropolitana del INDH ha recibido numerosas denuncias sobre prácticas irregulares, que, de acuerdo a lo señalado por la jefa de la Sede Regional Metropolitana, Beatriz Contreras, «pueden llegar a ser constitutivas de detención arbitraria, violencia física y psicológica, además de sustracción de especies personales e imputación por delitos no cometidos” “Las detenciones y los eventuales apremios ilegítimos/torturas serían ejercidas por agentes de seguridad privada en el ejercicio de funciones públicas, con connivencia de la autoridad municipal y de Carabineros de Chile, incluso mediante la utilización de recursos municipales. En el caso de las querellas presentadas el día de hoy, los hechos denunciados serían constitutivos de tortura y apremios ilegítimos», sentenció la jefa metropolitana del INDH. Santiago de Chile, 27 de noviembre 2018 Crónica Digital
